Dr. Alan García
Presidente Electo del Perú
Lima, Perú
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de transmitir las inquietudes de Human Rights Watch en torno a uno de los más importantes desafíos que S.E. enfrentará durante su nuevo período como Presidente del Perú: terminar con la impunidad de las pasadas violaciones a los Derechos Humanos y fortalecer el estado de derecho en el Perú.
Durante su anterior mandato, miles de peruanos perdieron la vida, víctimas de atrocidades cometidas por grupos irregulares armados y por agentes del estado. Los grupos irregulares armados atacaron de manera implacable y deliberada a civiles, quienes en su mayoría pertenecían a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las fuerzas de seguridad muchas veces respondieron ejecutando o haciendo "desaparecer" a individuos sospechosos. De hecho, el número de desapariciones forzadas en Perú durante esos años fue, de acuerdo a las Naciones Unidas, mayor que en cualquier otro país del mundo.
El trauma causado por estas atrocidades se vio agravado porque el Perú incumplió con su obligación de asegurar que los culpables rindieran cuentas ante la justicia. En el caso de los abusos cometidos por grupos insurgentes, en lugar de procurar justicia, el Estado recurrió, durante los años noventa, a juicios desprovistos de las garantías procesales básicas requeridas para asegurar que los individuos condenados fueran, efectivamente, aquellos que cometieron los crímenes. En cuanto a los abusos cometidos por agentes del estado, no se realizaron esfuerzos serios para investigar y llevar a juicio a los responsables.
Hoy en día el problema de la violencia política es en gran medida una cuestión del pasado. Pero el problema de la impunidad no lo es. De acuerdo con el Derecho Internacional, el Perú tiene la obligación no sólo de prevenir abusos a los Derechos Humanos, sino también de castigar a quienes los cometen. Incluso en el caso de atrocidades cometidas hace dos décadas, esta obligación fundamental resulta tan urgente hoy en día como lo fue al momento de concluir su anterior mandato.
En los últimos años, el Perú ha logrado algunos avances en esta materia. Luego de la liberación de cientos de personas erróneamente condenadas por terrorismo en el pasado, el Estado ha llevado a cabo nuevos procesos que han resultado en las condenas de más de 300 personas por crímenes terroristas. Los líderes máximos de Sendero Luminoso se encuentran actualmente en la etapa de juicio en un proceso penal por la masacre de 69 civiles en Lucanamarca, Ayacucho en 1985, entre otros crímenes. La Fiscalía General de la Nación se encuentra, asimismo, conduciendo otros importantes casos, que van desde la masacre de ronderos en Huayao hasta las ejecuciones de cinco miembros de la comunidad de Canchacancha en Ayacucho.
Sin embargo, en el caso de las violaciones cometidas por la fuerza pública, el Perú ha logrado avanzar mucho menos. De los miles de abusos documentados, únicamente un puñado ha sido resuelto. Sólo diez personas han sido condenadas. Y tan solo una de esas personas, un coronel de la policía, era el oficial al mando de las acciones. No obstante, aquí también existen razones para esperar que se alcance justicia. Se están realizando esfuerzos genuinos para avanzar en muchos de estos casos, incluyendo aquellos que involucran a algunas de las más prominentes figuras de la política peruana actual.
Uno de los casos más destacados implica al ex-presidente Alberto Fujimori, quien enfrenta actualmente un proceso de extradición en Chile por su supuesta responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como también por actos de corrupción. Las pruebas acumuladas contra Fujimori en estos casos son abrumadoras, y en consecuencia, es altamente probable que la Corte Suprema de Chile lo extradite pronto al Perú, donde ya están siendo procesados por estos y otros crímenes relacionados su ex jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, y otros 52 individuos.
El progreso en los casos Fujimori-Montesinos ha sido posible en gran medida gracias a que los Presidentes Valentín Paniagua y Alejandro Toledo hicieron de ellos una prioridad. Un tema de particular importancia fue su apoyo a la Procuraduría Ad-Hoc para los casos Fujimori-Montesinos, la cual les dio a estos casos la atención continua y acuciosa que requerían, contribuyendo e incentivando las investigaciones criminales, y produciendo resultados positivos inusuales.
Otro caso prominente involucra al ex candidato presidencial Ollanta Humala. A comienzos de este año, surgieron serias denuncias sosteniendo que Humala había torturado y "desaparecido" a civiles mientras estuvo asignado a la base militar Madre Mía en la región de San Martín en 1992 y 1993. Humala niega tales alegaciones. Lo que no puede negarse, sin embargo, es que muchas atrocidades de este tipo fueron cometidas por personal militar en esa región antes, durante y después del período en que Humala estuvo allí. A pesar de ello, hasta la fecha nadie ha respondido ante la justicia por tales crímenes.
Un obstáculo enorme a la resolución de estos casos ha sido la sistemática falta de cooperación con los fiscales civiles por parte del Ministerio de Defensa. En el caso de Humala, por ejemplo, el ejército se negó a entregar información que habría podido ayudar a determinar la identidad del oficial que cometió los abusos denunciados. En otros casos, se ha negado a entregar archivos cruciales en relación con el despliegue y operaciones de personal militar.
Otro importante obstáculo ha sido la falta de asignación de los recursos necesarios a los fiscales encargados de investigaciones a menudo muy difíciles. A pesar de que la Fiscalía General de la Nación designó a dos fiscales especiales para dedicarse exclusivamente a casos de derechos humanos en Lima y Ayacucho, los esfuerzos de estos últimos se han visto seriamente limitados debido a que la Fiscalía no les ha asignado los fondos necesarios para cubrir sus gastos básicos. La situación de los fiscales a cargo de casos en otras regiones del país es aún más grave, ya que estos son a la vez responsables de la carga habitual de causas, la cual normalmente incluye centenares de casos no relacionados.
Adjunto a esta carta un memorando que documenta en gran detalle la manera en que la obstaculización por parte de los militares y la falta de apoyo a los fiscales ha impedido o limitado el progreso en muchos casos. El éxito de estos casos dependerá en gran medida, de que S.E. les asigne la prioridad que merecen. Concretamente, existen varias medidas urgentes que creemos que S.E. debería adoptar para avanzar en este proceso:
- ordenar al Ministerio de Defensa que ponga fin a la obstrucción de justicia en casos de derechos humanos y colabore activamente con los fiscales civiles para resolverlos.
- instar a la Fiscalía General de la Nación para que asegure que los fiscales que investigan casos de derechos humanos cuenten con los recursos y el apoyo político necesarios para funcionar de manera efectiva.
- continuar la operación de la Procuraduría Ad-Hoc para los casos Fujimori-Montesinos, y asegurar que esta cuente con los recursos y el apoyo político necesarios para garantizar que Fujimori sea debidamente procesado luego de su extradición de Chile.
Creemos que con estas tres medidas su nuevo gobierno podrá realizar una gran contribución a los esfuerzos que se han estado realizando en el Perú para restaurar el Estado de Derecho después de años de violencia política.
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis seguridades de la más alta consideración y estima,
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo para las Américas
