(Santiago, 10 de marzo de 2005) - Chile debe reformar sus códigos de justicia militar y penal para eliminar las disposiciones que penalizan el desacato a ciertas autoridades, señaló hoy Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente de la Comisión del Senado que debatirá el tema este mes.
Después de dos años y medio de debate legislativo, un proyecto de ley propuesto por el gobierno para eliminar definitivamente la figura de desacato de la legislación chilena será sometido a debate por última vez en el Senado. Durante su trámite en el Congreso, el proyecto ha sido debilitado en forma significativa. El lunes el gobierno presentó enmiendas al Senado destinadas a recuperar las disposiciones del proyecto original.
En una carta dirigida al Senador Alberto Espina, Presidente de la comisión que estudia esta materia en el Senado, Human Rights Watch instó a dicha comisión a que, al momento de discutir la derogación del desacato, tenga en cuenta las obligaciones jurídicas internacionales de Chile de asegurar la plena vigencia de la libertad de expresión.
"Chile podría convertirse en uno de los primeros países latinoamericanos que deroga definitivamente estas leyes anacrónicas y represivas", señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "El gobierno debe ejercer su liderazgo para conseguir la efectiva y pronta derogación de estos tipos penales que limitan la libertad de expresión", agregó.
En enero, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado rechazó varias propuestas presentadas por el gobierno en 2002, que perseguían ampliar el ejercicio de la libertad de expresión. La mayoría de la comisión votó a favor de mantener disposiciones que permiten el procesamiento de aquellos que critican a las fuerzas armadas y carabineros.
"Es de esperar que esta vez el Congreso chileno rechace estos resabios autoritarios que protegen a autoridades civiles y militares del legítimo escrutinio público propio de una sociedad democrática", señaló Vivanco.
El gobierno propuso un proyecto de ley para derogar las leyes de desacato en agosto de 2002, después que un panelista de televisión, Eduardo Yáñez, fuera encarcelado y condenado por "injuriar" a la Corte Suprema de Chile. Aunque el gobierno asignó prioridad legislativa al proyecto, este lleva dos años y medio debatiéndose en el Congreso. El Congreso ha acordado , en principio, revocar el artículo 263 del Código Penal, que tipifica como delito injuriar gravemente "de hecho o de palabra" al Presidente de la República, a los parlamentarios y a los tribunales superiores.
Hasta ahora, sin embargo, el Congreso no se ha mostrado dispuesto a aceptar una propuesta del gobierno para derogar también el delito de "ofender o injuriar" a las fuerzas armadas o sus miembros (artículo 284 del Código de Justicia Militar). Es más, la comisión del Senado rechazó la propuesta del gobierno de eliminar del Código de Justicia Militar una disposición que permite a los tribunales militares juzgar a civiles por sedición impropia que "induzca a cualquier alboroto o desorden" en las filas militares o policiales (artículo 276).
Human Rights Watch también cuestionó una disposición del Código Penal que tipifica como delito ciertas expresiones que podrían ser interpretadas como amenazantes por parte de cualquier autoridad en el ejercicio de su cargo. El Congreso debe corregir el lenguaje de esta disposición para evitar que las autoridades que se sientan afectadas por expresiones perjudiciales invoquen esta norma para suprimir el debate público.
En su carta al Senador Espina, Human Rights Watch señaló que la comisión que él preside aparentemente habría ignorado las recomendaciones sobre justicia militar del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ambos han recomendado que Chile ponga fin a la jurisdicción militar cuando se trata de delitos cometidos por civiles.
"La derogación del desacato sólo puede fortalecer la democracia chilena y fomentar un liderazgo responsable ante los ciudadanos", señaló Vivanco.
Chile: Debe derogar leyes que penalizan el desacato a la autoridad
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