(Bruselas) - Human Rights Watch manifestó hoy un profundo descontento ante la respuesta adoptada por la Unión Europea (UE) frente a las demandas de la Administración Bush contra la Corte Penal Internacional (CPI).
 
En los últimos meses el gobierno norteamericano ha insistido constantemente sobre la necesidad de firmar acuerdos bilaterales que permitan exceptuar a sus ciudadanos de la jurisdicción de la Corte. Human Rights Watch señaló que la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea no es definitiva y que los parlamentos de cada uno de los países que integran el bloque deberán alzar su voz para defender a la CPI.   

"Los oficiales de la UE sabían que la credibilidad de la Corte Penal Internacional y de la Política Exterior y de Seguridad del bloque estaban en juego," dijo Lotte Leicht, Director de la División Europea de Human Rights Watch. "Sin embargo, la UE fue incapaz de articular una postura firme y clara en respuesta a la campaña lanzada desde Washington."

En una reunión celebrada el pasado lunes, los ministros de relaciones exteriores de los países que conforman la UE adoptaron un conjunto de parámetros poco claros que buscan regular los posibles acuerdos bilaterales entre los Estados Miembros de la UE y el gobierno norteamericano. El Consejo de la UE sostiene que su decisión no contradice el espíritu del Estatuto de Roma, que habilitó la creación de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, Human Rights Watch afirmó que esta decisión no asegura el respeto de las obligaciones asumidas por cada uno de los estados al firmar el Estatuto.

"La Unión Europea pidió al resto del mundo que espere mientras fija 'parámetros aceptables,'" afirmó Leicht. "Tal como han sido presentados, estos parámetros son tan vagos que restan seriedad a la posición de la Unión sobre la CPI. En medio de este proceso la UE ha violado su posición legalmente vinculante."

Desde el mes de mayo la Administración Bush viene solicitando la firma de acuerdos bilaterales que permitan resguardar a sus ciudadanos de posibles investigaciones y procesamientos por parte de la nueva Corte. En consultas celebradas recientemente con oficiales de la UE, los Estados Unidos presentaron demandas de total inmunidad para sus ciudadanos y personal diplomático y militar. Sin embargo, algunos gobiernos han manifestado públicamente su intención de evitar este tipo de acuerdos bilaterales ya que creen que contradicen el propósito de la CPI. El Tratado de la CPI requiere que cada Estado Miembro extradite a aquellos individuos solicitados por el Corte, negando así cualquier tipo de excepciones sobre este punto.

"Ahora esperamos que los parlamentos de cada uno de los países que conforman la UE estudien detalladamente cualquier acuerdo que sus respectivos gobiernos pretendan negociar con los Estados Unidos," dijo Leicht.

La decisión adoptada por la UE no reconoce el rol supervisor de la CPI en aquellos casos en que los países no se encuentren dispuestos a investigar o llevar a juicio a los responsables de crímenes contra la humanidad, de guerra o de genocidio. Por otro lado, a pesar de incluir el concepto de "no impunidad," la decisión adoptada por la UE no estipula ninguna dispositivo legal que obligue a los Estados Unidos a que sus ciudadanos sean enjuiciados por sus propios Cortes locales.

"Sin una garantía expresa que establezca el rol supervisor de la CPI sobre los juicios nacionales, los acuerdos bilaterales celebrados con los Estados Unidos darán lugar a la impunidad," dijo Leicht. "Estos acuerdos permitirán la entrega de personas requeridas por la CPI a los Cortes nacionales con la sola promesa de que estos investigarán y llevarán a juicio a estas personas, sin que la CPI pueda revisar o intervenir en estos casos. El objetivo final que llevó a la creación de la CPI consistía precisamente en no tener que depender de las promesas de los gobiernos nacionales para llevar a los criminales ante la justicia."

Los principios adoptados por la UE hacen referencia a la existencia de una "inmunidad estatal y diplomática bajo las leyes internacionales vigentes" que podría salvar temporariamente a los oficiales gubernamentales de ser enjuiciados en el caso de que estos se encuentren resguardados por un manto de inmunidad diplomática. Al mismo tiempo, de acuerdo al artículo 98(2) del tratado, la decisión de la UE limita el tipo de personas que pueden quedar excluidas de la jurisdicción de la CPI a aquellas que sean expresamente enviadas al territorio del Estado Miembro de la CPI por los Estados Unidos. Los principios adoptados por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la UE también hacen referencia a la ratificación de cualquier acuerdo bilateral, brindando un destacado rol a los parlamentos nacionales en la tarea de supervisar las negociaciones.

El gobierno norteamericano se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de la CPI. En el pasado mes de mayo la Administración Bush adoptó una medida diplomática sin precedentes al retirar su firma del acuerdo para la creación de la Corte. En los meses de junio y julio, oficiales norteamericanos presionaron para que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución que permita excluir de la jurisdicción de la Corte a los participantes en operaciones de paz de este organismo internacional.

"La firma de acuerdos bilaterales débiles y permisivos con el gobierno norteamericano abre la puerta a la impunidad de aquellas personas responsables de cometer actos tales como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio," afirmó Leicht. "Esperamos que cada uno de los Estados Miembros de la Unión Europea respete sus obligaciones para con la Corte y rechace las demandas estadounidenses."