A pesar de la renuncia presentada hoy por Fidel Castro, los mecanismos legales e institucionales abusivos de Cuba continúan impidiendo que los cubanos ejerzan sus derechos básicos, según señaló hoy Human Rights Watch. La contraproducente política de embargo impuesta por Estados Unidos permite que el gobierno de Cuba continúe utilizando este pretexto para cometer violaciones de los derechos humanos.

“Aun si Castro ya no se encuentra al mando, la maquinaria represiva que él construyó a lo largo de casi medio siglo se mantiene completamente intacta”, manifestó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Hasta que eso no cambie, es poco probable que se produzcan avances concretos con respecto a los derechos humanos en Cuba”.

Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido prácticamente todas las vías de oposición política. Los ciudadanos cubanos se han visto sistemáticamente impedidos de ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión, privacidad, asociación, reunión, circulación y debido proceso legal. Entre las diferentes tácticas empleadas para imponer la voluntad del régimen se encuentran las amenazas policiales, la vigilancia, las detenciones temporales, los arrestos domiciliarios, las restricciones para viajar, la persecución penal y el despido laboral por razones políticas.

Las estructuras legales e institucionales de Cuba han permitido este tipo de violaciones de los derechos fundamentales. Los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y de circulación, así como la prensa, están sujetos a estrictos límites impuestos por la ley cubana. Mediante la criminalización de la llamada propaganda enemiga, la difusión de “noticias no autorizadas” y la ofensa de los símbolos patrios, el gobierno restringe la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado. Por su parte, los tribunales no gozan de independencia; al contrario, violan el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la defensa y, a menudo, no respetan los escasos derechos de debido proceso que la ley interna reconoce a los acusados.

“Desde que Fidel Castro entregó el poder a su hermano, hace más de un año, el gobierno cubano ha mostrado ocasionalmente su interés de revisar su postura respecto de los derechos humanos”, señaló Vivanco. “Sin embargo, hasta el momento, no ha adoptado ninguna de las medidas necesarias para poner fin a sus prácticas represivas”.

En diciembre de 2007, el gobierno cubano anunció su intención de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicha ratificación, de producirse, representaría una importante ruptura con la posición que Cuba mantiene desde hace mucho tiempo de no reconocer y respetar tratados fundamentales de derechos humanos.

No obstante, según señaló Human Rights Watch, el gobierno cubano aún no ha adoptado medidas concretas para despenalizar la oposición política. En particular, debe liberar sin condiciones a todos los opositores políticos, y debe derogar las disposiciones del Código Penal que permiten las flagrantes violaciones de los derechos humanos.

“Este es un buen momento para que el gobierno de Estados Unidos reconsidere su fracasada política de embargo hacia Cuba”, destacó Vivanco. “Al levantar el embargo, Washington impediría que Raúl Castro recurra a la imagen de víctima que su hermano aprovechó tan eficazmente durante medio siglo”.

Durante más de cuatro décadas, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado los nefastos antecedentes de derechos humanos en Cuba para justificar un embargo económico indiscriminado destinado a derrocar el régimen de Castro. Pero esta política no solo no impulsó cambio alguno en Cuba, sino que contribuyó a consolidar la continuidad de Castro en el poder, al proporcionar un pretexto a su gobierno para justificar sus problemas y abusos. Efectivamente, el hecho de que esta política se haya impuesto en términos absolutos, sin discriminar, permitió que Castro despertara simpatías en el exterior y lograra así neutralizar la presión ejercida en el ámbito internacional en vez de incrementarla.

“El gobierno de Bush debe poner fin a las prohibiciones comerciales y de viajar que perjudican tanto a los cubanos como a sus familiares cubano americanos”, afirmó Vivanco. “Después de medio siglo de políticas ineficaces, es tiempo de que Estados Unidos adopte una postura más pragmática, de carácter multilateral, para presionar a Cuba a respetar las libertades políticas”.