Dr. César Gaviria
Secretario General
Organización de Estados Americanos
17th and Constitution Avenue
Washington, D.C. 20006

Estimado Secretario General:

Tengo el honor de escribir para expresar la profunda preocupación de Human Rights Watch por su intervención para lograr asilo político en Panamá para Vladimiro Montesinos Torres, ex-consejero del Presidente Alberto Fujimori y cabeza de facto del Servicio de Inteligencia Nacional peruano (SIN). Me refiero a la carta que Ud. dirigió el 23 de septiembre al Ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, José Miguel Alemán, en la que Ud. solicitaba al gobierno panameño que reconsiderase su decisión de denegar asilo político a Montesinos. En dicha carta Ud. citaba el mandato de facilitar el proceso de reforma democrática en Perú, bajo la resolución de la Asamblea General de la OEA del pasado 5 de junio en Windsor, Canadá.

Al recomendar que Panamá otorgue asilo político a un individuo al que muchas personas creen responsable de graves violaciones de derechos humanos, Ud. está pidiendo que un estado miembro de la OEA transgreda un principio básico del derecho internacional de asilo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 estipula lo siguiente:

    F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
    a) que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
    b) que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiado;
    c) que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.

La conducta de Vladimiro Montesinos le descalifica como asilado político de acuerdo con cualquiera de los tres supuestos mencionados anteriormente. En primer lugar, ha estado implicado en secuestros ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales, como organizador de un escuadrón de la muerte responsable de crímenes contra la humanidad en dos casos que actualmente están siendo investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (me refiero a los casos de La Cantuta y Barrios Altos). En segundo lugar, es culpable de otros graves delitos cometidos en Perú. El video cuya difusión desencadenó su petición de asilo le mostraba sobornando a un congresista electo, un delito grave en cualquier país. A todo esto deben añadirse acusaciones creíbles de que Montesinos estuvo involucrado en espionaje telefónico, tráfico de drogas y tráfico ilegal de armas, ninguna de las cuales ha sido investigada satisfactoriamente en Perú debido a su poder e influencia tanto en el Congreso como en el aparato judicial. En tercer lugar, Montesinos es culpable de numerosos actos transgresores del estado de derecho y las instituciones democráticas en Perú, actos que son claramente contrarios a las finalidades y principios de la OEA y Naciones Unidas.

Es el colmo del cinismo que Montesinos afirme, como hizo en una carta reciente a la Presidenta de Panamá Mireya Moscoso, que está siendo víctima de una persecución política en Perú. Uno debe preguntarse: ¿qué refugiado político hace que su propio gobierno le allane el camino de salida de su país, le consiga un lugar de asilo, le facilite alojamiento y escolta militar, y apruebe una resolución elogiando sus "servicios a la patria"? Es obvio que Montesinos confía en que Panamá le conceda asilo no por sus méritos, sino por su capacidad para obstaculizar el regreso de Perú a la democracia, y para amenazar la estabilidad de la región. Obviamente, en sus cálculos ha tenido en cuenta el peso de las recomendaciones a Panamá del Secretariado de la OEA y de los estados miembros más influyentes.

Human Rights Watch está muy preocupado de que la concesión de asilo político a Montesinos en otro país le proteja de futuras acciones judiciales por violaciones de derechos humanos y otros crímenes. Evidentemente esa era su intención al insistir en tener garantizado el asilo antes de abandonar Perú. Ahora dá la impresión de que las amenazas de Montesinos de llevar a cabo un golpe de estado no eran más que una estratagema para asegurarse protección como refugiado, a cambio de dejar el poder, o de hacer creer que así es. Estas amenazas sientan un precedente deplorable que transmite a dictadores potenciales en la región el mensaje de que el delito, la manipulación y el chantaje serán recompensadas y que los principios fundamentales de derechos humanos quedan supeditados a la conveniencia política.

Ceder frente a las amenazas de Montesinos puede conllevar en la práctica el efecto contrario al pretendido por los estados que intentan convencer a Panamá de que le otorgue asilo. No ofrece ninguna garantía de que Montesinos desistirá en sus esfuerzos por sabotear el proceso de reforma democrática en Perú. En Panamá Montesinos ha estado acompañado de once oficiales militares peruanos de alto rango que llegaron el 24 de septiembre sin autorización. Siete de ellos fueron deportados el 27 de septiembre cuando su presencia fue advertida por las autoridades panameñas. Montesinos mantiene contacto con oficiales del ejército en Perú que él había designados para ocupar cargos importantes. El 27 de septiembre el diputado Juan Carlos Miguel Mendoza del Solar anunció que él y otros miembros de la alianza electoral de Fujimori, Perú 2000, fueron presionados para dimitir y formar un grupo pro-Montesinos "para propiciar el desorden y el caos" en el país y crear las condiciones para un golpe de estado militar que re-habilite a Montesinos. El elemento más preocupante de esta denuncia es que las dimisiones decían haber sido preparadas en la comandancia general del ejercito.

Señor Secretario General, en vez de buscar el establecimiento de condiciones favorables para Montesinos en Panamá, la OEA y sus estados miembros deberían solicitar su arresto inmediato, al mismo tiempo que pedir la destitución de los oficiales al mando de las fuerzas armadas nombrados por él. Hasta que la camarilla criminal que actualmente amenaza a la democracia peruana sea desplazada del poder y encausada por sus crímenes, el proceso de reforma en el que la OEA y los demócratas peruanos están embarcados tiene pocas posibilidades de triunfar.

Por todo esto le insto a que no emprenda nuevas acciones que contribuyan a la impunidad de que hasta ahora han disfrutado Montesinos y otros oficiales gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos. Creo firmemente que, por el contrario, el mandato de la resolución de Windsor requiere que Ud. exija que Montesinos y sus acompañantes sean procesados penalmente por sus crímenes.

Atentamente,

José Miguel Vivanco