(Nueva York) - Human Rights Watch expresó hoy su preocupación acerca de la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago en favor del General Augusto Pinochet, una decisión que suspende cargos criminales presentados en contra del ex dictador el primero de diciembre de este año. En una decisión unánime (3-0), la Quinta Cámara de Apelaciones de Santiago resolvió acoger un recurso de amparo que invalidó la acusación en contra de Pinochet por secuestro y ejecuciones ilegales tras el golpe de Estado de 1973. Los fiscales de acusación han apelado la decisión a la Corte Suprema, la cual se espera tome una decisión sobre el caso en las próximas semanas.
"Esta decisión es lamentable, pero aun así no significa que es el fin del caso Pinochet," dijo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. "La decisión fue basada en reglas técnicas y no en la sustancia del caso. La Corte Suprema de Chile ya ha determinado que hay motivos suficientes para creer que Pinochet es culpable de las atrocidades cometidas."
El punto clave de la apelación es que fue basada en los procedimientos llevados a cabo por el juez Juan Guzmán Tapia antes de la emisión de la acusación, la cual incluye un requisito de que la defensa debe ser permitida prestar una declaración preliminar antes de recibir la acusación. El juez Guzmán argumentó que la respuesta a un cuestionario que el juez le mando a Pinochet en 1999 mientras estaba bajo arresto domiciliario en Inglaterra (Pinochet se negó a responder el cuestionario manteniendo su inocencia) equivalió a la declaración preliminar que se necesita en este caso. La corte de apelaciones rechazó este argumento como válido.
Si la Corte Suprema confirma la decisión tomada por la corte de apelaciones, el juez Guzmán podrá reintegrar su acusación solo después de interrogar a Pinochet. El equipo defensor de Pinochet, de todas formas, ha insistido que exámenes médicos sean llevados a cabo antes del interrogatorio, esperando que esos exámenes expresen la incapacidad del ex dictador de presentarse al interrogatorio.
Human Rights Watch expresó preocupación acerca de los políticos que se oponen al juicio de Pinochet porque hace unas semanas han empezado una campaña cuestionando la integridad de los jueces y miembros del gobierno que están relacionados con el caso, los cuales han jugado un papel importante en las investigaciones por el respeto a los derechos humanos. Los jueces bajo escrutinio político incluyen el juez Luis Correa Bulo de la Corte Suprema de Justicia, quien ha sido elegido para evaluar si Pinochet puede ser extraditado a la Argentina por el asesinato del comandante en jefe Carlos Prats, en 1974.
La Corte Suprema, la cual esta investigando casos de influencia y circulación de alegaciones en contra del juez Correa, recientemente ha decidido apartarlo de toda obligación judicial, aun así cuando estas mismas alegaciones han sido previamente rechazadas por el congreso chileno después de un fallido juicio legislativo.
La abogada Clara Szczaranski, presidenta del Consejo por la Defensa del Estado, el cual es parte interesada en el caso Pinochet, ha sido públicamente puesta en duda por, supuestamente, mezclar su vida privada con su trabajo. El juez Guzmán recibió de la Corte Suprema una reprimenda por escrito por escribir una carta de apoyo a la abogada Szczaranski.
Otro caso de extrema preocupación es el hecho de que, bajo presión por parte de las fuerzas armadas, el presidente Lagos ha llamado a una reunión al Consejo de Seguridad Nacional (en el cual las fuerzas armadas tienen la mitad de los votos) a llevarse a cabo en cuanto la Corte Suprema tome una decisión. "Esta reunión indica a la corte que el posible procesamiento de Pinochet es una cuestión de seguridad nacional, ejerciendo tremenda presión sobre la decisión de los jueces" dijo Vivanco. "Todo esto muestra cuan débil es aun el sistema judicial chileno, y cuanto la influencia política interviene con la misma, aun después de que varios obstáculos para procesar a Pinochet han sido eliminados."
