Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresarle mi profunda preocupación ante informes creíbles que indican que su ilustrado gobierno habría solicitado a Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que retirara al diplomático Amerigo Incalcaterra como su representante en México.

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el fin de expresarle mi profunda preocupación ante informes creíbles que indican que su ilustrado gobierno habría solicitado a Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que retirara al diplomático Amerigo Incalcaterra como su representante en México.

Conforme a fuentes oficiales citadas en artículos de prensa mexicana e internacional, el gobierno federal habría solicitado a la Alta Comisionada que retirara al Sr. Incalcaterra de su oficina en México a raíz de su “alto perfil” en el país. La Secretaría de la Defensa Nacional habría expresado su malestar por las observaciones del Sr. Incalcaterra sobre el rol de los militares en la lucha contra el crimen organizado. La salida del Sr. Incalcaterra habría sido finalmente requerida por su gobierno, a petición del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras declaraciones del diplomático que apoyaban el reciente informe crítico de Human Rights Watch sobre las fallas en el trabajo de la comisión para promover progreso en los derechos humanos en México.

Ante la gravedad de estos hechos, es indispensable que su gobierno aclare públicamente cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la salida del Sr. Incalcaterra de México. En un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores del día de ayer, su gobierno se limitó a expresar su compromiso con los derechos humanos y a explicar cuáles son los procedimientos que, en teoría, se aplican a la remoción y designación de funcionarios de las Naciones Unidas. Sin embargo, no desmiente claramente que su gobierno haya interferido en el caso específico del Sr. Amerigo Incalcaterra.

Cualquier intervención del gobierno mexicano en las labores propias de la oficina en México de la Alta Comisionada representaría un alarmante retroceso de la política exterior que ha venido desarrollando México desde el año 2000. Desde entonces, México ha promovido la observación internacional en materia de derechos humanos, especialmente la de Naciones Unidas, la cual, para ser efectiva, requiere que la crítica sea no sólo privada, sino también pública. El compromiso del gobierno en esta materia se vería seriamente menoscabado si, frente a comentarios públicos debidamente fundados del representante en México del máximo órgano de Naciones Unidas en derechos humanos, el gobierno asume una actitud de intolerancia.

Por otra parte, tal intervención sería contradictoria con el propósito de cualquier acuerdo de cooperación internacional en materia de derechos humanos. Según el acuerdo de cooperación firmado por su gobierno y la Alta Comisionada en febrero de este año, la oficina debe dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en México, lo cual “…tendrá como principal objetivo fortalecer las capacidades nacionales vinculadas a la protección de esos derechos y promover la atención de los temas, situaciones y áreas prioritarias.”

El gobierno de México entendió hace algunos años que está en su mejor interés contar con una observación internacional vigorosa sobre la situación de derechos humanos en el país. Un acuerdo de cooperación genuino supone que los funcionarios internacionales a cargo de su implementación deben monitorear de forma independiente la situación del país, mediante observaciones públicas y privadas sobre las políticas y prácticas que deben ser corregidas. Si no fuera así, estos acuerdos se transformarían simplemente en convenios más formales que sustantivos, sin mayores posibilidades de incidencia.

Aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi más distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Kenneth Roth
Director Ejecutivo