Human Rights Watch ha informado hoy que las autoridades uzbecas han denegado la acreditación de trabajo al director de la delegación de Human Rights Watch en Tashkent y han comunicado que el juicio a Umida Niazova, traductora para Human Rights Watch comenzará esta semana.

Estas acciones son las últimas medidas adoptadas por el gobierno uzbeco para reprimir a los defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil, y se producen un mes antes de la fecha en que la UE tiene previsto decidir si mantiene o no las sanciones sobre Uzbekistán impuestas tras la masacre de mayo de 2005 en Andijan. Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE se reunirán el 23 de abril de 2007 para estudiar de una forma más general su estrategia hacia Asia Central.

“Human Rights Watch es una de las últimas organizaciones internacionales que quedan en Uzbekistán y ahora el gobierno trata de silenciarnos”, ha dicho Holly Cartner, directora de Human Rights Watch en Europa y Asia Central. “Pero estamos decididas a quedarnos y a apoyar a la valerosa comunidad de derechos humanos uzbeca.”

El proceso judicial contra Niazova, que además es defensora de los derechos humanos y periodista independiente por mérito propio, comenzará el 19 de abril de 2007. A Niazova se le imputan con motivaciones políticas los cargos de cruce ilegal de fronteras, de contrabando y de distribuir información causando desorden público con el apoyo económico de gobiernos extranjeros (artículos 223, apartado 1; 246, apartado 1 y 244/1, apartado 3 v del Código Penal uzbeco) y afronta una condena de hasta 10 años de prisión. Aparentemente algunas de las acusaciones son resultado de las informaciones sobre investigación encontradas en su ordenador portátil, confiscado por las autoridades cuando fue detenida por primera vez en diciembre de 2006.

Además de traducir documentos para Human Rights Watch, Niazova ha seguido la marcha de numerosos procesos judiciales en Uzbekistán junto con el director de la delegación de Human Rights Watch en Tashkent. Amnistía Internacional ha declarado a Niazova prisionera de conciencia.

“Al igual que más de doce defensores de los derechos humanos en Uzbekistán, Umida Niazova está encarcelada por haber trabajado para exponer los abusos en su país”, ha dicho Cartner. “Las autoridades quieren impedir que siga con su trabajo, e intimidar a otros para que no denuncien la situación.”

Uzbekistán tiene uno de los gobiernos más represivos de la antigua zona Soviética. Durante años ha promovido un entorno desfavorable y peligroso para la sociedad civil y ha puesto en marcha un movimiento organizado contra ésta en el período de las «revoluciones de colores», en Georgia, Ucrania y Kirguizistán. Tras la matanza de cientos de manifestantes en Andijan en mayo de 2005, la mayoría desarmados, el gobierno fue objeto de una fuerte crítica internacional.

Durante los dos años posteriores a la masacre, el gobierno ha desencadenado una intensa campaña de represión sobre la sociedad civil. Al menos 15 defensores de los derechos humanos están encarcelados bajo acusaciones de carácter político, y desde enero se han producido dos nuevas detenciones, una de ellas la de Niazova.

En noviembre de 2005 la UE impuso a Uzbekistán sanciones de alcance limitado y dijo que el retirarlas estaría condicionado a la cooperación del gobierno con una investigación internacional independiente en Andijan, así como al logro de avances en general en cuanto a derechos humanos. En noviembre de 2006, a pesar del empeoramiento de la situación en Uzbekistán, la UE redujo las sanciones. La UE tiene previsto decidir el 14 de mayo de 2007 si mantiene o no las sanciones, que consisten en la prohibición de conceder visados y en el embargo de armas.

Liderada por la presidencia alemana, la UE ha admitido como un «avance» la oferta del gobierno uzbeco para hablar sobre Andijan y para mantener un «diálogo estructurado sobre derechos humanos». Algunos representantes de la UE han dejado entrever públicamente que se levantarán las sanciones, entre ellos el ministro español de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, que estuvo en Tashkent la semana pasada en su condición de presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

“La UE debería actuar para que el gobierno uzbeco disminuya la campaña de represión, en lugar de castigar tan severamente a una defensora de los derechos humanos y echar a patadas al director de Human Rights Watch”, decía Cartner. “Esto no es señal de progreso sino consecuencia directa de que la UE minimiza la importancia de la mala trayectoria de Uzbekistán.”

El 13 de abril el Ministerio de Justicia entregó una nota a la directora de la delegación de Human Rights Watch en Tashkent diciéndole que se le retiraba la acreditación para trabajar, por «haberse excedido en su autoridad» y «haber trabajado al margen de los estatutos de la delegación», fórmula utilizada con anterioridad para expulsar a personal de organizaciones internacionales o extranjeras. En la nota no se explica cómo ella ha incumplido las normas.

El Ministerio de Justicia dijo que la delegación no se iba a cerrar, aunque Human Rights Watch no puede trabajar en el país legalmente sin personal acreditado. Este traslado ha sido la última de las muchas medidas que ha tomado el gobierno uzbeco para hacer que a Human Rights Watch le resulte casi imposible actuar:

  • En abril de 2006 el Ministerio de Justicia negó la acreditación de trabajo al ayudante de la delegación de Human Rights Watch, tras hostigarlo y amenazarlo en 2005 con acusaciones de delito.
  • Durante el resto de 2006 y en 2007 el gobierno rechazó conceder un visado a la sustituta de ese ayudante, por lo que la delegación se quedó con tan solo una persona del cuadro orgánico. El Ministerio de Asuntos Exteriores no respondió a las numerosas cartas en las que se le solicitó información sobre el visado. El 16 de abril Human Rights Watch se enteró de que a finales de marzo ese ministerio envió un número de fax a la ayudante de la delegación autorizándola a recibir un visado. El número fue proporcionado más de nueve meses después de que Human Rights Watch enviara la solicitud original de visado.
  • El Ministerio de Asuntos Exteriores no entregó ningún visado al personal de la sede central de Human Rights Watch para visitar Uzbekistán. Durante el año pasado todas las solicitudes de visado quedaron pendientes y sin respuesta.
  • En abril de 2006 el Ministerio de Justicia auditó la delegación de Human Rights Watch y llegó a la conclusión de que el trabajo de ésta no era imparcial y que actuaba como una «sucursal» en lugar de hacerlo como una «oficina de representación».
  • En noviembre de 2006 hubo agentes de seguridad que realizaron una continua y evidente vigilancia del director de la delegación de Human Rights Watch en Tashkent, en horas de oficina, después del trabajo y los fines de semana.