(Nueva York, 15 de enero de 2002) - Human Rights Watch pidió la puesta en libertad del empresario chileno Eduardo Yáñez, quien fue detenido hoy en Santiago acusado de desacato a la autoridad. Yáñez criticó a la judicatura chilena en un programa de televisión a finales del año pasado y se enfrenta ahora a cinco años de prisión, de acuerdo con una disposición del código penal que sanciona al que de hecho o de palabra injuriare gravemente a los tribunales superiores de justicia.

"Con esta medida, la Corte Suprema de Chile ha dado un paso atrás gigantesco en materia de libertad de expresión," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "Las críticas a las autoridades, entre ellas los jueces, forman parte del esgrima del debate público en una democracia. Se supone que los tribunales deben proteger este derecho, no violarlo."  
 
Yáñez era un panelista invitado en un programa de debate premiado en Chile, "El Termómetro," que intenta medir la opinión de los ciudadanos de a pie sobre asuntos polémicos. El 27 de noviembre, el programa se ocupó de los errores judiciales. Cuando le preguntaron que pensaba del testimonio de una mujer que dijo que no había recibido disculpa alguna de los tribunales por haberla condenado injustamente a quince años de cárcel por matar a su hijo pequeño, Yáñez dijo indignado que "la justicia es inmoral, cobarde y corrupta .... creo que el no da la cara demuestra una poca hombría, una mariconada de parte de la justicia chilena ..."  
 
La semana pasada, Yáñez estaba esperando su detención y procesamiento conforme al Artículo 263 del Código Penal, pero tras escuchar su versión de los hechos, el Juez Juan Muñoz decidió, de manera inusual, concederle diez días laborables para pedir disculpas y convencer a la Corte Suprema de que retirara los cargos. Sin embargo, el Magistrado Mario Garrido Montt, el recién nombrado presidente de la Corte Suprema, se negó a recibir a Yáñez y sus abogados. A Human Rights Watch también le denegaron una reunión con el Magistrado Garrido la semana pasada.  
 
Más de una treintena de chilenos han sido procesados, y varios encarcelados, por el delito de desacato a la autoridad desde que Chile recuperó la democracia en 1990. Todos ellos estaban acusados conformo a una disposición de la Ley de Seguridad del Estado, que fue finalmente revocada el año pasado, tras una campaña prolongada de los grupos de derechos humanos.  
 
Sin embargo, el Congreso de Chile rechazó una propuesta del gobierno para revocar las disposiciones similares del código penal utilizadas en este caso. Hasta ahora, estas disposiciones del código penal se habían empleado raramente.  
 
"Es lamentable que sea precisamente la Corte Suprema, cuyo deber es salvaguardar los derechos de los ciudadanos, la que haya decidido cambiar las cosas con este procesamiento," dijo Vivanco.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que intercedió ante el gobierno chileno en defensa de Yáñez, le ha dado siete días al gobierno para explicar su actuación, que viola claramente las obligaciones de Chile conforme al Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.