El 5 de junio, el Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno-Ocampo se presentará, una vez más, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para informar sobre los avances en la investigación de la CPI en Darfur y sobre el estado de las órdenes de arresto libradas el año pasado en contra de Ahmad Harun y Ali Kushayb. La campaña Justicia Por Darfur llama al Consejo de Seguridad a utilizar esta ocasión para instar a Sudán a cumplir con sus obligaciones emergentes de la Resolución 1593 (la cual remitió la situación en Darfur a la CPI) y a arrestar y a entregar a La Haya a los dos sospechosos sin más.
Ha pasado mas de un año desde que la CPI libró las órdenes de arresto en contra de Harun y de Kushayb, a quienes se les acusa de 51 crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por sus presuntos roles en una serie de ataques contra población civil en Darfur occidental en 2003 y 2004. Estas acusaciones incluyen actos de asesinato, persecución, tortura, violación y desplazamiento forzado. A pesar de la gravedad de estos crímenes, las autoridades sudanesas han rechazado públicamente arrestar y entregar a estos dos sospechosos, incumpliendo sus obligaciones para con la CPI y con el Consejo de Seguridad.
Tal como lo delineó el Fiscal en su última presentación ante el Consejo de Seguridad en diciembre de 2007, Sudán ha rechazado de manera persistente y pública cooperar con la Corte y entregar a los dos sospechosos. Ahmed Harun sigue siendo el Ministro de Estado para Asuntos Humanitarios y ha sido nombrado para encabezar un Comité creado con el fin de investigar casos presentados por víctimas de abusos de derechos humanos en Darfur. A la vez, fue anunciado en octubre pasado que el líder janjaweed Ali Kushayb fue puesto en libertad, luego de haber permanecido en custodia por orden del gobierno sudanés.
Al día de la fecha, el Consejo de Seguridad no ha adoptado ninguna acción formal para presionar a Sudán a cumplir con sus obligaciones emergentes de la Resolución 1593. Creemos que Sudán tomará en serio sus obligaciones que surgen del Capítulo VII si el Consejo de Seguridad se asegura que sus propias resoluciones sean mantenidas. La falta de acción por parte del Consejo de Seguridad envalentonará más a Sudán a continuar burlándose del derecho internacional y de la voluntad del Consejo. Frente la deteriorada situación de seguridad y de acuerdo con recientes informes que indican que las atrocidades son perpetradas por todos los actores, resulta más importante que nunca que el Consejo deje en claro su compromiso de asegurar que los responsables de tales crímenes rendirán cuentas ante la justicia. Tal como subrayó el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, no puede haber paz duradera sin justicia. Asegurar de que quienes estén acusados de ostentar la mayor responsabilidad por estos crímenes sean llevados ante la justicia será vital para lograr una paz duradera en Sudán.
Por lo tanto, nosotros urgimos al Consejo de Seguridad a responder ante la falta de cooperación por parte de Sudán por medio de:
- En la próxima visita del Consejo de Seguridad a Jartum, a hablar sobre la falta de cooperación de Sudán con la CPI;
- A adoptar una nueva Resolución del Consejo llamando a Sudán a cumplir con sus obligaciones legales de cooperación con la investigación de la CPI en Darfur y a entregar a los dos sospechosos a la CPI sin más retardo, y de esta forma prever para que el Consejo de Seguridad tome otras medidas efectivas para garantizar que cualquier persona sujeta a una orden de arresto librada por la Corte sea ubicada sin retrasos, arrestada y entregada.
A pesar de los fuertes mensajes de condena de cada uno de los diez estados parte de la CPI en el Consejo de Seguridad en respuesta a la última presentación del Fiscal en diciembre de 20071 -- los cuales notaron la falta de cooperación con la Corte por parte de Jartum -- el Consejo no tomó ninguna acción en apoyo al Fiscal ni ninguna acción para presionar a Sudán para cumplir con su obligación de entrega de los acusados.
Esta clara omisión debe ser rectificada cuando el Consejo de Seguridad se reúna el 5 de junio, fecha de la próxima presentación del Fiscal de la CPI.
Asimismo, debe demostrar su compromiso con la CPI, y con la voluntad del Consejo de garantizar la justicia para las víctimas de estos terribles crímenes, asegurando que se hable en la próxima visita del Consejo a Jartum sobre la rendición de cuentas por los crímenes en contra del derecho internacional. Durante esa visita, lo impulsamos a llamar al gobierno de Sudán a cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la Resolución 1593 y arrestar y entregar a los dos acusados. Le pedimos, también, que cualquier declaración o informe público post-misión incluya una referencia a la necesidad de cooperación con la CPI por parte de Jartum.
Hace tres años el Consejo de Seguridad hizo el compromiso de garantizar la justicia para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que habían sido cometidas en Darfur y a poner fin a la impunidad para tales crímenes. Dado que hombres, mujeres y niños en Darfur continúan siendo mutilados y asesinados como resultado de continuos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, el Consejo debe ahora fortalecer aún más su compromiso.
Atentamente,
Campaña “Justicia por Darfur”
James Smith, Jefe Ejecutivo, Aegis Trust
Nikki Serapio, Director, Americans Against the Darfur Genocide
Sarah Burton, Director Senior, International Law, Policy & Campaigns, Amnesty International
Loamba Moke, Presidente, Association pour les Droits de l’Homme et l’Univers Carcéral (ADHUC)
Nabeel Rajab, Vice-Presidente, Bahrain center for Human Rights
Moataz El fegiery, Director Ejectivo, Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
William R. Pace, Coordinador General, Coalition for the International Criminal Court (CICC)
Nick Grono, Vice-Presidente, International Crisis Group
Dismas Nkunda, Co-Chair, Darfur Consortium
Fatima Haroun, Presidenta, Darfur Rehabilitation Project, Inc.
Khatir M kayabil, Secretario General, Darfur Union in UK
Robert Schütte, Jefe Ejecutivo, Genocide Alert
Jean Baptiste Bosongo, Groupe lufalanga pour la justice et la paix
Betsy Apple, Director, Crimes against Humanity Program, Human Rights First
Richard Dicker, Director, International Justice Program, Human Rights Watch
Caroline Wojtylak, International Criminal Court Student Network (ICCSN)
Ms. Souhayr Belhassen, Presidenta, International Federation for Human Rights (FIDH).
Clément Boursin, Chargé de Mission Afrique, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France)
Karam Saber, Director Ejecutivo, Land Center for Human Rights
Alison Smith, Director, No Peace Without Justice
Robert Varenik, Director Ejecutivo, Open Society Justice Initiative.
David Donat Cattin (Ph.D., Law), Director, Parliamentarians for Global Action (PGA)
A. Frank Donaghue, Jefe Ejecutivo, Physicians for Human Rights
Hassan Greeve, Presidente, Prepared Society - Kenya
Sarah Kaiser, Director, Rene Cassin
Amjad Atallah, Director Senior, International Policy and Advocacy, Save Darfur Coalition
Adetokunbo Mumuni, Director Ejecutivo, Socio-Economic Rights & Accountability Project (SERAP)
Isobel Renzulli, Coordinadora de Proyecto, Sudanese Organisation Against Torture (SOAT)
Louise Roland-Gosselin, Director Ejecutivo, Waging Peace
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1 Luego de la presentación del Fiscal en diciembre de 2007, se hicieron las siguientes intervenciones:
Bélgica
El Embajador Verbeke observó el requisito claro de la cooperación con la Corte presentado en la Resolución 1593 e indicó que la ayuda de gobierno sudanés a los individuos contra quienes se han librado órdenes de arresto es una provocación que asciende a “desprecio hacia las presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra, y desprecio hacia el Consejo de Seguridad.” Bélgica invitó al Consejo de Seguridad a reiterar los términos de la resolución 1593 y de las obligaciones contenidas en la misma.
China
El Embajador Zhenmin reconoció la necesidad de resolver la cuestión de impunidad y la necesidad de aumentar la cooperación por parte de Sudán a la CPI.
Costa Rica
El Embajador Weisleder subrayó la necesidad de que el Consejo aplique presión constante y oportuna al gobierno de Sudán para cooperar con la Corte Penal internacional para llevar ante la justicia a los principales perpetradores.
Francia
El Embajador Ripert observó la falta de cooperación por parte del gobierno de Sudán para poner en práctica sus obligaciones bajo la Resolución 1593 e invitó al Consejo de Seguridad a adoptar una declaración recordando a Sudán sus obligaciones. El indicó que “el Consejo se lo debe a las millares de víctimas y de desplazados internos quienes todavía viven en campos para expresar su apoyo a la Corte.”
Indonesia
El Embajador Natalegawa condenó las masivas y continuas violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho humanitario en Darfur y dijo que los perpetradores deben ser llevados ante la justicia sin más retrasos innecesarios.
Italia
El Embajador Spatafora reafirmó que la lucha contra la impunidad para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad debe ser una prioridad de la comunidad internacional y que estos crímenes representan una amenaza a la paz y a la estabilidad internacional. Recordó que la remisión del Consejo de Seguridad de la situación en Darfur a la Corte contuvo el requisito que el gobierno de Sudán y otros estados cooperen plenamente con la Corte. El ha invitado desde entonces al gobierno de Sudán a cooperar con la Corte.
Panamá
El Embajador Arias indicó que el gobierno de Sudán había ignorado a las órdenes de arresto de la CPI lo que impidió que la Corte cumpla con sus obligaciones. Subrayando que la falta de cooperación demostraba “una falta de respeto con las obligaciones internacionales e indiferencia para con el Consejo,” indicó que la tolerancia del Consejo de Seguridad para con tales actos abre la puerta para fomentar más de esos mismos actos.
Rusia (Federación)
El Embajador Rogachev expresó su pesar por el colapso práctico de la cooperación entre la Corte y el gobierno sudanés.
Sudáfrica
El Embajador Kumalo observó la responsabilidad del Consejo de Seguridad de exigir la cooperación de estados, particularmente en caso de que el Consejo mismo haya remitido un caso a la Corte. Reiteró que “en la Resolución 1593, el Consejo había invitado el gobierno del Sudán y al resto de las partes en Darfur a cooperar plenamente y a proporcionar la asistencia necesaria para la Corte y para el Fiscal, “ e impulsó al gobierno de Sudán a cooperar plenamente con la CPI.
Reino Unido
El Embajador Sawers observó que en vez de la cooperar con la Corte, el gobierno de Sudán había “desafiado a la Corte y al Consejo” y adoptó un curso para proteger a los acusados. El invitó al Consejo a brindar un “apoyo público y completo a la Corte.”
Estados Unidos de Norteamérica
El representante de los Estados Unidos observó que lo preocupaba particularmente que “el gobierno de Sudán todavía no cooperaba con la Corte y que no había tomado medidas para arrestar a los dos individuos.” Confirmando que “los Estados Unidos habían apoyado siempre llevar ante la justicia a los responsables de atrocidades y de crímenes de guerra en Darfur,” invitó al gobierno de Sudán a cooperar plenamente con la Corte, según los requisitos contemplados en la resolución 1593 y observó que debe terminar la impunidad para los ataques en curso.
