(Santiago, Chile) — La condena por difamación criminal contra una ex-prisionera política en Chile, quien sostiene que fue abusada sexualmente cuando estaba detenida por el ejército chileno después del golpe de estado de 1973, provoca serias preocupaciones sobre la libertad de expresión, dijo Human Rights Watch hoy.

Una corte en Santiago declaró el lunes que la ex-prisionera política, Odette Alegría, es culpable de injurias y calumnias. El año pasado, Alegría había manifestado en una entrevista de televisión que el director de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery, la sometió a abusos sexuales. La Corte estimó que Alegría no había logrado comprobar que los supuestos abusos efectivamente ocurrieron.

"Este caso ejemplifica el menosprecio de los principios de la libertad de expresión que todavía exhibe el sistema de justicia en Chile y sugiere su incapacidad para enfrentar plenamente los abusos del periodo después del golpe militar," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "El sistema de justicia en Chile ha fracasado dramáticamente en este caso particular."

Los supuestos hechos ocurrieron en la Escuela de Artillería del ejército en Linares, la cual fe usada como un centro de interrogación después del golpe militar de 1973. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación describió el lugar como un centro de detención donde se mantenían a casi todos los detenidos incomunicados y fueron sometidos a torturas. El informe también señaló que miembros de la Policía de Investigaciones participaron en los interrogatorios.

Alegría fue detenida e interrogada en la Escuela de Artillería en noviembre de 1973. En julio de 2003, manifestó en una entrevista de televisión que había sido abusada sexualmente por Nelson Mery, quien fue destinado a la Escuela de Artillería cuando era detective de la Policía de Investigaciones en 1973. Mery ocupó el puesto de director de la Policía de Investigaciones desde 1992 a 2003, cuando fue suspendido durante el escándalo que sobrevino a las denuncias de Alegría. Posteriormente renuncio al cargo.

El juez Lamberto Cisneros, de la Corte de Apelaciones de Santiago, expresó que Alegría no había presentado pruebas suficientes para sostener sus denuncias, y por eso era culpable de haber difamado a Mery. La Corte la condenó a pena de prisión remitida de dos meses, una multa de $1,000, y le ordenó que pagara dos millones de pesos (aproximadamente US $3,350) en daños. Sus abogados han apelado la decisión.

La condena provoca serias preocupaciones sobre la libertad de expresión en Chile. En concordancia con el Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual garantiza el derecho "de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras," las leyes de difamación deben ser cuidadosamente circunscritas para no violar los derechos de libertad de expresión.

En una declaración emitida en el año 2000, el Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, el Representante de Libertad de la Prensa de la OSCE y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA declararon que "el demandante debería llevar la carga de demostrar la falsedad de cualquier declaración sobre hechos de importancia pública."

Igualmente, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000, especifica que el demandante en una caso de difamación debe probar que el acusado "tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas."

"Por la importancia pública de este caso, el demandante debería probar que las denuncias eran falsas y fueron expresadas con intenciones maliciosas o con conocimiento de su falsedad," dijo Vivanco. "Desgraciadamente, el juez impuso el cargo de la prueba a Odette Alegría, no prestó atención suficiente a los testimonios que acreditaban sus afirmaciones, y en ningún momento consideró los motivos de la acusada al hacer públicas sus denuncias."

Una testigo -en el juicio, Lidia Carrasco, manifestó al juez que, al haber sido interrogada en la Escuela de Artillería, Alegría "regresaba en muy malas condiciones, sintiéndose muy sucia y se bañaba por largo tiempo". Alegría también habría afirmado a Carrasco que quienes la interrogaban la hicieron desnudar y que todos en la habitación la manoseaban mientras ella tenía los ojos tapados. Carrasco atestiguó que Alegría dijo que Mery había intentado forzarla a tener sexo oral con él en tres ocasiones mientras ella estaba sola en el corredor.

La Corte concluyó que los abusos no pudieron ser acreditados ya que los "testimonios aportados son escasos y de oídas, además de poco precisos, sin perjuicio de existir otros que obran en sentido contrario y en beneficio de la forma de actuar del querellante."

Destacó que varios testigos alegaron que jamás se les había dejado solos mientras estuvieron en la Escuela de Artillería. No obstante, otro testigo manifestó a la Corte que había visto a Alegría varias veces sentada sola en el corredor fuera de la oficina donde Mery realizaba los interrogatorios.

El fallo de la Corte también citó a Paz Rojas, una conocida psicóloga con una larga experiencia en casos de tortura, quien atendió a Alegría en 1990 y 1992. En su segunda visita a Rojas, Alegría "presentaba una descompensacion angustiosa", después de haberse enterado por medio de los periódicos acerca del nombramiento de Mery como Director de la Policía de Investigaciones.

Una querella criminal contra oficiales destacados a en la Escuela de Artillería de 1973, incluyendo a Mery, fue presentada en Agosto de 2003, y está siendo investigada por un tribunal de Talca.