(Santiago) - El record de Chile en materia de libertad de expresión no ha mejorado desde el fin del gobierno militar, afirma Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Aunque el país ha logrado avances importantes en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos de la época de Pinochet, continua aplicándose la misma legislación represiva sobre difamación que se empleó habitualmente por el régimen militar contra sus críticos.
Chile es el único país democrático de América Latina que califica el desacato a la autoridad como un delito contra la seguridad del Estado, con penas de hasta cinco años de prisión. El mes pasado, el Gral. Hernán Gabrielli Rojas, en ese entonces Comandante en Jefe Subrogante de la Fuerza Aérea, presentó una demanda fundada en la Ley de Seguridad del Estado contra tres ex-presos políticos que alegaron que Gabrielli habría participado en su tortura poco después del golpe militar de 1973.
"Chile está a la retaguardia del resto del continente en materia de libertad de expresión," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch. "En este momento decisivo de la historia de Chile, cuando la verdad sobre atrocidades del pasado está saliendo plenamente a la luz, es inaceptable que esta legislación continúe restringiendo el debate público."
En el informe de Human Rights Watch, titulado Avances Frustrados: Contratiempos en la Reforma sobre Libertad de Expresión en Chile, se apela al Poder Legislativo para que derogue las disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado que criminalizan las expresiones críticas a la autoridad y apruebe reformas imprescindibles sobre libertad de expresión. Aunque ya ha transcurrido más de una década desde el fin del gobierno militar en Chile, la reforma legislativa se encuentra estancada en el Congreso.
Los códigos penales de dieciocho países latinoamericanos cuentan con disposiciones similares que criminalizan el desacato a la autoridad. Sin embargo, las leyes de Chile son más represivas por su naturaleza y alcance, y se emplean con más frecuencia, mientras que en otros países estas leyes se aplican rara vez o nunca.
A parte de los procesamientos iniciados por Gabrielli, Human Rights Watch tiene conocimiento de otras tres personas procesadas por desacato a la autoridad en lo que va del año. En el año 2000, el periodista José Ale fue condenado a 541 días de prisión suspendidos por un artículo que resumía las críticas a la carrera del ex-Presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán. Aunque la Corte Suprema confirmó la condena, el Presidente Ricardo Lagos indultó a Ale en julio.
El Ministro Jordán también promovió el procesamiento, en abril de 1999, de la periodista Alejandra Matus por su publicación sobre corrupción en la judicatura chilena, titulada: El Libro Negro de la Justicia Chilena. Jordán logró que el libro se prohibiera en Chile, gracias a la Ley de Seguridad del Estado. La propia Matus tuvo que abandonar el país para evitar su detención y Estados Unidos--en un gesto que revela una evaluación crítica de las arcaicas limitaciones a la libertad de expresión en Chile--le concedió asilo político.
El escándalo provocado en Chile por el caso Matus hizo que el Gobierno apoyara propuestas en el Congreso para eliminar las disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado que restringen la libertad de expresión. Estas enmiendas forman parte de un proyecto general de ley de prensa, que se encuentra estancado hace ocho años en el Poder Legislativo. El proyecto de ley incluye otras reformas sobre libertad de expresión necesarias desde hace mucho tiempo, tales como el cese de la prohibición de informar sobre investigaciones judiciales, el cese de la jurisdicción militar sobre delitos de expresión tales como la sedición y la protección de las fuentes periodísticas.
A pesar de que la Ley de Seguridad del Estado pretende cubrir delitos contra la seguridad nacional, los funcionarios pueden utilizarla incluso para silenciar a oponentes en pleitos legales privados. En el informe de Human Rights Watch se describen cinco demandas judiciales por infracciones contra la seguridad del Estado presentadas por el Senador y ex-candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, tres de ellas en febrero de 2001. En uno de estos casos, Marcos Jaramillo, agricultor con el que Errázuriz ha entablado una disputa sobre los límites de sus respectivas propiedades, pasó doce días encarcelado por insultar al Senador.
La censura previa es otro problema en el que Chile destaca dentro de América Latina. Chile sigue contando con un consejo de censores cinematográficos en el que participan oficiales de las Fuerzas Armadas y los Carabineros. Human Rights Watch ha descubierto, sin embargo, que los casos más recientes de censura previa son consecuencia de fallos judiciales, no de decisiones del Consejo de Calificación Cinematográfica.
Un ejemplo de estos casos es la prohibición en 1997 de la película de Martín Scorsese, La Ultima Tentación de Cristo, que, según los jueces chilenos, habría dañado el honor y la reputación de Jesucristo, así como de sus seguidores. En febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió por unanimidad que la prohibición de la película en Chile violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se espera que la decisión diera un impulso adicional a un proyecto de ley empantanado en el Congreso desde 1997 para eliminar la censura cinematográfica, actualmente consagrada en la Constitución de Chile.
