(Nueva York) – En un nuevo informe y reportaje fotográfico hecho público hoy, Human Rights Watch ha señalado que los grupos islamistas violentos han matado o herido en Filipinas a más de 1.700 personas en explosiones y otros atentados desde el año 2000. Los atentados, cometidos en su mayoría en Mindanao, Basilan, Jolo y otras islas meridionales, han incluido asimismo secuestros, ejecuciones y tiroteos.
El informe de 34 páginas, “Lives Destroyed: Attacks on Civilians in the Philippines,” (“Vidas destruidas: los atentados contra civiles en Filipinas”), contiene relatos personales y fotografías de los lugares en que se produjeron los atentados, así como de las víctimas de estos atentados y sus familiares. El informe describe cómo los atentados han acabado con la vida de niños, padres, maridos y mujeres y causado un sufrimiento horrible entre los heridos supervivientes y los familiares. El Grupo Abu Sayyaf (GAS) y el Movimiento Rajah Solaiman (MRS), radicados en el sur de Filipinas, están implicados o se han responsabilizado de la mayoría de los atentados que se describen en el informe.
“Los grupos armados extremistas han sembrado el terror entre los civiles en Filipinas”, señaló John Sifton, investigador principal de Human Rights Watch sobre terrorismo y antiterrorismo. “Han hecho estallar bombas en autobuses que transportaban trabajadores, en mercados de comida donde había gente comprando, en aeropuertos donde los familiares estaban esperando a sus seres queridos y en transbordadores que llevaban familias”.
El número de víctimas desde el año 2000 supera al número de personas muertas o heridas en los atentados con bomba provocados durante el mismo período en la vecina Indonesia (incluidos los atentados de Bali de 2002), y es notablemente mayor al número de muertos y heridos en las explosiones de Marruecos, España, Turquía y Reino Unido. Sin embargo, la magnitud de la violencia no ha sido objeto de una atención generalizada fuera de la región.
Human Rights Watch ha culpado al gobierno filipino de no procesar a los autores de los atentados. Aunque desde el año 2000 se ha detenido a numerosos sospechosos de haber participado en atentados con bomba, Human Rights Watch ha declarado que muy pocos de ellos han sido llevados a juicio con éxito, y que en algunos casos el procesamiento se ha llegado a retrasar más de cuatro años.
Human Rights Watch ha criticado la reciente promulgación de una nueva ley antiterrorista, la “Ley de Seguridad Humana” (https://www.hrw.org/english/docs/2007/07/16/philip16404.htm), que contiene peligrosas disposiciones extralimitadoras que violan las normas sobre derechos humanos y amplían las competencias gubernamentales para detener a los sospechosos de terrorismo indefinidamente. Human Rights Watch declaró que la legislación penal vigente es más que suficiente para enjuiciar los actos de terrorismo.
“Filipinas no necesita una nueva ley antiterrorista de carácter abusivo”, ha declarado Sifton. “El gobierno no está aplicando las leyes de las que ya dispone, así que ¿para qué necesita nuevas disposiciones que violan los derechos humanos?”
El informe de Human Rights Watch ofrece nuevas y convincentes informaciones sobre muchos de los atentados que se han producido en los últimos años. Por ejemplo, recoge entrevistas con los supervivientes del atentado con bomba que tuvo lugar el 27 de febrero de 2004 en el Superferry 14, un transbordador que cubría el trayecto entre Manila y Mindanao. La bomba, que estalló junto al puerto de Manila, mató al menos a 116 personas. Entre los muertos había 15 niños, seis de los cuales tenían menos de cinco años de edad. Al menos 12 familias perdieron a varios miembros, y al menos 10 matrimonios murieron juntos. Seis de los niños muertos en la explosión eran estudiantes de un equipo de competición enviado por las escuelas del norte de Mindanao para participar en un concurso de periodismo en Manila.
El informe detalla también los atentados del “Día de San Valentín”, cometidos en Manila y en dos ciudades de Mindanao el 14 de febrero de 2005. Human Rights Watch entrevistó a Mark Gil Bigbig, un estudiante de 31 años que estaba comiendo en un restaurante de comida rápida en General Santos cuando la bomba estalló fuera: “Nos cogió por sorpresa . . . La gente gritaba: ‘¡Es una bomba!’ Miré hacia abajo, vi mi sangre salpicando debajo de mí, y me caí al suelo”. Bigbig sufrió graves traumatismos en sus piernas debido a la metralla y a los cristales rotos y en la actualidad, más de dos años después del atentado, no puede caminar sin la ayuda de aparatos ortopédicos y muletas.
El informe explica el sufrimiento de los supervivientes que padecieron daños físicos mínimos. Aurelia Espera, por ejemplo, una víctima del atentado de 2003, declaró entre lágrimas a Human Rights Watch cómo vio los cuerpos de sus dos hijos, uno de ellos decapitado, y de su suegra: “Nunca podré olvidar lo ocurrido, vi a mis hijos tirados allí en la calle”.
Los miembros del GAS y del MRS están implicados en, o han asumido abiertamente la autoría de muchos de estos atentados. El GAS es un grupo islamista radical cuyos miembros se escindieron en la década de 1990 de grupos insurgentes de etnia moro de dilatada trayectoria, radicados en las áreas predominantemente musulmanas al sur de Filipinas (“moro” es el término que se emplea en Filipinas para decir musulmán). El MRS, un grupo integrado por conversos al Islam, está íntimamente vinculado al GAS. Ambos grupos persiguen pretendidamente expulsar a los cristianos de Mindanao y de las islas Sulu y “restaurar” un régimen islámico en Filipinas.
“Abu Sayyaf y Rajah Solaiman han cometido crímenes a escala masiva”, ha afirmado Sifton. “Han atentado con bombas intencionadamente contra la población civil, han secuestrado a trabajadores corrientes y los han decapitado, y han obtenido dinero extorsionando a pequeños negocios”.
Tanto el GAS como el MRS mantienen vínculos con miembros actuales o antiguos de Jemaah Islamiyah (JI), el violento grupo islamista indonesio responsable del atentado de Bali de 2002. Algunos funcionarios del gobierno filipino aseguran que elementos de los ya veteranos Frente de Liberación Moro Islámico (FLMI) y Frente de Liberación Nacional Moro (FLNM) han proporcionado refugio o ayuda durante los últimos años a miembros del GAS, el MRS y la JI.
Desde 2003, los dirigentes del FLMI y del FLNM parecen haber cortado considerablemente los lazos con JI, han condenado la violencia contra los civiles (especialmente, los atentados del GAS y del MRS) y han colaborado de forma activa con las fuerzas armadas filipinas en operaciones contra estos tres grupos. El ejército de los Estados Unidos colabora activamente en estas operaciones.
Human Rights Watch afirmó hoy que es probable que ciertos comandantes “solitarios” del FLMI y del FLNM, y los llamados “comandos perdidos”, hayan seguido ofreciendo refugio y ayudando a miembros del GAS, del MRS y de JI en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años.
Human Rights Watch instó al FLMI y al FLNM a que sigan condenando los ataques armados contra civiles perpetrados por el GAS, el MRS y JI y trabajando con las autoridades para detener a los autores de atentados violentos.
“Los dirigentes musulmanes son dignos de crédito por distanciarse de los grupos armados que atentan contra civiles”, dijo Sifton, “pero tienen que asegurarse de que pueden controlar a sus propios miembros”.
Human Rights Watch afirmó hoy que el hecho de que el gobierno no haya procesado a los sospechosos de participar en los atentados ha contribuido a alimentar en Filipinas, especialmente en el sur, una cultura de la conspiración. Dirigentes musulmanes y líderes de la oposición política escépticos han acogido la idea de que el responsable de los atentados con bombas es el propio gobierno (Human Rights Watch no ha encontrado pruebas que sustenten semejante afirmación). Human Rights Watch ha hecho un llamado al Ministerio de Justicia filipino para que se reinicien los procesamientos y se celebren juicios justos y públicos.
Human Rights Watch ha realizado asimismo un llamado a Estados Unidos y otros países interesados para que presten su colaboración en las negociaciones de paz en curso entre el gobierno filipino y los dirigentes musulmanes, para contribuir a garantizar la estabilidad de los acuerdos entre el gobierno filipino y el MILF y el MNLF y para promover el respeto a los derechos humanos, incluida la protección de la población civil.
“Para acabar con las bombas, con los secuestros y con otras formas de violencia es necesario que los demás gobiernos presionen a los dirigentes filipinos (tanto en Manila como en Mindanao) para que dediquen mayores esfuerzos a proteger la vida de la población civil”, dijo Sifton.
