(Nueva York) - La Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú necesita el apoyo de todos los sectores políticos del país, dijo hoy Human Rights Watch.Recientemente, la comisión ha sido blanco de agresivos ataques por sus oponentes políticos al acercarse la divulgación pública de sus hallazgos.

"La Comisión de la Verdad le ofrecerá por primera vez a los peruanos un recuento de gran alcance y objetividad sobre la terrible violencia que oprimió al país por casi dos décadas", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Sin duda, hay muchos que preferirían ocultar o impedir la publicación de dichos hallazgos."

Un fiscal de Lima ha abierto una investigación para decidir si se puede acusar a los doce miembros de la comisión de "apología del terrorismo", un serio crimen en el Perú. Un legislador simpatizante del ex-presidente Alberto Fujimori presentó la querella porque se oponía a un vídeo que se exhibió en junio durante una audiencia pública que celebró la comisión.

En el vídeo, que fue transmitido por varios canales de televisión, cuatro ex-miembos del Sendero Luminoso, el grupo insurgente maoísta responsable de miles de muertes de civiles durante la década de los 80, y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), un grupo de oposición armada más pequeño, expresaron arrepentimiento por sus actos.

Human Rights Watch ha criticado el crimen de "favorecer el terrorismo" por ser tan vago y amplio que permite el encarcelamiento de personas sólo por ejercer el derecho a la libre expresión. En enero de 2003, el Tribunal Constitucional declaró que varias estipulaciones de las leyes antiterroristas del Perú eran inconstitucionales, incluyendo ésta. Sin embargo, la regla aún no ha sido revocada formalmente.

Como presión adicional a la comisión, los legisladores de la oposición han solicitado que se investigue a dicho organismo, que los hallazgos se mantengan en secreto y hasta que se disuelva la misma.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue creada por el ex-presidente Valentín Paniagua en junio de 2001. Su mandato es el de proveer un expediente oficial sobre las violaciones de los derechos humanos y de la ley humanitaria internacional cometidas en Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000, y recomendar medidas para fortalecer los derechos humanos y la democracia. Está programada para presentar un informe final de sus hallazgos el 28 de agosto.

La comisión ha celebrado numerosas audiencias públicas, ha recolectado sobre 17,000 testimonios y ha desarrollado un registro centralizado de las personas "desaparecidas". Lejos de demostrar favoritismo hacia los grupos armados de oposición, se espera que el informe establezca que los estimados previos de abusos cometidos por el Sendero Luminoso son muy bajos.

También documentará graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, cometidas por las fuerzas oficiales de seguridad durante tres gobiernos consecutivos: los de los presidentes Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori.

En una carta con fecha del 23 de julio dirigida al presidente Alejandro Toledo y firmada en unión a doce otras organizaciones pro derechos humanos de los EE.UU., Human Rights Watch expresó una "profunda admiración" por el trabajo de la comisión. Instó al presidente Toledo a presentar legislación para crear un grupo de seguimiento que asegure la rápida implementación de las recomendaciones de la comisión.

"Como respuesta a los ataques, el presidente Toledo debe declarar su firme apoyo al trabajo de la comisión y reafirmar el compromiso de publicar sus hallazgos en su totalidad", dijo Vivanco.