1. Novedades sobre la crisis venezolana
  2. Cuestionables elecciones en Venezuela
  3. Nuevo informe sobre SIDA, TB y malaria
  4. Estadísticas de FAO y OPS sobre aumento del hambre en Venezuela
  5. Encarcelada por fotografiar la crisis de salud
  6. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU confronta a Venezuela
  7. Encarcelamiento del hermano de un legislador
  8. Alcalde opositor encarcelado
  9. Informe actualizado de Cáritas sobre desnutrición infantil
  10. La Comisión de la “Verdad”
  11. Muerte de un opositor bajo custodia
  12. El Plan Conejo
  13. Miles de venezolanos huyen a Brasil
  14. Encarcelamiento de otro activista
  15. Pronunciamiento de Human Rights Watch en el Consejo de Derechos Humanos
  16. Encarcelamiento del hijo de un alcalde opositor
  17. ACNUDH sobre posibles crímenes contra la humanidad
  18. Carta de HRW a la Unión Europea sobre abusos en Venezuela
  19. Declaración conjunta: La crisis en Venezuela debería ser una prioridad para el Consejo de Derechos Humanos
  20. Encarcelamiento de “Mamá Lis”
  21. Declaración de Human Rights Watch sobre el informe del ACNUDH sobre Venezuela
  22. Inmigración venezolana en Uruguay
  23. Detenciones arbitrarias en Venezuela: Detenidos con libertad bajo fianza siguen presos
  24. Canales colombianos fuera del cable
  25. Disparos a quemarropa
  26. Represión contra un voluntario de la Cruz Verde
  27. Represión de un fotoperiodista
  28. Asumiendo facultades legislativas
  29. Represión contra un doctor
  30. 37 presos muertos
  31. La “Ley contra la violencia política”
  32. Morir sufriendo por escasez de medicamentos en Venezuela
  33. La declaración de Lima
  34. Inmigración venezolana a Colombia
  35. Encarcelamiento de alcaldes
  36. Generalizado y sistemático, según el Alto Comisionado de DH de la ONU
  37. Las primeras movidas de la Asamblea Constituyente
  38. ¿Un levantamiento militar?
  39. Encarcelamiento de un violinista
  40. Denuncias de fraude electoral
  41. El naufragio del regimen bolivariano
  42. Venezuela implosiona. Estos ciudadanos tuvieron que huir desesperados.
  43. López y Ledezma, detenidos
  44. La Farsa de Asamblea Constituyente
  45. Detención de un abogado defensor
  46. Por qué nos oponemos a la Asamblea Constituyente de Maduro
  47. Redadas policiales y militares
  48. Las protestas, a través del lente de una fotoperiodista
  49. Imágenes dejan en evidencia brutal represión
  50. El informe de Almagro sobre Venezuela
  51. Posibles sanciones de Estados Unidos a Venezuela
  52. Una paliza brutal
  53. El “Plan de Justicia de Emergencia” de Maduro
  54. Detención de un activista
  55. Millones de venezolanos se pronuncian contra el gobierno
  56. Detención de estudiantes universitarios
  57. La OACNUDH sobre la consulta pública del 16 de julio
  58. El ABC de la propuesta de Asamblea Constituyente de Maduro
  59. Leopoldo López está en casa pero la tiranía continúa
  60. Arresto domiciliario para líder opositor Leopoldo López
  61. Imágenes del ataque a la Asamblea Nacional
  62. Ataques a la libertad de expresión
  63. Irrumpiendo en Los Verdes
  64. Militares detenidos
  65. Diputado opositor detenido
  66. Detención de un experto electoral
  67. El Tribunal Supremo de Justicia vs la Fiscal General
  68. Feliz día del periodista
  69. Abusos sufridos por detenidos
  70. Disparos a quemarropa
  71. Inmigración venezolana a la Argentina
  72. Pacientes con VIH
  73. Información sobre seguridad para periodistas del CPJ
  74. Cómo evitar un baño de sangre en Venezuela
  75. Cancún, la OEA y la Fiscal General
  76. Responsabilidad de los altos mandos en los abusos
  77. Las ONGs venezolanas piden ayuda a sus pares
  78. The Economist sobre el Papa
  79. Hostigamiento contra defensores de derechos humanos
  80. Encarcelado por tuitear
  81. Las historias detrás de las muertes: Yoiner Peña
  82. Militares presos
  83. Vídeo fuerte sobre desnutrición infantil
  84. Casas incendiadas en Mérida
  85. Las protestas del 31 de mayo en imágenes
  86. La crisis venezolana en la OEA
  87. Hostigamiento de activistas opositores en el exterior
  88. Cáritas sobre desnutrición infantil
  89. Historias por fotógrafos venezolanos
  90. Violencia contra periodistas
  91. Imágenes de las protestas
  92. Escasez de vacunas
  93. Lo último de la Fiscal General
  94. Una víctima de 11 años
  95. Trabajando para que lleguen medicinas a Venezuela
  96. Inmigración venezolana a Perú
  97. Preparando francotiradores militares
  98. Pasaportes confiscados
  99. Reunión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela
  100. ¿Qué está pasando en el interior del país?
  101. Violentando residencias en Valencia
  102. Sobre la responsabilidad estatal por acciones de los “colectivos”
  103. Nueva información sobre abusos y procesamientos arbitrarios de civiles en tribunales militares
  104. Un estado de excepción que ya lleva un año
  105. Sin medicina para cuidados paliativos
  106. La dictadura de Maduro
  107. Los próximos pasos, según el International Crisis Group
  108. La iglesia venezolana sobre los abusos
  109. The Interpreter sobre Venezuela
  110. Datos oficiales sobre la crisis de salud
  111. La CIDH sobre abusos contra manifestantes
  112. Un arresto arbitrario
  113. Civiles juzgados por tribunales militares
  114. Una radio para los derechos humanos
  115. Videos sobre la crisis venezolana
  116. Carta al Presidente Maduro para visitar a Leopoldo López
  117. Datos actualizados: Muertos, heridos y detenidos al 4 de mayo
  118. Gobiernos Latinoamericanos sobre los abusos en Venezuela
  119. El papel de las Fuerzas Armadas venezolanas
  120. ¿Leopoldo López se encuentra bien?
  121. Represión del 3 de mayo
  122. Las esposas de presos políticos
  123. Pronunciamiento sobre la propuesta de Maduro para realizar una Asamblea Constituyente
  124. Detenciones por agentes de inteligencia
  125. Libertad de prensa bajo asedio
  126. Datos oficiales: Muertes, detenciones, heridos
  127. La represión del disenso me empujó a un segundo exilio
  128. OEA vs CELAC
  129. El “Defensor del Pueblo” sobre aislamiento de Leopoldo López
  130. La emigración venezolana en números
  131. Las manifestaciones continúan
  132. Qué debe hacer la comunidad internacional sobre Venezuela
  133. Saqueos y muerte en una urbanización popular en Caracas
  134. Mellizos torturados hasta confesar
  135. Miles protestan por crisis de derechos humanos en Venezuela
  136. Imágenes en vivo de las protestas del 19 de abril
  137. Maduro se prepara para la marcha del 19 de abril
  138. Reprimiendo el disenso
  139. Informe: La crisis humanitaria en Venezuela se extiende a Brasil
  140. Latinoamérica está pendiente
  141. Se desmorona la fachada democrática venezolana
  142. Hace 1000 días Leopoldo López es rehén de Maduro
  143. Venezuela: El gobierno arremete contra críticos mientras la crisis se profundiza
  144. Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas
  145. Venezuela: Redadas policiales afectan a sectores populares
  146. Venezuela: Golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados

La crisis venezolana

Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos y humanitaria. El gobierno de Maduro se ha aprovechado de la enorme concentración de poder para gradualmente erosionar garantías de derechos fundamentales y controles a su propio poder. Opositores del gobierno, incluyendo manifestantes, críticos, y políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos y perseguidos penalmente. Organizaciones venezolanas estiman que hay más de 600 presos políticos. Las fuerzas de seguridad han cometido gravísimos abusos, incluyendo casos de tortura. El Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia, ha apoyado abusos cometidos por el gobierno y le ha quitado sus facultades a la Asamblea Nacional. La severa escasez de medicinas y alimentos afecta gravemente la posibilidad de los venezolanos de acceder a una nutrición y servicios de salud adecuados.

Novedades sobre la crisis venezolana

Policías disparan gases lacrimógenos hacia opositores durante incidentes en el marco de manifestaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, 20 de abril de 2017. 

© Reuters 2017

Para una cronología de los eventos recientes en Venezuela, en particular con relación al cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones incluidas en la Carta Democrática Interamericana, ver aquí

Cuestionables elecciones en Venezuela

El 15 de octubre, los venezolanos acudieron a las urnas para elegir gobernadores en los 23 estados del país.

Al igual que en elecciones pasadas, las condiciones antes de los comicios distaron mucho de haber sido equitativas y transparentes. La dictadura inhabilitó arbitrariamente a muchos miembros de la oposición. Hubo presión descarada a empleados públicos y el día de la votación graves irregularidades. Por la falta de independencia judicial, no habrá posibilidad de investigar estos hechos. La combinación de estos factores produjo una elección que no fue ni libre ni justa.

Maduro, además, advirtió que los que votaran legitimarían su Asamblea Constituyente, órgano antidemocrático con superpoderes y apéndice del ejecutivo. Esta semana, también amenazó que los gobernadores electos que no juraran “subordinación” a la Asamblea Constituyente, no podrían asumir sus cargos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral -de cuyos cinco miembros cuatro son partidarios del gobierno-anunció los resultados de la elección, dándole al gobierno una gigantesca victoria: el partido gobernante ganó 18 de los 23 cargos disputados, y la oposición 5. La oposición impugnó los resultados y calificó la elección de fraudulenta.

Actores internacionales claves, incluido el secretario general de la OEA, un grupo de 12 países conocido como el “Grupo de Lima”-que incluye a Chile, otros 10 latinoamericanos y Canadá-, los Estados Unidos, y países europeos como Francia y España, manifestaron objeciones al proceso y resultado electoral.

La presión internacional para que se restablezca la democracia en Venezuela debe continuar. Esto evidentemente incluye elecciones libres y justas, con fuerte observación internacional, y con un órgano judicial independiente capaz de prevenir y sancionar abusos.

Nuevo informe sobre SIDA, TB y malaria

El 11 de octubre, la organización no gubernamental canadiense Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el SIDA (International Council of AIDS Service Organizations, ICASO) y la organización venezolana Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI) publicaron este informe con datos actualizados y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis de salud venezolana.

Los datos oficiales expuestos en el informe —extraídos de boletines epidemiológicos publicados por una exministra de salud que posteriormente fue destituida— indican que en diciembre de 2016 hubo un aumento del 76 % en los casos de malaria en Venezuela, en comparación con la misma semana un año antes. Un boletín de salud de julio de 2017 que llegó extraoficialmente a manos de ICASO indicaba que la cantidad de casos de malaria durante 2017 y hasta esa fecha era de 184.225, un 63 % más alta que el mismo período en 2016.

Una carta pública difundida por líderes indígenas de 25 aldeas joti indica que, tan solo en 2016, hubo casi 4.000 episodios de malaria en una aldea de 900 pobladores. La carta señala que la población dividió los escasos medicamentos con los que contaba para distribuirlos entre los pacientes. El aumento en los casos de malaria también pareciera estar teniendo impacto en países limítrofes, como Brasil y Colombia, que están sufriendo más casos de malaria importados de Venezuela, indica el informe.

El informe describe la falta de terapia antirretroviral (TAR) en Venezuela y sugiere que podría haber un nexo entre este desabastecimiento y las estadísticas de ONUSIDA que muestran un aumento en las muertes relacionadas con el SIDA (de 1.900 en 2011 a 3.300 en 2015), así como con la reducción en la cantidad de muertes que se han prevenido con TAR (de 3.500 en 2011 a 2.700 en 2015). Según el informe, la prevalencia del VIH es particularmente elevada entre la población indígena warao.

Asimismo, el informe indica que existe una “ausencia casi absoluta de pruebas diagnósticas para tuberculosis” para las poblaciones vulnerables, incluidos presos y comunidades indígenas, y cita información inédita divulgada por expertos que sugiere un rápido aumento en la cantidad de nuevos casos.

Todo esto ocurre en un contexto de grave escasez de medicamentos e insumos médicos, lo cual también ha sido documentado por Human Rights Watch. El informe incluye una imagen de un memorando que se distribuyó en un hospital público, en el cual se daba instrucciones al personal de reutilizar “agujas raquídeas, agujas peridurales, cánulas de mayo y tubos endotraqueales”, una práctica que puede causar serios riesgos de salud para los pacientes.

En mayo de 2017, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, un órgano de la ONU que brinda asistencia a países necesitados, manifestó consternación por la “reaparición de la malaria, la escasez de productos indispensables para el VIH y la TB, y la crisis más general de salud en Venezuela y el impacto que esta tiene en la región”, pero destacó que Venezuela no reunía las condiciones para recibir financiamiento del Fondo Mundial e instó a brindar una respuesta regional coordinada. Indicó que “de ser posible”, daría “apoyo a una respuesta regional” a la crisis de salud venezolana.

El informe de ICASO-ACCSI insta a formular e implementar con urgencia una respuesta regional integral, y a que el Fondo Mundial adopte un liderazgo más firme y efectivo en esta cuestión.

Para obtener información sobre el trabajo de ICASO relacionado con la crisis venezolana y conocer las formas en que usted podría ayudar, haga clic aquí.

Estadísticas de FAO y OPS sobre aumento del hambre en Venezuela

Un informe publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvo que en seis países en las Américas aumentaron las estadísticas sobre subalimentación en el período de 2014-2016, con relación al período anterior, de 2013-2015. Venezuela fue, según el informe, el caso “más significativo”: la subalimentación creció en un 3.9 por ciento. En los otros cinco países—Argentina, Ecuador, El Salvador, Granada y Perú—el aumento fue de un máximo de 0.3 por ciento.

Esto significa que, según FAO y OPS, la cantidad de personas subalimentadas en Venezuela en 2014-2016 fue de 4.1 millones—esto es, 1.3 millones más que en 2013-2015, y más del 10 por ciento de la población, que se estima es alrededor de 31 millones de habitantes.

Encarcelada por fotografiar la crisis de salud

El 2 de octubre, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Lenny Josefina Martínez González, de 53 años, según la organización local de derechos humanos Funpaz. Martínez, quien realiza tareas administrativas en el hospital Pastor Oropeza en Barquisimeto, estado Lara, es supuestamente responsable de haber sacado unas fotografías de mujeres parturientas en el hospital.

Las fotografías, que se tornaron virales en las redes sociales, muestran a mujeres dando a luz en sillas metálicas en la sala de espera del hospital, acompañadas de personal médico. En una de las fotos, se ve a una mujer abrazando a su bebé recién nacido, todavía en las sillas, mientras que otra se encuentra acostada en unas sillas a su lado. En otra fotografía se ven a dos mujeres embarazadas desnudas, también acostadas en las sillas.

Varios empleados del hospital, incluyendo dos estudiantes de medicina, fueron detenidos e interrogados por agentes del SEBIN y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas días antes para determinar quién había sacado las fotografías, según reportes de prensa.

Un legislador de Lara tuiteó el 4 de octubre que Martínez estaba detenida en la sede del SEBIN en Barquisimeto. No existe información pública disponible sobre los crímenes que le estarían imputando a Martínez.

Aunque el gobierno nacional confirmó la veracidad de las fotografías, la vice-ministra de salud, Linda Amaro, responsabilizó al gobernador de oposición de Lara, Henry Falcón, quien a su vez criticó al gobierno de Maduro.

Las gráficas imágenes recogen la severidad de la crisis de salud en el país. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU confronta a Venezuela

El cartel de Venezuela, fotografiado en el escritorio del país durante las sesiones 36° del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, el 11 de septiembre de 2017. 

© 2017 Reuters

En el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que acaba de concluir, numerosos Estados Miembros, incluidos países latinoamericanos, se pronunciaron de manera inequívoca y enérgica sobre la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, y posicionaron así el tema en la agenda del Consejo con una contundencia sin precedentes. Sin embargo, la principal tarea todavía está por delante y el desafío ahora es mantener la presión multilateral sobre el gobierno venezolano, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy.

 

Encarcelamiento del hermano de un legislador

Alrededor de la 1 p.m. del 25 de septiembre, un grupo de al menos 12 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), armados y encapuchados, intentaron ingresar a la inauguración de un comedor infantil en el estado de Vargas, donde estaba participando el legislador de oposición José Manuel Olivares, según relató Olivares a Human Rights Watch. Olivares dijo que estaba allí con parte de su equipo, su esposa y su hermano, y que la comunidad frenó a los agentes antes de que ingresaran al comedor.

Olivares se fue junto con su esposa en el carro de ella, mientras que su hermano, Juan Carlos Marquina, de 42 de años, se fue manejando el auto de Olivares, el cual su madre le había comprado en 2012, contó a Human Rights Watch. Cuando se iban, los agentes del SEBIN pararon los vehículos, los obligaron a salir, y revisaron los carros. Olivares dijo que un agente esposó a Marquina, a quien reconocieron como el hermano de Olivares, y lo detuvieron.

Ese día, el poderoso político chavista Diosdado Cabello dijo que las fuerzas de seguridad habían parado una caravana de carros que “por casualidad” había pasado por una alcabala y que Marquina había sido detenido porque estaba manejando un auto robado, según informes de prensa.

Durante más de dos días, la madre de Olivares visitó las dos sedes del SEBIN en Caracas en reiteradas oportunidades y le dijeron que Marquina no se encontraba allí. Olivares y su familia no supieron nada sobre el paradero de Marquina hasta la noche del 27 de septiembre, cuando fue presentado ante un juez. Su abogado pudo verlo minutos antes de la audiencia, en la cual fue acusado de tener documentos forjados—sostuvieron que los papeles del carro de Olivares habían sido alterados antes de la compra realizada por la madre de Olivares, según dijo.

Marquina se encuentra actualmente recluido en la sede del SEBIN Helicoide y su familia aún no ha podido verlo, según Olivares.

 

Alcalde opositor encarcelado

El 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a Alfredo Ramos, alcalde del municipio de Irribarren en el estado de Lara, a 15 meses de prisión e inhabilitación política para postularse a cargos públicos. El tribunal sostuvo que Ramos había incumplido un mandamiento de amparo cautelar que había dictado anteriormente y que ordenaba al alcalde tomar medidas para asegurar que no hubiera trancas de calles en su municipio, y que despejara cualquier tipo de obstáculos que impidieran la libre circulación de los ciudadanos. La decisión se dictó luego de una audiencia que duró 10 horas, en la cual el tribunal fue responsable tanto de la “acusación” como de la “condena”. La sentencia del tribunal es inapelable. El Tribunal Supremo dictó una orden judicial de detención contra Ramos e indicó que sería recluido en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.

Ramos, a quien se le había notificado que la audiencia se celebraría ese día, decidió no presentarse por no reconocer la competencia del Tribunal Supremo para adoptar esa decisión, según lo manifestó su esposa Carmen Jiménez de Ramos a Human Rights Watch. Asistió en su lugar el consultor jurídico del ejecutivo municipal, y Ramos tomó conocimiento de la sentencia a través de la cuenta oficial de Twitter del tribunal, dijo la esposa.

Alfredo Ramos

Cinco minutos después de que el Tribunal Supremo difundió por un tweet que había condenado a Ramos, varios vehículos oficiales del SEBIN se detuvieron en la entrada de la alcaldía, según lo indicaron la esposa y la hija de Ramos y otros dos testigos a Human Rights Watch. Al menos 20 hombres uniformados y armados, en su mayoría con el rostro tapado, irrumpieron en la oficina de Ramos. Uno de ellos se paró sobre un escritorio con una bomba de gas lacrimógeno en la mano y advirtió a una de las hijas de Ramos, que estaba allí con su niño de un año, que se retirara, según lo señalado por los cuatro testigos.

Ramos se negó a acompañarlos hasta que le mostraran una orden judicial de detención, que los agentes no tenían, conforme lo relataron los testigos. Los agentes finalmente obligaron a Ramos a subir a un vehículo oficial y lo condujeron hasta la sede del SEBIN en Barquisimeto, la capital del estado. Su esposa dijo a Human Rights Watch que se le permitió permanecer con él varias horas, hasta que los agentes le indicaron que podía ir a su casa a recoger medicamentos y ropa para Ramos. Dijo que, al regresar, ya no pudo verlo.

El 29 de julio a las 7 a.m., se le informó a Jiménez que Ramos había sido trasladado al aeropuerto, pero recién supo que había llegado a Caracas cuando recibió una fotografía de su esposo allí, que le envió una fuente anónima, afirmó.

Ramos no pudo ver a su familia por 26 días, ni a sus abogados por 32. Cada vez que intentaron visitarlo, se les informaba que el director “no había autorizado la visita”, dijeron su hija y su esposa.

Cuando la familia de Ramos finalmente pudo verlo, les dijo que había pasado dos semanas en una oficina sin ventanas, sentado todo el día en una silla. Solamente se le permitió a Ramos recostarse durante la noche, sobre una colchoneta en el suelo. Actualmente se encuentra en una celda con otras seis personas, sin baño, agua corriente ni ventanas.

La familia de Ramos ha podido visitarlo cuatro veces, siempre en una habitación donde estaba presente un guardia y, según afirman, sus conversaciones fueron grabadas. Los abogados lo vieron en dos oportunidades: una vez en una sala con otros internos y abogados, y la otra frente a un guardia.

Durante los primeros días de la detención, la familia se enteró, a través de una nota escrita entregada a los familiares de otro interno detenido con él, de que Ramos, que sufre hipertensión severa (un dato confirmado por informes médicos que consultó Human Rights Watch), estaba teniendo complicaciones de salud. Un cardiólogo que visitó a Ramos el 31 de agosto tras un episodio agudo de hipertensión dijo a la familia que Ramos se encontraba en estado de salud delicado y necesitaba exámenes especiales, pero la familia nunca pudo consultar su informe médico. Ramos no ha tenido acceso a estos exámenes, indicó Jiménez.

Informe actualizado de Cáritas sobre desnutrición infantil

Cáritas Venezuela divulgó recientemente un informe, que actualiza la información presentada en un estudio anterior, en el cual documenta un aumento en los niveles de desnutrición infantil en el país. El nuevo informe se elaboró a partir de la evaluación de niños menores de 5 años en Caracas y en los estados de Miranda, Vargas y Zulia entre abril y agosto de 2017.

Las estadísticas más recientes indican que el 68 por ciento de las personas relevadas tenía o se encontraba en riesgo de tener algún grado de déficit nutricional y el 14,5 por ciento sufría desnutrición moderada a severa (desnutrición aguda global), comparado con el 10,2 por ciento en febrero. Asimismo, el informe concluyó que el 21 por ciento presentaba desnutrición leve —en comparación con el 12 por ciento en febrero— y el 32,5 por ciento estaba en riesgo de desnutrición y ya manifestaba síntomas, mientras que en febrero esta proporción había sido del 26 por ciento.

Asimismo, en el 71 por ciento de los hogares encuestados, los residentes informaron haber tenido que deteriorar su dieta alimentaria, y el 41 por ciento de los hogares afirmó haber tenido que pedir o “mendigar” comida, o buscarla en lugares donde se descartan alimentos.

El gobierno venezolano ha seguido negando la existencia de una crisis humanitaria en el país. Recientemente, la ex canciller Delcy Rodríguez, que actualmente preside la Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que: “En Venezuela no hay hambre… Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor”.

La Comisión de la “Verdad”

A mediados de agosto, la Asamblea Constituyente creó una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para “contribuir en la construcción de un sistema de justicia basado en la paz”. El propósito de la comisión es “investigar los casos de violencia política ocurridos en el país” y es presidida por la ex canciller, Delcy Rodríguez. 

Las actuaciones de la comisión, sin embargo, parecen estar muy lejos de buscar la “paz” o establecer la “verdad” de lo que está ocurriendo en Venezuela. Un miembro de la Asamblea Constituyente dijo que atenderían “con celeridad todas aquellas denuncias sobre traición a la patria” e impondrían “sanciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir”.

Mientras tanto, a pesar de la contundente evidencia —incluyendo un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Human Rights Watch— que indica que las fuerzas de seguridad han empleado fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y eran responsables, junto con grupos armados partidarios del gobierno, de asesinatos, Rodríguez dijo en televisión el 18 de septiembre que las fuerzas de seguridad venezolanas habían actuado “en estricto apego” a las leyes durante las protestas. Sostuvo que cualquier “actuación aislada e individual” de un funcionario que hubiera cometido un “exceso” comprometería su responsabilidad pero que “estaba totalmente descartada la posibilidad de que se hubieran emitido órdenes superiores a oficiales para cometer abusos durante la contención de las manifestaciones”.

“Así que queda por completo blindada la actuación de los organismos de seguridad”, concluyó Rodríguez.

Muerte de un opositor bajo custodia

El 17 de septiembre, Carlos Andrés García, exlegislador por el partido opositor Primero Justicia en el estado de Apure, murió mientras se encontraba detenido, según lo informó el partido. Las fuerzas de seguridad detuvieron a García cuando agentes de inteligencia allanaron su vivienda el 16 de diciembre de 2016, durante manifestaciones contra el gobierno por la decisión oficial de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares, según informes de prensa. García fue luego acusado de tener ilegalmente en su poder dinero en efectivo, que el partido afirma que le fueron colocadas para incriminarlo. Desde su detención, se encontraba retenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Guasdualito, estado de Apure.

Según Primero Justicia, García había sufrido un accidente cerebrovascular en su celda y se le negó atención médica. Fue trasladado a un hospital recién cuando ya “no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”, indicó el partido a través de Twitter. Un juez le concedió el arresto domiciliario dos días antes de su muerte, pero el SEBIN nunca ejecutó la orden.

De acuerdo con lo señalado por la prensa local y por el presidente de una asociación de concejales, García tenía problemas de salud desde hacía un mes.

El Plan Conejo

El 13 de septiembre, durante una reunión de gabinete televisada, el Presidente Nicolás Maduro y Freddy Bernal, el ministro de agricultura, conversaron sobre el plan del gobierno de instar a los venezolanos a criar conejos como una fuente de proteínas, en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Trump y la “guerra económica” llevada adelante por extranjeros. Bernal dijo que para ganar la “guerra económica” era necesario llevar adelante una campaña de “radio, prensa, televisión, caricaturas” para explicarle a los venezolanos que los conejos no son mascotas. En respuesta a la pregunta de Maduro sobre qué pasó cuando comenzaron a aplicar el “Plan Conejo”—durante el cual distribuyeron conejos a comunidades—, Bernal respondió que muchos venezolanos les habían puesto nombres o moños a los conejos y los habían llevado con ellos a la cama.

Mientras Maduro, Bernal, y los demás del gabinete se ríen en televisión, muchísimos venezolanos enfrentan a diario una severa escasez de comida que les hace extremadamente difícil alimentar adecuadamente a sus familias.

Aquí puede verse la reunión de gabinete:

Miles de venezolanos huyen a Brasil

El deterioro de la situación humanitaria en Venezuela y el vuelco progresivamente autoritario de su gobierno están obligando a cada vez más venezolanos a huir a Brasil. Entre enero y junio, 7.600 venezolanos pidieron asilo en Brasil, mientras que durante todo el 2010 hubo cuatro solicitudes, según datos proporcionados a Human Rights Watch por el Ministerio de Justicia. CONARE, el organismo federal brasileño para los refugiados, no ha podido hacer frente a este aumento y más del 98% de las solicitudes presentadas desde 2010 todavía están en trámite.

Para mejorar la respuesta ante la llegada de venezolanos, en marzo las autoridades brasileñas aprobaron una resolución que les permite a los ciudadanos venezolanos solicitar un permiso de residencia por dos años. En agosto, un juez federal eximió aquellos venezolanos de bajos recursos de la obligación de pagar un arancel de USD 100 para pedir estos permisos, que había anteriormente disuadido a muchas personas de hacerlo. La Policía Federal en Roraima —el estado brasileño que comparte frontera con Venezuela— indicó a Human Rights Watch que en agosto recibieron 413 solicitudes de permisos temporarios de venezolanos.  

Encarcelamiento de otro activista

El 6 de julio, miembros de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Carlos Julio Rojas, un periodista y activista social que colabora con dos organizaciones no gubernamentales de ciudadanos de ciertas zonas de Caracas, mientras caminaba por las calles de Caracas. Rojas le dijo a Human Rights Watch que los policías lo pararon y, después de que él les diera su identificación y sus credenciales de periodista, le dijeron que tenían una orden de aprehensión y lo subieron bruscamente al carro de policía.

Una vez en el vehículo, Rojas escuchó una voz en altavoz, que él reconoció como perteneciente al ministro del interior y justicia, Néstor Reverol, diciendo: “Quiero el celular de Carlos Julio”. Los oficiales le quitaron el teléfono y nunca más lo recuperó, dijo Rojas.

Rojas fue llevado de un lugar a otro por horas—una práctica que en Venezuela se le denomina “ruletear”—hasta que lo trasladaron a una estación de policía donde lo colocaron en una celda de 2x2 metros sin baño ni luz natural, a la cual se le denomina informalmente “tigrito”. Luego, los oficiales lo obligaron a Rojas a dirigirse a una oficina donde realizaron lo que parecía un montaje para incriminarlo: había varios cartuchos de gases lacrimógenas en una mesa y lo golpearon hasta que consiguieron sacarle una foto al lado de los cartuchos, según Rojas. La fotografía que le sacaron finalmente muestra a Rojas de espaldas, y no su rostro, que tenía evidencias de los golpes, dijo Rojas.

Rojas permaneció tres días en una prisión común hasta que fue llevado ante un tribunal militar el 10 de julio. Solo entonces pudo ver a su familia y abogado, con quien solo pudo hablar por cinco minutos antes de la audiencia, dijo Rojas. Se le acusó a Rojas de haber arrojado cartuchos de gases lacrimógenos hacia la Cruz Roja, y de cometer los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de objetos militares, según contó. Rojas dijo a Human Rights Watch que la fiscalía dijo que el incidente en la Cruz Roja había ocurrido en un horario en el cuál él ya se encontraba detenido. De todas formas, un juez militar ordenó su detención, esta vez en la prisión militar de Ramo Verde.

En respuesta a varios intentos de Rojas de hacer pública información sobre las condiciones de detención en Ramo Verde contándo sobre las condiciones a quienes lo visitaban a él y otros en la prisión, el director de la prisión lo castigó en repetidas oportunidades y lo envió a una celda de aislamiento de 2x2 metros sin luz natural, donde pasó un total de 21 días. Rojas dijo que el director de la prisión una vez lo sancionó por negarse a firmar un documento donde se le pedía que admitiera haber fomentado un motín en Ramo Verde. Cuando no estaba en la celda de aislamiento, dormía en un espacio compartido con otros 115 presos, quienes contaban con un colchón cada tres presos, y con dos inodoros y una ducha para todos. Rojas dijo que recibían poca comida y de mala calidad; estimaba que les daban unos 60 gramos por comida.

Cuando su madre y novia lograban visitarlo, las obligaban a desvestirse y los guardias les realizaban una revisión corporal exhaustiva antes de permitirles el ingreso.

Carlos Julio Rojas

El 24 de agosto, Rojas fue llevado ante un juez para la audiencia preliminar en la cual se supone que la fiscalía debe acusar a los detenidos de cometer delitos. A pesar de que el fiscal militar no lo acusó de nada, el juez militar de todas formas le impuso medidas cautelares—las cuales son típicamente adoptadas, según el derecho venezolano, para asegurar que la persona acusada de cometer un delito se presente ante un tribunal. Rojas dijo que ahora debe presentarse ante el tribunal militar cada 30 días, no puede hablar con los medios sobre el caso, y no puede asistir a reuniones “político-conspirativas”.

“Ejercer periodismo y hacer lucha social te convierte en un criminal”, Rojas le dijo a Human Rights Watch. 

 

Pronunciamiento de Human Rights Watch en el Consejo de Derechos Humanos

En una presentación realizada el 12 de septiembre en Ginebra, Human Rights Watch sostuvo que es necesario que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ejerza liderazgo sobre la situación en Yemen, Venezuela, China, Myanmar y Filipinas. Específicamente sobre Venezuela, el pronunciamiento dice:

"Valoramos el reciente informe del Alto Comisionado sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. En vez de abordar la situación de derechos humanos basándose en datos de la realidad, el canciller de Venezuela descalificó ayer todas sus conclusiones como “mentiras”. Un país que no puede admitir que tiene problemas de derechos humanos definitivamente los tiene. Más de 115 ONG, incluidas 81 de Venezuela, pidieron ayer al Consejo que aborde la situación de derechos humanos en el país como un asunto prioritario. Instamos al Alto Comisionado a que informe periódicamente al Consejo sobre la situación en el país, incluso mediante una presentación de información actualizada entre sesiones antes del período de sesiones de marzo."

Encarcelamiento del hijo de un alcalde opositor

El 30 de julio, decenas de agentes de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y miembros de grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos” irrumpieron en la vivienda de Omar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías en el estado de Mérida, según contaron a Human Rights Watch Lares y su esposa Ramona Rangel Colmenares. Rangel Colmenares señaló que, un día antes, mientras se encontraba en la casa de la madre de Lares, frente a su propia vivienda, vio que pasaban varias tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana y escuchó que por altavoz decían “Alcalde, ¡acá estamos!”

El 16 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictado una medida cautelar ordenando a Lares tomar medidas para evitar que las calles de su municipio fueran cortadas y eliminar cualquier tipo de obstáculos que impidieran el libre tránsito de los ciudadanos. Otros alcaldes que habían sido destinatarios de medidas cautelares similares fueron luego objeto de procedimientos sumarios ante el Tribunal Supremo, al término de los cuales el TSJ —responsable tanto de la “acusación” como de la “imposición de la pena”— los condenó a 15 meses de prisión e inhabilitación para postularse a cargos públicos.

Cuando los agentes se presentaron el 30 de julio, golpearon bruscamente a su puerta, afirmó Rangel Colmenares. Le dijo a uno de sus hijos que trabara la entrada, pero inmediatamente escuchó disparos. Lares, Rangel Colmenares y sus dos hijos menores salieron corriendo por la puerta trasera. Los padres dijeron que lograron escapar con su hijo de 13 años, pero que los agentes detuvieron a su hijo Juan Pedro Lares Rangel, de 23 años, que tiene doble nacionalidad venezolano-colombiana. Su hija mayor, de 26, no estaba en la casa cuando llegaron los agentes.

Obligaron a Juan Pedro a arrodillarse en el piso junto con un empleado de la familia Lares, según lo afirmó este último más tarde en una grabación de audio que Rangel Colmenares compartió con Human Rights Watch. Dijo que fueron esposados y les advirtieron que podían dispararles en cualquier momento porque “nadie nos estaba viendo”. Contó que además amenazaron con rociarlos a ambos con gasolina y prenderles fuego “si no decíamos donde estaban las armas”. También le apuntaron a Juan Pedro con un arma en la cabeza, amenazaron con matarlo “si no decía la verdad” y luego le asestaron un golpe con el arma en la nuca.

Dejaron ir al empleado y se llevaron a Juan Pedro en un vehículo oficial perteneciente al SEBIN, contó Rangel Colmenares a Human Rights Watch. Juan Pedro primero estuvo detenido en el SEBIN en Mérida, y luego fue trasladado a la sede del SEBIN en Caracas, conocida como el “Helicoide”.

Antes de irse, los agentes robaron dinero, un televisor, un teléfono celular, una motocicleta y comida, según lo manifestaron Lares y el empleado.

Rangel Colmenares acudió varias veces al Helicoide, pero allí no le proporcionaron ninguna explicación oficial de por qué estaba siendo retenido su hijo. La única información que recibió fue de un agente que no se identificó, y que le dijo que Juan Pedro era un “testigo”, sin especificar de qué. La única vez que Rangel Colmenares vio a su hijo —el 15 de agosto durante 15 minutos— Juan Pedro le dijo que le habían tomado una fotografía junto a cinco morteros, un lanza morteros y un escudo. Los abogados de Juan Pedro lo vieron en dos oportunidades —el 15 y el 22 de agosto—, en parte gracias a la colaboración del Consulado colombiano y la organización venezolana de derechos humanos Provea, dijo Rangel Colmenares.

Juan Pedro se encuentra actualmente detenido en el Helicoide, y no ha sido acusado de ningún delito ni llevado ante un juez, indicó Rangel Colmenares a Human Rights Watch.

Una entrevista en vídeo a Ramona Rangel Colmenares, grabada por Retratos Urgentes, una iniciativa que documenta historias individuales de la crisis de Venezuela, se encuentra disponible aquí:

 

ACNUDH sobre posibles crímenes contra la humanidad

El 11 de septiembre, durante su presentación al comienzo del 36° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió las conclusiones de un informe que su oficina publicó en agosto, resaltando el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad y otros abusos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Sostuvo que la investigación “sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad” que “solo pueden ser confirmados tras una investigación penal posterior” e instó al Consejo de Derechos Humanos a “establecer una investigación internacional sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

El 8 de septiembre, 115 organizaciones no gubernamentales, incluyendo más de 80 de Venezuela, emitieron un pronunciamiento conjunto solicitándole a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que consideren la crisis venezolana como una prioridad y hagan las recomendaciones del ACNUDH suyas. Específicamente, instaron a los miembros que le pidieran al Alto Comisionado que continúe realizando un seguimiento atento de la situación de derechos humanos en el país e informe sobre ello periódicamente al Consejo.

Carta de HRW a la Unión Europea sobre abusos en Venezuela

El 11 de septiembre, Human Rights Watch envió una carta a Federica Mogherini, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, con el propósito de instarla respetuosamente a liderar una iniciativa de la Unión Europea que ejerza presión sustancial sobre el gobierno venezolano para que aborde la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. La carta considera positivas las declaraciones recientes de la Unión Europea, en las cuales manifiesta preocupación por los abusos que se cometen en Venezuela y los intentos del gobierno de Maduro de usurpar los poderes de la legislatura y debilitar el estado de derecho. A medida que se profundiza la crisis, instamos a la Unión Europea y a sus estados miembros a acordar un plan estratégico de incentivos positivos y medidas punitivas dirigidas a personas específicas para acrecentar la presión colectiva de la UE sobre el gobierno venezolano.

Declaración conjunta: La crisis en Venezuela debería ser una prioridad para el Consejo de Derechos Humanos

Los estados miembros de la ONU deberían abordar la profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela durante la Sesión 36 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2017, señalaron 116 organizaciones venezolanas, latinoamericanas e internacionales.

Encarcelamiento de “Mamá Lis”

El 11 de mayo, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a Lisbeth Añez, una ciudadana venezolana de 51 años que trabaja como gerente de un negocio y que, durante más de tres años, había realizado visitas periódicas a personas detenidas en Caracas. Añez estaba por tomar un vuelo en el aeropuerto de Caracas, según lo indicó Luis González Añez, su hijo. Añez, a quien los presos que visitaba apodaron “Mamá Lis”, se dirigía a Miami para recibir tratamiento médico por hepatitis C.

El hijo de Añez visitó dos centros de detención antes de enterarse, esa tarde, de que su madre estaba siendo retenida en la sede de la DGCIM en Caracas. Contó que un funcionario de ese organismo le indicó que sería llevada a un tribunal militar dentro del establecimiento castrense de Fuerte Tiuna.

El 12 de mayo, mientras Luis analizaba el caso con abogados del Foro Penal Venezolano, supo que Añez estaba siendo trasladada a Fuerte Tiuna. Solamente se permitió a los abogados estar presentes en la audiencia, en la cual fue acusada de rebelión y traición a la patria sobre la base de pruebas que incluían mensajes de WhatsApp intercambiados entre Añez y un joven que había sido detenido algunos días antes, afirmó su hijo. Los abogados dijeron que el contenido de los mensajes no se describía en los documentos judiciales, y que otras pruebas contra ella incluían libros, cartas y reconocimientos públicos que recibió por su trabajo social. La justicia militar dispuso su detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

A su hijo no se le permitió estar presente en la audiencia y recién pudo ver por primera vez a Añez el 4 de junio. Los abogados no pudieron verla nuevamente hasta el 12 de junio, dijo el hijo.

El hijo de Añez afirmó que su madre pasó más de un mes y medio en una celda sin ventanas, sin ver el sol. Contó que Añez no recibió atención médica durante su detención, a pesar de que sufre hipertensión, hepatitis C y tiene una prótesis cervical.

Mamá Lis estuvo casi cuatro meses detenida en la sede de los servicios de inteligencia que solía visitar todas las semanas para llevar comida y medicamentos a personas detenidas por motivos políticos, dijo su hijo a Human Rights Watch.

La audiencia preliminar en la cual se suponía que sería acusada formalmente por algún delito fue suspendida cuatro veces. El 6 de septiembre, Añez fue finalmente llevada ante un tribunal militar, que confirmó cargos de instigación pública y agavillamiento y le otorgó libertad con medidas cautelares, dijeron sus abogados. Las condiciones para su liberación incluyen no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, uno de los abogados le dijo a Human Rights Watch.  

Se puede consultar una entrevista en video a Luis González Añez filmada por Retratos Urgentes, una iniciativa que registra historias individuales de la crisis venezolana, en el siguiente enlace: 

Declaración de Human Rights Watch sobre el informe del ACNUDH sobre Venezuela

El 30 de agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe sobre Venezuela donde describe situaciones particularmente alarmantes, incluida la represión brutal de manifestaciones masivas contra el gobierno, la muerte de opositores a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno, y los abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas. Los estados miembros de la ONU deberían seguir el ejemplo de gobiernos clave de América Latina que han condenado los abusos ocurridos en Venezuela y usar este informe para ejercer una fuerte presión sobre el régimen de Maduro, entre otras medidas, reconociendo a la crisis de Venezuela como una de las máximas prioridades durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y adoptando sanciones específicas dirigidas contra ciertas autoridades venezolanas implicadas en abusos aberrantes. 

Inmigración venezolana en Uruguay

Miles de venezolanos se han mudado a Uruguay, al amparo de una ley de 2014 que permite que los residentes de estados miembros de Mercosur soliciten una residencia temporal por un período de tres años, con requisitos mínimos. Un total de 2.448 venezolanos solicitaron autorización legal para permanecer en el país en 2015 y 2016. En tan solo los primeros cinco meses de 2017, 1617 venezolanos la solicitaron.

En 2014, Venezuela ocupaba el sexto lugar en la lista de países cuyos ciudadanos solicitaban permisos legales para permanecer en Uruguay. En 2017, saltó al primer lugar.

La cantidad de venezolanos que viven en Uruguay es mayor a los datos oficiales, según Manos VeneGuayas, una organización que brinda apoyo a inmigrantes venezolanos recién llegados al Uruguay. Si bien el gobierno uruguayo no cobra por la emisión de las residencias y solamente exige que los venezolanos presenten pasaporte o documento de identidad y un certificado de antecedentes penales, muchos inmigrantes han enfrentado enormes dificultades para obtener la certificación internacional (o apostilla) de los certificados penales, que es otorgada por la Cancillería venezolana. Otros obtienen una residencia legal a través de familiares uruguayos, así que no están incluidos en las estadísticas sobre residencias Mercosur.

A continuación, se presentan las historias de algunos venezolanos que huyeron de la crisis y ahora viven en Montevideo:

Hernán González (seudónimo), de 40 años, salió de Venezuela después de que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) matara a su hermano, Pablo. Una noche en noviembre pasado, Pablo se encontraba jugando al dominó con amigos en la acera del barrio popular donde vivían cerca de Caracas cuando miembros de la GNB llegaron en un vehículo oficial y se lo llevaron. González que pasó tres horas yendo de un cuartel a otro, preguntando por Pablo, pero en todos le dijeron que su hermano no estaba allí. Esa misma noche, un amigo que estaba acompañando a su esposa a un hospital le dijo a González que había visto a Pablo allí.

En el hospital, miembros de la GNB dijeron a González que Pablo había muerto en un “enfrentamiento”. González dijo que cuando vio el cuerpo, tenía golpes por todas partes y un disparo en el pecho.

González remarcó que, pese a vivir en un barrio violento, “no nos mató la delincuencia para que nos vengan a matar los que supuestamente cuidan a uno”. González, quien durante muchos años había sido un fuerte defensor del chavismo, dijo que, en los últimos años, su familia había comenzado a criticar al gobierno y él había votado a la oposición en las elecciones legislativas de 2015, pero que tenía miedo de hablar públicamente por temor a sufrir represalias.

González, sin embargo, señaló que el asesinato de su hermano no era el principal motivo por el cual decidió mudarse a Uruguay, donde llegó a mediados de mayo. Estaba cansado de pasar horas haciendo colas para comprar alimentos para su familia y pañales para su nieto de dos años. Trabajaba horas conduciendo un camión y el taxi de un amigo, pero debido a la altísima inflación, el dinero nunca era suficiente. Como tantos otros venezolanos, González habitualmente comía una vez por día, rara vez comía proteínas, y alimentaba primero a su nieto porque el niño “no entiende que no hay” comida. González dice que bajó 30 kilos en los ocho meses previos a abandonar Venezuela. Pudo salir del país gracias a un ex jefe que actualmente vive en Uruguay y compró su pasaje de avión. González planea trabajar para enviar dinero a su familia en Venezuela y ahorrar para poder sacarlos del país hasta que “Venezuela vuelva a ser lo mismo”.

Priscila Verdes

Priscilla Verdes, una maestra de 38 años, cruzó Brasil con otras 11 personas en una van, que llamaron “El Arca de Noé”. Partió después de que el director de la institución donde su hijo pensaba estudiar ingeniería mecánica y electrónica le dijo que la mayoría de los estudiantes abandonaba los estudios por la inseguridad. Llevó a la novia embarazada de su hijo, quien no había podido obtener un tratamiento médico adecuado en Venezuela y dio a luz al llegar a Uruguay. 

Esteban Pérez

Esteban Pérez, un periodista de 36 años, decidió cruzar Brasil en autobús con su esposa cuando ya no pudieron afrontar el costo de reparar el vehículo que utilizaban para su empresa familiar de transporte de mercaderías en Venezuela. Desde entonces les resultó incluso más difícil reunir dinero suficiente para alimentar adecuadamente a su familia. Hoy viven en un refugio para inmigrantes y trabajan en la cocina de un restaurante, con la esperanza de ahorrar para sacar a su hijo del país.
 

Detenciones arbitrarias en Venezuela: Detenidos con libertad bajo fianza siguen presos

Pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch

Más de 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones masivas contra el gobierno en Venezuela desde abril, según cifras del Foro Penal Venezolano, una red de abogados que brindan asistencia legal ad honórem a personas detenidas en todo el país. Al 22 de agosto, cerca de 1.000 personas seguían encarceladas.

Los detenidos arbitrariamente por razones políticas incluyen más de 640 personas que fueron sentenciadas, están siendo procesadas, o cuentan con una orden judicial de prisión preventiva (a quienes el Foro Penal Venezolano llama “presos políticos”); personas que todavía no han sido llevadas ante un juez; al menos 19 personas a favor de quienes se han dictado órdenes judiciales de liberación pero no son puestas en libertad por agentes de inteligencia; y más de 100 personas que tienen órdenes judiciales de liberación bajo fianza pero cuyo procesamiento viene siendo demorado por largos períodos por funcionarios judiciales.

La libertad bajo fianza en Venezuela no requiere consignar dinero ante un tribunal. El derecho venezolano permite que la justicia libere a personas que van a ser procesadas penalmente si presentan un fiador que puede asegurar al juez que el detenido comparecerá ante el tribunal durante el proceso. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido demorada indebidamente por funcionarios judiciales, y estas personas han quedado detenidas arbitrariamente por períodos de incluso varios meses. La continuidad de la detención de estas personas luego de que se dispusiera su liberación es un acto arbitrario e ilegítimo según el derecho internacional de los derechos humanos.

Una manifestante es detenida por fuerzas de seguridad durante una protesta contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 10 de julio de 2017. 

© 2017 Reuters/Carlos Garcia Rawlins

A continuación se presentan algunos relatos de abogados que brindaron asistencia legal a personas que estaban o siguen estando detenidas arbitrariamente, en razón de que la orden judicial que disponía su liberación bajo fianza se ignoró durante semanas:

El 13 de abril, miembros de pandillas armadas partidarias del gobierno llamadas “colectivos” detuvieron a Alberto Brito y Maribel Ilarraza en incidentes separados en Caracas; Brito salía de su vivienda, mientras que Ilarraza regresaba a casa luego de una jornada de trabajo. Ambos fueron entregados a la Guardia Nacional Bolivariana, después a miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y nuevamente a la Guardia Nacional Bolivariana. Los dos detenidos fueron finalmente llevados juntos ante el mismo tribunal en Caracas, donde un juez los acusó de “instigación a delinquir” y “detentación de sustancias incendiarias” durante una manifestación contra el gobierno. El juez impuso la libertad bajo fianza a Brito y autorizó la liberación de Ilarraza sin fiador, pero solicitó que prestara caución juratoria de que se presentaría ante el tribunal. Sin embargo, desde entonces el tribunal no ha tramitado la documentación que la abogada de Brito e Ilarraza presentó en sus casos. Siguen detenidos.

El 19 de mayo, agentes del CICPC detuvieron a Yusmari Cañizalez, Haydee Brusco y Caride Malavé —madre, hija y nieta, respectivamente—en su vivienda en el estado de Miranda. Un informe policial al cual tuvo acceso su abogado indicaba que habían sido detenidas en flagrancia mientras estaban saqueando una tienda de juguetes en la zona. El 21 de mayo, las tres fueron llevadas ante un tribunal en Los Teques y acusadas de “aprovechamiento de las cosas provenientes del delito”. El juez dispuso su libertad condicional luego de que presentaran fiadores. Aunque el abogado afirma que presentó toda la documentación pertinente ese mismo día, Cañizalez fue liberada el 7 de julio —50 días después de la detención— mientras que Malavé y Brusco permanecieron encarceladas 72 días, hasta el 29 de julio.

El 25 de mayo, la policía del estado de Aragua detuvo al estudiante Walter José Yepez Vargas, de 19 años, mientras se retiraba de una manifestación. El 27 de mayo, fue llevado ante un juez. Aunque el fiscal presente en la audiencia no presentó cargos contra Yepez por ningún delito, el juez lo imputó por obstrucción y daños en la vía pública, y dispuso que fuera liberado bajo fianza una vez que presentara seis fiadores. Sin embargo, la justicia rechazó los garantes propuestos por Yepez por distintos motivos, incluyendo en un caso que la persona había indicado un número de teléfono celular en vez de una línea fija. Cuarenta días después, ante la creciente presión pública, un tribunal dispuso su libertad sin fiadores.

El 20 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al estudiante y músico Francisco Gamboa, que estaba dentro de la vivienda de un familiar en Mérida. El 23 de julio, Gamboa fue llevado ante un tribunal y acusado de instigación pública a delinquir. El juez autorizó su liberación bajo fianza, luego de que presentó un fiador. El abogado de Becerra presentó la documentación pertinente para su liberación ese mismo día, así como documentos adicionales que había solicitado el tribunal, pero Becerra siguió detenido 27 días, hasta el 15 de agosto.

El 22 de julio, Ferney Becerra Pérez, un vigilante, fue llevado ante un tribunal penal en Mérida, dos días después de haber sido detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras comía una hamburguesa en un puesto callejero. Aunque el fiscal no presentó cargos contra Becerra por ningún delito y pidió su liberación, el juez igualmente le imputó el delito de instigación pública y dispuso que fuera liberado recién después de presentar dos fiadores ante el tribunal. El abogado defensor de Becerra presentó la documentación para que fuera puesto en libertad, pero permaneció detenido 26 días, hasta el 14 de agosto.

El 27 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron al violinista Wuilly Arteaga, que se ha convertido en un símbolo de la protesta pacífica en Venezuela, durante una manifestación en Caracas contra la intención del gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente. El 30 de julio, Arteaga fue llevado ante un tribunal de la justicia penal ordinaria, pero ni a su familia ni al abogado les dijeron cuándo se celebró la audiencia, a pesar de que lo habían visto llegar al tribunal y estaban esperando fuera para recibir información de las autoridades acerca de qué tribunal tomaría el caso. Más tarde, su abogado supo a través de un funcionario judicial que el tribunal asignaría a Arteaga un defensor público y que el Ministerio Público lo había acusado de detentación de sustancias incendiarias, incitación pública a delinquir y agavillamiento. En esa audiencia, el tribunal dispuso que fuera liberado a condición de que presentara un fiador.

Cuando su abogado finalmente accedió al expediente, presentó la documentación para la fianza, pero Arteaga nunca fue puesto en libertad. Tribunal recién permitió que Arteaga fuera liberado el 15 de agosto, luego de que su caso tuvo amplia repercusión internacional y su liberación fue pedida pública y formalmente por Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente oficialista. Miembros de la Guardia Nacional condujeron a Arteaga en un vehículo hasta la Plaza Altamira en Caracas y lo dejaron allí, sin informar a sus abogados ni familiares sobre la liberación. Arteaga debe presentarse personalmente ante el tribunal a diario y no puede participar en manifestaciones.

Canales colombianos fuera del cable

El 24 de agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) sacó a dos canales colombianos—Caracol TV y RCN—del cable, reportó Espacio Público, una ONG que monitorea la libertad de prensa en Venezuela. La decisión se tomó después de que el Presidente Maduro acusara públicamente a canales internacionales, mencionando específicamente a Caracol TV y otros medios colombianos, de llevar adelante una “batalla comunicacional” contra el gobierno venezolano, según Espacio Público. En febrero, el gobierno había sacado a CNN en Español del aire.

CONATEL está a cargo de la implementación de una ley extremadamente vaga que le otorga amplios poderes al gobierno para sancionar a los medios de comunicación, y ha sido utilizada en el pasado para imponer sanciones contra medios independientes y críticos del gobierno, según informes de Human Rights Watch.

Disparos a quemarropa

El 18 de mayo, Oscar Serrada, un estudiante de 22 años, participó en una manifestación contra el gobierno en Caracas. Serrada le dijo a Human Rights Watch que los manifestantes se encontraban marchando pacíficamente en la autopista Francisco Fajardo cuando la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana comenzaron a disparar gases lacrimógenos hacia los manifestantes. La mayoría de los manifestantes salieron corriendo, mientras que algunos miembros de la “Resistencia” comenzaron a tirarles rocas y cócteles Molotov a los miembros de las fuerzas de seguridad.

Serrada dijo que salió corriendo de la autopista y cuando se encontró en una avenida cercana pasó por un grupo de la “Resistencia” y caminó hacia algunos guardias nacionales, con sus manos en alto, pidiéndoles que “parara la represión”. Cuando se acercó, Serrada vio que un guardia que se encontraba a menos de 10 metros de distancia lo apuntó con su escopeta, por lo cual decidió dar media vuelta y salir corriendo. Sintió un impacto en la parte trasera de su pierna derecha, y sintió que estaba perdiendo mucha sangre, dijo Serrada.

Una persona que lo vio cojeando lo llevó en motocicleta hasta donde estaban atendiendo los voluntarios de la Cruz Verde, donde le brindaron asistencia de primeros auxilios. Cuando Serrada luego llegó a una clínica cercana, una radiografía mostró que tenía una metra (canica de vidrio) alojada en su pierna. Serrada fue operado dos días después para quitarle la metra.

Imágenes de Serrada recibiendo asistencia médica, de la radiografía y de la metra que le sacaron del cuerpo, así como una entrevista en vídeo con Serrada, filmada por Retratos Urgentes, una iniciativa que registra historias individuales de la crisis venezolana, se encuentra disponible aquí: 

 

Represión contra un voluntario de la Cruz Verde

Armando González es un un actor que colabora con la Cruz Verde, una red de voluntarios de la universidad donde estudió (la Universidad Central de Venezuela) que proveen asistencia médica a personas heridas durante las protestas contra el gobierno. González ayuda a la Cruz Verde trasladando heridos con su motocicleta.

El 5 de junio, González se encontraba en una manifestación en Caracas—utilizando su casco con la insignia de la Cruz Verde y con una bandera blanca con una cruz verde atada a su moto—cuando le pidieron que se dirigiera con un doctor a asistir a un manifestante que había sido herido con metras en el pecho. Cuando iban hacia allí, González y el doctor se encontraron entre los manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana, que estaba usando la fuerza para dispersar la manifestación, González le dijo a Human Rights Watch. Aproximadamente 30 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana rodearon a los dos voluntarios y los acusaron de ser terroristas por atender a manifestantes, sostuvo González. El doctor logró escapar escondiéndose entre unos paramédicos estatales que proveen asistencia médica a los miembros de las fuerzas de seguridad, y lo protegieron.

González no escapó. Un guardia lo golpeó en la nuca por detrás, y cayó al suelo. Alrededor de 15 guardias lo rodearon, lo patearon y le golpearon con sus puños. Uno de ellos pareció golpearlo más fuerte después de preguntarle porqué tenía un chaleco antibalas artesanal, mientras que otro le dijo que tenía un morral de “guarimbero”—un término despectivo usado por partidarios del gobierno para referirse a opositores políticos. El morral contenía insumos médicos, dijo González. La golpiza solo frenó después de que algunos paramédicos les dijeron a los guardias que pararan y que los voluntarios de la Cruz Verde colaboraban con ellos.

Cuando terminó la golpiza, un guardia ayudó a González a ponerse de pie y subirse a su motocicleta—a pesar de la resistencia de otros oficiales—y González consiguió comenzar a irse. Sin embargo, inmediatamente después, otro guardia le disparó perdigones directamente hacia su muslo a corta distancia—un incidente que fue fotografiado por un reportero gráfico venezolano—pero González logró escapar.

Imágenes del ataque y una entrevista en vídeo con González, filmada por Retratos Urgentes, una iniciativa que registra historias individuales de la crisis venezolana, se encuentra disponible aquí: 

Represión de un fotoperiodista

El fotoperiodista Nicolás Pérez Prieto, de 26 años, que colabora con diversos medios de comunicación y con la organización sin fines de lucro Sin Mordaza, describió a Human Rights Watch que había recibido varios impactos de perdigones mientras cubría a manifestaciones contra el gobierno desde principios de abril, y que en varias oportunidades las fuerzas de seguridad intentaron impedirle que informara sobre las protestas. En algunos casos, afirma Pérez, quedó en medio de incidentes entre agentes de seguridad y la “Resistencia” —hombres y mujeres jóvenes que responden a las fuerzas de seguridad que dispersan manifestaciones arrojándoles, entre otras cosas, cócteles molotov y piedras— y fue impactado por las acciones de ambos.

El 29 de mayo, Pérez estaba dando cobertura a una manifestación en Caracas cuando advirtió que la Policía Nacional Bolivariana estaba por detener a dos miembros de la “Resistencia”. Pérez tenía puesto un casco y una chaqueta que decía “Prensa”, y llevaba sus credenciales de prensa a la vista.

Cuando Pérez se acercó para intentar fotografiar lo que sucedía, dijo que vio que personas en edificios cercanos empezaron a arrojar objetos hacia los policías para impedirles que detuvieran a los jóvenes. En respuesta, Pérez contó a Human Rights Watch, los policías empezaron a disparar perdigones y cartuchos de gas lacrimógeno directamente en dirección a los departamentos y dentro de un centro comercial ubicado allí cerca. Uno de los cartuchos rebotó en el piso y golpeó a Pérez en la máscara que llevaba puesta, lo cual generó que entrara algo de gas lacrimógeno.

Un miembro de la Policía Nacional Bolivariana tomó a Pérez por el cuello con una mano y lo empujó con la otra. Pérez se cayó y, al golpear el piso, el casco que llevaba puesto se rompió. Por ello, perdió tanto el casco como la máscara. Pérez dijo a Human Rights Watch que se dio vuelta, quedó boca abajo y sintió que era pisoteado por botas —que cree que eran de policías— al menos cuatro veces. Pérez dijo que no podía respirar bien y perdió el conocimiento. Se despertó cuando era atendido por médicos voluntarios en las proximidades, adonde había sido llevado en una motocicleta, según le informaron. Pidió ser conducido a un lugar cercano, donde había médicos de otro grupo de voluntarios que él conocía, y perdió el conocimiento otra vez mientras lo llevaban allí.

Pérez dijo que estuvo en observación médica durante cinco días.

Aquí puede verse un vídeo de una entrevista realizada a Pérez por Retratos Urgentes, una iniciativa que documenta historias individuales de la crisis venezolana: 

 

Asumiendo facultades legislativas

El 18 de agosto, la Asamblea Constituyente asumió las facultades legislativas de la Asamblea Nacional:

Represión contra un doctor

El 22 de mayo, muchísimos doctores salieron a las calles en Caracas para manifestar contra la crisis humanitaria en Venezuela. Vladimir Galavis, un cirujano oncólogo de 56 años que participó en la manifestación, le dijo a Human Rights Watch que el 90 por ciento de las medicinas oncológicas no están disponibles, que hay retrasos de más de dos meses para cirugías oncológicas, y que hace más de un año que no tienen morfina para los pacientes terminales.

Durante la manifestación, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana no les permitieron a los doctores marchar en la autopista Francisco Fajardo. Los agentes tiraron gases lacrimógenos para dispersar la manifestación y muchos de los manifestantes salieron corriendo, pero Galavis se quedó en la autopista con aproximadamente otros 20 doctores, vestidos con batas blancas, y continuaron marchando hacia una fila de guardias nacionales. Galavis dice que se acercó a uno de los guardias, lo abrazó, y le pidió que no les pegara. El guardia le dijo a Galavis que se quedara a su lado, pero el doctor decidió volver a donde estaban los demás doctores, a unos metros de distancia.

Apenas Galavis se alejó, la Guardia Nacional Bolivariana le disparó un chorro de agua directamente hacia el cuerpo, que lo tumbó al piso. Galavis dice que debido a la fuerza del chorro de agua, si es disparado directamente hacia una persona puede causar fracturas u otras lesiones. Algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana luego dispararon bombas lacrimógenas hacia los manifestantes, dijo Galavis. Un colega logró ayudar a Galavis—quien dice que no podía respirar, no sabía dónde estaba y tenía ganas de vomitar—a alejarse de la autopista, para luego recibir atención médica en la calle.

Una semana después, Galavis participó en otra manifestación contra el gobierno en Caracas. Esta vez, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de grupos armados partidarios el gobierno llamados “colectivos” se acercaron en motocicletas y dispararon bombas lacrimógenas directamente hacia los manifestantes, dijo Galavis. Una de las bombas lacrimógenas impactó a Galavis en su espalda, cuando se alejaba corriendo. Galavis corrió junto con otros manifestantes a buscar refugio dentro de un centro comercial, pero un grupo de guardias nacionales los siguieron. Galavis dijo a Human Rights Watch que los guardias dispararon gases lacrimógenos dentro del centro comercial y que vio como golpeaban a personas con sus rolos y escudos.

Imágenes del ataque contra Galavis y una entrevista de vídeo filmada por Retratos Urgentes, una iniciativa que registra historias individuales de la crisis venezolana, se encuentra disponible aquí:

37 presos muertos

El 17 de agosto, Reuters reportó que la toma de una cárcel en el estado Amazonas por parte de fuerzas especiales dejó un saldo de 37 presos muertos y 14 funcionarios heridos. El gobernador de Amazonas lo calificó como una “masacre”. El Ministerio Público está investigando el incidente, según Reuters.

La “Ley contra la violencia política”

El 10 de agosto, el Presidente Nicolás Maduro presentó una propuesta a la Asamblea Constituyente que busca frenar “la campaña de odio y de violencia promovida por sectores extremistas de la oposición, que ha generado en los últimos meses hechos vandálicos, dejando un saldo de más de 100 fallecidos y más de mil heridos.”

Mientras el presidente acusó a “sectores extremos de la oposición” de más de 100 muertes y heridos que ocurrieron en el contexto de las manifestaciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo el 8 de agosto que las fuerzas de seguridad eran responsables de al menos 46 de las 124 muertes documentadas por el Ministerio Público, y que grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos,” serían responsables de otras 27 muertes. Según la oficina, su equipo de expertos realizó entrevistas que “sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”.

Maduro dijo que era tiempo de adoptar “leyes muy severas” y de “castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión”. La propuesta incluye penas de hasta 25 años contra todas aquellas personas que “convoquen a acciones violentas y que genere caos y zozobra en la población.” Este lenguaje tan amplio abre la puerta para aumentar la criminalización del disenso y la detención de opositores.

 

Morir sufriendo por escasez de medicamentos en Venezuela

El gobierno venezolano debería intervenir de manera urgente y asegurar que la morfina vuelva a estar disponible, para que los pacientes de cáncer en el país no tengan que morir sufriendo un profundo padecimiento, dijo Courtney Tran en un artículo publicado hoy.

La declaración de Lima

El 8 de agosto, 17 cancilleres de las Américas se reunieron en Lima para abordar la crisis venezolana. Doce de ellos firmaron una resolución muy completa, disponible aquí, que incluye los siguientes pronunciamientos, entre otros: la condena de la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que no se reconocerá a la Asamblea Constituyente ni sus decisiones, la preocupación por la crisis humanitaria y la condena al gobierno por no permitir asistencia internacional, y el llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela.

Inmigración venezolana a Colombia

Desde 2014, cuando la crisis empezó a profundizarse, miles de venezolanos han emigrado a Colombia, según estadísticas oficiales a las que tuvo acceso Human Rights Watch. El 28 de julio de 2017, en respuesta a la inmigración “sostenida” y “creciente” de venezolanos hacia el país, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a ciudadanos venezolanos que ingresaron al país legalmente, pero que han superado el período de permanencia permitido por sus visas, a regularizar su condición a través de un procedimiento en Internet. A los venezolanos que regularicen su situación conforme a la nueva resolución se les permitirá permanecer y trabajar legalmente en Colombia por un periodo de hasta dos años. Según las autoridades colombianas, más de 22.000 venezolanos solicitaron el permiso el primer día que estuvo disponible el procedimiento online.  

A su vez, miles de venezolanos cruzan la frontera por períodos breves para trabajar o comprar artículos de primera necesidad que no pueden conseguir en su país, incluidos alimentos y medicamentos. En mayo de 2017, el gobierno colombiano estableció la “tarjeta de movilidad fronteriza”, un sistema que permite a los venezolanos pasar hasta siete días en departamentos colombianos limítrofes, una vez que hayan completado algunos datos básicos en un formulario online. Funcionarios colombianos dijeron a Human Rights Watch que, en un principio, estimaron que emitirían 20.000 tarjetas, pero hasta julio ya habían emitido más de 450.000.

A continuación, se presentan las historias de algunos venezolanos que huyeron de la crisis y ahora viven en Bogotá:

Richard Valenzuela, de 51 años, llegó a Bogotá desde Caracas en diciembre de 2015 para que su esposa, que padecía una valvupatía reumática desde 2015, pudiera recibir tratamiento médico urgente. Los médicos le dijeron a Valenzuela que no podían operarla en Venezuela porque los hospitales no tenían los insumos necesarios para la intervención, dijo Valenzuela. Valenzuela también indicó a Human Rights Watch que cada vez tenían más dificultades para comprar alimentos: “[Uno debía] tener la suerte que hubiera algo, después de esperar en las colas”, dijo.

Valenzuela, su esposa y su hijo Erick tomaron un autobús desde Caracas hasta San Cristóbal, en el estado Táchira, y luego un taxi hasta la frontera. Richard usa una silla de ruedas y su esposa estaba demasiado débil, por lo cual el último trayecto de 200 metros hasta la frontera —que no puede hacerse en automóvil— fue muy difícil para ellos. Su esposa sufrió un accidente cardiovascular mientras cruzaban la frontera, por lo que fue llevada inmediatamente a un hospital en la ciudad colombiana de Cúcuta. Valenzuela y su hijo estuvieron dos días durmiendo en la calle, mientras su esposa permanecía internada, hasta que un familiar que vivía en Bogotá los recogió y los llevó hasta esa ciudad.  

La esposa de Valenzuela fue operada algunos meses después por médicos colombianos. Ahora se siente mejor, pero debe tomar medicamentos regularmente. El hijo de Valenzuela, que nació en Venezuela pero tiene doble ciudadanía, trabaja en una panadería, y a veces cumple turnos de 16 horas para ganar dinero suficiente que le permita mantener a su familia. Cuando Human Rights Watch lo entrevistó en julio, Valenzuela estaba intentando conseguir una visa de residencia para acceder a un empleo, pero no podía solventar el costo del trámite. Hace poco, el propietario de la vivienda donde se alojaban les había pedido que se fueran por retrasos en el pago del alquiler.

César Bravo (seudónimo), un ingeniero de 28 años y activista del partido opositor Voluntad Popular, se fue de Venezuela por las dificultades económicas que atravesaba su familia. Sus dos fuentes de ingresos —la pensión de su madre y una tienda familiar de venta de verduras— no bastaban para mantener a los cinco miembros de la familia. Además, Bravo se estaba recuperando de un cáncer del que se había curado tras recibir tratamiento algunos años antes, y tenía dificultades para conseguir vitaminas y alimentos suficientes para recuperar peso. En un momento llegó a pesar 38 kilos, pero ahora se está recuperando lentamente, nos dijo Bravo. Cuando Human Rights Watch lo entrevistó en julio, todavía estaba sumamente delgado.

Yorman Arteaga, un arquitecto de 24 años, fue voluntario de Voluntad Popular en el estado de Zulia durante las elecciones legislativas de diciembre de 2015. En ese entonces, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana amenazó con detenerlo cuando se quejó por la forma en que los partidarios del gobierno supervisaban las elecciones. Después de las elecciones, las autoridades locales despidieron a su padre, que trabajaba en una alcaldía, porque no había votado a favor del oficialismo, contó Arteaga a Human Rights Watch. Nueve meses más tarde, Arteaga decidió irse del país para evitar causarle problemas a su familia, contó a Human Rights Watch.

Bravo y Arteaga viajaron juntos en automóvil hasta un punto de la frontera próximo a Maicao, Colombia, y luego tomaron un autobús hasta Bogotá, donde llegaron en septiembre de 2016.

Sin permisos de residencia legal, ha sido difícil para ambos encontrar un empleo en su especialidad. Bravo —que ha trabajado limpiando viviendas y atendiendo dos restoranes y un minimercado— dijo a Human Rights Watch que en estos meses logró más de lo que podría haber conseguido en Venezuela. Arteaga trabajó en un restorán durante un tiempo, hasta que encontró su empleo actual, administrando otro restorán de comida venezolana.

Tanto Bravo como Arteaga están ayudando a sus familias en Venezuela, y les envían alimentos, artículos personales, como desodorantes, y medicamentos básicos, incluyendo acetaminofén y remedios para el asma.

Encarcelamiento de alcaldes

En la madrugada del 8 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sancionó a Ramón Muchacho, alcalde opositor del municipio de Chacao en Caracas, a 15 meses de cárcel y lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos. El tribunal le prohibió salir del país y dispuso que quedara detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

El 24 de mayo, el Tribunal Supremo había dictado una sentencia ordenando a Muchacho que adoptara medidas para asegurar que no hubiera cierre de calles en su municipio y que despejara cualquier tipo de obstáculos para permitir que los ciudadanos circularan libremente. Chacao es uno de los distritos donde, prácticamente a diario, se han llevado a cabo manifestaciones contra el gobierno desde principios de abril. El 8 de agosto, el Tribunal Supremo acusó a Muchacho de desacato por haber incumplido su decisión otorgando un amparo constitucional cautelar.

El Tribunal Supremo implementó un procedimiento abreviado en el cual Muchacho no habría podido ejercer su defensa adecuadamente. La Sala Constitucional se desempeñó como parte “acusadora” y como juez en el caso. El pronunciamiento del Tribunal Supremo, que en este caso actuó como primera instancia, no es recurrible, y esto viola la garantía de debido proceso que reconoce a los acusados el derecho a apelar una condena penal.

Durante la represión de manifestaciones contra el gobierno que tuvo lugar en 2014, el Tribunal Supremo implementó por primera vez estos procedimientos abreviados contra dos alcaldes opositores, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano.

Al menos otros tres alcaldes —Alfredo Ramos, del municipio de Iribarren en el estado de Lara, Gustavo Marcano del municipio de Diego Bautista Urbaneja en el estado de Anzoátegui, y Carlos García del municipio del Libertador en el estado de Mérida— han sido condenados a 15 meses de prisión durante las últimas semanas aplicando exactamente el mismo procedimiento. Ramos fue detenido en su oficina, y hasta el 7 de agosto sus familiares y su abogado no habían podido verlo. Marcano huyó del país. Carlos García publicó el 2 de agosto un video en Twitter donde manifiesta que no acatará la sentencia.

En todos los casos recientes, el Tribunal Supremo sostuvo que los alcaldes estaban en desacato de un mandamiento cautelar anterior destinado a proteger los derechos a la libre circulación, a la salud, al trabajo, a la educación, al goce de un ambiente saludable y seguro, al deporte y a la recreación.

En las últimas semanas, el tribunal ha emitido órdenes similares contra al menos otros 10 alcaldes y un gobernador, todos ellos opositores, incluidos los siguientes:

  1. Henrique Capriles Radonski, gobernador del estado de Miranda.
  2. David Smolansky, alcalde del municipio de El Hatillo en el estado de Miranda.
  3. Gerardo Blyde, alcalde del municipio de Baruta en el estado de Miranda.
  4. José Fernández, alcalde del municipio de Los Salias en el estado de Miranda.
  5. Carlos Ocariz, alcalde del municipio de Sucre en el estado de Miranda.
  6. Ronald Aguilar, alcalde del municipio de Antonio José de Sucre en el estado de Barinas.
  7. José Luis Machín, alcalde del municipio de Barinas en el estado de Barinas.
  8. José Antonio Barrera, alcalde del municipio de Palavecino en el estado de Lara.
  9. Juan José Peña, alcalde del municipio de Alberto Adriani en el estado de Mérida.
  10. Omar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías en el estado de Mérida.
  11. Eveling Trejo, alcalde del municipio de Maracaibo en el estado de Zulia.

Generalizado y sistemático, según el Alto Comisionado de DH de la ONU

El 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un pronunciamiento que sostiene que un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas realizó entrevistas que “sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”. Las conclusiones del equipo también “indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”.

El equipo concluyó que las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de las 124 muertes ocurridas en el contexto de las protestas que confirmó el Ministerio Público. Grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos” serían responsables de otras 27 muertes, según el equipo. Además de mencionar el uso excesivo de la fuerza en las calles, el pronunciamiento también sostiene que más de 5,000 personas fueron detenidas arbitrariamente, incluyendo varios casos en los cuales habían recibido denuncias creíbles de abusos que constituyen tortura.

El comunicado completo está disponible aquí. Un informe con las conclusiones del equipo de expertos será publicado a fin de agosto.

 

Las primeras movidas de la Asamblea Constituyente

El 5 de agosto, un día después de que la Asamblea Constituyente venezolana fuera inaugurada, sus miembros removieron a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y nombraron en su lugar a Tarek William Saab, un partidario del gobierno que se desempeña como Defensor del Pueblo. Antes de la remoción de Ortega, decenas de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana rodearon uno de los edificios principales del Ministerio Público en Caracas.

Durante la sesión del 5 de agosto, la Asamblea Constituyente también decidió que sesionaría por hasta dos años y determinó que su presidente sería la ex-canciller, Delcy Rodríguez.

Para cada una de estas medidas, el poderoso político chavista Diosdado Cabello propuso su adopción, la multitud presente en la reunión de la Asamblea Constituyente aplaudió, y luego Cabello anunció que la decisión había sido tomada.

Más de 40 gobiernos globalmente se opusieron a la Asamblea Constituyente. Ese mismo día, la fiscal general emitió un comunicado donde dijo que no reconocía la decisión de la Asamblea Constituyente de removerla y planeaba continuar trabajando.

 

¿Un levantamiento militar?

El 6 de agosto, circuló en las redes sociales un video que muestra a más de una decena de hombres uniformados anunciando un levantamiento para reestablecer el orden constitucional en Venezuela después de que el gobierno avanzara con su iniciativa para implementar una Asamblea Constituyente, reportó Reuters. El video muestra a un hombre que sería un ex capitán de la Guardia Nacional que habría sido removido de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014, diciendo que no estaban organizando un golpe de estado, dijo Reuters.

La primera reacción oficial vino de parte del poderoso político oficialista Diosdado Cabello, quien tuiteó durante la mañana que había habido un “ataque de grupos terroristas” en el Fuerte Paramacay, una base militar cerca de Valencia, en el estado Carabobo.

Las Fuerzas Armadas venezolanas emitieron un comunicado que sostiene que se trata de una “operación terrorista” que había sido financiada por “activistas de la extrema derecha venezolana en conexión con gobiernos extranjeros” y que apoyaban al gobierno de Nicolás Maduro.

En su programa de televisión del 6 de agosto, el Presidente Maduro sostuvo que alrededor de 20 hombres armados habían entrado al Fuerte Paramacay antes del amanecer y se llevaron unas armas. Dijo que dos atacantes habían sido matados en una confrontación con soldados, mientras que otros miembros del partido oficialista dijeron que ocho habían sido detenidos y otros habían huido con las armas. Maduro sostuvo que los que habían huido estaban siendo “activamente buscados”, según Reuters.

Ninguna fuente independiente ha verificado la información publicada por el gobierno.

Encarcelamiento de un violinista

El 27 de julio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a Wuilly Arteaga en una manifestación en Caracas contra la iniciativa del gobierno de convocar a una Asamblea Constituyente.

Mientras estuvo detenido, integrantes de las fuerzas de seguridad golpearon brutalmente a Arteaga con sus cascos y con el violín que este había estado tocando durante la protesta, y le quemaron el cabello, según contó Alfredo Romero, abogado del Foro Penal Venezolano, a Human Rights Watch. Arteaga dijo que se lo llevaron en un vehículo con alrededor de 20 personas y, a pesar de que tenía los ojos vendados, escuchó que una mujer que estaba a su lado gritaba que un miembro de la Guardia Nacional Bolivarian la estaba “violando con sus dedos,” según Romero. Romero pudo ver a Arteaga el 28 de julio, cuando fue llevado a la sede del CICIP en Caracas. Posteriormente, el Ministerio Público también sostuvo que Arteaga había sido objeto de tratos crueles.

El 30 de julio, Arteaga fue llevado ante un juez de la justicia penal ordinaria, pero ni a su familia ni a Romero les dijeron cuándo se celebró la audiencia, a pesar de que lo habían visto llegar a los tribunales y estaban esperando para recibir información oficial sobre a qué juez se le asignaría el caso, dijo Romero. Una fuente judicial le dijo más tarde a Romero que el juez informó que se le asignaría a Arteaga un defensor de oficio, y que una fiscal lo había acusado de posesión de sustancias incendiarias, incitación pública a delinquir y agavillamiento.

Ese mismo día, el Ministerio Público emitió una declaración en la cual encomendaba a un fiscal que investigara a la fiscal que había acusado a Arteaga, argumentando que había actuado sin haber recibido instrucciones de la Fiscal General y sin tampoco haber sido asignada a casos de flagrancia.

Arteaga se encuentra detenido en un destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas. Romero, quien pudo ver a Arteaga el 3 de agosto, dijo que vestía la misma ropa que el día de su detención y que los puntos que tenía en la boca y el rostro parecían estar algo infectados.

Los familiares de Arteaga no lo han visto desde su detención, dijo Romero a Human Rights Watch.

Arteaga, que ya había sufrido abusos cometidos por lan Guardia Nacional, sigue siendo un símbolo del ejercicio pacífico de la protesta en Venezuela. 

 

Denuncias de fraude electoral

El 2 de agosto, Smartmatic, una compañía privada que ha proporcionado la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004, emitió un pronunciamiento denunciando que “el anuncio de la data de participación” de la elección de miembros a la Asamblea Constituyente el pasado 30 de julio “fue manipulado”. La compañía, que sostuvo que “ha respaldado todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004 al 2015, independientemente del partido político que haya ganado”, estimó que esta vez “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

El pronunciamiento completo está disponible aquí.

El naufragio del regimen bolivariano

En la medida que los que aún permanecen en el poder entiendan que una transición pacífica para el retorno a la democracia les va a convenir más que la senda destructiva que ha emprendido Maduro y compañía, cada vez más personas saltarán por la borda mientras el barco bolivariano se sigue hundiendo, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un op-ed publicado hoy por El Mundo.

 

Venezuela implosiona. Estos ciudadanos tuvieron que huir desesperados.

Una nueva diáspora se extiende por Sudamérica, impulsada por el hambre y la persecución, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy por el Washington Post.

López y Ledezma, detenidos

El 1 de agosto, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se llevaron a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, dos líderes opositores que se encontraban bajo arresto domiciliario, de sus casas en la mitad de la noche. Ambos hombres habían criticado abiertamente al gobierno y sus medidas recientes, incluyendo el voto para elegir miembros de la Asamblea Constituyente—López lo hizo por Twitter, mientras que Ledezma publicó un vídeo que fue ampliamente compartido por las redes sociales.

Elías Jaua, un político del partido de gobierno que será un miembro de la Asamblea Constituyente, dijo en televisión que López y Ledezma habían violado las condiciones para su arresto domiciliario, que incluían la “restricción de declaración política” y la “transmisión de mensajes… que llaman al desconocimiento de las instituciones”. Un pronunciamiento publicado posteriormente por el Tribunal Supremo de Justicia confirmó que López no tenía permitido “realizar ningún tipo de proselitismo político” y Ledezma tenía la “obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y agregó que fuentes de “inteligencia oficial” habían informado que ambos tenían “un plan de fuga”.

Sus familias no tuvieron información sobre su paradero por varias horas. Tanto Lópéz como Ledezma se encontrarían detenidos en la prisión militar de Ramo Verde.

Aquí están los videos que muestran el momento en que están siendo llevados: 
 

La Farsa de Asamblea Constituyente

Venezuela y sus vecinos de la región han llegado a un punto de inflexión. América Latina debería demostrar al mundo que no tolerará que haya una dictadura flagrante con la capacidad y la voluntad necesarias para cometer abusos generalizados contra su población y, a la vez, atentar contra los principios democráticos más fundamentales, que a la región tanto le costó construir, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy sobre la votación de miembros de la Asamblea Constituyente propuesta por el Presidente Maduro. 
 

Manifestante herido durante protestas en Caracas, Venezuela contra la Asamblea Constituyente propuesta por el Presidente Nicolás Maduro, 30 de julio de 2017. 

© Francisco Bruzco 2017

Detención de un abogado defensor

El 22 de julio, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Ángel Zerpa, un abogado penal y profesor universitario, mientras viajaba en carro con su hermana en el estado Miranda, según reportó su familia. Zerpa defendió a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz en el caso que partidarios del gobierno iniciaron contra ella luego de que la fiscal criticara abiertamente al gobierno. Los partidarios del gobierno basaron su argumentación contra Luisa Ortega Díaz en alegaciones sobre que ella habría mentido sobre su participación en el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo de Justicia en 2015. Zerpa había sido recientemente nombrado por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, luego de que los legisladores determinaran que los actuales magistrados habían sido nombrados por partidarios del gobierno violando el procedimiento legal a fines de 2015, inmediatamente antes de que asumiera la mayoría opositora a la Asamblea. El Tribunal Supremo de Justicia ha rechazado esa determinación y ninguno de los jueces elegidos por la nueva Asamblea ha asumido en el tribunal.

Antes de la detención de Zerpa, el Presidente Nicolás Maduro dijo en televisión que “esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí, todos van a ir presos, uno por uno”. Un magistrado del Tribunal Supremo dijo que cualquier de los magistrados nuevo elegidos por la oposición que intentara asumir estaría cometiendo delitos incluyendo de traición a la patria.

Durante por lo menos 48 horas, su familia no supo donde se encontraba, su hija le dijo a la prensa. Representantes del Ministerio Pública solicitaron visitarlo en las instalaciones del SEBIN, donde dicen que se encuentra Zerpa, pero les negaron acceso. El presidente del Foro Penal Venezolano sostuvo que había recibido información de que Zerpa había sido encerrado en un baño lleno de heces fecales y sin alimentos.

El 24 de julio, Zerpa fue llevado ante un tribunal militar, donde sus abogados no pudieron ingresar, y fue acusado de traición a la patria, sostuvo el Foro Penal Venezolano. Zerpa fue enviado a instalaciones del SEBIN en Caracas, donde estaría en una huelga de hambre. El 26 de julio, el Ministerio Público presentó un amparo ante una corte marcial solicitando que su caso sea transferido a la justicia ordinaria.

Ningún familiar ni abogado ha podido verlo desde su detención, un miembro de su familia le dijo a Human Rights Watch.

 

Por qué nos oponemos a la Asamblea Constituyente de Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene una copia de la constitución del país mientras habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Miraflores en Caracas, 30 de diciembre de 2014.

© 2014 Reuters

Si el presidente Nicolás Maduro avanza con las elecciones del 30 de julio para imponer una Asamblea Constituyente, habrá creado las condiciones para perpetuarse en el poder en detrimento de la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado en Semana.

Redadas policiales y militares

El 22 de julio, el Ministerio Público publicó un informe sobre sus investigaciones de denuncias de abusos cometidos durante redadas policiales y militares ocurridas entre julio de 2015 y marzo de 2017. Estas redadas, que ocurrieron en el marco de la llamada “Operación para la Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) que comenzó el julio de 2015, han llevado a denuncias generalizadas de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y otros abusos violentos, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, muchas veces acusados sin evidencia de tener vínculos con “paramilitares”. Un informe conjunto de Human Rights Watch y Provea sobre los abusos durante la OLP está disponible aquí.

El Ministerio Público informó que 505 personas habían fallecido a manos de funcionarios policiales y/o militares durante estos operativos. El informe incluye información detallada sobre 34 casos de ejecuciones extrajudiciales.

Un total de 1.074 funcionarios policiales y/o militares están siendo investigados por estos y otros delitos, incluyendo violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, trato cruel y destrucción de viviendas, según el informe. Más de 700 pertenecen al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y más de 200 pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana. Un total de 112 funcionarios policiales o militares ya han sido imputados.

Las protestas, a través del lente de una fotoperiodista

El 22 de julio, el New York Times publicó este artículo por la fotoperiodista Meredith Kohut, que describe su cobertura de las protestas durante las últimas semanas y lo que ha visto en la primera línea. También incluye algunas de sus magníficas fotografías, que deben ser vistas. 

Imágenes dejan en evidencia brutal represión

Human Rights Watch publicó hoy un informe multimedia que muestra la magnitud y brutalidad de la violenta represión de protestas cometida por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas en los últimos meses:
 

.

El informe de Almagro sobre Venezuela

El 19 de julio, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, publicó su tercer informe sobre la crisis venezolana. El informe describe medidas que socavaron la democracia venezolana, incluyendo sentencias del Tribunal Supremo de Justicia donde asumió los poderes de la Asamblea Nacional y determinó que apoyar la discusión en la OEA sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela podría constituir traición a la patria. También describe otras decisiones del Tribunal Supremo que validaron políticas abusivas del gobierno, incluyendo la de legitimar un estado de emergencia declarado por el presidente por más de un año, ataques a la fiscal general y la propuesta presidencial de convocar una Asamblea Constituyente.

Además, el informe describe la represión en las calles cometida por fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, que llevó a decenas de asesinatos, por lo menos cientos de heridos, miles de detenciones, y cientos de civiles procesados por tribunales militares. El informe sostiene que hay más de 400 presos políticos en Venezuela y acusa a las fuerzas de seguridad, incluyendo a los servicios de inteligencia, de torturar a detenidos. También describe la actual crisis humanitaria y su impacto en la vida y salud de los venezolanos, citando cifras oficiales que indican un aumento en los índices de mortalidad materna e infantil, así como de casos de malaria.

El informe concluye que “la alteración del orden constitucional y la desaparición de la democracia en Venezuela han desatado una espiral de caos y violencia institucional que crece día tras día”. Almagro insta a los miembros de la OEA a que colectivamente le exijan al gobierno de Venezuela que suspenda el proceso de Asamblea Constituyente; cese la represión, libere a los presos políticos e investigue a los responsables de abusos; organice elecciones libres y justas; autorice un canal humanitario; reestablezca el orden constitucional con separación de poderes y poderes independientes, incluyendo la legislatura, autoridades electorales y el Tribunal Supremo; y cree un mecanismo internacional para investigar denuncias de corrupción.

Los informes previos de Almagro sobre Venezuela están disponibles aquí y aquí.

 

Posibles sanciones de Estados Unidos a Venezuela

El 17 de julio, la Casa Blanca emitió un comunicado donde establece que “si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas”.

Reuters reportó que un alto funcionario del gobierno de Trump le dijo a periodistas que “todas las opciones” estaban sobre la mesa, incluyendo posibles medidas contra el sector petrolero de Venezuela, como por ejemplo prohibir su importación a Estados Unidos. Las sanciones podrían también estar dirigidas a altos mandos venezolanos, incluyendo al ministro de defensa, Vladimir Padrino López, y el poderoso político chavista Diosdado Cabello.

Una paliza brutal

El 13 de julio, Gianni Scovani, un hombre de 33 años que tiene síndrome de Asperger, fue brutalmente golpeado por miembros de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana mientras pasaba caminando por el estacionamiento de un centro comercial en el estado Anzoátegui. Una manifestación estaba siendo realizada cerca de allí. La golpiza fue grabada en vídeo:

Scovani fue inicialmente llevado a una instalación militar de la Guardia Nacional Bolivariana, donde se le negó acceso a su familia, abogados y tratamiento médico, según el Foro Penal Venezolano.

El 17 de julio, el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa que indica que un juez había solicitado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que detuvieran a cuatro oficiales de la policía y a cuatro sargentos involucrados en los hechos. Scovani fue eventualmente transferido a un hospital público, donde estaba recibiendo tratamiento médico, dijo la fiscal general.

Ese mismo día, el Defensor del Pueblo tuiteó una foto de Scovani en el hospital y sostuvo que los ocho hombres se encontraban detenidos, y su oficina había solicitado la libertad plena de Scovani.

El 19 de julio, la fiscal general sostuvo que ninguno de los ocho hombres había sido presentado ante el Ministerio Público, según reportes de prensa.

El “Plan de Justicia de Emergencia” de Maduro

El 18 de julio, el Presidente Maduro anunció que su gobierno implementaría un “Plan Especial de Justicia de Emergencia” llevado adelante por el Tribunal Supremo de Justicia, el sistema de justicia militar, los órganos policiales, y la “vice fiscal general”. La vice fiscal a la cual se refiere Maduro fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia del ejecutivo, después de que se negó a reconocer al vicefiscal general nombrado por la Fiscal Luisa Ortega Díaz con aprobación de la Asamblea Nacional, como lo requiere la constitución.  El propósito del plan, a ser implementado a partir del 19 de julio, es la “búsqueda y captura de todos estos conspiradores” a quienes se les impondrá un “castigo ejemplar”.

Detención de un activista

El 13 de julio, personas no identificadas detuvieron a Carlos Graffe, un activista de 31 años del partido de oposición Voluntad Popular. Graffe también colaboraba con organizaciones de derechos humanos y, desde hace una década, trabajaba en barrios populares en el estado de Carabobo. Fue detenido al salir de una reunión con profesionales de la salud en Valencia, según contó el padre de Graffe a Human Rights Watch. Algunos días antes de su detención, Graffe había participado activamente en la promoción del plebiscito extraoficial organizado por la oposición el 16 de julio.

En un video de su detención, filmado por alguien que pasó por el lugar justo en ese momento, Graffe grita que está siendo secuestrado y se lo ve cuando hombres vestidos de civil lo obligan a subir a una camioneta blanca. Se ve a otro hombre subiendo a un vehículo azul, que el padre de Graffe afirma que pertenece a su hijo. La familia no ha visto ese vehículo desde entonces.

Esa tarde, la Policía de Carabobo publicó un tweet diciendo que Graffe fue detenido por llevar explosivos y fuegos de artificio con clavos adheridos con cinta adhesiva.

Los familiares de Graffe recorrieron sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía de Carabobo ese mismo día, y en todos estos sitios les dijeron que Graffe no se encontraba retenido allí, explicó su padre.

En la mañana del 14 de julio, Graffe llamó a su padre y le dijo que se encontraba bien pero que no le permitían decirle dónde lo tenían recluido. Cuando Graffe pidió a su padre que le dijera a su equipo que debían continuar trabajando en los preparativos del plebiscito del 16 de julio, la comunicación se cortó, dijo su padre a Human Rights Watch.

A las 10:30 p.m., Graffe fue llevado ante un juez militar en una sala improvisada dentro del Comando Sur, un establecimiento de la Guardia Nacional Bolivariana en Ciudad Chávez, estado de Carabobo. A sus familiares no se les permitió ingresar. Sus abogados solamente pudieron ver a Graffe unos pocos minutos antes de la audiencia, contó su padre. El juez acusó a Graffe de “sustracción de materiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas” e “instigación a la rebelión” y dispuso su prisión preventiva en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas, según dijo a Human Rights Watch un abogado que estuvo presente en la audiencia. El juez se negó a autorizar su libertad o arresto domiciliario.

Cuando sus padres visitaron la sede del Comando Sur la mañana siguiente, les dijeron que tenían tiempo de irse y traerle el almuerzo a Graffe, que sería trasladado a Caracas durante la tarde. Cuando regresaron, Graffe ya había sido llevado, contó el padre a Human Rights Watch.

El 15 de julio, los padres de Graffe intentaron verlo en Ramo Verde. Los guardias permitieron que dejaran para él una colchoneta, agua potable, alimentos y ropa, pero no pudieron verlo. Ni sus familiares ni los abogados han visto a Graffe desde la audiencia.

Millones de venezolanos se pronuncian contra el gobierno

El 16 de julio, más de siete millones de venezolanos le hicieron saber a su gobierno y al mundo entero que rechazan rotundamente el plan del Presidente Nicolás Maduro de redactar una nueva constitución, y pidieron que se celebren elecciones inmediatamente. Las acciones de Maduro han sido ampliamente criticadas, incluso por muchos que consideran que se trata de una estrategia para posponer las elecciones presidenciales del año próximo, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy.

Detención de estudiantes universitarios

En las últimas semanas, miembros de las fuerzas de seguridad —que, en varias oportunidades, colaboran con grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”— detuvieron a decenas de estudiantes universitarios. La Ley de Universidades venezolana solamente permite que las fuerzas de seguridad ingresen en los recintos universitarios para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los tribunales. Además, en respuesta a protestas contra el gobierno en las cuales las universidades tuvieron una participación activa, miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a muchos estudiantes universitarios más.

El 16 de mayo, ocho motocicletas oficiales con miembros de la Guardia Nacional ingresaron en el recinto de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Puerto Ordaz, Guayana, y detuvieron a Nelson Nava, un estudiante, sin motivos claros. Posteriormente, detuvieron a Marcos Valverde, periodista y profesor universitario, fuera del recinto, cuando trató de mediar con los funcionarios. Según informes de la prensa, los dos hombres fueron llevados a los cuarteles de la Guardia Bolivariana Nacional.  Valverde dijo que fue liberado después de varias horas, mientras que Nava fue imputado por el delito de instigación pública, y se le otorgó libertad condicional.

Las autoridades de UCAB-Guayana señalaron que otros dos estudiantes fueron detenidos de manera arbitraria el 17 de mayo cuando se dirigían a la universidad, y fueron liberados varias horas después.

El 1 de junio, las fuerzas de seguridad emplearon la fuerza para dispersar una manifestación cerca del campus de UCAB-Guayana, según informes de prensa. Autoridades universitarias informaron sobre la detención de diez estudiantes. Los estudiantes fueron imputados por el delito de instigación a delinquir, y se les concedió libertad condicional el 4 de junio.

El 15 de junio, miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron a otros seis estudiantes durante una protesta pacífica contra el gobierno, según manifestaron autoridades de la universidad UCAB-Guayana. El 18 de junio, un juez ordenó la detención de estos estudiantes, junto con otros cinco detenidos ese día, pese a que el fiscal había solicitado que se les concediera la libertad condicional, señaló su abogado. Según un periódico local, sus familias no han podido visitarlos. Continúan detenidos.

El 22 de junio, miembros de los colectivos y de las fuerzas de seguridad—incluyendo de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la policía estatal—ingresaron en el Núcleo de Sucre de la Universidad del Oriente. Miembros de los colectivos destruyeron aulas y detuvieron a siete estudiantes, que fueron entregados a las fuerzas de seguridad, señalaron las autoridades universitarias. Se informó en medios de prensa que los estudiantes fueron imputados por delitos como instigación pública y daños violentos a la propiedad, y se les otorgó libertad condicional.  Una de las condiciones para su liberación fue la prohibición de participar en manifestaciones públicas. Según reportes de prensa, los colectivos habían anteriormente incursionado en los recintos de la UDO en Cumaná y en Ciudad Bolívar.

El 29 de junio, miembros de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a por lo menos 20 estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad Simón Bolívar, cuando estaban participando en una protesta contra el gobierno en Caracas. El caso cobró gran resonancia en Venezuela, y los estudiantes fueron presentados ante la justicia penal ordinaria. El Ministerio Público no presentó ningún cargo y el juez los dejó en libertad, afirmó un abogado del Foro Penal Venezolano que colaboró en su defensa.

A las 6 a.m. del 2 de julio, miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron en el campus de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), golpearon a estudiantes y a guardias de seguridad, y detuvieron a estudiantes sin que mediara una orden judicial de detención, señaló el rector de la universidad. Un tribunal militar imputó a un total de 27 detenidos por instigación a la rebelión y otros delitos durante una audiencia que se prolongó durante toda la noche y finalizó el 4 de julio a las 7 a. m. Los 22 hombres fueron enviados a la cárcel, y se dispuso el arresto domiciliario de las cinco mujeres. Según medios de prensa, a los familiares no se les permitió visitar a los detenidos.

La OACNUDH sobre la consulta pública del 16 de julio

El 14 de julio, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades venezolanas a garantizar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de los venezolanos durante la consulta pública del 16 de julio convocada por la Asamblea Nacional y otras organizaciones para expresar su opinión sobre la propuesta de Asamblea Constituyente del Presidente Nicolás Maduro, entre otros asuntos. La portavoz sostuvo que su oficina esperaba que “la consulta del domingo proceda pacíficamente y respetando plenamente los derechos humanos de todos”.

La portavoz también mencionó que al menos 92 personas habían fallecido y más de 1,500 resultaron heridas en el contexto de las manifestaciones. Instó al gobierno a asegurar que las fuerzas de seguridad no empleen fuerza excesiva contra los manifestantes y a terminar con la práctica de presentar a civiles ante tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. Dijo también que la oficina “llama a todas las partes en Venezuela a renunciar a la violencia” y condena los actos de violencia contra las fuerzas de seguridad.

También el 14 de julio, la Relatora Especial sobre la libertad de reunión pacífica y asociación expresó su preocupación ante el potencial de represión en la consulta popular del 16 de julio. La experta sostuvo que está “profundamente preocupada por el patrón de violencia mostrado en circunstancias similares por la policía y la Guardia Nacional que podría emplearse nuevamente en el contexto de esta consulta”. Dijo también que las autoridades venezolanas “no deben interferir con las manifestaciones pacíficas, y de hecho están obligadas a proteger activamente las asambleas”.

El ABC de la propuesta de Asamblea Constituyente de Maduro

El 1 de mayo, el Presidente Maduro anunció que convocaba por decreto a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución, y creó una comisión presidencial integrada por funcionarios del gobierno para determinar cómo se llevaría a cabo el proceso.

El 23 de mayo, Maduro dictó otro decreto en el cual establecía la composición de la Asamblea Constituyente. El decreto dispone que 364 de sus miembros serían elegidos como representantes de determinadas zonas del país (“representación territorial”), ocho representarían a comunidades indígenas y el resto serían elegidos en representación de ciertos grupos específicos (“representación sectorial”). Hay siete “sectores” que quedarían representados por este último grupo: pescadores y campesinos, personas con discapacidad, empresarios, pensionados, estudiantes, trabajadores y miembros de consejos comunales. Se elegiría, en total, a 174 representantes de estos sectores, según una decisión posterior del Consejo Nacional Electoral. El decreto también indica que la Asamblea Constituyente iniciará su labor 72 horas después de que se elija a sus miembros, y que estos se reunirán en el lugar donde tiene actualmente su sede la Asamblea Nacional. No establece reglas acerca de cómo funcionará ni impone límite alguno al tiempo que podrá demorar en redactar la nueva constitución.

El 31 de mayo, el Tribunal Supremo, que claudicó completamente en su función de contralor independiente del poder presidencial, avaló la propuesta de Maduro. Más tarde validó las normas para la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, y desestimó los recursos presentados contra el proceso por la Fiscal General Luisa Ortega, quien recientemente se ha convertido en una enérgica crítica del gobierno.

Ante duras críticas por la falta de participación popular en la decisión de redactar una nueva constitución, el 4 de junio Maduro publicó otro decreto por el cual “exhorta” a la Asamblea Constituyente a organizar un referéndum popular para aprobar la Constitución cuando esta sea finalizada.

Poco después, la presidenta del Consejo Nacional Electoral declaró que las elecciones para designar a los miembros de la Asamblea Constituyente se llevarán a cabo el 30 de julio.

Varios expertos en derecho constitucional venezolano han criticado la iniciativa de Maduro. Sostienen que la constitución actual (en su artículo 347) permite únicamente al pueblo venezolano decidir si desea convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Si bien la constitución prevé que el presidente y otras autoridades puedan proponer esta medida (artículo 348), los expertos coinciden en que tal propuesta debería ser sometida a aprobación popular antes de implementarse.

Quienes se oponen al plan de Maduro también han planteado varios otros aspectos preocupantes. Señalan que la “representación sectorial” refleja una selección esencialmente arbitraria de los grupos a representar. Sostienen, además, que el componente de “representación territorial”, al basarse en una cantidad preestablecida de representantes por municipio, con independencia de cuántas personas vivan en cada uno de ellos, asigna mayor preponderancia al voto de quienes viven en zonas rurales. Existe tradicionalmente más apoyo al gobierno de Maduro en zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas suele haber mayor oposición al gobierno.

Por último, los amplios poderes concedidos a la Asamblea Constituyente por un período indeterminado podrían preparar el terreno para otras medidas que van más allá de la redacción de un nuevo texto constitucional. De hecho, el poderoso político chavista Diosdado Cabello ya ha advertido que la Asamblea Constituyente podría allanar la inmunidad parlamentaria y destituir a la fiscal general. La Asamblea Constituyente también podría suspender por tiempo indeterminado las elecciones de gobernadores —que deberían haberse celebrado en 2016 y ahora están programadas para diciembre de 2017—, las elecciones de alcaldes—que deberían realizarse en 2017—, y la elección presidencial, que debería llevarse a cabo en 2018.

Según un sondeo reciente, aproximadamente el 85 % de los venezolanos se oponen a la propuesta de la Asamblea Constituyente, conforme indican informes de prensa. La oposición, que no participará en la Asamblea Constituyente propuesta, está organizando un acto no oficial para el 16 de julio, durante el cual ciudadanos venezolanos en Venezuela y en el exterior podrán votar de manera simbólica sobre la propuesta del gobierno.

El 11 de julio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que están organizando ferias electorales hasta el 22 de julio para otorgar información sobre el voto del 30 de julio para la Asamblea Constituyente, y llamó a que la gente participara en ellas específicamente el 16 de julio, según reportes de prensa. El mismo día, el partido de gobierno presentó un recurso judicial contra la iniciativa de la oposición de consulta popular del 16 de julio.

El 12 de julio, el Foro por la Vida, una red de organizaciones de derechos humanos venezolanas, emitió un pronunciamiento cuestionando las amenazas gubernamentales de despedir a funcionarios que participen en el voto del 16 de julio e instó a las autoridades venezolanas a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida, integridad física y otros derechos de aquellos venezolanos que decidan participar. 

A continuación, pueden acceder a un interesante artículo del experto en derecho constitucional Carlos Ayala acerca del proceso de la Asamblea Constituyente, como así también a una entrevista de radio que concedió sobre el tema:

Related Content

Leopoldo López está en casa pero la tiranía continúa

Imágenes de Leopoldo López cuando llegó a su casa. 8 de julio de 2017. 

© Francisco Bruzco 2017
El arresto domiciliario de López es una notable concesión del gobierno venezolano. Pero es, muy probablemente, un repliegue táctico hecho con la intención de apaciguar las críticas y bajar la presión interna e internacional. Ahora no es el momento de dejarse engañar y ser complacientes. Por el contrario, es indispensable más fiscalización y redoblar la presión para garantizar que López y Venezuela sean finalmente libres, dijo José Miguel Vivanco en un artículo publicado por el New York Times en Español.

Arresto domiciliario para líder opositor Leopoldo López

El 8 de julio de 2017, Venezuela autorizó la salida del líder opositor Leopoldo López de prisión y lo envió a su casa bajo arresto domiciliario. 

“La liberación de Leopoldo López es una notable capitulación del gobierno venezolano, el cual hace pocos días permitió que matones armados atacaran la Asamblea Nacional y golpearan a legisladores a plena luz del día. Es un signo de que las protestas de calle masivas – junto con los pronunciamientos de líderes democráticos latinoamericanos para que cese la represión – están teniendo un impacto. Pero que nadie se equivoque: Leopoldo López no está libre. Se encuentra bajo arresto domiciliario y cientos de otros presos políticos siguen detrás de las rejas. Líderes a nivel global deben aumentar la presión para que se libere incondicionalmente a todos los presos políticos y se reestablezca el orden democrático en Venezuela.”

José Miguel Vivanco, director para las Américas, Human Rights Watch

 

Imágenes del ataque a la Asamblea Nacional

El 5 de julio, grupos partidarios del gobierno entraron por la fuerza a la Asamblea Nacional, sin ninguna resistencia aparente de las fuerzas de seguridad, reportaron el Washington Post y otros medios de prensa. El ataque dejó al menos 15 personas heridas, incluyendo un diputado que requirió atención médica por tener costillas rotas y una herida en la cabeza. Los atacantes patearon y golpearon a los legisladores y atacaron y robaron equipos de periodistas dentro de la Asamblea Nacional, según el artículo.

El ataque fue repudiado por muchos líderes extranjeros, incluyendo el presidente colombiano y las cancillerías de México y Perú.

Para un artículo en español sobre este ataque, ver aquí la cobertura de Reuters.

Aquí hay algunas imágenes de los ataques:

Ataques a la libertad de expresión

El 6 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia sobre violaciones a la libertad de expresión. La organización no gubernamental Espacio Público, que se dedica a monitorear la libre expresión en el país, resaltó intentos para limitar la cobertura crítica del gobierno, incluyendo actos de intimidación y abusos físicos contra periodistas que cubren las manifestaciones y restricciones excesivas para que periodistas extranjeros cubran la situación en Venezuela. Para más información y resúmenes de casos sobre periodistas, medios, y defensores de derechos humanos, ver este informe de IPYS, que fue presentado durante la audiencia.

En la audiencia, el representante del gobierno reconoció que 800 páginas web habían sido bloqueadas y que “hay excesos de fuerzas policiales contra periodistas”, dijo Espacio Público.

Aquí hay algunos ejemplos de abusos contra periodistas:

El 31 de marzo, más de 10 miembros de la Guardia Nacional intentaron impedir que Elyangélica González, una periodista que trabaja con Univisión, Primer Impacto y Radio Caracol, cubriera una manifestación estudiantil fuera del Tribunal Supremo de Justicia. Los agentes la golpearon, la arrastraron por varios metros y le tiraron del cabello, dijo González. Cuando preguntó porqué la estaban deteniendo, una oficial respondió: “porque me da la gana”. También dañaron sus equipos de trabajo y celulares. Los abusos fueron filmados. La retuvieron media hora y luego la dejaron ir.

El 24 de mayo, miembros de la Guardia Nacional aparecieron en motocicletas en la zona donde se encontraba un grupo de periodistas, incluyendo a Manrique. Había al menos cinco periodistas detrás de un paredón para protegerse, y otros siete del otro lado de la acera. Todos tenían sus identificaciones de periodistas y tenían un chaleco que decía “prensa”, dijo Manrique. Los agentes de seguridad voltearon hacia ellos y dispararon bombas lacrimógenas directamente hacia los periodistas, quienes estaban filmando los incidentes, y una de las bombas golpeó a Manrique en el pecho, según relató. La protegió el chaleco, donde rebotó la bomba, y le quemó el codo, según Manrique. Otra bomba lacrimógena golpeó a un periodista en los testículos, según contó. Voluntarios de la Cruz Verde, quienes dan atención médica de emergencia durante las protestas, asistieron a Marique allí mismo, y ella continuó trabajando.

El 15 de junio, Daniella Zambrano, una periodista que trabaja para el canal internacional de noticias NTN24, fue detenida con su camarógrafo y otro camarógrafo del canal internacional Telemundo en una estación de metro de Caracas. Los periodistas estaban cubriendo una manifestación contra la propuesta del Presidente Maduro de convocar una Asamblea Constituyente. Un trabajador del metro le dijo a Zambrano que no tenía autorización para cubrir la protesta y les prohibió salir de la estación de metro hasta que llegaran los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Los agentes de inteligencia le pidieron su nombre, número de documento y de teléfono, y su cuenta de Twitter, dijo Zambrano. Los periodistas dijeron que fueron retenidos por casi dos horas, y solo los liberaron después de que se borrara el material que tenían.

Irrumpiendo en Los Verdes

El 13 de junio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro ingresaron en un complejo residencial en Caracas conocido como “Los Verdes”, horas después de que muchos residentes participaran en protestas contra el gobierno. 

Una residente le dijo a Human Rights Watch que quienes entraron en su casa estaban armados, tenían sus caras tapadas con pasamontañas negros y no tenían ninguna insignia que los identificara. La residente dijo que no tenían orden judicial de allanamiento y que le dijeron que si colaboraba, “no habría violencia”. Otra residente le dijo al sitio de noticias Crónica Uno que un grupo de 10 hombres armados—dos de ellos con el rostro cubierto—entraron a su casa, la acusaron de colaborar con “terroristas”, y le dispararon a su perro en el ojo cuando comenzó a ladrar. Otros les dijeron a medios venezolanos, en entrevistas grabadas en vídeo, que agentes de seguridad destrozaron carros, entraron a hogares sin orden judicial, se robaron el CPU y la grabación de las cámaras de seguridad en las oficinas del edificio, y detuvieron a varias personas, incluyendo al menos algunas que, según los residentes, ni siquiera habían participado en las protestas. Algunos residentes grabaron en vídeo el momento en el cual un convoy militar ingresó al complejo residencial y sacaron fotos de autos y puertas rotas, según reportes de prensa.

Esa noche, el ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, dijo en Twitter que 23 “terroristas” habían sido detenidos durante la operación.

Dos días más tarde, el Ministerio Público emitió un comunicado de prensa indicando que estaba investigando los hechos, y que habían encontrado en el complejo bombas lacrimógenas, cartuchos de escopeta y esferas metálicas. El 28 de junio, el Ministerio Público solicitó a un tribunal penal en Caracas que emitiera medidas de protección a favor de los residentes de Los Verdes.

 

Militares detenidos

Al menos 123 miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, incluyendo oficiales y miembros de bajo rango de la Armada, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, han sido detenidos desde que comenzaron las protestas a comienzos de abril, según un artículo de Reuters del 6 de julio, que se basa en acceso obtenido a información oficial. Al menos 30 militares fueron detenidos por deserción o abandono de sus puestos, casi 40 por rebelión, traición a la patria o insubordinación, y la mayoría de los restantes por robo. Los detenidos se encuentran en tres prisiones diferentes; la mayoría está detenida en la prisión militar de Ramo Verde en las afueras de Caracas, según Reuters.

Diputado opositor detenido

Alrededor de las 3 de la tarde del 2 de mayo, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Wilmer Azuaje, un legislador de oposición de 40 años de edad, junto con uno de sus asesores, mientras manejaban por Barinas, estado de Barinas. Los agentes obligaron a Azuaje a salir del carro, lo esposaron, y lo llevaron a las oficinas del SEBIN en Barinas, según relató su madre en documentos presentados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo días después. Los agentes no contaban con ninguna orden judicial, según los documentos.

La madre esperó por horas fuera del SEBIN en Barinas y nunca recibió confirmación de que su hijo estaba allí. Aproximadamente a las 3:30 de la mañana del 3 de mayo, vio como una van salía del SEBIN y se dirigió al aeropuerto, donde vio que los agentes obligaron a Azuaje y a su asesor a salir del vehículo, los golpearon y patearon brutalmente, y los hicieron subir a un avión que decía “FANB,” las siglas de las Fuerzas Armadas Venezolanas, dijo la madre.

La familia se enteró luego que Azuaje se encontraba en el SEBIN Helicoide en Caracas gracias a información que les dio un familiar de otro preso detenido allí, le dijo el cuñado de Azuaje a Human Rights Watch. Cuarenta y cinco días después de su detención, se filtró un video de Azuaje al público, donde él mismo confirma que se encuentra allí.

Ningún familiar ni abogado ha podido ver a Azuaje desde su detención, y tampoco ha sido llevado ante ningún juez. La familia de Azuaje presentó una solicitud de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero no han recibido ninguna respuesta, dijo el cuñado. La esposa de Azuaje ha acudido en repetidas oportunidades ante las autoridades sin obtener ningún resultado.

El 25 de junio, Azuaje comenzó una huelga de hambre para protestar los abusos que está sufriendo. Otros 14 detenidos en el Helicoide, quienes sostienen que tienen boletas de excarcelación pero los agentes de inteligencia se rehúsan a cumplir con ellas, también se encuentran en huelga de hambre.

 

Detención de un experto electoral

En la noche del 22 de junio, un grupo de más de 30 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) ingresaron a la vivienda de Aristides Moreno, donde miembros de la oposición solían reunirse, sin una orden judicial, denunció en Twitter la líder opositora María Corina Machado después de haber presenciado los hechos. Los agentes detuvieron a Moreno junto con otras personas que estaban con él en ese momento, incluyendo a Roberto Picon, un ingeniero que por años ha sido consultor de la oposición en temas electorales, dijo Machado. En febrero fue designado coordinador del equipo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática.

El 25 de junio, el Presidente Nicolás Maduro dijo en televisión que días antes las fuerzas de seguridad habían incautado dos servidores que se estaban utilizando para un “proceso de hackeo, intervención y sabotaje” de todo el sistema informático que garantiza el sistema electoral venezolano. Acusó a Picon, quien dijo que era una persona “muy íntima y cercana” del líder opositor Henrique Capriles Radonski, de dirigir este proceso de hackeo. El canal oficial de televisión, Venezolana de Televisión, reportó que cinco personas habían sido detenidas y estaban “colaborando en la investigación”.

El 26 de junio, Picón fue llevado ante un tribunal militar y un fiscal militar lo acusó de rebelión, traición a la patria, y “sustracción de objetos militares”, según una fuente allegada a la familia y reportes de prensa. Picón se encuentra detenido en instalaciones del SEBIN en Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia vs la Fiscal General

El 27 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias que menoscaban las facultades de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. La primera le otorga a la Defensoría del Pueblo, que no ha actuado en contra del gobierno, poderes para participar en las investigaciones penales. La segunda destituye al vice Fiscal General, quien había sido recientemente nombrado por Ortega.

La fiscal general respondió acusando al TSJ de violar la Constitución y sosteniendo que en Venezuela “hay terrorismo de Estado, pues en el país las manifestaciones son reprimidas cruelmente, se enjuician a civiles en justicia militar, ocurren allanamientos sin orden judicial y no se da acceso a las pruebas que hay contra personas por presuntamente incurrir en un delito”. Sostuvo, también, que “el derecho a participar y a elegir han sido conculcados por el gobierno”.

El 28 de junio, el TSJ emitió medidas cautelares prohibiéndole a Ortega salir del país y congelándole sus bienes y cuentas bancarias. Las medidas fueron emitidas a solicitud de un legislador oficialista en el marco de una investigación “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”. La audiencia pública del antejuicio de mérito para evaluar si el caso penal contra Ortega procede se llevará a cabo el 4 de julio. 

Feliz día del periodista

Así es como algunos venezolanos conmemoraron el día del periodista en Caracas:

Todas las fotografías fueron tomadas durante una manifestación en Caracas el 27 de junio. © 2017 Francisco Bruzco.

Todas las fotografías fueron tomadas durante una manifestación en Caracas el 27 de junio. © 2017 Francisco Bruzco.

Abusos sufridos por detenidos

El 24 de junio, el Washington Post publicó un artículo sobre graves abusos sufridos por personas detenidas en Venezuela. Los casos incluyen la persecución penal de civiles por tribunales militares, y denuncias de amenazas de muerte, arrestos arbitrarios de transeúntes, golpizas y algunas veces otros maltratos físicos y abusos sexuales, y de haber obligado a los detenidos a comer pasta con excremento. Las denuncias de maltratos se han “multiplicado”, dice el artículo, citando a organizaciones de derechos humanos.

Disparos a quemarropa

El 22 de junio, un militar venezolano disparó contra un manifestante, David Jose Valenilla, de 22 años, a través de la reja de una base aérea en Caracas, elevando el número de muertos en las protestas a por lo menos 76, reportó Reuters. El momento del disparo fue grabado por VivoPlay, un medio de noticias en línea:

Valenilla sufrió heridas en los pulmones y en el corazón, un doctor que lo atendió le dijo a Reuters, y el Ministerio Público confirmó que recibió tres disparos. Un legislador de oposición denunció que el militar disparó perdigones de goma a quemarropa hacia Valenilla. Reuters citó al ministro del interior diciendo que el oficial había “usado un arma no autorizada para repeler el ataque” y que enfrentaría un proceso legal.

Inmigración venezolana a la Argentina

Desde 2014, la cantidad de venezolanos que inmigró legalmente a la Argentina se ha duplicado cada año, y alcanzó un total de 35.600 personas en mayo de 2017, según informaron autoridades inmigratorias argentinas a Human Rights Watch.

En 2014, 2.600 venezolanos obtuvieron autorización para permanecer en Argentina. En 2015, la cifra fue de 5.800 personas; en 2016, de 12.800; y entre enero y mayo de 2017, de 14.400. Las autoridades inmigratorias indicaron a Human Rights Watch que había más venezolanos en el país, incluyendo a aquellas personas que todavía no han presentado su documentación y otras que ya han iniciado el proceso pero no cuentan con todos los documentos necesarios para solicitar sus permisos de residencia legal. Varios venezolanos dijeron a Human Rights Watch que se ha tornado sumamente difícil lograr que la Cancillería de su país legalice (mediante apostilla) documentos venezolanos, un requisito que exigen las autoridades argentinas.

A continuación se presentan algunos testimonios recogidos por Human Rights Watch de ciudadanos venezolanos que huyeron de la crisis venezolana y ahora viven en Buenos Aires:

Gabriel Betancourt

Gabriel Betancourt, de 23 años, se graduó hace poco de abogado y es activista del partido opositor Voluntad Popular. En Venezuela, se desempeñaba como coordinador de redes populares en Caracas, distribuía medicamentos a personas que los necesitaban, y colaboraba en la organización de manifestaciones contra el gobierno. En mayo de 2016, por primera vez, otra activista le agradeció públicamente por su labor. Hasta ese momento, Betancourt había mantenido un perfil muy bajo. Betancourt dijo que, a partir de entonces, comenzó a recibir mensajes de texto con amenazas, advirtiéndole que “tuviese cuidado”.

Al mes siguiente, cuando estaba en una manifestación contra el gobierno cerca de su domicilio, intentó evitar que miembros de la Guardia Nacional detuvieran a un conocido. En ese momento, los agentes lo esposaron y lo subieron a empujones a un vehículo oficial. Le apuntaron a la cabeza con un arma mientras lo amenazaron de muerte, intentaron ahorcarlo y le atravesaron un dedo con un clavo. Los agentes le dijeron “ya vas a ver lo que es bueno”, afirmó Betancourt. Luego Betancourt fue llevado hasta una zona donde la mayoría de los residentes apoyan al gobierno, y una vez allí, según dijo, el vehículo se detuvo frente a un supermercado y escuchó que quienes estaban presente gritaban: “¡Que lo maten!”.

Betancourt fue trasladado a una antigua dependencia policial desde donde, según manifestó, operaban miembros de un grupo armado partidario del gobierno. Al llegar, miembros de la Guardia Nacional lo hicieron bajar del vehículo de una patada en la espalda y lo obligaron a entrar en una habitación donde, en lo que parecía ser una jaula, había otros tres hombres encerrados, afirmó. Los oficiales preguntaron a los tres hombres si eran chavistas, y luego les dijeron, “¡Aquí les traemos un escuálido!”, empleando un término peyorativo con que se alude a miembros de la oposición. Miembros de la Guardia Nacional arrebataron a Betancourt sus pertenencias, incluyendo su reloj y su billetera, lo obligaron a arrodillarse sobre la orina y los excrementos que cubrían el piso y le propinaron reiterados golpes. Miembros del grupo armado partidario del gobierno presenciaron los abusos y lo amenazaron con sus armas, señaló Betancourt.

Betancourt fue nuevamente obligado a subir a un vehículo oficial, donde un agente siguió golpeándolo con un palo. Integrantes de la Guardia Nacional lo condujeron nuevamente hasta el lugar donde se había llevado a cabo la manifestación y lo soltaron. Betancourt dijo que se dirigió a su casa lo más rápido que pudo y luego acudió a consultar a un médico. Dos informes médicos a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch, incluido un documento oficial del Ministerio Público de Venezuela, confirmaron que presentaba lesiones en el cuello, los brazos, las muñecas y el tobillo derecho. El informe médico oficial también menciona una lesión en un dedo.

Ese mismo día, Betancourt presentó una denuncia en la cual solicitó que el Ministerio Público investigara el incidente, según consta en documentación consultada por Human Rights Watch. En Buenos Aires, varios meses después, Betancourt dijo a Human Rights Watch que no sabía qué había ocurrido con la investigación y no se animaba a que alguien preguntara en qué estado se encontraba.

Betancourt contó que se escondió durante un tiempo y luego decidió irse del país, tras un incidente en el cual sintió que lo estaban siguiendo y después de que su madre recibiera amenazas de muerte. Llegó a Buenos Aires en agosto, gracias a una amiga que pagó su pasaje y le ofreció un lugar donde quedarse.

Betancourt vive con su novia, Giovanna Battista, de 23 años, que se graduó recientemente en relaciones internacionales y se mudó a Buenos Aires en diciembre en busca de trabajo en su área de experticia. 

Anacelis Alfaro

Anacelis Alfaro, de 51 años, es activista del partido opositor Voluntad Popular y en Venezuela se dedicaba a la organización de eventos para una universidad privada en el estado de Lara. En diciembre de 2016, Alfaro pronunció un discurso en el cual destacó el rol de la mujer en la política, mencionó el encarcelamiento del político opositor Leopoldo López e instó a mantener la esperanza en períodos difíciles. Pocos días después, mientras se encontraba fuera de la ciudad, se presentaron policías en su vivienda exhibiendo una orden para buscar “carteles y pancartas” y “cualquier otra evidencia de interés criminalístico”. La orden no especificaba cuál era el delito que se habría cometido. Una vecina le avisó que esto había sucedido, un amigo fue a buscar su pasaporte a su casa y, después de pasar una semana escondiéndose, Alfaro pudo viajar en avión a Buenos Aires. Allí, tras algunos meses dedicados a regularizar su situación migratoria y buscar empleo, ahora trabaja en la cocina de un restorán de comida rápida. “Me sentí una cobarde”, dijo Alfaro, sin poder evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas al recordar su exilio. Pero añadió, “no quería estar presa, porque presa no serviría de nada”.

Napoleón Lazardi

Napoleón Lazardi, un economista de 27 años que es además activista de oposición, dijo que se fue de Caracas en mayo de 2017, cuando comenzó a recibir amenazas de muerte después de haber publicado cartas abiertas al Secretario General de la OEA Luis Almagro y a la Fuerza Armada de Venezuela, en las cuales expresó críticas sobre la situación en el país. Lazardi indicó que fue incluido en una lista gubernamental de opositores a quienes se prohibía comprar pasajes de la línea aérea Conviasa, de propiedad del gobierno. Lazardi salió de su país con USD 100, y viajó en autobús durante nueve días para llegar a Buenos Aires, donde vive actualmente gracias a la hospitalidad de algunos amigos, mientras busca trabajo.

Jorge Pérez (seudónimo), un profesor universitario retirado que había también trabajado en el Consejo Nacional Electoral, se mudó a Buenos Aires en octubre de 2016, para acompañar a su hija de 20 años que decidió huir de la inseguridad y de la perspectiva de no poder ganar dinero suficiente para cubrir sus gastos una vez que terminara sus estudios universitarios. Pérez dijo que, en Venezuela, tenía que pasar horas haciendo cola para comprar alimentos, que no siempre conseguía, y que debió cambiar la dosis de sus medicamentos para la hipertensión, pues a menudo no encontraba el que necesitaba. Pérez, su esposa y su hija han obtenido su residencia en Argentina, a pesar de las demoras sufridas por la dificultad de que el gobierno de Venezuela proporcione toda la documentación necesaria. En la actualidad, Pérez dicta clases en Buenos Aires, y su hija está estudiando ciencias de la comunicación en una universidad y trabajando en un salón de belleza. 

Pacientes con VIH

El 21 de junio, The Globe and Mail publicó este conmovedor artículo sobre el impacto devastador de la crisis de salud en pacientes con VIH. A pesar de que Venezuela solía ser un modelo a seguir—con disponibilidad de un tratamiento público y gratuito desde 1999—, hoy no existen pruebas de VIH disponibles en el sistema público de salud, los pacientes están transmitiendo el virus a sus parejas sexuales debido a la limitada cantidad de preservativos existente, y mujeres embarazadas se lo están transmitiendo a sus bebés, según el artículo. Además, el programa nacional tiene una limitada cantidad de medicinas disponibles para tratar a los pacientes, “lo cual significa que las personas viviendo con el virus no solo no están siendo tratadas, sino que están desarrollando resistencia a tipos de VIH”. The Globe and Mail también reportó que los hospitales enfrentan escasez de “los medicamentos más básicos para tratar las infecciones que afectan generalizadamente a los pacientes que no tienen acceso a los antirretrovirales”. La consecuencia, según el periódico, es que para cuando se empiece a resolver la crisis, “miles de personas habrán muerto innecesariamente, y este país tendrá nuevamente una epidemia fuera de control, como la que tuvo hace 30 años”.

Información sobre seguridad para periodistas del CPJ

El 15 de junio, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó información sobre los riesgos que enfrentan los periodistas al cubrir las manifestaciones en Venezuela. Para información actualizada y medidas de seguridad para periodistas locales y extranjeros que cubren las protestas, ejemplos recientes de ataques y hostigamiento contra periodistas, y un listado de centros de atención médica en caso de emergencia, haga click aquí.

Cómo evitar un baño de sangre en Venezuela

Dado que el Presidente Nicolás Maduro parece estar decidido a permanecer en el poder a toda costa, la posibilidad de que haya una transición pacífica dependerá de cuán lejos estén dispuestos a ir los miembros de las fuerzas de seguridad para mantenerlo en el poder, dijeron José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson en un artículo publicado por  Foreign Policy.

El artículo fue posteriormente publicado también en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Perú y Venezuela

 

Cancún, la OEA y la Fiscal General

El 19 de junio a las 14 hs (hora de Washington, DC), la OEA llevará a cabo una reunión de cancilleres con el propósito de reanudar la discusión sobre la situación en Venezuela que se inició en una reunión anterior de cancilleres el 31 de mayo. La transmisión en vivo de la reunión estará disponible aquí.

Dada la relevancia del papel de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, y el grado de exposición en que se encuentra, la comunidad regional debería reconocer que la fiscal general es una interlocutora válida, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por Caracas Chronicles. En ese sentido, los Estados miembros de la OEA reunidos en Cancún durante la próxima Asamblea General de la OEA deberían solicitarle a la fiscal general que presente un informe oficial a la OEA con información sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios al gobierno que constituyen violaciones de derechos humanos, la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia, y la improcedencia del proyecto de Asamblea Constituyente promovido por el actual gobierno, sostiene el artículo

Responsabilidad de los altos mandos en los abusos

Altos mandos venezolanos deben responder por violaciones de derechos humanos generalizadas y graves cometidas por sus subordinados, señaló hoy Human Rights Watch. Como mínimo, tienen la obligación jurídica de prevenir y sancionar violaciones de derechos fundamentales cometidas por sus agentes, señaló Human Rights Watch.

Funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en abusos generalizados y del juzgamiento de civiles en la justicia militar incluyen a los siguientes: el Mayor General Benavides Torres, a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana; el General en Jefe Padrino López, ministro de Defensa y Comandante Estratégico Operacional; el Mayor General Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; el General Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana; el Mayor General Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; y la Capitana Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar. 

Las ONGs venezolanas piden ayuda a sus pares

El 12 de junio, 61 organizaciones de la sociedad civil venezolana publicaron un comunicado solicitándole a sus pares en la región que se pronuncien sobre los abusos del gobierno venezolano y sus intentos por socavar la democracia en el país. Las organizaciones firmantes sostienen que apoyan el diálogo pero instan a las organizaciones de la región que aboguen por una “negociación seria, con plazos, agenda y garantías, que sirva para construir una salida pacífica y democrática a la crisis, en el marco de la Constitución Bolivariana de 1999.” La propuesta del gobierno de Maduro de llamar a una Asamblea Constituyente constituye una “amenaza de la disolución de la República,” según las organizaciones. Piden que se publique un cronograma electoral y mecanismos que permitan adelantar los comicios presidenciales, la liberación de presos políticos y el fin de las inhabilitaciones políticas, el respeto a la Constitución y la Asamblea Nacional, el establecimiento de un canal humanitario para mitigar la escasez de medicinas y comida, y que se desarmen las “bandas paramilitares que actúan bajo las órdenes del Gobierno.”

El pronunciamiento completo se encuentra disponible aquí:

The Economist sobre el Papa

El Papa Francisco saluda a su llegada a la plaza de San Pedro del Vaticano para presidir la audiencia general de los miércoles, 15 de marzo de 2017.

© Reuters 2017

El 11 de junio, The Economist publicó este artículo sobre el rol de la Iglesia Católica en la crisis venezolana. El artículo sostiene que obispos venezolanos, algunos de los cuales se reunieron con el Papa Francisco el 8 de junio, han expresado constantemente su preocupación sobre los abusos y la erosión de garantías democráticas en el país. Sin embargo, el Papa ha adoptado una posición que para muchos venezolanos parece ser más suave, según The Economist. La revista también sostiene que el Papa tiene ahora una oportunidad única para mostrarle al mundo que puede escuchar a los prelados y comenzar a enviar mensajes duros al Presidente Maduro.

Aquí hay un artículo en español sobre la reunión, publicado por Infobae.

Hostigamiento contra defensores de derechos humanos

El 7 de junio, el influyente político chavista Diosdado Cabello dijo en su programa semanal de televisión que defensores de derechos humanos que viajaron a Ginebra para participar de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU eran parte de “ONGs tarifadas” que “quieren desprestigiar la Revolución ante la ONU.” Específicamente mencionó a algunos respetados defensores de derechos humanos, a quienes llamó “cabecillas” de la MUD, la organización que agrupa a partidos políticos de la oposición. Los acusó de participar en una “sesión paralela” para presentar “informes amañados” que critican la propuesta del Presidente Nicolás Maduro para adoptar una nueva Constitución y la represión contra manifestantes.

El 6 de junio, tres defensores de derechos humanos venezolanos participaron junto con Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU y Edison Lanza, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en un evento paralelo a las sesiones sobre la crisis venezolana. Después del evento, dos miembros de la Misión de Venezuela ante la ONU los amenazaron con recomendarle al gobierno venezolano que les quitaran sus pasaportes al regresar a Venezuela. En semanas recientes, el gobierno le ha confiscado su pasaporte a un líder opositor y a periodistas venezolanos cuando intentaban salir del país.

Aquí se encuentra disponible un pronunciamiento de ONGs venezolanas sobre este incidente:

Encarcelado por tuitear

El 28 de abril, a las 5:30 p.m., un grupo de hombres que no vestían uniformes, pero se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se presentaron en la vivienda de Dan Zambrano en Cagua, estado de Aragua, según contó a Human Rights Watch su esposa, Belkys Martínez. Los agentes le dijeron a Zambrano, de 34 años, que tenían órdenes de llevárselo para interrogarlo en Maracay, la capital del estado. Antes de ser llevado en un vehículo, Zambrano alcanzó a mandar a su esposa un mensaje de Facebook avisándole que estaba siendo trasladado para ser interrogado, y envió un tuit indicando que agentes de la DGCIM lo estaban conduciendo a la sede central en Aragua. 

Dan Zambrano

Martínez acudió a todas las dependencias donde creía que podía estar retenido Zambrano, incluidos cuarteles militares, y también sedes de los servicios de inteligencia, el CICIP y la Policía Nacional Bolivariana. En todos lados, los funcionarios le dijeron que no habían detenido a nadie ese día y que Zambrano no estaba allí, según afirmó.

A las 8 p.m. del día siguiente, Zambrano llamó a Martínez, le dijo que estaba detenido en la sede de la DGCIM en Caracas y le pidió que le llevara ropa y artículos personales. Desde entonces, se ha permitido a Zambrano llamar a su esposa casi a diario, y si bien dice que no sufrió maltratos, no se ha autorizado que ningún familiar ni abogado vea a Zambrano desde la detención, informó Martínez a Human Rights Watch.

En una de las llamadas, Zambrano contó a su esposa que, durante el interrogatorio, funcionarios de la DGCIM dijeron que había sido detenido por publicar tuits contra el gobierno, y que “debería reflexionar y pensar muy bien antes de escribir”. Los funcionarios presuntamente mencionaron una respuesta que Zambrano publicó a un tuit del hijo del Presidente Nicolás Maduro, en el cual Zambrano dijo: “¡Malparido infeliz! Aprovecha lo que te queda porque lo que nos robó tu mierda de revolución a todos los venezolanos, nos la van a pagar!”. También le habrían hecho notar los mensajes retuiteados por Zambrano, que incluyen, por ejemplo, caricaturas que ridiculizan a una “milicia digital” funcional al gobierno, videos en los cuales supuestamente se ven miembros de la Policía Nacional Bolivariana robando a civiles, y tuits con videos donde se acusa a grupos armados partidarios del gobierno de emplear fuerza excesiva contra manifestantes. Al momento de su detención, Zambrano tenía 300 seguidores, mientras que ahora esa cifra aumentó a más de 3.400.

Martínez señala que, desde el 4 de mayo, nadie ha interrogado a Zambrano. Pasa los días en una celda en la sede de la DGCIM en Caracas, y no se le ha permitido ver el sol desde que fue detenido.

Martínez y representantes de Espacio Público, una organización sin fines de lucro venezolana que trabaja en temas de libertad de expresión y está brindando asistencia legal en este caso, han manifestado que Zambrano nunca fue llevado ante un fiscal o un juez, ni acusado formalmente de ningún delito.

“Lo tienen secuestrado”, dijo Martínez a Human Rights Watch. 

 

Las historias detrás de las muertes: Yoiner Peña

Yoiner Peña, de 28 años, murió el 3 de junio en Barquisimeto, estado de Lara. Su madre, Yaneth Hernández, contó a Human Rights Watch que Peña sufría parálisis cerebral infantil. Aunque Peña podía escuchar, no hablaba y tenía el comportamiento de “un niño inocente”, dijo su madre.

El 10 de abril, al bajar de un Metrobús cerca de un centro comercial camino a su casa, Peña se vio en medio de una manifestación contra el gobierno y recibió un disparo, según contó su madre. La bala lo hirió en la columna y el colon, afirmó. La información disponible sugiere que Peña podría haber sido agredido por un grupo armado partidario del gobierno, pero no hubo una determinación en este sentido. Un abogado de la organización de derechos humanos local Movimiento Vinotinto dijo a Human Rights Watch que un grupo armado partidario del gobierno irrumpió en la manifestación, a plena vista de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, justo antes de que Peña y otro hombre, el manifestante Keiner Adrián Díaz Medina, fueran alcanzados por disparos. Díaz Medina recibió un disparo en el hombro y se encuentra fuera de peligro.

Peña fue llevado primero a un hospital donde le negaron atención por haber sido herido durante “guarimbas”, un término peyorativo usado por partidarios del gobierno para referirse a manifestaciones de la oposición, conforme contaron familiares al Movimiento Vinotinto. Poco después fue llevado a otro hospital, donde estuvo 54 días internado y los médicos hicieron todo lo posible para asistirlo, afirmó la madre de Peña a Human Rights Watch. Si bien no contamos con detalles completos sobre la causa de la muerte, según la madre de Peña los médicos le dijeron que habría podido sobrevivir si hubieran tenido los medicamentos que necesitaban para tratarlo, incluidos antibióticos básicos para curar una infección en la herida.

“No sé quién le disparó”, dijo su madre. “Lo único que pido es justicia”.

Yoiner Peña

Militares presos

El 6 de junio, Reuters publicó un artículo que sostiene que al menos 14 militares fueron detenidos bajo sospecha de “rebelión” y “traición a la patria” durante la primera semana de protestas contra el gobierno de Maduro. Reuters informó que tuvo acceso a documentos según los cuales los casos estaban siendo “procesados” y los militares, que incluían coroneles y capitanes, se encuentran detenidos en la prisión militar de Ramo Verde. Muchos soldados más han sido detenidos desde el 8 de abril—última fecha de los documentos a los cuales tuvo acceso Reuters—, según líderes opositores y activistas de derechos humanos, dijo Reuters.

Vídeo fuerte sobre desnutrición infantil

El 2 de junio, la BBC público este vídeo con fuertes imágenes sobre desnutrición infantil en Venezuela:

 

Casas incendiadas en Mérida

El 30 de mayo, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana dispararon bombas lacrimógenas indiscriminadamente para dispersar una manifestación contra el gobierno en Mérida, reportó la ONG de derechos humanos venezolana Promedehum. Algunas bombas fueron disparadas directamente hacia residencias, Promedehum y un familiar de vecinos dijeron a Human Rights Watch. Residentes advirtieron a Promedehum que varios apartamentos del complejo residencial “Parque Las Américas” se prendieron fuego, incluyendo algunos en los cuales había residentes dentro, y que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana también dispararon hacia los apartamentos cartuchos de perdigones que habían sido modificados para agregarles canicas de vidrio. Los residentes alegan que el incendio fue causado por las bombas lacrimógenas, mientras que el gobernador citó un informe de los bomberos según el cual el fuego tuvo una “causa indeterminada”. Aquí hay algunas fotografías tomadas por el equipo de Promedehum:

Otras bombas lacrimógenas ingresaron en un prescolar de la zona, según Promedehum. A pesar de que no había niños adentro en el momento, parte del personal se refugió en los baños. Esta fotografía fue tomada por un residente:

Algunos jóvenes que no estaban participando en la manifestación fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo al menos uno que fue golpeado y retenido dos horas dentro de una patrulla oficial y fue eventualmente liberado a cambio de entregarles a los agentes su teléfono celular, un abogado de Promedehum le dijo a Human Rights Watch.

La crisis venezolana en la OEA

El 31 de mayo de 2017, la Organización de Estados Americanos realizará una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para abordar la situación en Venezuela. En la reunión, la región debe presionar al gobierno de Maduro para que cese la represión, libere a los presos políticos, celebre elecciones libres y justas, reestablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y permita que llegue suficiente asistencia internacional humanitaria al país.

La reunión será transmitida en vivo en la web de la OEA, aquí, a partir de las 2 pm (hora de Washington, DC).

 

Hostigamiento de activistas opositores en el exterior

El 10 de enero de 2017, Paulina Facchin, representante de la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Perú, fue entrevistada por un periodista peruano mientras formaba fila frente a la embajada venezolana en Lima. Facchin contó a Human Rights Watch que había recibido una notificación estándar emitida por las autoridades venezolanas en  Caracas, en la cual se indicaba que podía retirar su pasaporte, y por eso estaba en la fila para poder llevarse su documento. Durante la entrevista, Facchin habló con el periodista sobre temas de la actualidad política en Venezuela y expresó una opinión muy crítica sobre la situación en ese país, en la cual se refirió expresamente a los presos políticos, los altos índices de inflación, la inseguridad y la crisis humanitaria.

El 16 de enero, el embajador venezolano en Lima pidió a un fiscal que impulsara una investigación penal contra el periodista por “promov[er] e incita[r] un escenario hostil y de descrédito para la representación diplomática del Estado Venezolano”, y mencionó la entrevista a Facchin, que fue transmitida por televisión. En el documento, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, se acusaba a Facchin de ser responsable de “incitación al odio.” La fiscalía inició la investigación en febrero, pero posteriormente la cerró sin presentar cargos, según dijo Facchin a Human Rights Watch.

En febrero, el poderoso político chavista Diosdado Cabello declaró en su programa de televisión semanal que un patriota cooperante anónimo, llamado “Patriota Pisco”, le había proporcionado información sobre los movimientos del legislador opositor Freddy Guevara durante su visita a Lima ese mes. Guevara, que en diciembre de 2015 fue electo para integrar la Asamblea Nacional como representante de la MUD, había viajado a Lima para reunirse con miembros del Congreso peruano. Cabello afirmó que, durante la visita de Guevara a Lima, Facchin lo había llevado en su automóvil. Cabello mostró en televisión una fotografía del vehículo y el número de la placa, y dijo al público que Facchin vivía a dos cuadras del hotel donde supuestamente se había alojado Guevara. Una vez terminado el programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó en un comunicado de prensa que el seguimiento a Guevara durante su visita al país era “inaceptable en un sistema democrático que respeta el Estado de Derecho”.

Hasta mayo, Facchin no había podido obtener su pasaporte venezolano. Según le comentó Facchin a Human Rights Watch, el personal de la embajada le indicó que su pasaporte no estaba allí.

Vídeo de Diosdado Cabello

Cáritas sobre desnutrición infantil

Este informe de Cáritas de Venezuela, basado en la evaluación de 2,267 niños menores de 5 años en Caracas y tres estados (Miranda, Vargas, y Zulia), concluyó que 10.2 por ciento de los niños tenía una desnutrición moderada o severa (desnutrición aguda global), 12 por ciento tenía desnutrición leve, 26 porciento estaba en riesgo de desnutrición y había comenzado a deteriorarse, y el 52 por ciento no tenía déficit nutricional.  La mayoría de los niños con desnutrición aguda global son menores de 2 años, según la información recabada por Cáritas. El porcentaje de casos de desnutrición aguda global aumentó de 8.9 por ciento en el último trimestre de 2016 a 10.2 por ciento en los primeros dos meses de 2017, superando el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud para lo que debe considerarse una crisis, según Cáritas. El porcentaje de familias que han modificado sus hábitos de comida—por ejemplo, solo alimentando a algunos miembros de la familia, no comiendo por un día, o comiendo menos—aumentó de 77 por ciento en 2016 a 82 por ciento en 2017.

Una buena explicación sobre porqué los venezolanos no pueden alimentarse adecuadamente está disponible en este reciente artículo del Washington Post:

Historias por fotógrafos venezolanos

Este artículo de Time incluye fotografías de ocho fotógrafos venezolanos quienes también describen la historia detrás de cada imagen. Ilustran algunos de los aspectos más dramáticos de la crisis venezolana, incluyendo, por ejemplo, el uso indiscriminado de la fuerza por fuerzas de seguridad, filas atestadas de gente esperando para comprar productos básicos, personas comiendo de la basura, y muertes como consecuencia de enfermedades que habían sido erradicadas pero ya no pueden ser tratadas.

Violencia contra periodistas

El 24 de mayo, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana usaron la fuerza para dispersar una manifestación contra el gobierno en Bello Monte, Caracas, dijo Mildred Manrique, una periodista venezolana que estaba cubriendo la protesta, a Human Rights Watch. Hubo algunos incidentes cuando los manifestantes comenzaron a devolverles las bombas lacrimógenas a los agentes de seguridad que las habían arrojado hacia ellos, dijo Manrique.

Alrededor de las 4 de la tarde, miembros de la Guardia Nacional aparecieron en motocicletas en la zona donde se encontraba un grupo de periodistas, incluyendo a Manrique. Había al menos cinco periodistas detrás de un paredón para protegerse, y otros siete del otro lado de la acera. Todos tenían sus identificaciones de periodistas y tenían un chaleco que decía “prensa”, dijo Manrique. Los agentes de seguridad voltearon hacia ellos y dispararon bombas lacrimógenas directamente hacia los periodistas, quienes estaban filmando los incidentes, y una de las bombas golpeó a Manrique en el pecho, según relató. La protegió el chaleco, donde rebotó la bomba, y le quemó el codo, según Manrique. Otra bomba lacrimógena golpeó a un periodista en los testículos, según contó. Voluntarios de la Cruz Verde, quienes dan atención médica de emergencia durante las protestas, asistieron a Marique allí mismo, y ella continuó trabajando.

Luego, Manrique vio cómo una persona, en el medio de los manifestantes, comenzó a disparar tiros al aire. Cuando algunos manifestantes lo vieron, corrieron detrás de él, pero el hombre se dirigió hacia donde estaba la Guardia Nacional Bolivariana y dejó el lugar en una motocicleta oficial, Manrique le dijo a Human Rights Watch.

Aquí está el video que Manrique estaba filmando cuando recibió el impacto de la bomba: 

Imágenes de las protestas

Miembros de la Guardia Nacional disparan durante una protesta contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 1 de mayo de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Despliegue de la policía antidisturbios durante protestas contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 6 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Un manifestante es alcanzado por el chorro de un cañón de agua de la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 6 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Un camión blindado de la policía antidisturbios apunta un cañón de agua hacia personas que se manifiestan contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 6 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Activistas de oposición marchan en un barrio popular de Caracas, Venezuela, durante una manifestación contra el gobierno. 13 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Manifestantes rescatan a activista opositor herido que, al ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno, cayó en el dique del río Guaire en Caracas, Venezuela. 1 de mayo de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Manifestante opositor es alcanzado por cañón de agua durante un enfrentamiento con la policía antidisturbios en Caracas, Venezuela. 18 de mayo de 2017. 

© 2017 REUTERS/Christian Veron

Escasez de vacunas

El 21 de mayo, como parte de una investigación sobre medidas estatales vinculadas con servicios de salud para niños, IPYS Venezuela publicó un informe detallado documentado en el cual sostiene que las vacunas no están llegando a niños que las necesitan. Sobre la base de información oficial y una investigación de campo, IPYS concluyó que el gobierno no contaba con suficientes vehículos para transportar las vacunas disponibles ni refrigeración adecuada para ellas en varios lugares. Una publicación anterior de la misma serie, disponible aquí, denuncia que el 70 por ciento de equipos para unidades públicas de atención obstétrica y neonatal adquiridos por el gobierno de Argentina está sin mantenimiento, en un momento en el cual están en aumento los índices de mortalidad infantil y el déficit de médicos. 

Lo último de la Fiscal General

El 24 de mayo, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz dio una conferencia de prensa en la cual sostuvo que desde comienzos de abril fallecieron 55 personas—52 civiles y 3 funcionarios—y resultaron heridas mil personas—771 civiles y 229 funcionarios. El Ministerio Público está llevando adelante 1.479 investigaciones por hechos de violencia, incluyendo 1.349 que involucran delitos contra las personas, ha imputado a 19 funcionarios por su responsabilidad en la violación de derechos humanos, y ha emitido 18 órdenes de aprehensión que aún deben ser ejecutadas, dijo la fiscal. Ortega sostuvo que Juan Pernalete—un manifestante que falleció el 26 de abril—murió como consecuencia del golpe de una bomba lacrimógena, contradiciendo la versión oficial de que había recibido un disparo de una pistola de perno. El Ministerio Público está también llevando adelante 16 investigaciones sobre la responsabilidad de grupos civiles armados que “buscan propiciar violencia” y ha recibido información sobre la presunta participación de militares en saqueos, dijo Ortega. Finalmente, hizo tres aclaraciones importantes: 1) Sobre los juicios militares a civiles, sostuvo que “las personas tienen derecho a ser juzgadas por jueces naturales”, 2) “Las manifestaciones pacíficas son un derecho y el Estado debe garantizarlo”, y 3) “Debe haber libertad para profesar cualquier tendencia política.” Bastante claro.

Una víctima de 11 años

 

El 18 de mayo, María González, una mujer indígena de la etnia Wayuu que vive en el estado Zulia, le dijo a NTN24 que miembros de la Guardia Nacional ataron las manos de su hijo de 11 años por detrás de su espalda y le colocaron una “bomba” en la espalda, que le causó quemaduras en la espalda, los brazos y los ojos. Un vídeo publicado en YouTube la noche anterior, filmado por vecinos que dicen haber encontrado al niño, lo muestra con sus brazos atados en la espalda e imágenes de su espalda quemada. En otro vídeo, difundido por NTN, los vecinos muestran una bomba lacrimógena que supuestamente explotó en la espalda del niño. Un doctor que trató al niño le dijo a NTN24 y a un diario local que el niño había sufrido quemaduras de primer y segundo grado que no requerían hospitalización pero debían ser tratadas, y que eran consistentes con su relato de lo sucedido.

El Ministerio Público emitió un comunicado de prensa confirmando que estaba investigando el caso. El comunicado sostiene que el niño estaba cerca de una panadería cuando ocurrió una “situación irregular” y que “varias personas” lo habían amarrado, golpeado, y quemado en la espalda con un “artefacto”.

Trabajando para que lleguen medicinas a Venezuela

El 16 de mayo, The Associated Press publicó este artículo que explica el difícil trabajo llevado adelante por organizaciones no gubernamentales que intentan eludir las restricciones del gobierno venezolano para recibir ayuda humanitaria. Mientras el pueblo venezolano continúa sufriendo las consecuencias de la severa escasez de medicina e insumos médicos, y la canciller venezolana niega que exista una crisis humanitaria, algunos grupos como Acción Solidaria se han transformado en un “salvavidas para venezolanos que sufren todo tipo de enfermedades,” sostiene AP.

Inmigración venezolana a Perú

Autoridades peruanas han confirmado a Human Rights Watch que más de 10.000 venezolanos han pedido permiso para permanecer en Perú en 2017, amparándose en las políticas receptivas del gobierno peruano. Estas políticas son un reflejo de que el gobierno de Perú entiende la gravedad de las crisis que atraviesa Venezuela, y se suman a los esfuerzos del gobierno para presionar a Venezuela para que respete los derechos humanos y el estado de derecho.

En enero de 2017, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski dictó un decreto que concede un permiso especial de residencia a los venezolanos. El decreto establece que los venezolanos que llegaron a Perú antes del 2 de febrero —fecha en que entró en vigor—, no tengan antecedentes penales, y cuya autorización legal de permanencia en el país haya caducado, podrán pedir un permiso temporal de permanencia de un año de duración. Aquellos que obtengan el permiso podrán trabajar, inscribir a sus hijos en la escuela y acceder a atención médica.

Al 30 de abril, 5.834 venezolanos habían obtenido el permiso temporal de permanencia, según datos oficiales. El titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, dijo a Human Rights Watch que, otros 4.300 venezolanos habían pedido turno a través de Internet para obtener su permiso. Los turnos se habían otorgado para fechas de aquí a agosto. Los venezolanos que ingresaron en Perú luego del 3 de febrero podrán permanecer legalmente en el país por 183 días, y el gobierno está analizando medidas para dar respuesta a esa afluencia de inmigración venezolana cuando ese período concluya, según afirmó el superintendente.

Aunque la mayoría llega en avión, cerca del 30% de estas personas pasan días viajando en autobús hasta Perú, según nos informaron las autoridades. A continuación se presentan algunos testimonios recabados por Human Rights Watch de venezolanos que huyeron de la crisis en su país y ahora viven en Lima:

Ludiskel Mass, de 32 años, es profesora de escuela y anteriormente fue activista estudiantil del partido opositor Un Nuevo Tiempo. Luego de estar algunos meses en el extranjero en 2013, regresó a Maracaibo, estado de Zulia, y fue allí que, en 2015, empezó a tener episodios de sangrado vaginal. Los médicos le indicaron que creían que tenía un quiste, pero no contaban con los insumos médicos necesarios para diagnosticarla adecuadamente, según contó. Mass dijo a Human Rights Watch que pasó tres meses con sangrado persistente y anemia, y que no pudo comprar vitamina K ni pastillas anticonceptivas que, según le habían dicho los médicos, podrían haberle ayudado a controlar el sangrado. En agosto de 2015, dos amigos le pagaron el pasaje en autobús a Lima, donde, según dijo, llegó luego de un viaje de seis días. En Perú, los médicos le diagnosticaron cáncer uterino y fue sometida a una cirugía que resultó exitosa, contó a Human Rights Watch. Al momento de la entrevista, ya no tenía cáncer. En septiembre de 2016, pudo traer a Lima a sus hijos, que entonces tenían 11 y 12 años. Mass cuenta con su permiso temporal de permanencia.

El economista Carlos Márquez (seudónimo), de 59 años, llegó a Lima en abril de 2017. En el año 2014, el hijo de 24 años de Márquez fue arrestado durante protestas contra el gobierno, golpeado y posteriormente puesto en libertad condicional, dijo Márquez a Human Rights Watch. El fiscal finalmente lo sobreseyó, según afirmó. Miembros de la Guardia Nacional detuvieron a su hijo nuevamente el año siguiente mientras estaba en la vía pública, sin exhibir una orden judicial, según nos contó. Uno de los abogados que trabajó en el caso también indicó que el hijo de Márquez fue procesado arbitrariamente sobre la base de pruebas que, según dijo, habían sido colocadas para incriminarlo. Márquez afirmó que gastó todos sus ahorros en un soborno al juez a cargo del caso de su hijo para lograr que fuera transferido fuera de una cárcel donde había contraído sarna y problemas gastrointestinales. Márquez, cuyo hijo sigue detenido, llegó a Lima con la intención de trabajar en el sector gastronómico. “Empiezo una nueva vida a los 59 para poder ayudar a mi familia desde este país”, dijo. 

Kerwin Duarte, de 26 años, se fue de Barquisimeto, estado de Lara, en octubre de 2016. Duarte, un estudiante de psicología que trabajaba en una tienda de utensilios de cocina, dijo a Human Rights Watch que en Venezuela hacía cola durante horas para comprar alimentos y que se había ido del país por los altos niveles de inseguridad y porque allí “no hay futuro”. Tomó un autobús a Colombia, y voló a Lima desde allí, según dijo. Duarte contó que, por un mes, dependió de la hospitalidad de un hombre peruano, y se alimentó únicamente con pan. Ahora, en Lima, alquila un pequeño apartamento, vende arepas —el plato típico venezolano preparado con harina de maíz— en la calle y afirma ganar lo suficiente para vivir y enviar entre 20 y 30 dólares por semana para ayudar a su familia, incluida su abuela que sufre hipertensión y no puede pagar los medicamentos que necesita, cuando logra conseguirlos. Duarte obtuvo su permiso temporal de permanencia en marzo.

Leomar Rodríguez, de 28 años, se fue de Caracas en enero de 2017, poco después de haberse graduado de la universidad como licenciado en administración. Rodríguez contó a Human Rights Watch que en Venezuela administraba su propio negocio de impresión de camisetas, pero que debido a la crisis económica, ya no podía comprar los materiales que necesitaba para estamparlas, y los ingresos apenas le alcanzaban para comprar alimentos, que conseguía luego de esperar en colas durante horas. Rodríguez llegó a Lima tras un viaje por carretera de 5 días. Ahora vende en la calle arepas y tizana, una bebida venezolana a base de jugo y ensalada de frutas. Rodríguez dijo a Human Rights Watch que está mejor en Lima, donde puede comer, hay más seguridad y puede ganar algo de dinero para enviarles a sus padres y hermanos que todavía viven en Caracas.

Preparando francotiradores militares

El 18 de mayo, el periódico español ABC publicó un audio de una conversación grabada supuestamente entre un grupo de generales venezolanos sobre el uso de francotiradores militares en Venezuela. En el audio, se escucha la voz de un hombre, que ABC dice que es un general, diciendo: “Va a llegar el momento donde vamos a tener que emplearlo y quiero que estemos preparados para ese momento, porque el presidente no se va a quedar nada más en una ´fase verde´, señores, él ya firmó una banda de operaciones.” Luego, agregó: “pudiéramos estar al comienzo de una guerra subversiva urbana”, y sostuvo que: “La Fuerza Armada es la que va a tener que solucionar este peo [problema]. Entonces váyanse preparando con esos efectivos militares que pudieran hacer las veces de francotiradores.”

Aquí está la grabación:

 

El 19 de mayo, el Caracas Chronicles publicó este artículo por Francisco Toro, con un link a una versión más larga de la grabación, que incluye un análisis interesante de su contenido. Toro resalta que la grabación muestra que algunos de los generales están preocupados por las consecuencias de utilizar francotiradores, incluyendo la posibilidad de terminar presos. Como dice Toro, “no es que estos hombres de repente sientan culpa. Es que están asustados”. El hecho que estos hombres estén cuestionando estas tácticas porque se dan cuenta que dispararle a manifestantes tal vez no sea en su mejor interés demuestra que una amnistía que excluye violaciones de derechos humanos puede ser una buena estrategia para romper con la unidad de estas fuerzas, escribió Toro.

Pasaportes confiscados

El 17 de mayo, las autoridades migratorias venezolanas retuvieron al periodista César Miguel Rondón en el aeropuerto de Caracas cuando estaba dirigiéndose al exterior a participar en un evento público. Esto ocurrió un día después de que el Presidente Maduro acusara en televisión a Rondon y a otro periodista de “promover una persecución”. Rondon había comentado en Twitter sobre casos en los cuales funcionarios venezolanos habían sido escrachados en el exterior, reportó Espacio Público. El pasaporte de Rondon y el de su esposa fueron anulados y no se les permitió la salida del país.

El 18 de mayo, las autoridades migratorias venezolanas confiscaron el pasaporte del líder opositor Henrique Capriles Radonski en el aeropuerto de Caracas, cuando se dirigía a una reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A Capriles no se le permitió salir del país. 

Reunión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela

¿Qué está pasando en el interior del país?

Aquí pueden acceder a buenas fuentes de información del mundo de los derechos humanos que informan sobre lo que está pasando en el interior del país:

En el estado Zulia, la organización de derechos humanos CODHEZ está monitoreando las protestas y los abusos contra manifestantes. Para ver la información que han recabado durante el mes de abril, se puede revisar este boletín mensual y este magazine temático. @CODHEZ

En el estado Mérida, vean lo publicado por PROMEDEHUM en Facebook y @promedehum, y por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, en su página web y a través de @uladdhh

En el estado Lara, revisen la información producida por FUNPAZ, en Facebook y a través de @Funpaz2013, y por el MOVIMIENTO VINOTINTO, también en Facebook y a través de @movinotinto

En el estado Carabobo, pueden revisar el material producido por CADEF (Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos), aquí. @_cadef

Violentando residencias en Valencia

El 15 de mayo, decenas de vecinos participaron en manifestaciones contra el gobierno en Mañongo, una zona residencial en Valencia, en el estado Carabobo. La manifestación consistió en cerrar vías principales, como parte del “Plantón” nacional organizado para ese día. Alrededor de las 4 de la tarde, luego de que terminara la manifestación, un grupo de al menos 50 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas entraron por la fuerza en cuatro torres residenciales en la zona, sin ninguna orden judicial, argumentando que estaban buscando un francotirador, dijo un residente. Varios residentes dijeron a Human Rights Watch que agentes de seguridad violentaron la entrada a varios apartamentos y robaron bienes personales, incluyendo celulares, prendas y dinero en efectivo. Una residente vio a un agente apuntando con un arma a una mujer que estaba cargando a un niño en sus brazos; otros dijeron que vieron a agentes golpear a residentes y detener a varios residentes así como a dos personas que trabajaban en los edificios, sin mostrar ninguna orden judicial.

Así quedó la puerta de un apartamento al cual ingresaron:

This is how they left one of the doors of an apartment they broke into

 

Sobre la responsabilidad estatal por acciones de los “colectivos”

Se ha dicho mucho sobre la existencia de grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos”, que colaboran con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir protestas pacíficas u operan con su aquiescencia. Human Rights Watch ha documentado este tipo de casos desde el 2014. Este interesante artículo recientemente publicado por el Caracas Chronicles analiza la jurisprudencia internacional de derechos humanos y concluye que el gobierno de Venezuela es responsable por los crímenes y abusos cometidos por estas bandas criminales. Para tenerlo en cuenta.

Nueva información sobre abusos y procesamientos arbitrarios de civiles en tribunales militares

Pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch 

Al 15 de mayo, el Foro Penal Venezolano ha recibido información sobre el procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela. En todos los casos, el Foro Penal Venezolano ha brindado asistencia legal a los detenidos o verificado información sobre los casos con familiares. Human Rights Watch ha entrevistado a varios abogados que representaron a detenidos. Los casos incluyen el procesamiento de 192 civiles en el estado de Carabobo, 19 en el estado de Falcón, 20 en el estado de Zulia, 18 en Caracas, 13 en el estado de Lara, 10 en el estado de Sucre, 2 en el estado de Barinas y 1 en el estado de Táchira. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar de que no existe ningún récord público sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en sí mismo, la información provista por abogados y familiares incluyen denuncias muy preocupantes de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos, incluyendo las siguientes:

  • Que los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad.
  • Que las audiencias se están realizando en tribunales u otras instalaciones militares, son presididas por jueces que dependen del Ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados.
  • Que los jueces aceptan la imputación hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno.
  • Que no se fija una hora para las audiencias con antelación, y esto obliga a abogados independientes y familiares a esperar durante horas en la entrada de los establecimientos o tribunales militares. Los abogados sostienen que cuando finalmente se celebran las audiencias, a veces no se les permite ingresar a la sala. Dijeron también que en los casos en que sí ingresan, generalmente sólo se les permite hablar con los detenidos unos pocos minutos antes de las audiencias, tienen acceso al expediente penal recién cuando están en la audiencia y no pueden tomar fotografías ni hacer copias de los expedientes.
  • Que existen casos de manifestantes que fueron imputados con graves delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición” por supuestos actos de violencia durante protestas.

Información sobre casos aportada por abogados que estuvieron presentes en las audiencias

El 5 de mayo, 40 personas detenidas por separado cerca de una empresa alimentaria en Valencia, en el estado de Carabobo, que había sido saqueada el día anterior, fueron presentadas ante un juez militar en una sala que se improvisó en un cuartel militar. La audiencia empezó a las 7 p.m. y se extendió por 12 horas. Durante la audiencia, la mayoría de los detenidos mostraron contusiones en distintas partes del cuerpo que, según dijeron, habían sido provocadas por miembros de la Guardia Nacional que les propinaron golpes una barra de aluminio o un bate de béisbol. Algunos afirmaron que los agentes les cortaron el cabello durante la detención. Al menos 15 señalaron haber sido obligados a comer pasta cruda con excremento humano (los agentes les habrían aplicado en la nariz partículas del polvo que se usa para generar gas lacrimógeno, y obligarlos así a abrir la boca para ingerir). Sin haber individualizado la responsabilidad penal de cada uno, los 40 fueron imputados de rebelión. El juez militar confirmó los cargos contra todos, pero envió a 19 de los detenidos al penal de máxima seguridad “26 de Julio”, en el estado de Guárico, sin explicar el motivo de la distinción, según el abogado. Los otros fueron liberados condicionalmente bajo régimen de presentación.

El 6 de mayo, Carlos Sardi, quien colabora con organizaciones locales que trabajan con pacientes con cáncer y en la defensa de derechos LGBT, fue detenido mientras se manifestaba junto con su esposa en Valencia, estado de Carabobo. Sardi dijo que fue golpeado brutalmente y obligado a colocarse una capucha negra, mientras autoridades a quienes no podía ver le preguntaban por personas que supuestamente habían participado en las protestas. La fiscalía sostuvo que había mantenido contacto telefónico con otros manifestantes, y que llevaba cócteles Molotov, clavos y gasolina, aunque él afirma que estos elementos fueron colocados para incriminarlo. Sardi fue llevado ante un tribunal militar e imputado de rebelión, traición a la patria y vilipendio. Un juez militar dispuso que quedara en prisión preventiva en el penal “26 de Julio”, en el estado de Guárico.

El 9 de mayo, 16 personas que habían sido detenidas en distintas circunstancias en Villa de Rosario fueron llevadas juntas ante un tribunal militar en Maracaibo, estado de Zulia. Entre los detenidos había un hombre que dijo que estaba regresando a pie a su casa desde el trabajo y fue detenido por la Guardia Nacional, y dos hermanos que dijeron que estaban trabajando en el techo de su casa y fueron detenidos sin una orden judicial. Otros dos fueron supuestamente llevados desde el hospital —uno de ellos dijo que había sufrido un accidente doméstico y el otro dijo que era un simpatizante del gobierno que recibió un golpe al ser alcanzado por una botella durante una protesta— hasta una dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para que declararan quiénes los habían herido, y luego quedaron detenidos. Ocho de los 16 detenidos afirmaron haber sido golpeados por miembros de la Guardia Nacional al momento de la aprehensión, y que los agentes les arrojaron un polvo blanco en el rostro que les provocó fuerte ardor y los hizo llorar, un efecto que dijeron era similar al provocado por los gases lacrimógenos. Los abogados que pudieron entrar a la audiencia —que tuvo lugar dentro de un establecimiento militar— fueron revisados por oficiales, y no se les permitió llevar dentro de la sala sus teléfonos celulares ni otros artículos personales. No había oficiales femeninas para requisar a las abogadas mujeres. El 11 de mayo, el fiscal imputó a los 16 detenidos por rebelión y ultraje al centinela, sin especificar qué había hecho cada uno de ellos. El juez confirmó los cargos contra todos los detenidos, pero dispuso que siete de ellos permanecieran en prisión preventiva en la cárcel de Santa Ana, un establecimiento para personas procesadas en la justicia militar, sin explicar la distinción, según la abogada. El resto fue liberado condicionalmente bajo régimen de presentación.

Sergio Contreras, un activista del partido opositor Voluntad Popular que es abogado y enseñaba en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que el 10 de mayo fue golpeado y detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras se manifestaba en Caracas. Contreras dijo que estaba hablando con un megáfono a un grupo de estudiantes. Fue presentado ante un tribunal militar el 12 de mayo e imputado de rebelión, traición a la patria y sustracción de efectos militares (sobre la base de un arma de fuego que se le habría colocado para incriminarlo). El juez dispuso que quedara en prisión preventiva y lo envió a la prisión militar de Ramo Verde.

El 11 de mayo, Lisbeth Añez, una activista que visitaba a presos políticos mientras estaban detenidos, fue arrestada en el aeropuerto de Caracas cuando estaba por embarcar en un vuelo a Miami. Fue llevada a una prisión militar en Caracas el 12 de mayo, e imputada de rebelión y traición a la patria sobre la base de pruebas que incluían supuestos mensajes de WhatsApp que los abogados dijeron que no estaban descriptos en los documentos judiciales, libros, cartas y reconocimientos a su trabajo social. Estas pruebas, según sostuvo el tribunal, demostraban que estaba promoviendo actos violentos, a la luz de la “notoriedad” del carácter violento de las protestas en Venezuela, según informaron los abogados. Se ordenó su detención en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

Estándares internacionales de derechos humanos

Tanto el derecho venezolano como el derecho internacional establecen que los civiles no deben ser procesados en tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

Un estado de excepción que ya lleva un año

El 12 de mayo, 47 ONGs venezolanas de derechos humanos publicaron este comunicado criticando la decisión del gobierno de extender el decreto presidencial que declaró un “estado de excepción y emergencia económica”. El decreto había sido criticado por 125 organizaciones latinoamericanas e internacionales tras su publicación en mayo de 2016 debido al lenguaje vago que incluía, que abría la puerta para la restricción de derechos y limitar los poderes de la Asamblea Nacional y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. El estado de excepción fue extendido seis veces sin aprobación legislativa, según el comunicado.

Sin medicina para cuidados paliativos

El 11 de mayo, la Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos publicó una carta que sostiene que hoy en día en Venezuela no hay medicinas opioides disponibles para aliviar el dolor moderado a severo, y que los profesionales de la salud no tienen “forma de aliviar el sufrimiento de tantos pacientes que luchan por la vida o cercanos a la muerte”. La carta llama a las autoridades venezolanas a asegurar que exista disponibilidad de medicinas para controlar el dolor para cumplir con su obligación de respetar el derecho a la salud. La carta completa está disponible aquí:

La dictadura de Maduro

La degradación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela es tal que Nicolás Maduro ha optado por abandonar incluso su fachada democrática. Los hechos hablan por sí solos, dijo José Miguel Vivanco en un artículo publicado en La Tercera (Chile).

Los próximos pasos, según el International Crisis Group

Este artículo del International Crisis Group incluye un resumen de la crisis en Venezuela y explica dos medidas problemáticas adoptada por el gobierno venezolano recientemente: La propuesta del Presidente Maduro de crear una Asamblea Constituyente y su decisión de retirarse de la OEA. Sostiene que “en conjunto, estas dos decisiones constituyen un punto de inflexión en Venezuela, y el abandono del régimen ‘revolucionario’ en Caracas de la democracia representativa”. El ICG describe una serie de propuestas para poder salir de la crisis a través de una salida negociada (en vez de un diálogo interminable) que incluyen una amnistía para algunas autoridades—excluyendo aquellos responsables de narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos—y un gobierno interino de unidad nacional, que incluya a algunos representantes del gobierno actual, para que pueda organizar elecciones.

 

La iglesia venezolana sobre los abusos

El 5 de mayo, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado que sostiene que la mayoría de los venezolanos perciben la propuesta del Presidente Maduro de adoptar una nueva Constitución como un paso más “en el socavamiento del Estado Social de Derecho previsto en la actual Constitución”. Según el comunicado, “actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz. Todo ello se conseguiría si el Gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente”. También pide que cese la represión, tras describir la “naturaleza represiva” del régimen que se ha visto en violencia excesiva por fuerzas de seguridad y grupos armados llamados “colectivos” que actúan “bajo la mirada protectora” de las autoridades.

Una línea similar adoptó el Padre Luis Ugalde, un padre jesuita que es ex-rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, en esta entrevista:
 

The Interpreter sobre Venezuela

Desde que arrancó la última ola de protestas masivas a comienzos de abril, The Interpreter del periódico The New York Times publicó dos artículos muy buenos que vale la pena leer. Un primer artículo, publicado el 1 de abril, describe cómo el populismo se tornó autoritario en Venezuela, partiendo con la descripción del copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Presidente Hugo Chávez en 2004. Otro artículo, publicado el 6 de mayo, analiza las fracturas existentes y potenciales dentro de las élites políticas y militares, incluyendo las recientes declaraciones críticas del gobierno emitidas por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

 

Datos oficiales sobre la crisis de salud

El 9 de mayo, Reuters publicó que, según datos oficiales, en el año 2016 en Venezuela, los índices de mortalidad infantil aumentaron un 30%, los índices de mortalidad materna aumentaron un 65%, y los casos de malaria aumentaron un 76%. Los boletines oficiales están disponibles aquí. Esta información es consistente con la investigación realizada por Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria, a la cual puede accederse haciendo click aquí.

La CIDH sobre abusos contra manifestantes

El 9 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado deplorando “las medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela, en respuesta a la ola de protestas iniciadas en el mes de marzo en el país”. La CIDH expresó preocupación por la cantidad de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones, y resaltó que cientos de las casi 2,000 personas que fueron detenidas permanecen privadas de libertad. La comisión sostuvo que recibió información sobre denuncias de tortura y malos tratos a los detenidos, y sobre el uso de la justicia penal militar para juzgar a civiles. La CIDH condenó “cualquier intento de las autoridades venezolanas de impedir la celebración de elecciones” y deploró profundamente la decisión sin precedentes del Presidente Maduro de denunciar la Carta de la OEA.

Un arresto arbitrario

Civiles juzgados por tribunales militares

El 4 de mayo, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavídes Torres declaró que se llevaría a cabo un operativo especial, dispuesto por el Presidente Nicolás Maduro, para procesar en la justicia militar a civiles que habían sido detenidos dos días antes durante protestas en el estado de Carabobo. El operativo forma parte del “Plan Zamora”, una iniciativa para abordar “ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía del país”. (Más información sobre el Plan Zamora, con enlaces a fuentes oficiales, se encuentra disponible en esta reseña preparada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas).

Benavídes Torres sostuvo que 43 personas habían estado “vinculadas en delitos graves contra el orden público como saqueos, rebelión, asalto y ataque al centinela”. El Gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que pertenece al partido político del Presidente Maduro, declaró en un tweet que “más de 70 vándalos” habían sido detenidos y puestos a disposición de la justicia militar, y que las autoridades estaban “en busca de actores intelectuales y colaboradores”.

El 5 de mayo, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Luis Reverol tuiteó que “tribunales militares se encargarán de continuar todas las investigaciones que sean necesarias a estos TERRORISTAS contratados por la derecha” (mayúsculas en el original).

Estas medidas se tomaron días después de que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz formulara críticas públicas a políticas del gobierno de Maduro y solicitara a la justicia que liberara a 38 personas detenidas por la Guardia Nacional en Nueva Esparta, al sostener que el informe policial no especificaba los motivos de la detención.

Diversas organizaciones venezolanas de derechos humanos han confirmado que decenas de civiles han sido juzgados en tribunales militares. En un caso, al menos 19 personas fueron procesadas días atrás por “rebelión” y “desacato.” El tribunal rechazó el argumento planteado por la defensa de que no tenía competencia para juzgar a civiles. Durante la audiencia, estuvieron presentes militares armados dentro de la sala.

Tanto el derecho venezolano como internacional establecen que los civiles no deben ser procesados por tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. También en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

Para acceder al mensaje del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre el uso de la justicia militar contra civiles, haga click aquí.

Una radio para los derechos humanos

La organización no gubernamental Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela, co-produce esta radio, que se encuentra ahora disponible en Internet:

Videos sobre la crisis venezolana

Una buena manera de entender lo que está sucediendo en Venezuela es verlo con sus propios ojos. El Financial Times publicó este artículo y vídeo con una excelente descripción de la crisis, incluyendo testimonios de personas que apoyan al gobierno, personas que han dejado de hacerlo, e información sobre grupos armados de civiles partidarios del gobierno llamados “colectivos”. Recientemente, el Wall Street Journal publicó un detallado y conmovedor artículo y video, disponible aquí, que explica la crisis de comida y la dificultad que enfrentan los venezolanos para alimentar a sus familias. Para acceder al informe y vídeo producido por Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria, incluyendo testimonios sobre la escasez de comida y medicinas, haga click aquí

Carta al Presidente Maduro para visitar a Leopoldo López

El 5 de mayo, Human Rights Watch solicitó autorización al Presidente Nicolás Maduro para visitar a Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde. López no ha recibido visitas de su familia ni abogado desde comienzos de abril. La carta se encuentra disponible en inglés aquí y en español aquí.

Carta al Presidente Maduro para visitar a Leopoldo López.

 

 

Datos actualizados: Muertos, heridos y detenidos al 4 de mayo

Entre el 1° de abril y el 4 de mayo, 35 personas fallecieron en el contexto de manifestaciones—18 en Caracas, seis en Carabobo, cinco en Lara, dos en Mérida, dos en Miranda, una en Barinas y una en Táchira, según el Ministerio Público. Un total de 717 personas fueron heridas en las manifestaciones a nivel nacional, incluyendo 329 casos en los cuales los hechos están relacionados con violaciones de derechos fundamentales, dijo el Ministerio Público.

El 4 de mayo, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que provee asistencia legal a los detenidos a nivel nacional, informó que 1,708 personas fueron arrestadas durante las protestas desde el 4 de abril, y que 596 de ellas permanecen detenidas.

 

Gobiernos Latinoamericanos sobre los abusos en Venezuela

El 4 de mayo, ocho gobiernos latinoamericanos—Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay—emitieron un pronunciamiento deplorando la violencia en Venezuela que llevó a muertes y cientos de heridos. El comunicado condena el uso excesivo de la fuerza por las autoridades contra la población civil, hace un llamado enérgico al gobierno de Venezuela para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, y reitera la importancia de cumplir con un calendario electoral, la liberación de los presos políticos, la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional, y garantizar la separación de poderes. El pronunciamiento está disponible en español aquí y en portugués aquí.

 

 

 

El papel de las Fuerzas Armadas venezolanas

El 4 de mayo, The Economist publicó un artículo interesante sobre el papel importante que estan jugando los militares venezolanos en la crisis actual. El artículo está disponible aquí:

 

¿Leopoldo López se encuentra bien?

En la noche del 3 de mayo, un periodista venezolano y un senador estadounidense tuitearon que Leopoldo López había sido transferido a un hospital militar en condiciones de salud delicadas. Alrededor de las 11 de la noche, Diosdado Cabello, el poderoso político chavista, mostró un vídeo con lo que llamó una “fe de vida” en su programa de televisión semanal, supuestamente filmado dos horas antes, en el cual López le dice a su familia que está bien y desconoce por qué está filmando el video.

López no ha podido ver a su familia o abogado desde comienzos de abril. A pesar de que su esposa y madre visitaron el hospital militar donde supuestamente había sido trasladado y la prisión militar donde se encuentra recluido durante la noche del 3 de mayo y la mañana del 4 de mayo, no han podido verlo ni hablar con él.

 

Represión del 3 de mayo

Al menos 200 personas resultaron heridas durante incidentes en una manifestación en Caracas contra el gobierno de Maduro que ocurrió el 3 de mayo en Caracas, según Reuters. Miles marcharon pacíficamente hasta que fueron interceptados por fuerzas de seguridad. La cantidad de muertos durante incidentes en Venezuela aumentó a 34, según Reuters.

Las esposas de presos políticos

En Venezuela, hay más de 140 presos políticos, según datos del Foro Penal Venezolano, una organización venezolana que brinda asistencia legal a detenidos. Human Rights Watch ha documentado evidencias de que, en varios de estos casos, los procesos judiciales vulneran los derechos más básicos de debido proceso y las acciones penales se han basado en pruebas inexistentes o falsas. A su vez, estos casos tienen un fuerte impacto en la vida de las familias de los detenidos. A continuación presentamos algunos videos donde las esposas de cinco hombres que han sido detenidos y procesados por motivos políticos en Venezuela comparten sus historias:

  • Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, explica aquí el impacto que la detención de su esposo ha tenido en su vida y en la vida de sus dos hijos, y muestra aquí imágenes tomadas uno de los varios días en los cuales a ella y a sus hijos no se les permitió visitar a López en la cárcel. Para obtener más información sobre el caso de López y las condiciones de su detención, haga clic aquí y aquí.
  • Rosaura Valenti, esposa de Yon Goicoechea, explica aquí las condiciones de detención de su esposo, y cuenta aquí que ella y su hijo no pudieron visitarlo. Para obtener más información sobre el caso de Yon Goicoechea, haga clic aquí.
  • Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, explica aquí el impacto que la detención de su esposo ha tenido sobre sus hijos y describe las visitas a la prisión. Ver aquí más información sobre el caso de Ceballos.
  • Silvia Martínez, esposa de Braulio Jatar, describe aquí la búsqueda de su esposo cuando fue detenido, y se refiere aquí a la falta de pruebas en su contra y a su estado de salud durante la detención. Para obtener más información sobre el caso de Jatar, haga clic aquí.
  • Mizty Capriles de Ledezma, esposa de Antonio Ledezma, explica aquí las dificultades que la detención de su esposo les ha causado a ella y a sus hijas. Para obtener más información sobre el caso de Ledezma, haga clic aquí.

Pronunciamiento sobre la propuesta de Maduro para realizar una Asamblea Constituyente

El 1 de mayo, el Presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno organizará elecciones para realizar una asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución. Sin embargo, lo que debería estar haciendo ahora -- sin más demoras -- es respetar los derechos consagrados en la constitución existente, que fue adoptada por su predecesor Hugo Chávez y contiene garantías básicas que el gobierno está violando. La solución a la crisis venezolana requiere fijar una fecha para las elecciones regionales, que debieron realizarse el año pasado, liberar a los presos políticos, restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y aceptar asistencia internacional humanitaria para satisfacer las necesidades más básicas. La propuesta de Maduro de escribir una nueva constitución no debería usarse para distraer la atención de su abierta violación de los derechos consagrados en la constitución existente.

- José Miguel Vivanco

Detenciones por agentes de inteligencia

En agosto de 2016, agentes de inteligencia detuvieron a Yon Goicoechea, activista del partido opositor Voluntad Popular, mientras conducía para asistir a una conferencia de prensa sobre un acto de la oposición que tendría lugar el mes siguiente. Los familiares y el abogado de Goicoechea no recibieron información oficial sobre su paradero por más de 56 horas. Posteriormente, un juez acusó a Goicoechea de diversos delitos y dispuso su prisión preventiva. Desde entonces, ha estado detenido en una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional durante casi ocho meses, a pesar de que el 17 de octubre de 2016 el Ministerio Público decidió que no presentaría cargos y de que una orden judicial dispuso su liberación tres días después, según consta en documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch.

Ha trascendido información sobre al menos otros 17 casos de personas que continuan detenidas por los servicios de inteligencia, incluso después de que un tribunal dispusiera su liberación.

Libertad de prensa bajo asedio

El 26 de abril, dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos rechazaron la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, así como la detención, los ataques, y la estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren manifestaciones en Venezuela.

Al menos 12 periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos, algunos por horas y otros por días, según el comunicado. El periodista Braulio Jatar, quien fue detenido después de que su medio de comunicación independiente reportara sobre una protesta contra el Presidente Nicolás Maduro en septiembre de 2016, sigue detenido.

Al menos tres plataformas de contenidos en línea que ofrecen información de interés público y noticias en Venezuela fueron bloqueadas por prestadores de servicio de internet privados, aparentemente después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dijeron los expertos de la ONU y la CIDH. Y al menos tres medios de comunicación internacionales de noticias han sufrido interrupciones o se ordenó la suspensión de su señal.

Para información actualizada sobre ataques contra periodistas y la prensa, visite la página web de la ONG venezolana Espacio Público.

Datos oficiales: Muertes, detenciones, heridos

Entre el 3 y el 25 de abril, 26 personas fallecieron en Venezuela en “hechos violentos”, 437 resultaron lesionadas y hubo 1289 detenidos, según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Una lista oficial de los fallecidos, la mayoría de los cuales fueron heridos por armas de fuego, está disponible aquí. La fiscal general sostuvo que 65 personas habían sido privadas de libertad y otras 217 personas serían presentadas ante los tribunales el 25 de abril.

La represión del disenso me empujó a un segundo exilio

María Patricia Molina, de 27 años, se trasladó a Brasil cuando estaba en el séptimo mes de embarazo, a causa de la inseguridad y la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela. Su hija Sasha nació en el Hospital de Maternidad de Roraima el 15 de febrero de 2017. Molina había pedido asilo y cuando dialogó con Human Rights Watch estaba esperando una respuesta del organismo de refugiados brasileño. 15 de febrero de 2017.

© 2017 César Muñoz Acebes/ Human Rights Watch

No corría el aire en el pabellón hacinado, pero María contemplaba plácidamente a Sasha, su beba recién nacida. María estaba lejos de su familia y sus amigos, pero había llegado a una tierra de relativa abundancia donde, por lo menos, no faltan pañales ni aceite.

Cubriendo Venezuela para Human Rights Watch (HRW) durante los últimos ocho años, he visto al país sumirse en una espiral de represión y carencias. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han empleado un uso excesivo de la fuerza y lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente contra manifestantes opositores, y el Tribunal Supremo de Justicia en la práctica cerró la Asamblea Nacional (aunque luego revirtió parte de sus sentencias, respondiendo a un "exhorto" del presidente). Quedan pocas dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por La Nación.

El artículo fue publicado también en español en La Prensa Gráfica (El Salvador), La Nación (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), El Nacional (Venezuela), en O Globo (Brasil) en portugués y en el Miami Herald en inglés. 

OEA vs CELAC

El 24 de abril, 16 estados miembros de la OEA solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la organización para aprobar una resolución que convoca a una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para considerar la “Situación de la República Bolivariana de Venezuela”. Cita un artículo de la Carta de la OEA que autoriza a convocar este tipo de reuniones para “considerar problemas de carácter urgente y de interés común”. La reunión se llevará a cabo el miércoles 26 de abril a las 16 hs (hora local).

Mientras tanto, el 25 de abril, la canciller venezolana advirtió que si la reunión de cancilleres se realiza sin el consentimiento de Venezuela, el gobierno se retiraría de la OEA. Debe notarse, sin embargo, que, según el artículo 143 de la Carta de la OEA, tal decisión solo entraría en efecto dos años más tarde.

La canciller venezolana también sostuvo que el gobierno de Venezuela estaba organizando otra reunión extraordinaria de ministros de relaciones exteriores para denunciar “la violencia opositora”. Solamente aliados del gobierno venezolano que son miembros de otra organización regional llamada CELAC fueron invitados a esta cita. La reunión está convocada para el 2 de mayo.

El “Defensor del Pueblo” sobre aislamiento de Leopoldo López

Con frecuencia, las autoridades venezolanas han prohibido visitas a Leopoldo López—el líder opositor que fue arbitrariamente detenido y condenado a casi 14 años de prisión—por su familia o abogados. La sanción más reciente, según su esposa, lleva un mes de vigencia. En vez de cuestionar la sanción, el Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo que había realizado una “mediación” ante las autoridades y que la familia podría verlo luego de cumplir con la “sanción.” Esto se suma a la lista de abusos sobre los cuales Saab no se ha pronunciado, y ha llevado a que más de 100 organizaciones no gubernamentales venezolanas le pidieran que renuncie.

La emigración venezolana en números

La Organización Internacional para las Migraciones reportó que 606.281 personas habían salido de Venezuela para el 2015, mientras que el Banco Mundial dijo que la cifra era de 655.400, según CNN. Un comunicado conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la cantidad de aplicaciones de asilo presentadas por venezolanos aumentó en un 8.8 por ciento—mientras en 2012, 505 venezolanos lo habían solicitado, la cantidad de venezolanos que lo hizo en 2016 llegó a 34.200.

Una revisión de fuentes oficiales indica un aumento de la inmigración venezolana en diferentes países:

  • En Argentina, las radicaciones temporarias a venezolanos aumentaron de 1.777 en 2014 a 4.707 en 2015. Autoridades migratorias argentinas le dijeron a Human Rights Watch que 12,800 venezolanos obtuvieron residencies legales en Argentina en 2016, y 14,400 lo habían hecho entre enero y marzo de 2017.
  • En Brasil, desde el 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, 4.670 venezolanos habían solicitado asilo. La cantidad de venezolanos que solicitaron asilo en Brasil aumentó de 54 en 2013, a 208 en 2014, 825 en 2015 y 2.595 entre enero y el 1 de diciembre de 2016. Hay más de 4.000 venezolanos en lista de espera para solicitar asilo en Brasil.
  • En Chile, las visas otorgadas a nivel nacional (de estudiante, sujetas a contrato y temporarias) para venezolanos aumentaron de 1.463 en 2013, a 2.874 en 2014 y a 8.381 en 2015.
  • En México, en 2014, 56 venezolanos solicitaron refugio, y 9 fueron reconocidos; en 2015, 57 solicitaron refugio y 26 fueron reconocidos, y en 2016, 361 solicitaron refugio y 296 fueron reconocidos.
  • En Perú, la cantidad de extranjeros inscriptos para obtener carnet de extranjería aumentó de 180 en 2013, a 550 en 2014, 1.445 en 2015 y 1.543 en 2016.
  • En Estados Unidos, en 2014, Venezuela pasó a ser parte de la lista de las “Principales Nacionalidades que Solicitaron Asilo ante USCIS.” En diciembre de 2014, se recibieron 395 aplicaciones, en diciembre de 2015 se recibieron 958, y en diciembre de 2016 se recibieron 2.334. En 2016, Venezuela pasó a ser el primer país en la lista.
  • En Uruguay, un total de 2.448 venezolanos obtuvieron residencias Mercosur para permanecer en el país en 2015 y 2016, según información provista por autoridades migratorias a Human Rights Watch.
  • El 21 de abril, el periódico español El País publicó que 3.960 venezolanos habían solicitado asilo en 2016—un número siete veces mayor que el de 2015, cuando 585 venezolanos lo solicitaron. Más venezolanos solicitaron asilo en España que personas de cualquier otra nacionalidad. Según información oficial revisada por Human Rights Watch, 124 venezolanos solicitaron asilo en 2014, mientras que solo 35 lo hicieron en 2013 y 28 en 2012.

 

Las manifestaciones continúan

Hoy, la oposición venezolana organizó el “Gran Plantón Nacional,” una manifestación que consiste en cerrar las calles principales en distintas ciudades. Para información actualizada sobre lo que está ocurriendo en diferentes lugares del país, visiten la página web de NTN24.

Qué debe hacer la comunidad internacional sobre Venezuela

Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad venezolanas durante la llamada "Madre de todas las marchas" contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 19 de abril de 2017.

© 2017 Reuters

Decenas de miles de venezolanos que han llegado a un punto de inflexión ante la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, salieron masivamente a las calles en todo el país el miércoles pasado. Pedían que el gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela para asistir a la enorme cantidad de personas que intentan desesperadamente conseguir alimentos y medicamentos. Y exigían que el gobierno celebre elecciones, libere a los presos políticos y restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional.

La dura reacción del gobierno venezolano fue una réplica absolutamente irresponsable de su respuesta a protestas anteriores. La respuesta del gobierno a estas protestas es otra prueba más de la necesidad de que exista una firme presión internacional, especialmente de la región, que conduzca al restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela—y es, además, una demostración del costo potencial de no hacerlo, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por CNN

 

Saqueos y muerte en una urbanización popular en Caracas

En la noche del 20 de abril, ocurrieron incidentes de saqueos en El Valle, una urbanización popular en Caracas, según el Caracas Chronicles. Miembros de las fuerzas de seguridad fueron enviadas para enfrentar a los responsables de los saqueos, junto con civiles armados con vínculos al gobierno, según reportes. En las redes sociales se reprodujeron videos y audios con sonidos de disparos, así como información que indica que el Hospital Materno Infantil debió ser evacuado luego de que entrara gas lacrimógeno al edificio. Residentes locales montaron una serie de pequeñas barricadas para intentar impedir que pasaran las fuerzas de seguridad y los grupos armados, reportó el Caracas Chronicles.

El 21 de abril, el Ministerio público informó que estaba investigando la muerte de 11 personas, incluyendo un joven de 17 años, y heridas a otras seis personas en El Valle durante el 20 y 21 de abril. Algunas víctimas habían sido electrocutadas y otras por heridas causadas por armas de fuego. El Ministerio Público también estaba investigando la muerte de otra persona que murió en un “hecho similar” en Petare, otra urbanización humilde en Caracas. 

Mellizos torturados hasta confesar

El 18 de abril, un juzgado penal de Caracas dispuso la prisión preventiva de los hermanos mellizos (o “morochos”, en Venezuela) de 22 años Francisco José Sánchez Ramírez y Francisco Alejandro Sánchez Ramírez. Ambos son estudiantes universitarios y activistas opositores, y habían sido detenidos cinco días antes y acusados de participar en un atentado contra un edificio de la magistratura, ocurrido el 8 de abril durante una protesta contra el gobierno.

El día de la detención, el Ministro de Interior y Justicia tuiteó que las fuerzas de seguridad habían dado un “duro golpe al terrorismo de la derecha venezolana” y que los mellizos “organizaban actos terroristas y atentados contra la paz del país”. El ministro manifestó que habían “confesado” su participación en actos de “violencia” y que el gobierno había “recabado valiosos elementos de prueba que comprometen a dirigentes de la derecha con los actos terroristas”.

El 16 de abril, el Presidente Nicolás Maduro difundió un video que supuestamente mostraba a uno de los mellizos, con el rostro difuminado —y en el que se habían modificado las voces de quienes lo interrogaban—, mientras confesaba que un político opositor le había pagado para reclutar a personas y participar en actos violentos.

Pero José Sánchez, abogado y padre de los mellizos, afirmó que estos, en la audiencia, le dijeron al juez que, tras ser detenidos cuando salían de la vivienda de la novia de uno de ellos, fueron conducidos hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde sufrieron abusos físicos y fueron amenazados de muerte para que se prestaran a filmar el video. Cuando el padre visitó la sede del SEBIN ese día, le dijeron que sus hijos no estaban allí. Recién pudo verlos 72 horas después, según contó.

El padre afirmó que, durante la audiencia, un fiscal sostuvo que el video no podía usarse como prueba contra los hermanos, y que se investigarían los señalamientos de tortura.

En una aparición pública ante la Asamblea Nacional el 18 de abril, el padre lloró cuando repitió lo que le habían dicho los mellizos: “Nos doblaron, pero no nos quebraron. Papá, dígale a todos nuestros amigos, que las lágrimas de hoy serán la sonrisa del mañana”.

 

Miles protestan por crisis de derechos humanos en Venezuela

La oposición venezolana convocó hoy a lo que han denominado la “madre de todas las marchas”, que movilizó a miles de personas a las calles en reclamo de elecciones, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y de que se permita que llegue ayuda humanitaria suficiente al país. 

Demonstrators clash with riot police during the so-called "mother of all marches" against Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela April 19, 2017. 

© 2017 Reuters

La participación fue masiva. Sin embargo, nunca nos enteraríamos si fuera por la información difundida por fuentes oficiales venezolanas, incluidos el vicepresidente, Telesur y VTV, que informan únicamente sobre mítines a favor del gobierno en los cuales participaron bastantes personas y se ven a algunos que cantan y bailan “en defensa de la paz”.

Sin embargo, hoy no hay en Venezuela demasiados motivos para cantar y bailar. Dejemos de lado, por un instante, la crisis política, económica, de derechos humanos y humanitaria que llevó a miles de personas a las calles en señal de protesta. Hoy las fuerzas de seguridad usaron la fuerza y gases lacrimógenos contra manifestantes, y decenas de personas fueron detenidas.  Periodistas que daban cobertura a las protestas fueron hostigados, tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por partidarios del gobierno, y un canal de televisión por cable que cubrió las protestas fue sacado del aire. Al menos una persona perdió la vida: un joven de 17 años que no estaba participando en las manifestaciones murió luego de recibir un disparo en la cabeza.

Lo que sucedió era totalmente previsible. Las protestas de hoy se dieron en el marco de tensiones explosivas, y en un país en el cual las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente manifestaciones de opositores, a veces en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno. Antes de la manifestación de hoy, el Presidente Nicolás Maduro —invocando su slogan de “defender la paz”— acusó a la oposición de ir por “el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo [y] del intervencionismo”. También anunció que multiplicaría la cantidad de milicias afines al gobierno y les proporcionaría fusiles, y organizó manifestaciones paralelas en apoyo al gobierno para contrarrestar la protesta de la oposición.

Anticipándose a las manifestaciones de hoy, la mirada de la región ya estaba puesta en Venezuela. Lo que está sucediendo hoy debería ser otra prueba más de lo importante que es que haya una firme presión internacional para que se reestablezcan los derechos humanos y la democracia en Venezuela, y de que el costo y el riesgo de no ejercer tal presión son cada vez más altos.

Imágenes en vivo de las protestas del 19 de abril

Acá pueden ver imágenes en vivo de las protestas contra el gobierno venezolano:

Maduro se prepara para la marcha del 19 de abril

Reprimiendo el disenso

El Foro Penal Venezolano, una organización venezolana que brinda asistencia legal a detenidos, publicó hoy un informe según el cual entre el 4 y el 14 de abril se detuvieron 470 personas en el marco de manifestaciones contra el gobierno, incluidas 165 que fueron liberadas antes de ser llevadas ante un juez. Las fuerzas de seguridad emplearon un uso excesivo de la fuerza y dispararon gases lacrimógenos indiscriminadamente para dispersar las manifestaciones, provocando graves heridos, según el informe. Al menos cinco personas fallecieron por disparos de arma de fuego. Abogados que colaboran con la organización sostuvieron que algunos detenidos fueron golpeados e incluso torturados, mientras que otros fueron sujetos a procesos penales sin sustento probatorio que los vinculase a la comisión de un delito, a veces ante tribunales militares.

Informe: La crisis humanitaria en Venezuela se extiende a Brasil

La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos deben ejercer una firme presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas que solucionen la grave escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, que está provocando que muchos venezolanos huyan del país.

La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país.

 

 

Latinoamérica está pendiente

El 17 de abril, ante las protestas de oposición al gobierno programadas para el 19 de abril en Venezuela, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para asegurar que los venezolanos puedan participar en manifestaciones pacíficas. El comunicado exhorta al gobierno a que defina fechas para un cronograma electoral “que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región.”

 

Se desmorona la fachada democrática venezolana

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave que seguía siendo independiente del poder ejecutivo. Lo hizo mediante el absurdo anuncio de que el propio Tribunal asumiría todas las facultades legislativas o designaría a otra institución a la cual delegárselas. Este pronunciamiento marca el fin de la fachada democrática del gobierno de Maduro, José Miguel Vivanco señala en Univisión.

Hace 1000 días Leopoldo López es rehén de Maduro

Venezuela: El gobierno arremete contra críticos mientras la crisis se profundiza

El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.

El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país.

 

Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra, señaló hoy Human Rights Watch. Además, la OEA debe exigirle a Venezuela que investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.

Venezuela: Redadas policiales afectan a sectores populares

Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela han derivado en denuncias generalizadas de abusos, señalaron el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Human Rights Watch en un informe conjunto difundido hoy. Los señalamientos incluyeron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos.

Venezuela: Golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.

.