Un proyecto de ley que incrementa el control del Estado sobre las transmisiones de radio y televisión en Venezuela amenaza con vulnerar la libertad de expresión. Se espera que la Asamblea Nacional Venezolana, que ha estado votando uno a uno los artículos del proyecto, apruebe en el día de hoy la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

"Esta legislación amenaza severamente la libertad de prensa en Venezuela," dijo José Miguel Vivanco, Director de la División de las Americas de Human Rights Watch. "La vaguedad de sus restricciones y las graves sanciones que la Ley establece, constituyen un mecanismo de autocensura contra la prensa y un medio para la arbitrariedad por parte de las autoridades gubernamentales."

Preocupa a Human Rights Watch que el Proyecto contenga reglas vagas — como la incitación a quebrar el orden público — que puedan penalizar a los medios por su legítima expresión de puntos de vista políticos. De resultar responsables de las infracciones mencionadas en el Proyecto, el canal o la estación de radio podrían ser forzados a suspender sus transmisiones hasta un periodo de 72 horas, y en el caso de una segunda infracción su licencia para transmitir podría ser revocada.

Estas disposiciones violan los estándares internacionales que protegen la libertad de expresión. Debido a la importancia que representa permitir un debate público libre, el gobierno sólo debe imponer restricciones con base en la incitación donde haya una clara relación entre el discurso en cuestión y un acto criminal especifico.

Bajo la apariencia de proteger a los niños del lenguaje soez, de contenidos sexuales y de la violencia, la ley propuesta también podría someter a los adultos a niveles restrictivos y puritanos en cuanto a lo que ven. Aunque muchas disposiciones en el Proyecto carecen de una definición exacta o son subjetivas, los canales o estaciones que llegaren a infringirlas estarán sometidos a drásticas sanciones.

Por ejemplo, una estación que transmite materiales "que atenten contra la formación integral de los niños, niñas y adolescentes" puede verse afrontada a multas entre 0.5 y 1 por ciento del ingreso total del año fiscal anterior, sanción que se aplica también en caso de no cumplir con otras regulaciones de la ley. Una combinación de normas mal definidas y de multas onerosas fomentara aún más la autocensura.

Los canales de televisión y estaciones de radio serán obligados a transmitir los anuncios educativos, informativos o de seguridad publica del gobierno hasta 60 minutos semanales. Esto se suma a los poderes del Presidente bajo el articulo 192 de la Ley de Telecomunicaciones (presentado por el gobierno del Presidente Hugo Chávez en el año 2000) para forzar a las estaciones a transmitir integralmente sus discursos y otros mensajes políticos. Dicha obligación constituye, además, una interferencia ilícita en la libertad editorial.

La ley crea una Dirección de Responsabilidad Social compuesta por 11 personas, cuya función principal es la aplicación de la ley y la imposición de sanciones a los infractores. Siete miembros de la Dirección serán designados por el gobierno. Además, el presidente de la Dirección, el Director General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es designado por el Presidente de Venezuela y no gozará de estabilidad en el cargo.

Hasta ahora, el gobierno de Chávez ha respetado ampliamente la libertad de prensa incluso frente a una ruidosa oposición que maneja grandes recursos. En efecto, como parte del debate, usualmente caliente y áspero, entre los partidarios del gobierno y la oposición, la prensa ha podido expresar fuertes puntos de vista sin restricciones. Las empresas de televisión privada con frecuencia han asumido una marcada posición opositora, y sus noticias y programas de debate han sido extremadamente hostiles al gobierno de Chávez.

Sin embargo, al mismo tiempo muchos periodistas que trabajan fundamentalmente para medios privados, simpatizantes de la oposición, han sido victimas de agresiones e intimidación por parte de los partidarios del gobierno. Y, en menor grado, los periodistas que trabajan para el principal medio estatal simpatizante del gobierno han sido también sujetos a actos de intimidación.

Human Rights Watch apoya la legislación diseñada para fomentar que las estaciones de radio y los canales de televisión promuevan un debate público, diverso y vibrante. Cualquier restricción de la ley debe, sin embargo, ser razonable, necesaria y proporcionada al servicio del interés público. Las restricciones amplias o vagas, que de ser aplicadas podrían generar severas sanciones contra los canales y estaciones, sólo fomentan la autocensura.

"Imponer camisas de fuerza a los medios no es la forma correcta de promocionar la democracia," dijo Vivanco.