(Nueva York) - Human Rights Watch se dirigió por escrito hoy a la Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, para instarle a que niegue el asilo político a Vladimiro Montesinos, ex jefe del espionaje peruano. El antiguo director del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) del Perú llegó a Panamá el sábado por la noche. La organización apela asimismo a las autoridades judiciales panameñas para que investiguen y procesen a Montesinos por graves violaciones a los derechos humanos, conforme a las obligaciones de Panamá de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

"La solicitud del estatuto de víctima por parte de Montesinos no es más que una farsa," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch.

En su carta, Human Rights Watch señaló que la concesión de refugio a un funcionario público acusado fundadamente de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos en su país supondría un incumplimiento de principios básicos del derecho de asilo, en el cual se niega expresamente el derecho de asilo a los violadores de los derechos humanos. De hecho, de conformidad con la Convención contra la Tortura, que Panamá ha ratificado, en lugar de otorgar su protección a dichas personas, el país tiene que procesar o extraditar a los torturadores que se encuentren en su territorio.

Se ha acusado a Montesinos de planear los secuestros y asesinatos llevados a cabo por el grupo Colina, un escuadrón de la muerte perteneciente al SIN. Ocho miembros de este escuadrón, que habían sido condenados y encarcelados por el secuestro y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la universidad de La Cantuta, obtuvieron la libertad incondicional en 1995 conforme a una amnistía del Gobierno. Montesinos puede estar también implicado en la tortura en 1997 de la ex agente de inteligencia militar Leonor LaRosa Bustamante, la tortura y el asesinato de su colega Mariela Lucy Barreto Riofano y la tortura del periodista Fabián Salazar en mayo del 2000. Cada uno de estos crímenes se cometió contra personas sospechosas de filtrar información a la prensa sobre las actividades ilegales del SIN.

Las cortes peruanas no han emprendido ninguna acción contra Montesinos por ninguno de los delitos de los que se le acusa, debido sobre todo a la amplia influencia del SIN sobre la judicatura. Está previsto que se retire pronto la acusación de corrupción de un funcionario público motivada por el escándalo del vídeo divulgado la semana pasada.

Human Rights ha criticado enérgicamente al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos por ejercer presión sobre Panamá para que diera cobijo a Montesinos, después de que se hubiera negado oficialmente a hacerlo. "A largo plazo, la concesión de refugio a Montesinos sólo servirá para reforzar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos en el Perú," dijo Vivanco. "Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos y la OEA comprometan de esta manera principios básicos de derechos humanos, y es injusto esperar que Panamá sea el vertedero donde se puede arrojar a los hombres fuertes rechazados del continente."