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(Nueva York) - La decisión del Gobierno chileno de prestar atención urgente a la redacción de legislación para la reforma sobre la libertad de expresión representa un avance importante hacia la apertura del debate público, dijo Human Rights Watch hoy. El gobierno del presidente Ricardo Lagos anunció que daría carácter de "urgencia" a un proyecto de ley para la revocación de las leyes de desacato del país.

El proyecto de ley, presentado por el Gobierno al Congreso de Chile el mes pasado, elimina las leyes de desacato del código penal y del código de justicia militar. Al otorgar carácter de "urgencia" al proyecto de ley, el Gobierno está asegurando que se debatirá durante la actual sesión del Congreso, la última antes del largo receso veraniego del legislativo.  
 
"La decisión del Gobierno chileno de acelerar la revisión en el Congreso de este proyecto de ley es sumamente alentadora", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "Indica que el Gobierno reconoce la importancia de permitir un debate público amplio e imparcial sobre asuntos de política pública".  
 
El 8 de octubre, Human Rights Watch escribió al presidente Lagos felicitándole por haber presentado el proyecto de ley al Congreso, e instándole al mismo tiempo a prestarle una atención urgente. La urgencia en la consideración del proyecto de ley, señalaba la carta, "demostraría una vez más la importancia que representa el debate público abierto para su gobierno y su compromiso de seguir ajustando la legislación chilena a las normas internacionales relativas a la libertad de expresión".  
 
En la carta, Vivanco señaló que las reformas anteriores sobre la libertad de expresión habían estado retenidas durante años en el Congreso antes de su promulgación el año pasado.  
 
El proyecto de reforma modificaría varios artículos del código penal y del código de justicia militar que penalizan las críticas duras a autoridades del Gobierno, entre ellas el presidente, los miembros del Congreso, los jueces superiores y los miembros de las fuerzas armadas. Eliminaría también el artículo 263 del código penal, en virtud del cual fue detenido y procesado en enero el panelista de televisión Eduardo Yáñez por las críticas a la judicatura vertidas en un debate televisivo sobre sentencias injustas.  
 
En abril de 2001, el gobierno de Lagos anuló la disposición de la Ley de Seguridad del Estado que prohibía las críticas a autoridades públicas. Por medio de dicha disposición, más de 30 periodistas y políticos habían sido procesados por criticar a líderes militares, congresistas y jueces desde que Chile retomó el sistema democrático en 1990.  
 
Sin embargo, las reformas adoptadas el año pasado no eliminaron todas las disposiciones sobre injurias de la legislación chilena, que las tipifica como delitos contra el orden público y la seguridad.  

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