Durante el auge económico experimentado por Angola tras el fin de la guerra civil en el año 2002, el gobierno angoleño ha desalojado por la fuerza a miles de residentes pobres de la capital Luanda, generalmente por medio de la violencia y sin ofrecer indemnizaciones de ningún tipo, revelaron Human Rights Watch y la organización angoleña SOS Hábitat en un informe publicado hoy.

El informe de 103 páginas, titulado “Derribaron las casas: Desalojos forzados e inseguridad en la tenencia de la tierra entre los pobres urbanos de Luanda,” documenta 18 casos de desalojos masivos en Luanda efectuados por el gobierno de Angola entre los años 2002 y 2006. En estos desalojos, que afectaron alrededor de 20.000 personas en total, las fuerzas de seguridad destruyeron más de 3.000 viviendas y el gobierno confiscó numerosos pequeños lotes de tierra cultivada. Estos desalojos a gran escala vulneraron la legislación angoleña y el derecho internacional en materia de derechos humanos y dejaron a muchas personas sin hogar y en la miseria sin acceso a resarcimiento legal alguno.

“Millones de angoleños fueron desplazados durante la guerra civil, pero desde entonces el gobierno ha desalojado a miles de personas más por la fuerza de sus viviendas en la capital,” señaló Peter Takirambudde, director ejecutivo de la División de África de Human Rights Watch. “Las políticas de posguerra del gobierno han resultado en la destrucción de miles de hogares y reiteradas violaciones a los derechos humanos.”

Miles de angoleños siguen siendo vulnerables a los desalojos forzados causados por la incapacidad del gobierno de hacer frente al extendido problema de la inseguridad en la tenencia de las tierras. La mayoría de los cerca de 4 millones de residentes de Luanda no posee títulos formales de propiedad de la vivienda o tierra que ocupa. La inadecuada legislación en materia de administración de tierras y espacios urbanos debido a la ausencia de mecanismos de regulación de su aplicación y a la falta de salvaguardas contra los desalojos forzados, la débil aplicación de las leyes y los procedimientos ineficaces de registro de bienes raíces colocan a miles de personas en situación de riesgo.

“La mayor parte de los desalojados son angoleños pobres y vulnerables; sus viviendas fueron demolidas y muchos de ellos sólo se quedaron con lo que llevaban puesto,” señaló Luiz Araujo, Director de SOS Hábitat, una organización no-gubernamental angoleña que defiende el derecho a la vivienda. “Millones de habitantes de Luanda seguirán siendo vulnerables a los desalojos forzados a menos que el gobierno tome medidas inmediatas para poner fin a estos desalojos y aborde el problema de la falta de seguridad en lo relativo a la tenencia de la tierra en esta ciudad.”

El informe ofrece evidencia que demuestra que los desalojos forzados en Luanda no constituyeron hechos esporádicos ni aislados. Por el contrario, los desalojos representan un patrón de conducta abusiva por parte del gobierno angoleño que no ha cambiado significativamente. A la fecha, las autoridades no han dado los pasos necesarios para garantizar el cese de los desalojos forzados ni han respondido a los abusos asociados a estos desalojos. El gobierno tampoco ha brindado indemnización de ningún tipo a la vasta mayoría de las víctimas de los desalojos, tal como lo exige la legislación angoleña e internacional.
Las víctimas de los desalojos manifestaron a Human Rights Watch y a SOS Hábitat que los oficiales de la policía y los funcionarios gubernamentales locales ejecutaron los operativos con violencia brutal y haciendo uso excesivo de la fuerza. Los agentes policiales, en algunas ocasiones acompañados por miembros de compañías de seguridad privada, efectuaron disparos al aire y al suelo para amedrentar a la población no armada. En reiteradas ocasiones la policía detuvo arbitrariamente a las víctimas de los desalojos, y muchas de las personas arrestadas manifestaron a Human Rights Watch y a SOS Hábitat que fueron abusados físicamente mientras se encontraban bajo custodia policial. Los defensores de los derechos humanos presentes al momento de los desalojos fueron hostigados y en ocasiones arrestados arbitrariamente.

El gobierno angoleño no ha suministrado información adecuada relativa al propósito de sus desalojos a las comunidades afectadas ni las han consultado sobre posibles soluciones alternativas a su expulsión forzada. En los “asentamientos informales” donde vive la mayoría de la población de Luanda sin registro alguno de propiedad, los residentes fueron desalojados con escaso o ningún aviso previo. El gobierno no averiguó qué derechos tenían los individuos a la tierra que ocupaban antes de llevar a cabo los desalojos.

El gobierno tampoco brindó información precisa sobre el órgano que impartió la orden de desalojo, sobre sus motivos legales, ni sobre el órgano de gobierno apropiado para apelar dichas decisiones. Las autoridades llevaron a cabo estos desalojos forzados sin un procedimiento adecuado y consistente para determinar la forma y el monto de la indemnización debida a las víctimas individuales.

El gobierno angoleño justifica los desalojos sosteniendo que necesita disponer de dichas tierras para desarrollar proyectos de interés público o para remover a presuntos usurpadores de tierras fiscales. Mientras el gobierno aduce que está intentando mejorar las condiciones de vida en Luanda, lo que está haciendo, en rigor, es empeorar las condiciones para los sectores económicamente más vulnerables al desalojar a miles de ellos y privarlos de la asistencia necesaria para ayudarlos reestablecerse en otros sitios.

“Mucha gente cultivó y vivió en estas áreas por décadas; otros se asentaron según la costumbre, con el permiso de los más ancianos,” señaló Araujo. “El gobierno nunca expropió formal o legalmente las tierras que ocupaba la gente ni les dio la posibilidad de reclamar sus derechos a las tierras.”

Los desalojos documentados en este informe fueron llevados a cabo en violación de la legislación angoleña e internacional. Angola ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y está obligada a proteger a todas las personas contra la interferencia arbitraria o ilegal de un tercero contra su hogar y su familia, así como a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna. Los desalojos forzados violan estas dos obligaciones básicas y traen consigo otras múltiples violaciones a los derechos humanos.

“El gobierno angoleño puede expropiar propiedad privada y desalojar por la fuerza a residentes únicamente cuando se den las circunstancias más excepcionales,” señaló Takirambudde. “Estos desalojos sólo podrían justificarse si se basaran en un interés público identificado de manera precisa, si se ejecutaran en conformidad con la ley y con claras salvaguardas de los derechos de las comunidades afectadas, incluyendo las consultas previas, el derecho a apelar la expropiación y a una indemnización adecuada.”

A menos que el gobierno angoleño ponga fin a los desalojos forzados mediante consultas a las comunidades afectadas por estas prácticas y garantizando el cumplimiento de todas las salvaguardas procedimentales, la población urbana pobre de Luanda seguirá estando sometida a los desplazamientos y en riesgo de padecer abusos a sus derechos humanos.

Human Rights Watch y SOS Hábitat instaron al gobierno angoleño a seguir las Directrices Completas para los Derechos Humanos en Relación con los Desplazamientos Basados en el Desarrollo al momento de implementar cualquier proyecto de desarrollo futuro, así como a aplicar protecciones legales y procedimentales que incluyan un aviso adecuado y razonable sobre la fecha de desalojo para cualquier potencial desalojo futuro. El gobierno debe suministrar información en tiempo y forma a todas las personas afectadas, incluyendo el propósito alternativo para el que se emplearán las tierras, una adecuada identificación del personal que llevará a cabo los desalojos, y la disponibilidad de resarcimientos legales.

Human Rights Watch y SOS Hábitat también exhortaron al gobierno a investigar todos los alegatos relativos al uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía y de los funcionarios gubernamentales, así como otros abusos de los derechos humanos vinculados a los desalojos forzados, y a llevar a los responsables ante la justicia. El gobierno debe brindar asistencia urgente, incluyendo alojamiento alternativo a todas aquellas personas afectadas por los desalojos forzados e indemnizaciones adecuadas a las víctimas de desalojos pasados que aún no han recibido resarcimiento.

Testimonios de las víctimas de desalojo:

“Llegaron y no hablaron con nadie… y derribaron las casas… No había tiempo para nada… no pudimos sacar nada. Rompieron mi cama, mi horno; arrasaron con todo. Traté de hacer algo y me llevaron. Estaba tratando de sacar mis cosas y me metieron dentro de un auto de policía.”
—C.A., una mujer de treinta y cinco años de edad que fue desalojada del vecindario de Cambamba II.

“Llegue ahí al mismo tiempo que L.M. Mi casa fue destruida el 26 de septiembre de 2005. No pude salvar nada de lo que había dentro. Tenía 14 por 9 metros cuadrados. Estaba terminada y pintada. Si quedaba algo bueno – puertas, ventanas – se lo llevaron. Esto es todo lo que me quedó [mostrando la manija de la puerta].”
—F.J., un hombre de noventa años de edad que fue desalojado del vecindario de Bairro da Cidadania.

“Corrí a buscar a mi mujer y a mi hijo para sacarlos de la casa. Salimos abrazados y vinieron a pegarnos con bastones. Seguimos abrazados y seguían pegándonos, nos empujaron y tiraron al suelo. Al final, había ocho policías pegándome a mí y a mi esposa, que llevaba a nuestro bebé de un año. Luego me arrojaron dentro del auto de policía… En la estación de policía me pegaron con palos de escoba… Dijeron que íbamos a recibir treinta catanadas (azotes con la parte chata de una catana o machete) cada uno. Quince en las manos y quince en el trasero.”
—H.J., un hombre de veintidós años de edad que fue desalojado del vecindario de Cambamba II.

“Queremos denunciar nuestra situación. Si el gobierno quiere la tierra, entonces debe indemnizarnos por el precio de la compra y de los gastos de regularización ya pagados, o darnos otro lugar decente para vivir, donde haya escuelas y hospitales. No estamos reclamando esta tierra, sino todo lo que pusimos en ella; ¡este es nuestro derecho!”
— G.T., un hombre de 54 años de edad que fue desalojado del Bairro da Cidadania.