(Nueva York) - Human Rights Watch celebró la decisión del gobierno colombiano de ratificar el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI.) La CPI es el tribunal internacional encargado de investigar y procesar a aquellos individuos acusados de cometer genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. La CPI tiene jurisdicción sobre actores estatales y no estatales, tales como grupos rebeldes y organizaciones paramilitares.
"Al aceptar formar parte de esta Corte, el gobierno de Colombia ha enviado un mensaje claro a todos los actores involucrados en el conflicto: o detienen sus prácticas abusivas o deberán responder ante la CPI," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Las FARC, los grupos paramilitares y el propio Estado colombiano deberán pensar dos veces antes de cometer atrocidades si quieren evitar ser juzgados por la Corte."
Human Rights Watch consideró que la ratificación del estatuto trae nuevas esperanzas para las innumerables víctimas del conflicto armado en Colombia. Estas personas no sólo padecen violencia directa por parte del Ejército, los grupos guerrilleros y las organizaciones paramilitares, sino que además deben soportar constantes amenazas e intimidaciones cuando presentan sus reclamos ante las cortes locales.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional entró en vigencia el 1 de julio de 2002. La ratificación del estatuto por parte del gobierno de Colombia eleva el número total de ratificaciones a setenta y siete.
