Al conmemorar el 60 º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cómo podemos explicar el significado de la Declaración en un mundo todavía lleno de violaciones a los derechos humanos? Es la visión de Eleanor Roosevelt un fracaso porque no ha puesto fin a los abusos que la generaron? Estas preguntas son temas frecuentes  en comentarios recientes publicados en este sitio por AC Grayling, Francesca Klug y otros.

Para responder a ellos, comienzo con la hipótesis de que, desde la perspectiva a corto plazo, para la mayoría de los gobiernos los derechos humanos son un inconveniente. La mayoría de los gobiernos están dispuestos a aferrarse al poder, y sienten a menudo la tentación de hacerlo mediante la censura de un periódico crítico, el encarcelamiento de un crítico líder de la oposición, o inculpando  una minoría vulnerable. Aun cuando persiguen otros objetivos, los gobiernos recurren demasiado fácil  a una mentalidad de que el-fin-justifica-los-medios que conduce a la violación de los derechos humanos.

Hace sesenta años, los gobiernos podrían llegar bastante lejos con estas estrategias, con pocas consecuencias  para su prestigio internacional. La Declaración Universal comenzó a cambiar eso.  Dio origen a una serie de tratados, ratificados por la mayoría de los gobiernos del mundo, que transformaron una declaración de intenciones en normas jurídicamente vinculantes. Las Naciones Unidas, a su vez, establecieron instituciones  para examinar los cumplimientos gubernamentales y condenar las transgresiones.

Probablemente el acontecimiento más importante inspirado por la Declaración es el surgimiento de un movimiento vibrante y diverso de derechos humanos.  Actualmente, grupos locales de derechos humanos existen en casi todos los países, quienes utilizan una variedad de tácticas para hacer frente a todo, desde la clásica represión hasta la denegación arbitraria de la vivienda, la educación, y la asistencia sanitaria. Sus preocupaciones, a su vez, se proyectan a nivel mundial por grupos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Frecuentemente, en las situaciones de abusos graves, el movimiento de derechos humanos no puede confiar en los tribunales locales para hacer valer los derechos. Desde hace mucho tiempo los  gobiernos abusivos descubrieron que el asesinato, la corrupción o la manipulación de unos pocos jueces y abogados son suficientes para garantizar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. En cambio, el movimiento de derechos humanos ha desarrollado la capacidad para poner una intensa presión sobre los gobiernos abusivos con el objetivo de obligarlos a resistir la tentación de violar los derechos humanos.

Lo más importante es el poder de la vergüenza. Hoy en día, a la luz del movimiento puesto en marcha por la Declaración, ningún  gobierno quiere ser conocido como un violador de los derechos humanos. Al investigar detenidamente, presentar informes, y dar a conocer las violaciones, los grupos de derechos humanos pueden someter a  gobiernos abusivos  a una  intensa vergüenza pública. Debido a que dicha imagen socava la legitimidad  interna y en el extranjero, los gobiernos van muy lejos para evitarlo. A menudo comienzan por negar el problema o atacar al mensajero, pero en última instancia, reconocen que la clave para sus problemas de relaciones públicas es reconocer y cambiar las prácticas abusivas.

En segundo lugar, trabajando en las capitales más influyentes de todo el mundo, los grupos de derechos humanos han desarrollado la capacidad de ejercer una intensa presión diplomática. La Declaración ha alentado a los gobiernos no sólo a respetar los derechos humanos internamente, sino también a promover los derechos humanos en sus relaciones exteriores. Pueden retener la venta de armas, o condicionar el apoyo presupuestario, o simplemente se niegan a invitar a un líder a prestigiosas cumbres internacionales, hasta que el gobierno abusivo frene las graves violaciones. Estas formas de presión aumentan  el costo de abuso.

En tercer lugar, en casos extremos de genocidio, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad, el movimiento de derechos humanos ha ayudado a desarrollar la capacidad para enjuiciar a los infractores en lo individual, incluyendo a  jefes de Estado. El nuevo sistema de justicia internacional, que culminara con la Corte Penal Internacional, establece  lugares de procesamiento que están fuera del alcance de los gobiernos abusivos. Después de haber trabajado intensamente para establecer esos tribunales, los grupos de derechos humanos ahora presentan pruebas, testimonios de expertos, y apoyo político.

Por último, en situaciones de asesinato en masa, los grupos de derechos humanos pueden a veces convencer al mundo de desplegar una fuerza militar para detener las matanzas. El concepto de la responsabilidad de los gobiernos para proteger a las personas frente a las atrocidades en masa es todavía controvertido, pero cada vez más, a instancias del movimiento pro derechos humanos, los Estados están dispuestos a ejercer presión sobre un gobierno abusivo hasta que se doblegue y acepte el despliegue de una fuerza internacional de protección.

Nada de esto garantiza un fin a las violaciones de los derechos humanos, como demuestra de manera dolorosa la prevalencia actual de abusos. Pero sí significa que los gobiernos pueden pagar un alto precio por el abuso - su reputación, sus finanzas, su libertad e incluso el control de su territorio. Pueden  calcular que los beneficios de violar los derechos humanos todavía superan esos costos. Pero a medida que los costos aumentan, también lo hace la probabilidad de que los gobiernos resistan la tentación de abusar. Ese cálculo revisado, una consecuencia de la presión ejercida por el movimiento de derechos humanos, es el legado más poderoso de la Declaración.