(Nueva York) - El gobierno de Bangladesh debe tomar medidas urgentes para cumplir su promesa de campaña de poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos y establecer el Estado de derecho, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los gobiernos sucesivos han prometido, pero han fracasado en garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los soldados responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
El informe de 76 páginas, "Ignoring Executions and Torture: Impunity for Bangladesh's Security Forces” ("Ignorando las ejecuciones y la tortura: Impunidad de las Fuerzas de Seguridad de Bangladesh"), detalla la participación de soldados, funcionarios paramilitares y la policía en los llamados "asesinatos de fuego cruzado" y otro tipo de asesinatos en custodia, torturas, "desapariciones", y detenciones arbitrarias. El informe examina una serie de casos que han recibido atención nacional e internacional, en los que los responsables no han sido enjuiciados. Frente a constantes amenazas, hostigamiento, e incluso maltrato físico, las víctimas y miembros de sus familias a menudo han sido obligados a abandonar sus esfuerzos de búsqueda de la justicia, y los presuntos autores continúan sirviendo en las fuerzas de seguridad.
"Si eres un soldado, un miembro del Batallón de Acción Rápida o de los servicios de inteligencia, o un oficial de policía, puedes salirte con la tuya al cometer un asesinato en Bangladesh", dijo Brad Adams, director de la división de Asia en Human Rights Watch. "Sin embargo, aquellos que matan o torturan deben estar detrás de las rejas con otros delincuentes violentos".
En los últimos cinco años, el ejército, el Batallón de Acción Rápida (RAB por sus siglas en inglés) - una fuerza élite de lucha contra el crimen - y la policía han sido responsables de más de 1,000 asesinatos. Human Rights Watch y otras organizaciones han sostenido desde hace tiempo que muchas de estas muertes, a menudo descritas como " asesinatos de fuego cruzado", fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales de personas que se encontraban detenidas. Los cuerpos de las víctimas a menudo muestran heridas que sugieren que fueron torturadas. A pesar de que ha habido un número mucho menor de ejecuciones extrajudiciales desde que el nuevo gobierno asumió el poder en enero de 2009, nuevos casos han comenzado a surgir en las últimas semanas y nadie ha sido responsabilizado de abusos pasados.
El informe destaca el caso de Choles Ritchil, líder de la tribu indígena Mandi, quien fue detenido y torturado a muerte por un grupo de soldados en marzo de 2007. También describe cómo Khabirul Islam Dulal, un político local del distrito de Bhola, fue torturado por oficiales de la marina frente a su familia y vecinos unas semanas antes. Aunque los testigos han identificado a los sospechosos en ambos casos, nadie ha sido procesado y encarcelado.
"Las mismas fuerzas encargadas de hacer valer la ley y de brindar seguridad al público son conocidas por romper la ley en la forma más grave sin enfrentarse nunca consecuencias", dijo Adams. "Fuerzas tales como las del RAB y la agencia de inteligencia militar DGFI se han convertido en símbolos de abusos e impunidad".
El informe concluye que los gobiernos de Bangladesh desde su independencia en 1971 no han estado dispuestos a enjuiciar y castigar a los funcionarios del Estado responsables de graves violaciones de derechos humanos. El problema se encuentra tanto en la legislación como en la práctica. Presuntas violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas por un organismo independiente y neutral, y se deben modificar las leyes arcaicas que protegen que los funcionarios de seguridad sean enjuiciados. El informe insta al gobierno a establecer un programa de protección de testigos y de enjuiciar o tomar medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que intente detener u obstruir una investigación criminal.
La situación es en parte el resultado de un marco jurídico obsoleto bajo el cual funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los miembros de las fuerzas armadas no pueden ser enjuiciados. En violación a las normas jurídicas internacionales, el artículo 46 de la Constitución de Bangladesh faculta al Parlamento para aprobar leyes que proporcionen inmunidad de enjuiciamiento a cualquier funcionario del Estado por cualquier acto cometido para mantener o restablecer el orden, y para levantar cualquier sanción, pena o castigo impuesto.
Oficiales del RAB y soldados también están protegidos del sistema de justicia penal civil bajo las reglas que garantizan que ellos sólo pueden ser procesados en tribunales internos por sus colegas a través de procesos que carecen de independencia o imparcialidad. Mientras que los tribunales civiles tienen jurisdicción sobre los casos de funcionarios de policía sospechosos de haber participado en actividades delictivas, esos funcionarios están protegidos por el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, que requiere la aprobación explícita del gobierno para procesar a un funcionario que supuestamente actuó a título oficial. Otras leyes estatales declaran que no se emprenderá ninguna acción legal en contra de una persona que actúa de buena fe para aplicar cualquiera de sus disposiciones.
Los gobiernos extranjeros están muy conscientes del récord pobre en materia de derechos humanos de estos organismos, y sin embargo cooperan con ellos y les proporcionan capacitación.
Por todas estas razones, los altos funcionarios de aplicación de la ley y oficiales militares nunca han estado bajo una presión sistémica fuerte para garantizar que los soldados, los paramilitares, o los policías operen dentro de la ley o de las normas de derechos humanos. Dan por sentado que tienen completa discreción en el desempeño de su mandato, aun si incluye el uso ilegal de la violencia. De esta manera envían el mensaje a las víctimas de que cualquiera que intente hacerlos responsables, tendrá que pagar un alto precio y que, de cualquier manera, dichos esfuerzos serán inútiles.
El nuevo gobierno de Bangladesh, bajo el liderazgo del primer ministro Sheikh Hasina, ha declarado una política de "cero tolerancia " para las ejecuciones extrajudiciales y declaró que los funcionarios del Estado que participen en tales actos serán castigados. Sin embargo, no hay indicios de que las autoridades hayan iniciado alguna investigación seria sobre abusos pasados o respecto a las denuncias creíbles de que varios sospechosos de la rebelión y masacre de febrero de 2009 sucedida en la sede de los Rifles de Bangladesh, las fuerzas de seguridad de la frontera del país, hayan sido torturados y asesinados mientras se encontraban bajo custodia.
Debido al largo historial de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, Human Rights Watch recomienda que el DGFI y el RAB sean disueltos o, por lo menos, que se cree una comisión independiente para evaluar su desempeño, determinar y recomendar el despido de los funcionarios que se cree son responsables de graves violaciones de derechos humanos, y para desarrollar un plan de acción para transformarlos en agencias que operen dentro de la ley y con pleno respeto de las normas internacionales de derechos humanos.
Las operaciones del DGFI deben limitarse estrictamente a las actividades de inteligencia militar legales y bajo ninguna circunstancia deber tener las facultades para detener o de participar en la vigilancia de la oposición política y los críticos del gobierno.
"Siendo parte de la convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, Bangladesh está obligado a garantizar que todas las violaciones - pasadas y futuras - sean investigadas y que los responsables sean llevados ante la justicia", dijo Adams. "Si Bangladesh pretende convertirse en un país en el que los derechos humanos fundamentales sean respetados y la ley se aplique por igual a los pobres y los poderosos, la cultura existente de impunidad tiene que ser derribada".
