Ha transcurrido un año desde que el 28 de abril de 2004 se hicieran públicas
las primeras fotografías en las que soldados estadounidenses aparecen
humillando y torturando a detenidos en la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Poco después de que las fotografías salieran a la luz, el entonces secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, dijo a los líderes mundiales: "Vean a Estados Unidos. Vean cómo tratamos este asunto. Vean cómo EE UU hará lo correcto".
Pero Washington no está haciendo lo correcto. Más bien, Washington practica lo que el Gobierno de cualquier república bananera hace cuando sus abusos son descubiertos: encubrirlos y asignar la culpa a los subordinados.
Cada día hay nuevas evidencias de que el maltrato de prisioneros musulmanes, lejos de ser un incidente aislado en Abu Ghraib, ocurrió de manera sistemática en Afganistán, Irak, Guantánamo, Cuba y en lugares secretos alrededor del mundo. Hay casos en Afganistán en que los detenidos fueron golpeados, mantenido desnudos y privados de sueño durante largos periodos de tiempo. Prisioneros de Guantánamo han sido encadenados en posiciones dolorosas y mantenidos en cuartos
helados, e incluso algunos fueron forzados a sentarse en su propio excremento. Por medio de un programa de entregas extraordinarias, la CIA envió a sospechosos a países como Egipto y Siria para someterlos a interrogatorios, y fueron torturados. Otros detenidos de la CIA simplemente han desaparecido, mantenidos en lugares secretos sin notificar a sus familias, sin acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja ni vigilancia de ningún tipo sobre su tratamiento, y en algunos casos, sin confirmación de su detención.
Esta forma de abuso en varios países no fue el resultado de actos individuales de soldados que violaron las reglas. Se trata del resultado de decisiones tomadas por la Administración de George W. Bush para distorsionar, obviar o desechar esas mismas reglas. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por ejemplo, cuestionó públicamente la relevancia de las Convenciones de Ginebra y puso en juego métodos ilegales de interrogación -como el uso de perros guardianes para aterrorizar a los detenidos- que han surgido una y otra vez en los informes de abuso. Fue el propio presidente Bush quien, según diversas fuentes, dio la autorización a la CIA para entregar a presos y detener a otros en lugares secretos.
El Gobierno de Estados Unidos es consciente de las serias denuncias de abuso y torturas en Afganistán desde 2002, y después en Irak. Sin embargo, ni Rumsfeld ni los otros dirigentes se opusieron a estos maltratos ni advirtieron que deberían cesar. Al contrario, las investigaciones de las muertes bajo custodia se han prolongado sin resolución. Los soldados acusados de crímenes contra los detenidos, incluyendo todos los casos de asesinatos en Afganistán e Irak, han eludido el castigo judicial hasta que las fotografías de Abu Ghraib fueron reveladas en abril del año pasado.
Con el escándalo que surgió después de las fotografías de Abu Ghraib, el
Pentágono ordenó por lo menos nueve investigaciones diferentes. Dos de ellas demostraron que las políticas de interrogación de Rumsfeld contribuyeron a la tortura y abuso en Irak y Afganistán. Pero los investigadores no tuvieron las facultades -ni la independencia- para sacar las conclusiones necesarias ni para asignar la responsabilidad política y legal a Rumsfeld u otros oficiales que aprobaron las tácticas ilegales.
Como resultado, sólo unos cuantos soldados de bajo rango, tal como el
suboficial Charles Graner y la soldado de Primera Clase Lynndie England, que fueron fotografiados en Abu Ghraib, han tenido que enfrentar cargos criminales. Pero ningún líder civil en el Pentágono, la CIA u otra parte del Gobierno ha sido acusado.
Sin embargo, no son los soldados los que obviaron las convenciones de Ginebra, los que autorizaron métodos ilegales de interrogación o aprobaron la desaparición y entrega de detenidos. Hasta que no se enjuicie a los oficiales de alto rango que aprobaron o toleraron los crímenes en contra de detenidos, todas las manifestaciones de repulsión del presidente Bush acerca de las fotos de Abu Ghraib no tendrán significado alguno. La única manera que esto puede suceder es nombrando a un fiscal especial que no dependa de la Administración de Bush.
Si no hay una asignación real de responsabilidades por estos crímenes, los
responsables de este tipo de atrocidades en todo el mundo señalarán a este
trato de prisioneros por parte de Estados Unidos como una excusa y una
legitimación para evitar la crítica a sus propias conductas.
El mundo, por lo tanto, sigue observando -y esperando- para ver si Estados
Unidos hará lo correcto.
Reed Brody es consejero jurídico de Human Rights Watch y autor de informes sobre Abu Ghraib (www.hrw.org).
