(Washington, DC) - El reciente asesinato de alrededor de 17 integrantes de la comunidad indígena Awá por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Nariño es una clara prueba de su absoluto desprecio por la vida de los civiles y de su negativa a respetar los principios más básicos del derecho humanitario, señaló hoy Human Rights Watch.
Los informes recibidos por Human Rights Watch de fuentes confiables indican que, en los últimos días, las FARC han asesinado en Nariño a aproximadamente 17 integrantes de la etnia Awá, entre los cuales se cuentan al menos dos menores. Las denuncias indican que varias de las víctimas fueron torturadas. Los asesinatos se produjeron poco tiempo después de otros ataques que el gobierno ha atribuido a las FARC, como la detonación de una bomba en el centro de Bogotá que causó la muerte de dos civiles y varios ataques en Cali y Arauca.
"Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana", manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "No existe excusa ni justificación válida para estos aberrantes actos".
Human Rights Watch instó al gobierno nacional y a las autoridades locales y departamentales a adoptar medidas inmediatas para ayudar a la población desplazada y a las víctimas, proteger a la población civil de Nariño y garantizar que todos los abusos cometidos en la región por grupos armados o fuerzas militares sean investigados en forma exhaustiva y sancionados.
Human Rights Watch ha visitado en varias oportunidades el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país, donde existe una fuerte presencia de numerosos grupos armados y fuerzas militares colombianas, y donde se registra una de las más graves situaciones humanitarias y de derechos humanos de Colombia. Los territorios Awá, especialmente en los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, se han visto particularmente afectados.
La Defensoría del Pueblo, mediante su Sistema de Alertas Tempranas, había emitido anteriormente un "informe de riesgo" en el cual advirtió a las autoridades que los civiles de la región se encontraban en peligro. El 8 de enero de 2009, la Defensoría del Pueblo reiteró la advertencia, e informó que estas comunidades se encontraban en riesgo debido a que las fuerzas armadas, las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares, se estaban disputando el control de la región.
El último informe de la Defensoría advertía sobre el grave riesgo de que las FARC tomaran represalias contra los civiles de la región, a quienes acusaban de colaborar con las fuerzas militares o el ELN. Por su parte, los nuevos grupos armados que surgieron luego de la supuesta desmovilización de los paramilitares, aparentemente habrían participado en amenazas, extorsión, asesinatos selectivos de civiles a quienes acusan de estar aliados con las guerrillas, desapariciones forzadas, desplazamientos y violaciones de mujeres y niños.
Según información recibida por Human Rights Watch, la región se enfrenta actualmente a una grave crisis humanitaria. Las FARC presuntamente habrían "confinado" a algunas poblaciones, cortando todo vínculo con el mundo exterior e impidiendo el ingreso o la salida de cualquier persona. También han instalado minas antipersonales en la región. De acuerdo con fuentes de Human Rights Watch, una gran cantidad de civiles habrían sido desplazados y aún no habrían recibido asistencia significativa del gobierno.
Los hechos de violencia en Nariño han afectado en particular a civiles de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los grupos afrocolombianos e indígenas.
Human Rights Watch instó al gobierno a que, además de tomar medidas urgentes para ayudar y proteger a los civiles, mejore su respuesta a las advertencias del Sistema de Alertas Tempranas.
"Si bien el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo suele emitir informes de riesgo muy bien elaborados que advierten sobre graves amenazas contra civiles, hemos comprobado que en muchos casos las autoridades que tienen la responsabilidad de responder no actúan a tiempo", señaló Vivanco.
