(Washington, DC) - Chile debe pedir cuentas ahora a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, señaló Human Rights Watch en un documento informativo publicado hoy, con motivo del trigésimo aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

Unos 350 oficiales del Ejército y la Policía implicados en violaciones de los derechos humanos durante el gobierno del General Augusto Pinochet (1973-1990) enfrentan ahora cargos penales. Muchos están detenidos a la espera del juicio y entre ellos se encuentran 22 generales y 40 coroneles y tenientes coroneles.

"El trigésimo aniversario del golpe militar coincide con un momento de grandes esperanzas de que se hará finalmente justicia en Chile", dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Hay que dar mucho crédito a los tribunales chilenos por los avances alcanzados en los enjuiciamientos penales. Ahora, el Gobierno debe facilitarles los instrumentos que necesitan para llevar a juicio a los responsables de los terribles crímenes cometidos en la era Pinochet".

Hasta la detención de Pinochet en Londres, en 1998, en Chile no se enjuiciaban la mayoría de los crímenes de derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Los oficiales estaban protegidos de la justicia por una amnistía decretada en 1978. Al menos el 80 por ciento de las 2.603 víctimas del gobierno militar murieron o "desaparecieron" en el período cubierto por el decreto, durante el cual Chile se encontraba en estado de sitio.

Los recientes avances en los procesos penales han sido posibles principalmente porque los tribunales han dejado de aplicar el decreto de amnistía en los casos de desapariciones forzadas, al dictaminar que el delito continúa mientras no se determine la muerte de la víctima.

Ocho acusados de crímenes cometidos en la era pinochetista, entre ellos Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de Pinochet, han sido condenados por secuestro en el último año. El futuro de estos procesos depende de las próximas decisiones de las cortes de apelaciones chilenas y, en última instancia, de los fallos de la Corte Suprema.

El 12 de agosto de 2003, el Presidente Ricardo Lagos anunció un paquete de nuevas medidas relacionadas con los casos judiciales. Éstas incluyen la oferta de inmunidad frente al juicio a personas que todavía no han sido enjuiciadas y prestan testimonio sobre los abusos, y sentencias más leves para los acusados que faciliten información que ayude a establecer los hechos.

Aunque Human Rights Watch reconoce que estas medidas pueden fomentar que las personas que tienen información se animen a declarar, ha instado al Gobierno a que no ofrezca inmunidad a los que hayan participado en graves violaciones de los derechos humanos.

"Altos funcionarios nos han asegurado que el Gobierno no permitirá que los responsables de crímenes contra la humanidad eludan a la justicia, y confiamos en que se mantendrán firmes en su posición cuando se debatan estas medidas en el Congreso", dijo Vivanco.

Human Rights Watch alabó otras iniciativas anunciadas por el gobierno de Lagos. Se formará una comisión para elaborar una lista de las víctimas de la tortura que recibirán reparaciones, abordando de este modo un problema largamente abandonado. El Gobierno también ha dicho que reformará el sistema de justicia militar. Los tribunales militares siguen ejerciendo su jurisdicción sobre los civiles en ciertos casos, un legado del gobierno militar que no se ha tocado hasta ahora.