(Nueva York) – El gobierno de Sri Lanka es responsable de asesinatos ilegítimos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos desde que el año pasado se intensificaran las hostilidades contra los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE, según sus siglas en inglés), declaró Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

Human Rights Watch documentó el drástico incremento de abusos por parte de las fuerzas gubernamentales en los últimos 18 meses e instó a los donantes del país y a gobiernos preocupados a que apoyen una misión de monitoreo de las Naciones Unidas en Sri Lanka.

Los LTTE, un grupo armado de tamiles separatistas, son responsables de crímenes graves tales como asesinatos de civiles, extorsión y uso de niños soldados, todo lo cual Human Rights Watch ha documentado y repudiado en repetidas ocasiones.

El nuevo informe de 129 páginas, denominado “Return to War: Human Rights Under Siege” (“De vuelta a la guerra: Los derechos humanos bajo sitio”), utiliza relatos de víctimas y testigos para documentar el impactante incremento de violaciones por parte de las fuerzas gubernamentales. Tamiles étnicos han sufrido la mayor cantidad de estas violaciones, indica el informe, aunque miembros de la población musulmana y mayoritariamente sinhalesa no son inmunes a los abusos del gobierno.

“Aparentemente, el gobierno de Sri Lanka ha dado luz verde a sus fuerzas de seguridad para que utilicen tácticas de ‘guerra sucia’”, dijo Brad Adams, director de la división de Asia de Human Rights Watch. “Los abusos de los LTTE no son una excusa para la campaña de asesinatos, ‘desapariciones’ y retornos forzados de personas desplazadas por parte del gobierno”.

Un acuerdo de cese al fuego en 2002 entre el gobierno y los LTTE se encuentra técnicamente en vigor, pero las grandes hostilidades reiniciaron a mediados de 2006. El presidente Mahinda Rajapaksa y su hermano, el Secretario de Defensa Gothabaya Rajapaksa, han emprendido operaciones militares en el norte y este del país, con escasa consideración por la seguridad de la población civil, aseveró Human Rights Watch.

Las fuerzas de seguridad han sometido a civiles a ataques indiscriminados e impedido la entrega de ayuda humanitaria. Unas 315.000 personas, en su gran mayoría tamiles y musulmanas, han tenido que escapar de sus hogares debido a los combates desde agosto de 2006. Sólo en marzo fueron desplazadas alrededor de 100.000. Las autoridades gubernamentales han obligado a algunas de ellas a retornar a áreas que continuaban siendo inseguras.

Human Rights Watch documentó un alarmante incremento de secuestros y “desapariciones” durante el último año y medio. Más de 1.100 nuevos casos, mayoritariamente de tamiles, fueron reportados entre enero de 2006 y junio de 2007. Aunque por mucho tiempo los LTTE han sido responsables de secuestros, la mayoría de las recientes “desapariciones” implica a fuerzas gubernamentales o grupos armados que actúan con la complicidad del gobierno.

Sólo en la norteña península de Jaffna, un área bajo estricto control militar, se reportó la desaparición de más de 800 personas entre diciembre de 2005 y abril de 2007; 241 de ellas fueron posteriormente encontradas. En la gran mayoría de los casos, testigos y familiares han reportado que las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas o implicadas en los secuestros.

En diciembre de 2006, el gobierno expandió las Regulaciones de Emergencia reintroducidos en agosto de 2005, que nombran una gama de actividades pacíficas como delitos terroristas. Desde ese entonces, el gobierno ha utilizado las regulaciones para perseguir a opositores políticos y miembros de los medios de comunicación.

El informe documenta el deterioro de la libertad de prensa en Sri Lanka, donde 11 trabajadores de medios han sido asesinados desde agosto de 2005. Los periodistas tamiles, en particular, trabajan bajo severas amenazas tanto de los LTTE como del gobierno, pero el gobierno también ha presionado a medios sinhaleses que presentan noticias y opiniones críticas.

El gobierno ha intentado silenciar a quienes cuestionan o critican su enfoque al conflicto armado o su trayectoria de derechos humanos. Ha descalificado a críticos pacíficos como “traidores”, “simpatizantes terroristas” y “simpatizantes de los LTTE”.

“El gobierno está utilizando su conflicto con los LTTE y la retórica del contraterrorismo para reprimir el disenso en Sri Lanka”, dijo Adams. “Éste es un giro sumamente preocupante en un país con una larga tradición de libertad de expresión aun en tiempos de conflicto”.

Human Rights Watch pudo determinar que el grupo tamil armado Karuna, que se separó de los LTTE en 2004 y ahora coopera con las fuerzas de Sri Lanka en contra de los LTTE, continúa secuestrando y reclutando forzosamente a niños y hombres jóvenes para sus filas, con la complicidad o aquiescencia del gobierno de Sri Lanka. UNICEF ha documentado 145 casos de reclutamiento y re-reclutamiento de niños por parte del grupo Karuna desde diciembre de 2006, y es probable que la cifra real sea más elevada.

El grupo Karuna también ha secuestrado, para cobrar rescate, a varios empresarios tamiles en Batticaloa, Vavuniya y la capital, Colombo. A pesar de las repetidas promesas de realizar una investigación sobre la complicidad estatal en los secuestros perpetrados por el grupo Karuna, hasta la fecha el gobierno no ha dado indicios de haber tomado ninguna medida para investigar, y los secuestros no han disminuido.

En un informe de 2007, Human Rights Watch documentó el patrón de secuestros llevados a cabo por el grupo Karuna con la complicidad o ceguera voluntaria del gobierno de Sri Lanka.

La impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del gobierno, un problema de largo aliento en Sri Lanka, continúa siendo una norma preocupante. Conforme el conflicto se intensifica y las fuerzas gubernamentales son implicadas en una lista más larga de abusos, el gobierno ha mostrado una clara renuencia a llevar ante la justicia a los responsables de violaciones graves.

El informe concluye que una Comisión Presidencial de Investigación creada en 2006 con el propósito de examinar casos específicos de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el gobierno y los LTTE ha resultado ser inadecuada para hacer frente al estado de deterioro de los derechos humanos en el país. La Comisión parece ser un esfuerzo por frenar las críticas dentro del país y a nivel internacional, más que un sincero intento de promover la rendición de cuentas y prevenir futuros abusos.

“En repetidas ocasiones, el gobierno ha prometido poner fin a los abusos e investigarlos, pero ha mostrado una falta de voluntad política para adoptar medidas efectivas”, dijo Adams. “Las instituciones gubernamentales han resultado ser incapaces de lidiar con la magnitud e intensidad del abuso o renuentes a hacerlo”.

Human Rights Watch instó a los donantes internacionales de Sri Lanka a utilizar su influencia tanto con el gobierno como con los LTTE para alentar el respeto por el derecho internacional, incluida la protección de civiles durante las hostilidades. La ayuda internacional es un punto de influencia, y gobiernos como los del Reino Unido y de Alemania recientemente han decidido limitar la ayuda hasta que las prácticas del gobierno mejoren.

Los Estados preocupados también deberían trabajar dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para iniciar y apoyar fuertes resoluciones de éste respecto a Sri Lanka, a fin de incentivar un cambio en las prácticas tanto del gobierno como de los LTTE, señaló el informe.

Más importante aun, los países preocupados y el gobierno de Sri Lanka deberían trabajar por el establecimiento de una misión de la ONU para el monitoreo de los derechos humanos en Sri Lanka, cuyo mandato sea vigilar, investigar y reportar abusos cometidos por el gobierno, los LTTE y el grupo Karuna.

“Una misión de la ONU encaminada a monitorear los derechos humanos en Sri Lanka ayudaría a proteger civiles, acabar con la impunidad y promover una resolución al conflicto que respete los derechos humanos”, dijo Adams.