El paquete de reformas laborales propuesto por el Presidente mexicano Vicente Fox representaría un duro golpe a los derechos humanos de los trabajadores de ese país.

"Los trabajadores mexicanos vienen enfrentando una serie de obstáculos inaceptables en el ejercicio de su derecho a afiliarse a organizaciones sindicales independientes, a negociar colectivamente y a declarar la huelga," señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Las reformas propuestas por el Presidente Fox harían virtualmente imposible el ejercicio de estos derechos."

La propuesta de la administración Fox crearía nuevos procedimientos obligatorios que los trabajadores deberían cumplir antes de estar en condiciones de ejercer estos derechos humanos fundamentales.

Antes de poder declarar una huelga, de forzar a sus empleadores a negociar colectivamente o convocar a una votación para obtener derechos de representación y reemplazar un sindicato preexistente, los trabajadores deberían obtener una serie de documentos que certifiquen que el sindicato se encuentra debidamente registrado. Sin embargo, tales documentos sólo son expedidos por autoridades tradicionalmente opuestas a los sindicatos independientes.

En la mayoría de los casos, los documentos oficiales de registro sindical sólo pueden obtenerse a través de la Secretaría del Trabajo, para asuntos de jurisdicción federal, y de las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje, para asuntos de jurisdicción local. Sin embargo, tanto el gobierno federal como las Juntas han sido notoriamente hostiles a los sindicatos independientes, mostrándose reacios a entregar fácilmente los documentos necesarios.

Las Juntas son cuerpos tripartitos que incluyen oficiales empresariales y gubernamentales, así como representantes laborales que usualmente proceden de sindicatos partidarios del gobierno y de los sectores empresariales, los cuales negocian acuerdos colectivos o "contratos de protección" generalmente sin el consentimiento, e incluso el conocimiento, de la mayoría de los trabajadores.

"Esto es como requerir que el demandado autorice al demandante antes de que el caso pueda proseguir," señaló Vivanco. "Representa una burla al derecho de los trabajadores a asociarse libremente así como a su capacidad de defender sus propios intereses."

Además, antes de declarar una huelga o convocar a una votación para definir la representación de un sindicato independiente, los trabajadores también deberían presentar un documento ante la Junta, con sus nombres y firmas debidamente señalados, donde expresen su deseo de ejercer estos derechos.

Sin embargo, en el caso de México las frecuentes represalias contra los miembros de sindicatos independientes hacen que los trabajadores sean reacios a manifestar públicamente su voluntad de afiliarse a un sindicato independiente o a declarar una huelga. Las cláusulas de exclusión en los "contratos de protección," las que dan a los sindicatos favorables al sector empresarial el derecho a exigir que ciertos trabajadores sean despedidos, sólo sirven para aumentar este clima de miedo. Dichas cláusulas con frecuencia son invocadas para lograr el despido ilegal de los trabajadores que simpatizan con los sindicatos independientes.

La reforma también impediría el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación al exigir que las autoridades sólo procesen una solicitud a la vez para deponer a un sindicato preexistente. Por lo tanto, a la primera señal de actividad sindical independiente, el empleador podría ponerse de acuerdo con un sindicato no-independiente con la finalidad de presentar una aplicación falsa que impida la realización de una votación en la que se deba enfrentar a un sindicato independiente. Cada solicitud puede tardar años en ser procesada, prácticamente eliminando la posibilidad de una elección sindical legítima.

Se espera que el Presidente Fox presente un Programa Nacional de Derechos Humanos el próximo viernes 10 de diciembre. Dicho Programa incluye una agenda extensa que aborda una variedad de temas en el campo de los derechos humanos, incluyendo el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación.

"Resulta preocupante que el Presidente Fox socave su nueva agenda de derechos humanos al promover un asalto mayor a los derechos básicos de los trabajadores mexicanos," señaló Vivanco.