El gobierno de Bush está creando un retraso mortal para la población de Darfur al intentar impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU someta las atrocidades cometidas en Darfur a la Corte Penal Internacional, señaló Human Rights Watch en una carta enviada a la Secretaria de Estado de Estados Unidos Condoleezza Rice.
La semana pasada, un día después de que las fuerzas armadas sudanesas mataran o hirieran a casi un centenar de personas en un ataque aéreo en el sur de Darfur, Estados Unidos presentó una alternativa judicial a la ya en funciones Corte Penal Internacional (CPI) que llevará mucho tiempo y dinero: que el Consejo de Seguridad cree un nuevo tribunal ad hoc para Darfur que tenga su sede en Tanzania, aprovechando las instalaciones del tribunal internacional que está enjuiciando actualmente a los responsables del genocidio cometido en Ruanda en 1994.
Esta semana está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU reciba las conclusiones de una comisión de averiguación que estableció en otoño para investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Darfur. También tiene el cometido de determinar si se había cometido un genocidio e identificar a los responsables con vistas a garantizar el rendimiento de cuentas. Aunque está estudiando varias opciones, es probable que la comisión recomiende que el Consejo de Seguridad someta el caso de Darfur a la CPI.
“El retraso que conlleva la creación de un nuevo tribunal sólo conducirá a la pérdida de más vidas inocentes en Darfur”, señaló Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “El gobierno de Bush parece dispuesto a sacrificar a las víctimas de Darfur por su campaña ideológica contra la corte,” agregó.
Dado que Sudán no ha ratificado el tratado de la corte, la CPI necesitaría una denuncia del Consejo de Seguridad. Una denuncia a la CPI sería la mejor manera de garantizar el enjuiciamiento eficiente y efectivo de los principales responsables de estas atrocidades, señaló Human Rights Watch.
El jueves, el embajador especial para crímenes de guerra, Pierre-Richard Prosper, planteó a otros miembros del Consejo de Seguridad la idea de establecer un nuevo tribunal ad hoc para Darfur. Al explicar las razones de Estados Unidos, dijo: “No queremos tener parte en la legitimización de la CPI”.
El temor de Estados Unidos a enjuiciamientos de estadounidenses por motivos políticos no sería un problema en el caso de Darfur. No hay ciudadanos estadounidenses en Darfur que corran el riesgo de ser juzgados por genocidio, crímenes de guerra, o crímenes contra la humanidad. Ya que la CPI asumiría la autoridad sobre la situación mediante una denuncia controlada por el Consejo de Seguridad, este último mantendría el control de la autorización de cualquier nueva denuncia. Human Rights Watch señaló también que la legislación contra la CPI vigente en Estados Unidos, la Ley de Protección de los Soldados Estadounidenses (American Service-Members’ Protection Act), deja abierta la posibilidad de que Estados Unidos respalde algunos enjuiciamientos por la CPI.
La creación de un nuevo tribunal sería un complicado proceso que llevaría tiempo. El establecimiento de un nuevo tribunal requiere un estatuto y un reglamento nuevos, reclutar a personal, y elegir a los jueces. Aunque se utilizaran las estructuras físicas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, como ha propuesto el gobierno de Bush, podría llevar más de un año poner en marcha el nuevo tribunal.
En contraste, la CPI ya es un tribunal permanente, constituido y en funcionamiento. Podría abrir rápidamente las investigaciones de los principales responsables de crímenes graves en Darfur. Esto maximizaría su valor disuasorio, contribuyendo por lo tanto a salvar vidas.
El jueves, Condoleezza Rice inicia su primera visita a Europa como la nueva Secretaria de Estado de Estados Unidos. El Reino Unido, miembro del Consejo de Seguridad, es uno de los ocho países que visitará Rice.
“Teniendo en cuenta los crímenes atroces que se están cometiendo en Darfur, Washington debería dejar de lado sus objeciones dogmáticas a la CPI y adoptar el mejor camino para la justicia,” señaló Dicker. “Tony Blair y otros aliados europeos tienen que enviar un mensaje claro a Condoleezza Rice. Europa debe insistir en que no abandonará su compromiso de que se haga justicia en Darfur por la aversión del gobierno Bush a la CPI,” agregó.
Desde principios de 2003, el gobierno sudanés y sus milicias janjawid han convertido a Darfur en el escenario de uno de los desastres humanitarios más graves del mundo. A pesar del acuerdo de alto el fuego adoptado en abril por el gobierno sudanés y los dos grupos rebeldes de Darfur, en los últimos meses se ha producido una nueva escalada en los combates. Los ataques constantes contra civiles y trabajadores humanitarios han obstaculizado las operaciones de ayuda a las más de 1,6 millones de personas que han huido de los ataques del gobierno y la milicia contra sus pueblos desde principios de 2003. La impunidad generalizada ha contribuido a la continua inseguridad de los civiles.
