En octubre y noviembre de 2006, el gobierno ruso emprendió una campaña deliberada para detener y expulsar a miles de georgianos que vivían en Rusia, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy.
En el informe de 78 páginas, “Singled Out: Detention and Expulsion of Georgians” (Persecución específica: Detención y expulsión de georgianos), se documenta la detención y la expulsión ilegal y arbitraria de georgianos, incluyendo a muchos que residían y trabajaban legalmente en Rusia.
“Las autoridades rusas afirman que las expulsiones no estaban específicamente dirigidas contra los georgianos, sino que formaban parte de una nueva lucha contra la inmigración ilegal”, señaló Holly Cartner, directora para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Pero, en realidad, se trató de una campaña coordinada y orquestada en los niveles superiores del gobierno para perseguir a los georgianos durante un período específico”, agregó.
Tras meses de crecientes tensiones políticas entre Rusia y Georgia, el 27 de septiembre de 2006, funcionarios georgianos detuvieron a cuatro oficiales militares rusos acusados de espionaje. El 2 de octubre, Georgia entregó a los oficiales a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y durante los días y semanas siguientes, las autoridades rusas emprendieron una campaña extensa de represión contra personas de etnia georgiana, ciudadanos georgianos y empresas y organizaciones de propiedad o temática georgiana.
Los organismos del gobierno ruso emitieron mandatos escritos ordenando a la policía, al Servicio Federal de Migración, a los tribunales y a otras agencias que adoptaran las medidas necesarias para identificar y expulsar a los georgianos viviendo irregularmente en Rusia. Altos funcionarios del gobierno degradaron abiertamente a los georgianos en la televisión pública; y muchos de los canales de televisión y medios de comunicación afines al gobierno siguieron el ejemplo.
La policía y otras autoridades negaron derechos fundamentales a muchos de los detenidos. A la mayoría le negaron el acceso a un abogado o a funcionarios de la embajada de Georgia y fueron procesados en audiencias que sólo duraron unos minutos. Muchos de ellos estuvieron hacinados en celdas y, en ocasiones, sufrieron terribles condiciones durante la detención. Dos georgianos murieron en custodia esperando su expulsión.
“Human Rights Watch reconoce el derecho de los gobiernos a controlar la inmigración ilegal, pero todos los migrantes, incluidos los migrantes en situación irregular, también tienen derechos que deben ser respetados”, señaló Cartner.
En Rusia se calcula que habitan entre 13 y 20 millones de migrantes, la mayoría llegaron de países de la antigua Unión Soviética en busca de mejores oportunidades económicas. Estos migrantes se encuentran similarmente expuestos al riesgo de represalias si aumenta la tensión política entre Moscú y sus países de origen.
“Es preocupante que el gobierno esté dispuesto a perseguir específicamente a un grupo étnico para expulsarlo del país dentro de su estrategia de política exterior”, señaló Cartner. “Estos sugiere que Rusia interrumpiría la vida de personas para servir intereses de política exterior”, agregó.
La campaña del gobierno ruso contra los georgianos se produjo dentro del contexto del racismo y la xenofobia predominantes en Rusia. Los ataques violentos y los asesinatos por motivos raciales se han convertido en un fenómeno habitual, especialmente en las grandes ciudades. Aunque se han dictado algunas condenas, el gobierno ruso ha hecho muy poco por combatir estas peligrosas tendencias. El racismo también se manifiesta en la discriminación por parte de empleadores, arrendadores, propietarios de comercios y otros, así como en la persecución policial basada en perfiles raciales.
La campaña contra los georgianos coincidió con la promulgación de nuevas políticas sobre migración, que incluyen una restricción sobre los extranjeros que ocupan ciertos puestos dentro de los mercados minoristas del país. Las autoridades han organizado redadas en busca de migrantes que residan o trabajen en el país sin autorización. Más recientemente, el 15 de septiembre de 2007, el Servicio Federal de Migración de Rusia alistó a miembros del grupo de jóvenes nacionalistas y pro Kremlin Mestnye (Locales) para buscar y detener a migrantes que, según alegaron, estaban trabajando ilegalmente en el concurrido mercado Yaroslavskii de Moscú. En mayo del año presente, los activistas de Mestnye encabezaron manifestaciones contra la embajada estonia después de que Rusia protestara por el desmantelamiento en Estonia de un memorial de la guerra soviética.
“El gobierno ruso está participando en algunas prácticas cuestionables en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal”, señaló Cartner. “La UE y otros gobiernos deben insistir en que Rusia garantice que no se persiga arbitrariamente a migrantes y se respeten sus derechos en todo momento”, agregó.
