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(Washington D.C.) — La crisis de Darfur y el escándalo de Abu Ghraib debilitaron significativamente en 2004 el sistema mundial para la protección de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch hoy al hacer público su informe mundial anual.

Aunque las dos amenazas no son equivalentes, la vitalidad de los derechos humanos en el mundo depende de una respuesta firme a cada una de ellas-de que se detenga la matanza del gobierno sudanés en Darfur y de que se investigue hasta las últimas consecuencias y se enjuicie a los responsables de la tortura y el maltrato en Irak, Afganistán y Guantánamo.

"El gobierno de Estados Unidos tiene menos y menos capacidad para lograr que se haga justicia en el extranjero, porque no está dispuesto a que se haga justicia en su país", señaló Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.

Human Rights Watch instó al gobierno Bush a que designe a un fiscal especial encargado de investigar a todos los oficiales estadounidenses que participaron, ordenaron o tuvieron responsabilidad de mando en la tortura o el trato cruel, inhumano o degradante. Human Rights Watch señaló que altos funcionarios del gobierno han intentado acusar del escándalo a los jóvenes soldados enviados a combatir a Irak y Afganistán, en lugar de aceptar su propia responsabilidad por las políticas y las órdenes que debilitaron las reglas contra la tortura y el trato inhumano.

El Informe Mundial 2005 de Human Rights Watch contiene información sobre los acontecimientos de derechos humanos ocurridos en más de 60 países en 2004. Además del ensayo introductorio sobre Darfur y Abu Ghraib, el libro contiene tres ensayos sobre aspectos amplios de los derechos humanos: la religión y los derechos humanos, la sexualidad y el ataque cultural contra los derechos humanos, y un análisis en profundidad de las crisis de Darfur.

En el ensayo que abre el informe, Roth argumenta que es necesaria una numerosa fuerza militar autorizada por la ONU para proteger a los residentes de Darfur y crear las condiciones de seguridad que podrían permitirles el retorno seguro a sus hogares. Según su argumento, Estados Unidos y otros gobiernos occidentales se equivocan al pasarle simplemente el problema a la Unión Africana, una nueva institución con pocos recursos y sin experiencia en operaciones militares de la escala necesaria.

"Darfur supone una burla a nuestras promesas de 'nunca jamás'", señaló Roth.

Roth pidió también que, una vez que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el 25 de enero, de los crímenes cometidos en Darfur, este organismo debe someter el caso de Darfur a la nueva Corte Penal Internacional.

"Los crímenes cometidos en Darfur no deben quedar sin castigo", dijo Roth. "La Corte Penal Internacional sería la institución más eficiente y efectiva para juzgar estos crímenes. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no deben interponerse a que se lleve a los asesinos en masa de Darfur ante la justicia".

Human Rights Watch dijo que la crisis de Darfur reclama a voces la participación de las principales potencias militares, pero éstas han decidido no estar disponibles. Estados Unidos, Reino Unido y Australia están enfrascados en Irak, y Estados Unidos ha llegado a decir que su determinación de que las matanzas en Darfur constituyen un genocidio no "dicta una nueva acción". Francia está comprometida en otras partes de África y Canadá está recortando sus compromisos de mantenimiento de la paz, a pesar de promover la "responsabilidad de proteger". La OTAN está preocupada en Afganistán; la Unión Europea está desplegando fuerzas en Bosnia.

"Todos tienen algo más importante que hacer que salvar a la población de Darfur", señaló Roth.

Mientras tanto, el uso sistemático por parte del gobierno de Estados Unidos de la coacción en los interrogatorios ha hecho tambalear uno de los pilares del derecho de derechos humanos-el requisito de que los gobiernos nunca sometan a los detenidos a tortura u otras formas de maltrato, incluso en situaciones de guerra o de grave amenaza. Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos se ha tomado esta obligación fundamental como una elección, no un deber.

Al ignorar las normas de derechos humanos en su reacción al 11 de Septiembre, el gobierno de Bush ha propiciado que gobiernos de todo el mundo citen el ejemplo estadounidense como una excusa para ignorar los derechos humanos. Egipto ha defendido una decisión de renovar su problemática "ley de emergencia" haciendo referencia a la legislación antiterrorista de Estados Unidos. El gobierno malayo justifica la detención sin juicio hablando de Guantánamo. Rusia cita Abu Ghraib para atribuir los abusos en Chechenia exclusivamente a soldados de bajo rango. Cuba alega ahora que Estados Unidos no tenía "ninguna autoridad moral para acusarle" de violaciones de los derechos humanos.

"Para los gobiernos que se enfrentaban a la presión de Estados Unidos en materia de derechos humanos es fácil ahora volver las tornas", dijo Roth. "Washington ya no puede hacer respetar muy bien los principios que el mismo viola".

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