1. Novedades sobre la crisis venezolana
  2. Cáritas sobre desnutrición infantil
  3. Historias por fotógrafos venezolanos
  4. Violencia contra periodistas
  5. Imágenes de las protestas
  6. Escasez de vacunas
  7. Lo último de la Fiscal General
  8. Una víctima de 11 años
  9. Trabajando para que lleguen medicinas a Venezuela
  10. Inmigración venezolana a Perú
  11. Preparando francotiradores militares
  12. Pasaportes confiscados
  13. Reunión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela
  14. ¿Qué está pasando en el interior del país?
  15. Violentando residencias en Valencia
  16. Sobre la responsabilidad estatal por acciones de los “colectivos”
  17. Nueva información sobre abusos y procesamientos arbitrarios de civiles en tribunales militares
  18. Un estado de excepción que ya lleva un año
  19. Sin medicina para cuidados paliativos
  20. La dictadura de Maduro
  21. Los próximos pasos, según el International Crisis Group
  22. La iglesia venezolana sobre los abusos
  23. The Interpreter sobre Venezuela
  24. Datos oficiales sobre la crisis de salud
  25. La CIDH sobre abusos contra manifestantes
  26. Un arresto arbitrario
  27. Civiles juzgados por tribunales militares
  28. Una radio para los derechos humanos
  29. Videos sobre la crisis venezolana
  30. Carta al Presidente Maduro para visitar a Leopoldo López
  31. Datos actualizados: Muertos, heridos y detenidos al 4 de mayo
  32. Gobiernos Latinoamericanos sobre los abusos en Venezuela
  33. El papel de las Fuerzas Armadas venezolanas
  34. ¿Leopoldo López se encuentra bien?
  35. Represión del 3 de mayo
  36. Las esposas de presos políticos
  37. Pronunciamiento sobre la propuesta de Maduro para realizar una Asamblea Constituyente
  38. Detenciones por agentes de inteligencia
  39. Libertad de prensa bajo asedio
  40. Datos oficiales: Muertes, detenciones, heridos
  41. La represión del disenso me empujó a un segundo exilio
  42. OEA vs CELAC
  43. El “Defensor del Pueblo” sobre aislamiento de Leopoldo López
  44. La emigración venezolana en números
  45. Las manifestaciones continúan
  46. Qué debe hacer la comunidad internacional sobre Venezuela
  47. Saqueos y muerte en una urbanización popular en Caracas
  48. Mellizos torturados hasta confesar
  49. Miles protestan por crisis de derechos humanos en Venezuela
  50. Imágenes en vivo de las protestas del 19 de abril
  51. Maduro se prepara para la marcha del 19 de abril
  52. Reprimiendo el disenso
  53. Informe: La crisis humanitaria en Venezuela se extiende a Brasil
  54. Latinoamérica está pendiente
  55. Se desmorona la fachada democrática venezolana
  56. Hace 1000 días Leopoldo López es rehén de Maduro
  57. Venezuela: El gobierno arremete contra críticos mientras la crisis se profundiza
  58. Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas
  59. Venezuela: Redadas policiales afectan a sectores populares
  60. Venezuela: Golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados

La crisis venezolana

Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos y humanitaria. El gobierno de Maduro se ha aprovechado de la enorme concentración de poder para gradualmente erosionar garantías de derechos fundamentales y controles a su propio poder. Opositores del gobierno, incluyendo manifestantes, críticos, y políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos y perseguidos penalmente. Organizaciones venezolanas estiman que hay más de 100 presos políticos. Las fuerzas de seguridad han cometido gravísimos abusos, incluyendo casos de tortura. El Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia, ha apoyado abusos cometidos por el gobierno y le ha quitado sus facultades a la Asamblea Nacional. La severa escasez de medicinas y alimentos afecta gravemente la posibilidad de los venezolanos de acceder a una nutrición y servicios de salud adecuados.

Novedades sobre la crisis venezolana

Policías disparan gases lacrimógenos hacia opositores durante incidentes en el marco de manifestaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, 20 de abril de 2017. 

© Reuters 2017

Han pasado tantas cosas en las últimas semanas, que nos pareció oportuno empezar este blog contando en dónde se encuentra el debate sobre si Venezuela está cumpliendo con sus obligaciones internacionales establecidas en la Carta Democrática Interamericana. Los hechos más recientes dejan en evidencia una vez más la ausencia de independencia judicial y separación de poderes en Venezuela, y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para reprimir la discusión sobre la crisis, lo cual hace que la creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro sea ahora más importante que nunca para restablecer los derechos humanos y el estado de derecho.

Cáritas sobre desnutrición infantil

Este informe de Cáritas de Venezuela, basado en la evaluación de 2,267 niños menores de 5 años en Caracas y tres estados (Miranda, Vargas, y Zulia), concluyó que 10.2 por ciento de los niños tenía una desnutrición moderada o severa (desnutrición aguda global), 12 por ciento tenía desnutrición leve, 26 porciento estaba en riesgo de desnutrición y había comenzado a deteriorarse, y el 52 por ciento no tenía déficit nutricional.  La mayoría de los niños con desnutrición aguda global son menores de 2 años, según la información recabada por Cáritas. El porcentaje de casos de desnutrición aguda global aumentó de 8.9 por ciento en el último trimestre de 2016 a 10.2 por ciento en los primeros dos meses de 2017, superando el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud para lo que debe considerarse una crisis, según Cáritas. El porcentaje de familias que han modificado sus hábitos de comida—por ejemplo, solo alimentando a algunos miembros de la familia, no comiendo por un día, o comiendo menos—aumentó de 77 por ciento en 2016 a 82 por ciento en 2017.

Una buena explicación sobre porqué los venezolanos no pueden alimentarse adecuadamente está disponible en este reciente artículo del Washington Post:

Historias por fotógrafos venezolanos

Este artículo de Time incluye fotografías de ocho fotógrafos venezolanos quienes también describen la historia detrás de cada imagen. Ilustran algunos de los aspectos más dramáticos de la crisis venezolana, incluyendo, por ejemplo, el uso indiscriminado de la fuerza por fuerzas de seguridad, filas atestadas de gente esperando para comprar productos básicos, personas comiendo de la basura, y muertes como consecuencia de enfermedades que habían sido erradicadas pero ya no pueden ser tratadas.

Violencia contra periodistas

El 24 de mayo, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana usaron la fuerza para dispersar una manifestación contra el gobierno en Bello Monte, Caracas, dijo Mildred Manrique, una periodista venezolana que estaba cubriendo la protesta, a Human Rights Watch. Hubo algunos incidentes cuando los manifestantes comenzaron a devolverles las bombas lacrimógenas a los agentes de seguridad que las habían arrojado hacia ellos, dijo Manrique.

Alrededor de las 4 de la tarde, miembros de la Guardia Nacional aparecieron en motocicletas en la zona donde se encontraba un grupo de periodistas, incluyendo a Manrique. Había al menos cinco periodistas detrás de un paredón para protegerse, y otros siete del otro lado de la acera. Todos tenían sus identificaciones de periodistas y tenían un chaleco que decía “prensa”, dijo Manrique. Los agentes de seguridad voltearon hacia ellos y dispararon bombas lacrimógenas directamente hacia los periodistas, quienes estaban filmando los incidentes, y una de las bombas golpeó a Manrique en el pecho, según relató. La protegió el chaleco, donde rebotó la bomba, y le quemó el codo, según Manrique. Otra bomba lacrimógena golpeó a un periodista en los testículos, según contó. Voluntarios de la Cruz Verde, quienes dan atención médica de emergencia durante las protestas, asistieron a Marique allí mismo, y ella continuó trabajando.

Luego, Manrique vio cómo una persona, en el medio de los manifestantes, comenzó a disparar tiros al aire. Cuando algunos manifestantes lo vieron, corrieron detrás de él, pero el hombre se dirigió hacia donde estaba la Guardia Nacional Bolivariana y dejó el lugar en una motocicleta oficial, Manrique le dijo a Human Rights Watch.

Aquí está el video que Manrique estaba filmando cuando recibió el impacto de la bomba: 

Imágenes de las protestas

Miembros de la Guardia Nacional disparan durante una protesta contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 1 de mayo de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Despliegue de la policía antidisturbios durante protestas contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 6 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Un manifestante es alcanzado por el chorro de un cañón de agua de la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 6 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Un camión blindado de la policía antidisturbios apunta un cañón de agua hacia personas que se manifiestan contra el gobierno en Caracas, Venezuela. 6 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Activistas de oposición marchan en un barrio popular de Caracas, Venezuela, durante una manifestación contra el gobierno. 13 de abril de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Manifestantes rescatan a activista opositor herido que, al ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno, cayó en el dique del río Guaire en Caracas, Venezuela. 1 de mayo de 2017. 

© 2017 Francisco Bruzco

Manifestante opositor es alcanzado por cañón de agua durante un enfrentamiento con la policía antidisturbios en Caracas, Venezuela. 18 de mayo de 2017. 

© 2017 REUTERS/Christian Veron

Escasez de vacunas

El 21 de mayo, como parte de una investigación sobre medidas estatales vinculadas con servicios de salud para niños, IPYS Venezuela publicó un informe detallado documentado en el cual sostiene que las vacunas no están llegando a niños que las necesitan. Sobre la base de información oficial y una investigación de campo, IPYS concluyó que el gobierno no contaba con suficientes vehículos para transportar las vacunas disponibles ni refrigeración adecuada para ellas en varios lugares. Una publicación anterior de la misma serie, disponible aquí, denuncia que el 70 por ciento de equipos para unidades públicas de atención obstétrica y neonatal adquiridos por el gobierno de Argentina está sin mantenimiento, en un momento en el cual están en aumento los índices de mortalidad infantil y el déficit de médicos. 

Lo último de la Fiscal General

El 24 de mayo, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz dio una conferencia de prensa en la cual sostuvo que desde comienzos de abril fallecieron 55 personas—52 civiles y 3 funcionarios—y resultaron heridas mil personas—771 civiles y 229 funcionarios. El Ministerio Público está llevando adelante 1.479 investigaciones por hechos de violencia, incluyendo 1.349 que involucran delitos contra las personas, ha imputado a 19 funcionarios por su responsabilidad en la violación de derechos humanos, y ha emitido 18 órdenes de aprehensión que aún deben ser ejecutadas, dijo la fiscal. Ortega sostuvo que Juan Pernalete—un manifestante que falleció el 26 de abril—murió como consecuencia del golpe de una bomba lacrimógena, contradiciendo la versión oficial de que había recibido un disparo de una pistola de perno. El Ministerio Público está también llevando adelante 16 investigaciones sobre la responsabilidad de grupos civiles armados que “buscan propiciar violencia” y ha recibido información sobre la presunta participación de militares en saqueos, dijo Ortega. Finalmente, hizo tres aclaraciones importantes: 1) Sobre los juicios militares a civiles, sostuvo que “las personas tienen derecho a ser juzgadas por jueces naturales”, 2) “Las manifestaciones pacíficas son un derecho y el Estado debe garantizarlo”, y 3) “Debe haber libertad para profesar cualquier tendencia política.” Bastante claro.

Una víctima de 11 años

 

El 18 de mayo, María González, una mujer indígena de la etnia Wayuu que vive en el estado Zulia, le dijo a NTN24 que miembros de la Guardia Nacional ataron las manos de su hijo de 11 años por detrás de su espalda y le colocaron una “bomba” en la espalda, que le causó quemaduras en la espalda, los brazos y los ojos. Un vídeo publicado en YouTube la noche anterior, filmado por vecinos que dicen haber encontrado al niño, lo muestra con sus brazos atados en la espalda e imágenes de su espalda quemada. En otro vídeo, difundido por NTN, los vecinos muestran una bomba lacrimógena que supuestamente explotó en la espalda del niño. Un doctor que trató al niño le dijo a NTN24 y a un diario local que el niño había sufrido quemaduras de primer y segundo grado que no requerían hospitalización pero debían ser tratadas, y que eran consistentes con su relato de lo sucedido.

El Ministerio Público emitió un comunicado de prensa confirmando que estaba investigando el caso. El comunicado sostiene que el niño estaba cerca de una panadería cuando ocurrió una “situación irregular” y que “varias personas” lo habían amarrado, golpeado, y quemado en la espalda con un “artefacto”.

Trabajando para que lleguen medicinas a Venezuela

El 16 de mayo, The Associated Press publicó este artículo que explica el difícil trabajo llevado adelante por organizaciones no gubernamentales que intentan eludir las restricciones del gobierno venezolano para recibir ayuda humanitaria. Mientras el pueblo venezolano continúa sufriendo las consecuencias de la severa escasez de medicina e insumos médicos, y la canciller venezolana niega que exista una crisis humanitaria, algunos grupos como Acción Solidaria se han transformado en un “salvavidas para venezolanos que sufren todo tipo de enfermedades,” sostiene AP.

Inmigración venezolana a Perú

Autoridades peruanas han confirmado a Human Rights Watch que más de 10.000 venezolanos han pedido permiso para permanecer en Perú en 2017, amparándose en las políticas receptivas del gobierno peruano. Estas políticas son un reflejo de que el gobierno de Perú entiende la gravedad de las crisis que atraviesa Venezuela, y se suman a los esfuerzos del gobierno para presionar a Venezuela para que respete los derechos humanos y el estado de derecho.

En enero de 2017, el Presidente Pedro Pablo Kuczynski dictó un decreto que concede un permiso especial de residencia a los venezolanos. El decreto establece que los venezolanos que llegaron a Perú antes del 2 de febrero —fecha en que entró en vigor—, no tengan antecedentes penales, y cuya autorización legal de permanencia en el país haya caducado, podrán pedir un permiso temporal de permanencia de un año de duración. Aquellos que obtengan el permiso podrán trabajar, inscribir a sus hijos en la escuela y acceder a atención médica.

Al 30 de abril, 5.834 venezolanos habían obtenido el permiso temporal de permanencia, según datos oficiales. El titular de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior, dijo a Human Rights Watch que, otros 4.300 venezolanos habían pedido turno a través de Internet para obtener su permiso. Los turnos se habían otorgado para fechas de aquí a agosto. Los venezolanos que ingresaron en Perú luego del 3 de febrero podrán permanecer legalmente en el país por 183 días, y el gobierno está analizando medidas para dar respuesta a esa afluencia de inmigración venezolana cuando ese período concluya, según afirmó el superintendente.

Aunque la mayoría llega en avión, cerca del 30% de estas personas pasan días viajando en autobús hasta Perú, según nos informaron las autoridades. A continuación se presentan algunos testimonios recabados por Human Rights Watch de venezolanos que huyeron de la crisis en su país y ahora viven en Lima:

Ludiskel Mass, de 32 años, es profesora de escuela y anteriormente fue activista estudiantil del partido opositor Un Nuevo Tiempo. Luego de estar algunos meses en el extranjero en 2013, regresó a Maracaibo, estado de Zulia, y fue allí que, en 2015, empezó a tener episodios de sangrado vaginal. Los médicos le indicaron que creían que tenía un quiste, pero no contaban con los insumos médicos necesarios para diagnosticarla adecuadamente, según contó. Mass dijo a Human Rights Watch que pasó tres meses con sangrado persistente y anemia, y que no pudo comprar vitamina K ni pastillas anticonceptivas que, según le habían dicho los médicos, podrían haberle ayudado a controlar el sangrado. En agosto de 2015, dos amigos le pagaron el pasaje en autobús a Lima, donde, según dijo, llegó luego de un viaje de seis días. En Perú, los médicos le diagnosticaron cáncer uterino y fue sometida a una cirugía que resultó exitosa, contó a Human Rights Watch. Al momento de la entrevista, ya no tenía cáncer. En septiembre de 2016, pudo traer a Lima a sus hijos, que entonces tenían 11 y 12 años. Mass cuenta con su permiso temporal de permanencia.

El economista Carlos Márquez (seudónimo), de 59 años, llegó a Lima en abril de 2017. En el año 2014, el hijo de 24 años de Márquez fue arrestado durante protestas contra el gobierno, golpeado y posteriormente puesto en libertad condicional, dijo Márquez a Human Rights Watch. El fiscal finalmente lo sobreseyó, según afirmó. Miembros de la Guardia Nacional detuvieron a su hijo nuevamente el año siguiente mientras estaba en la vía pública, sin exhibir una orden judicial, según nos contó. Uno de los abogados que trabajó en el caso también indicó que el hijo de Márquez fue procesado arbitrariamente sobre la base de pruebas que, según dijo, habían sido colocadas para incriminarlo. Márquez afirmó que gastó todos sus ahorros en un soborno al juez a cargo del caso de su hijo para lograr que fuera transferido fuera de una cárcel donde había contraído sarna y problemas gastrointestinales. Márquez, cuyo hijo sigue detenido, llegó a Lima con la intención de trabajar en el sector gastronómico. “Empiezo una nueva vida a los 59 para poder ayudar a mi familia desde este país”, dijo. 

Kerwin Duarte, de 26 años, se fue de Barquisimeto, estado de Lara, en octubre de 2016. Duarte, un estudiante de psicología que trabajaba en una tienda de utensilios de cocina, dijo a Human Rights Watch que en Venezuela hacía cola durante horas para comprar alimentos y que se había ido del país por los altos niveles de inseguridad y porque allí “no hay futuro”. Tomó un autobús a Colombia, y voló a Lima desde allí, según dijo. Duarte contó que, por un mes, dependió de la hospitalidad de un hombre peruano, y se alimentó únicamente con pan. Ahora, en Lima, alquila un pequeño apartamento, vende arepas —el plato típico venezolano preparado con harina de maíz— en la calle y afirma ganar lo suficiente para vivir y enviar entre 20 y 30 dólares por semana para ayudar a su familia, incluida su abuela que sufre hipertensión y no puede pagar los medicamentos que necesita, cuando logra conseguirlos. Duarte obtuvo su permiso temporal de permanencia en marzo.

Leomar Rodríguez, de 28 años, se fue de Caracas en enero de 2017, poco después de haberse graduado de la universidad como licenciado en administración. Rodríguez contó a Human Rights Watch que en Venezuela administraba su propio negocio de impresión de camisetas, pero que debido a la crisis económica, ya no podía comprar los materiales que necesitaba para estamparlas, y los ingresos apenas le alcanzaban para comprar alimentos, que conseguía luego de esperar en colas durante horas. Rodríguez llegó a Lima tras un viaje por carretera de 5 días. Ahora vende en la calle arepas y tizana, una bebida venezolana a base de jugo y ensalada de frutas. Rodríguez dijo a Human Rights Watch que está mejor en Lima, donde puede comer, hay más seguridad y puede ganar algo de dinero para enviarles a sus padres y hermanos que todavía viven en Caracas.

Preparando francotiradores militares

El 18 de mayo, el periódico español ABC publicó un audio de una conversación grabada supuestamente entre un grupo de generales venezolanos sobre el uso de francotiradores militares en Venezuela. En el audio, se escucha la voz de un hombre, que ABC dice que es un general, diciendo: “Va a llegar el momento donde vamos a tener que emplearlo y quiero que estemos preparados para ese momento, porque el presidente no se va a quedar nada más en una ´fase verde´, señores, él ya firmó una banda de operaciones.” Luego, agregó: “pudiéramos estar al comienzo de una guerra subversiva urbana”, y sostuvo que: “La Fuerza Armada es la que va a tener que solucionar este peo [problema]. Entonces váyanse preparando con esos efectivos militares que pudieran hacer las veces de francotiradores.”

Aquí está la grabación:

 

El 19 de mayo, el Caracas Chronicles publicó este artículo por Francisco Toro, con un link a una versión más larga de la grabación, que incluye un análisis interesante de su contenido. Toro resalta que la grabación muestra que algunos de los generales están preocupados por las consecuencias de utilizar francotiradores, incluyendo la posibilidad de terminar presos. Como dice Toro, “no es que estos hombres de repente sientan culpa. Es que están asustados”. El hecho que estos hombres estén cuestionando estas tácticas porque se dan cuenta que dispararle a manifestantes tal vez no sea en su mejor interés demuestra que una amnistía que excluye violaciones de derechos humanos puede ser una buena estrategia para romper con la unidad de estas fuerzas, escribió Toro.

Pasaportes confiscados

El 17 de mayo, las autoridades migratorias venezolanas retuvieron al periodista César Miguel Rondón en el aeropuerto de Caracas cuando estaba dirigiéndose al exterior a participar en un evento público. Esto ocurrió un día después de que el Presidente Maduro acusara en televisión a Rondon y a otro periodista de “promover una persecución”. Rondon había comentado en Twitter sobre casos en los cuales funcionarios venezolanos habían sido escrachados en el exterior, reportó Espacio Público. El pasaporte de Rondon y el de su esposa fueron anulados y no se les permitió la salida del país.

El 18 de mayo, las autoridades migratorias venezolanas confiscaron el pasaporte del líder opositor Henrique Capriles Radonski en el aeropuerto de Caracas, cuando se dirigía a una reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A Capriles no se le permitió salir del país. 

Reunión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela

¿Qué está pasando en el interior del país?

Aquí pueden acceder a buenas fuentes de información del mundo de los derechos humanos que informan sobre lo que está pasando en el interior del país:

En el estado Zulia, la organización de derechos humanos CODHEZ está monitoreando las protestas y los abusos contra manifestantes. Para ver la información que han recabado durante el mes de abril, se puede revisar este boletín mensual y este magazine temático. @CODHEZ

En el estado Mérida, vean lo publicado por PROMEDEHUM en Facebook y @promedehum, y por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, en su página web y a través de @uladdhh

En el estado Lara, revisen la información producida por FUNPAZ, en Facebook y a través de @Funpaz2013, y por el MOVIMIENTO VINOTINTO, también en Facebook y a través de @movinotinto

En el estado Carabobo, pueden revisar el material producido por CADEF (Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos), aquí. @_cadef

Violentando residencias en Valencia

El 15 de mayo, decenas de vecinos participaron en manifestaciones contra el gobierno en Mañongo, una zona residencial en Valencia, en el estado Carabobo. La manifestación consistió en cerrar vías principales, como parte del “Plantón” nacional organizado para ese día. Alrededor de las 4 de la tarde, luego de que terminara la manifestación, un grupo de al menos 50 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas entraron por la fuerza en cuatro torres residenciales en la zona, sin ninguna orden judicial, argumentando que estaban buscando un francotirador, dijo un residente. Varios residentes dijeron a Human Rights Watch que agentes de seguridad violentaron la entrada a varios apartamentos y robaron bienes personales, incluyendo celulares, prendas y dinero en efectivo. Una residente vio a un agente apuntando con un arma a una mujer que estaba cargando a un niño en sus brazos; otros dijeron que vieron a agentes golpear a residentes y detener a varios residentes así como a dos personas que trabajaban en los edificios, sin mostrar ninguna orden judicial.

Así quedó la puerta de un apartamento al cual ingresaron:

 

Sobre la responsabilidad estatal por acciones de los “colectivos”

Se ha dicho mucho sobre la existencia de grupos armados partidarios del gobierno, llamados “colectivos”, que colaboran con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir protestas pacíficas u operan con su aquiescencia. Human Rights Watch ha documentado este tipo de casos desde el 2014. Este interesante artículo recientemente publicado por el Caracas Chronicles analiza la jurisprudencia internacional de derechos humanos y concluye que el gobierno de Venezuela es responsable por los crímenes y abusos cometidos por estas bandas criminales. Para tenerlo en cuenta.

Nueva información sobre abusos y procesamientos arbitrarios de civiles en tribunales militares

Pronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch 

Al 15 de mayo, el Foro Penal Venezolano ha recibido información sobre el procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela. En todos los casos, el Foro Penal Venezolano ha brindado asistencia legal a los detenidos o verificado información sobre los casos con familiares. Human Rights Watch ha entrevistado a varios abogados que representaron a detenidos. Los casos incluyen el procesamiento de 192 civiles en el estado de Carabobo, 19 en el estado de Falcón, 20 en el estado de Zulia, 18 en Caracas, 13 en el estado de Lara, 10 en el estado de Sucre, 2 en el estado de Barinas y 1 en el estado de Táchira. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar de que no existe ningún récord público sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en sí mismo, la información provista por abogados y familiares incluyen denuncias muy preocupantes de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos, incluyendo las siguientes:

  • Que los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad.
  • Que las audiencias se están realizando en tribunales u otras instalaciones militares, son presididas por jueces que dependen del Ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados.
  • Que los jueces aceptan la imputación hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno.
  • Que no se fija una hora para las audiencias con antelación, y esto obliga a abogados independientes y familiares a esperar durante horas en la entrada de los establecimientos o tribunales militares. Los abogados sostienen que cuando finalmente se celebran las audiencias, a veces no se les permite ingresar a la sala. Dijeron también que en los casos en que sí ingresan, generalmente sólo se les permite hablar con los detenidos unos pocos minutos antes de las audiencias, tienen acceso al expediente penal recién cuando están en la audiencia y no pueden tomar fotografías ni hacer copias de los expedientes.
  • Que existen casos de manifestantes que fueron imputados con graves delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición” por supuestos actos de violencia durante protestas.

Información sobre casos aportada por abogados que estuvieron presentes en las audiencias

El 5 de mayo, 40 personas detenidas por separado cerca de una empresa alimentaria en Valencia, en el estado de Carabobo, que había sido saqueada el día anterior, fueron presentadas ante un juez militar en una sala que se improvisó en un cuartel militar. La audiencia empezó a las 7 p.m. y se extendió por 12 horas. Durante la audiencia, la mayoría de los detenidos mostraron contusiones en distintas partes del cuerpo que, según dijeron, habían sido provocadas por miembros de la Guardia Nacional que les propinaron golpes una barra de aluminio o un bate de béisbol. Algunos afirmaron que los agentes les cortaron el cabello durante la detención. Al menos 15 señalaron haber sido obligados a comer pasta cruda con excremento humano (los agentes les habrían aplicado en la nariz partículas del polvo que se usa para generar gas lacrimógeno, y obligarlos así a abrir la boca para ingerir). Sin haber individualizado la responsabilidad penal de cada uno, los 40 fueron imputados de rebelión. El juez militar confirmó los cargos contra todos, pero envió a 19 de los detenidos al penal de máxima seguridad “26 de Julio”, en el estado de Guárico, sin explicar el motivo de la distinción, según el abogado. Los otros fueron liberados condicionalmente bajo régimen de presentación.

El 6 de mayo, Carlos Sardi, quien colabora con organizaciones locales que trabajan con pacientes con cáncer y en la defensa de derechos LGBT, fue detenido mientras se manifestaba junto con su esposa en Valencia, estado de Carabobo. Sardi dijo que fue golpeado brutalmente y obligado a colocarse una capucha negra, mientras autoridades a quienes no podía ver le preguntaban por personas que supuestamente habían participado en las protestas. La fiscalía sostuvo que había mantenido contacto telefónico con otros manifestantes, y que llevaba cócteles Molotov, clavos y gasolina, aunque él afirma que estos elementos fueron colocados para incriminarlo. Sardi fue llevado ante un tribunal militar e imputado de rebelión, traición a la patria y vilipendio. Un juez militar dispuso que quedara en prisión preventiva en el penal “26 de Julio”, en el estado de Guárico.

El 9 de mayo, 16 personas que habían sido detenidas en distintas circunstancias en Villa de Rosario fueron llevadas juntas ante un tribunal militar en Maracaibo, estado de Zulia. Entre los detenidos había un hombre que dijo que estaba regresando a pie a su casa desde el trabajo y fue detenido por la Guardia Nacional, y dos hermanos que dijeron que estaban trabajando en el techo de su casa y fueron detenidos sin una orden judicial. Otros dos fueron supuestamente llevados desde el hospital —uno de ellos dijo que había sufrido un accidente doméstico y el otro dijo que era un simpatizante del gobierno que recibió un golpe al ser alcanzado por una botella durante una protesta— hasta una dependencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para que declararan quiénes los habían herido, y luego quedaron detenidos. Ocho de los 16 detenidos afirmaron haber sido golpeados por miembros de la Guardia Nacional al momento de la aprehensión, y que los agentes les arrojaron un polvo blanco en el rostro que les provocó fuerte ardor y los hizo llorar, un efecto que dijeron era similar al provocado por los gases lacrimógenos. Los abogados que pudieron entrar a la audiencia —que tuvo lugar dentro de un establecimiento militar— fueron revisados por oficiales, y no se les permitió llevar dentro de la sala sus teléfonos celulares ni otros artículos personales. No había oficiales femeninas para requisar a las abogadas mujeres. El 11 de mayo, el fiscal imputó a los 16 detenidos por rebelión y ultraje al centinela, sin especificar qué había hecho cada uno de ellos. El juez confirmó los cargos contra todos los detenidos, pero dispuso que siete de ellos permanecieran en prisión preventiva en la cárcel de Santa Ana, un establecimiento para personas procesadas en la justicia militar, sin explicar la distinción, según la abogada. El resto fue liberado condicionalmente bajo régimen de presentación.

Sergio Contreras, un activista del partido opositor Voluntad Popular que es abogado y enseñaba en la Universidad Católica Andrés Bello, dijo que el 10 de mayo fue golpeado y detenido por miembros de la Policía Nacional Bolivariana mientras se manifestaba en Caracas. Contreras dijo que estaba hablando con un megáfono a un grupo de estudiantes. Fue presentado ante un tribunal militar el 12 de mayo e imputado de rebelión, traición a la patria y sustracción de efectos militares (sobre la base de un arma de fuego que se le habría colocado para incriminarlo). El juez dispuso que quedara en prisión preventiva y lo envió a la prisión militar de Ramo Verde.

El 11 de mayo, Lisbeth Añez, una activista que visitaba a presos políticos mientras estaban detenidos, fue arrestada en el aeropuerto de Caracas cuando estaba por embarcar en un vuelo a Miami. Fue llevada a una prisión militar en Caracas el 12 de mayo, e imputada de rebelión y traición a la patria sobre la base de pruebas que incluían supuestos mensajes de WhatsApp que los abogados dijeron que no estaban descriptos en los documentos judiciales, libros, cartas y reconocimientos a su trabajo social. Estas pruebas, según sostuvo el tribunal, demostraban que estaba promoviendo actos violentos, a la luz de la “notoriedad” del carácter violento de las protestas en Venezuela, según informaron los abogados. Se ordenó su detención en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

Estándares internacionales de derechos humanos

Tanto el derecho venezolano como el derecho internacional establecen que los civiles no deben ser procesados en tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

Un estado de excepción que ya lleva un año

El 12 de mayo, 47 ONGs venezolanas de derechos humanos publicaron este comunicado criticando la decisión del gobierno de extender el decreto presidencial que declaró un “estado de excepción y emergencia económica”. El decreto había sido criticado por 125 organizaciones latinoamericanas e internacionales tras su publicación en mayo de 2016 debido al lenguaje vago que incluía, que abría la puerta para la restricción de derechos y limitar los poderes de la Asamblea Nacional y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. El estado de excepción fue extendido seis veces sin aprobación legislativa, según el comunicado.

Sin medicina para cuidados paliativos

El 11 de mayo, la Sociedad Venezolana de Cuidados Paliativos publicó una carta que sostiene que hoy en día en Venezuela no hay medicinas opioides disponibles para aliviar el dolor moderado a severo, y que los profesionales de la salud no tienen “forma de aliviar el sufrimiento de tantos pacientes que luchan por la vida o cercanos a la muerte”. La carta llama a las autoridades venezolanas a asegurar que exista disponibilidad de medicinas para controlar el dolor para cumplir con su obligación de respetar el derecho a la salud. La carta completa está disponible aquí:

La dictadura de Maduro

La degradación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela es tal que Nicolás Maduro ha optado por abandonar incluso su fachada democrática. Los hechos hablan por sí solos, dijo José Miguel Vivanco en un artículo publicado en La Tercera (Chile).

Los próximos pasos, según el International Crisis Group

Este artículo del International Crisis Group incluye un resumen de la crisis en Venezuela y explica dos medidas problemáticas adoptada por el gobierno venezolano recientemente: La propuesta del Presidente Maduro de crear una Asamblea Constituyente y su decisión de retirarse de la OEA. Sostiene que “en conjunto, estas dos decisiones constituyen un punto de inflexión en Venezuela, y el abandono del régimen ‘revolucionario’ en Caracas de la democracia representativa”. El ICG describe una serie de propuestas para poder salir de la crisis a través de una salida negociada (en vez de un diálogo interminable) que incluyen una amnistía para algunas autoridades—excluyendo aquellos responsables de narcotráfico y graves violaciones de derechos humanos—y un gobierno interino de unidad nacional, que incluya a algunos representantes del gobierno actual, para que pueda organizar elecciones.

 

La iglesia venezolana sobre los abusos

El 5 de mayo, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado que sostiene que la mayoría de los venezolanos perciben la propuesta del Presidente Maduro de adoptar una nueva Constitución como un paso más “en el socavamiento del Estado Social de Derecho previsto en la actual Constitución”. Según el comunicado, “actualmente lo que más necesita el pueblo venezolano es comida, medicamentos, libertad, seguridad personal y jurídica, y paz. Todo ello se conseguiría si el Gobierno actuara apegado a lo previsto en el texto constitucional vigente”. También pide que cese la represión, tras describir la “naturaleza represiva” del régimen que se ha visto en violencia excesiva por fuerzas de seguridad y grupos armados llamados “colectivos” que actúan “bajo la mirada protectora” de las autoridades.

Una línea similar adoptó el Padre Luis Ugalde, un padre jesuita que es ex-rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, en esta entrevista:
 

The Interpreter sobre Venezuela

Desde que arrancó la última ola de protestas masivas a comienzos de abril, The Interpreter del periódico The New York Times publicó dos artículos muy buenos que vale la pena leer. Un primer artículo, publicado el 1 de abril, describe cómo el populismo se tornó autoritario en Venezuela, partiendo con la descripción del copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Presidente Hugo Chávez en 2004. Otro artículo, publicado el 6 de mayo, analiza las fracturas existentes y potenciales dentro de las élites políticas y militares, incluyendo las recientes declaraciones críticas del gobierno emitidas por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

 

Datos oficiales sobre la crisis de salud

El 9 de mayo, Reuters publicó que, según datos oficiales, en el año 2016 en Venezuela, los índices de mortalidad infantil aumentaron un 30%, los índices de mortalidad materna aumentaron un 65%, y los casos de malaria aumentaron un 76%. Los boletines oficiales están disponibles aquí. Esta información es consistente con la investigación realizada por Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria, a la cual puede accederse haciendo click aquí.

La CIDH sobre abusos contra manifestantes

El 9 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado deplorando “las medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela, en respuesta a la ola de protestas iniciadas en el mes de marzo en el país”. La CIDH expresó preocupación por la cantidad de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones, y resaltó que cientos de las casi 2,000 personas que fueron detenidas permanecen privadas de libertad. La comisión sostuvo que recibió información sobre denuncias de tortura y malos tratos a los detenidos, y sobre el uso de la justicia penal militar para juzgar a civiles. La CIDH condenó “cualquier intento de las autoridades venezolanas de impedir la celebración de elecciones” y deploró profundamente la decisión sin precedentes del Presidente Maduro de denunciar la Carta de la OEA.

Un arresto arbitrario

Civiles juzgados por tribunales militares

El 4 de mayo, el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavídes Torres declaró que se llevaría a cabo un operativo especial, dispuesto por el Presidente Nicolás Maduro, para procesar en la justicia militar a civiles que habían sido detenidos dos días antes durante protestas en el estado de Carabobo. El operativo forma parte del “Plan Zamora”, una iniciativa para abordar “ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía del país”. (Más información sobre el Plan Zamora, con enlaces a fuentes oficiales, se encuentra disponible en esta reseña preparada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas).

Benavídes Torres sostuvo que 43 personas habían estado “vinculadas en delitos graves contra el orden público como saqueos, rebelión, asalto y ataque al centinela”. El Gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que pertenece al partido político del Presidente Maduro, declaró en un tweet que “más de 70 vándalos” habían sido detenidos y puestos a disposición de la justicia militar, y que las autoridades estaban “en busca de actores intelectuales y colaboradores”.

El 5 de mayo, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Luis Reverol tuiteó que “tribunales militares se encargarán de continuar todas las investigaciones que sean necesarias a estos TERRORISTAS contratados por la derecha” (mayúsculas en el original).

Estas medidas se tomaron días después de que la Fiscal General Luisa Ortega Díaz formulara críticas públicas a políticas del gobierno de Maduro y solicitara a la justicia que liberara a 38 personas detenidas por la Guardia Nacional en Nueva Esparta, al sostener que el informe policial no especificaba los motivos de la detención.

Diversas organizaciones venezolanas de derechos humanos han confirmado que decenas de civiles han sido juzgados en tribunales militares. En un caso, al menos 19 personas fueron procesadas días atrás por “rebelión” y “desacato.” El tribunal rechazó el argumento planteado por la defensa de que no tenía competencia para juzgar a civiles. Durante la audiencia, estuvieron presentes militares armados dentro de la sala.

Tanto el derecho venezolano como internacional establecen que los civiles no deben ser procesados por tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. También en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.

Para acceder al mensaje del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre el uso de la justicia militar contra civiles, haga click aquí.

Una radio para los derechos humanos

La organización no gubernamental Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela, co-produce esta radio, que se encuentra ahora disponible en Internet:

Videos sobre la crisis venezolana

Una buena manera de entender lo que está sucediendo en Venezuela es verlo con sus propios ojos. El Financial Times publicó este artículo y vídeo con una excelente descripción de la crisis, incluyendo testimonios de personas que apoyan al gobierno, personas que han dejado de hacerlo, e información sobre grupos armados de civiles partidarios del gobierno llamados “colectivos”. Recientemente, el Wall Street Journal publicó un detallado y conmovedor artículo y video, disponible aquí, que explica la crisis de comida y la dificultad que enfrentan los venezolanos para alimentar a sus familias. Para acceder al informe y vídeo producido por Human Rights Watch sobre la crisis humanitaria, incluyendo testimonios sobre la escasez de comida y medicinas, haga click aquí

Carta al Presidente Maduro para visitar a Leopoldo López

El 5 de mayo, Human Rights Watch solicitó autorización al Presidente Nicolás Maduro para visitar a Leopoldo López en la prisión militar de Ramo Verde. López no ha recibido visitas de su familia ni abogado desde comienzos de abril. La carta se encuentra disponible en inglés aquí y en español aquí.

Carta al Presidente Maduro para visitar a Leopoldo López.

 

 

Datos actualizados: Muertos, heridos y detenidos al 4 de mayo

Entre el 1° de abril y el 4 de mayo, 35 personas fallecieron en el contexto de manifestaciones—18 en Caracas, seis en Carabobo, cinco en Lara, dos en Mérida, dos en Miranda, una en Barinas y una en Táchira, según el Ministerio Público. Un total de 717 personas fueron heridas en las manifestaciones a nivel nacional, incluyendo 329 casos en los cuales los hechos están relacionados con violaciones de derechos fundamentales, dijo el Ministerio Público.

El 4 de mayo, el Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que provee asistencia legal a los detenidos a nivel nacional, informó que 1,708 personas fueron arrestadas durante las protestas desde el 4 de abril, y que 596 de ellas permanecen detenidas.

 

Gobiernos Latinoamericanos sobre los abusos en Venezuela

El 4 de mayo, ocho gobiernos latinoamericanos—Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay—emitieron un pronunciamiento deplorando la violencia en Venezuela que llevó a muertes y cientos de heridos. El comunicado condena el uso excesivo de la fuerza por las autoridades contra la población civil, hace un llamado enérgico al gobierno de Venezuela para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, y reitera la importancia de cumplir con un calendario electoral, la liberación de los presos políticos, la restitución de las funciones de la Asamblea Nacional, y garantizar la separación de poderes. El pronunciamiento está disponible en español aquí y en portugués aquí.

 

 

 

El papel de las Fuerzas Armadas venezolanas

El 4 de mayo, The Economist publicó un artículo interesante sobre el papel importante que estan jugando los militares venezolanos en la crisis actual. El artículo está disponible aquí:

 

¿Leopoldo López se encuentra bien?

En la noche del 3 de mayo, un periodista venezolano y un senador estadounidense tuitearon que Leopoldo López había sido transferido a un hospital militar en condiciones de salud delicadas. Alrededor de las 11 de la noche, Diosdado Cabello, el poderoso político chavista, mostró un vídeo con lo que llamó una “fe de vida” en su programa de televisión semanal, supuestamente filmado dos horas antes, en el cual López le dice a su familia que está bien y desconoce por qué está filmando el video.

López no ha podido ver a su familia o abogado desde comienzos de abril. A pesar de que su esposa y madre visitaron el hospital militar donde supuestamente había sido trasladado y la prisión militar donde se encuentra recluido durante la noche del 3 de mayo y la mañana del 4 de mayo, no han podido verlo ni hablar con él.

 

Represión del 3 de mayo

Al menos 200 personas resultaron heridas durante incidentes en una manifestación en Caracas contra el gobierno de Maduro que ocurrió el 3 de mayo en Caracas, según Reuters. Miles marcharon pacíficamente hasta que fueron interceptados por fuerzas de seguridad. La cantidad de muertos durante incidentes en Venezuela aumentó a 34, según Reuters.

Las esposas de presos políticos

En Venezuela, hay más de 140 presos políticos, según datos del Foro Penal Venezolano, una organización venezolana que brinda asistencia legal a detenidos. Human Rights Watch ha documentado evidencias de que, en varios de estos casos, los procesos judiciales vulneran los derechos más básicos de debido proceso y las acciones penales se han basado en pruebas inexistentes o falsas. A su vez, estos casos tienen un fuerte impacto en la vida de las familias de los detenidos. A continuación presentamos algunos videos donde las esposas de cinco hombres que han sido detenidos y procesados por motivos políticos en Venezuela comparten sus historias:

  • Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, explica aquí el impacto que la detención de su esposo ha tenido en su vida y en la vida de sus dos hijos, y muestra aquí imágenes tomadas uno de los varios días en los cuales a ella y a sus hijos no se les permitió visitar a López en la cárcel. Para obtener más información sobre el caso de López y las condiciones de su detención, haga clic aquí y aquí.
  • Rosaura Valenti, esposa de Yon Goicoechea, explica aquí las condiciones de detención de su esposo, y cuenta aquí que ella y su hijo no pudieron visitarlo. Para obtener más información sobre el caso de Yon Goicoechea, haga clic aquí.
  • Patricia Gutiérrez de Ceballos, esposa de Daniel Ceballos, explica aquí el impacto que la detención de su esposo ha tenido sobre sus hijos y describe las visitas a la prisión. Ver aquí más información sobre el caso de Ceballos.
  • Silvia Martínez, esposa de Braulio Jatar, describe aquí la búsqueda de su esposo cuando fue detenido, y se refiere aquí a la falta de pruebas en su contra y a su estado de salud durante la detención. Para obtener más información sobre el caso de Jatar, haga clic aquí.
  • Mizty Capriles de Ledezma, esposa de Antonio Ledezma, explica aquí las dificultades que la detención de su esposo les ha causado a ella y a sus hijas. Para obtener más información sobre el caso de Ledezma, haga clic aquí.

Pronunciamiento sobre la propuesta de Maduro para realizar una Asamblea Constituyente

El 1 de mayo, el Presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno organizará elecciones para realizar una asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución. Sin embargo, lo que debería estar haciendo ahora -- sin más demoras -- es respetar los derechos consagrados en la constitución existente, que fue adoptada por su predecesor Hugo Chávez y contiene garantías básicas que el gobierno está violando. La solución a la crisis venezolana requiere fijar una fecha para las elecciones regionales, que debieron realizarse el año pasado, liberar a los presos políticos, restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y aceptar asistencia internacional humanitaria para satisfacer las necesidades más básicas. La propuesta de Maduro de escribir una nueva constitución no debería usarse para distraer la atención de su abierta violación de los derechos consagrados en la constitución existente.

- José Miguel Vivanco

Detenciones por agentes de inteligencia

En agosto de 2016, agentes de inteligencia detuvieron a Yon Goicoechea, activista del partido opositor Voluntad Popular, mientras conducía para asistir a una conferencia de prensa sobre un acto de la oposición que tendría lugar el mes siguiente. Los familiares y el abogado de Goicoechea no recibieron información oficial sobre su paradero por más de 56 horas. Posteriormente, un juez acusó a Goicoechea de diversos delitos y dispuso su prisión preventiva. Desde entonces, ha estado detenido en una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional durante casi ocho meses, a pesar de que el 17 de octubre de 2016 el Ministerio Público decidió que no presentaría cargos y de que una orden judicial dispuso su liberación tres días después, según consta en documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch.

Ha trascendido información sobre al menos otros 17 casos de personas que continuan detenidas por los servicios de inteligencia, incluso después de que un tribunal dispusiera su liberación.

Libertad de prensa bajo asedio

El 26 de abril, dos expertos en libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos rechazaron la censura oficial y el bloqueo de espacios informativos en Venezuela, así como la detención, los ataques, y la estigmatización de periodistas y trabajadores de medios que cubren manifestaciones en Venezuela.

Al menos 12 periodistas venezolanos e internacionales habrían sido detenidos, algunos por horas y otros por días, según el comunicado. El periodista Braulio Jatar, quien fue detenido después de que su medio de comunicación independiente reportara sobre una protesta contra el Presidente Nicolás Maduro en septiembre de 2016, sigue detenido.

Al menos tres plataformas de contenidos en línea que ofrecen información de interés público y noticias en Venezuela fueron bloqueadas por prestadores de servicio de internet privados, aparentemente después de recibir la orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, dijeron los expertos de la ONU y la CIDH. Y al menos tres medios de comunicación internacionales de noticias han sufrido interrupciones o se ordenó la suspensión de su señal.

Para información actualizada sobre ataques contra periodistas y la prensa, visite la página web de la ONG venezolana Espacio Público.

Datos oficiales: Muertes, detenciones, heridos

Entre el 3 y el 25 de abril, 26 personas fallecieron en Venezuela en “hechos violentos”, 437 resultaron lesionadas y hubo 1289 detenidos, según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Una lista oficial de los fallecidos, la mayoría de los cuales fueron heridos por armas de fuego, está disponible aquí. La fiscal general sostuvo que 65 personas habían sido privadas de libertad y otras 217 personas serían presentadas ante los tribunales el 25 de abril.

La represión del disenso me empujó a un segundo exilio

María Patricia Molina, de 27 años, se trasladó a Brasil cuando estaba en el séptimo mes de embarazo, a causa de la inseguridad y la escasez de alimentos y medicamentos en Venezuela. Su hija Sasha nació en el Hospital de Maternidad de Roraima el 15 de febrero de 2017. Molina había pedido asilo y cuando dialogó con Human Rights Watch estaba esperando una respuesta del organismo de refugiados brasileño. 15 de febrero de 2017.

© 2017 César Muñoz Acebes/ Human Rights Watch

No corría el aire en el pabellón hacinado, pero María contemplaba plácidamente a Sasha, su beba recién nacida. María estaba lejos de su familia y sus amigos, pero había llegado a una tierra de relativa abundancia donde, por lo menos, no faltan pañales ni aceite.

Cubriendo Venezuela para Human Rights Watch (HRW) durante los últimos ocho años, he visto al país sumirse en una espiral de represión y carencias. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han empleado un uso excesivo de la fuerza y lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente contra manifestantes opositores, y el Tribunal Supremo de Justicia en la práctica cerró la Asamblea Nacional (aunque luego revirtió parte de sus sentencias, respondiendo a un "exhorto" del presidente). Quedan pocas dudas de que el gobierno de Nicolás Maduro se parece cada vez más a una dictadura con todas sus letras, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por La Nación.

El artículo fue publicado también en español en La Prensa Gráfica (El Salvador), La Nación (Costa Rica), El Tiempo (Colombia), El Nacional (Venezuela), en O Globo (Brasil) en portugués y en el Miami Herald en inglés. 

OEA vs CELAC

El 24 de abril, 16 estados miembros de la OEA solicitaron una reunión del Consejo Permanente de la organización para aprobar una resolución que convoca a una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para considerar la “Situación de la República Bolivariana de Venezuela”. Cita un artículo de la Carta de la OEA que autoriza a convocar este tipo de reuniones para “considerar problemas de carácter urgente y de interés común”. La reunión se llevará a cabo el miércoles 26 de abril a las 16 hs (hora local).

Mientras tanto, el 25 de abril, la canciller venezolana advirtió que si la reunión de cancilleres se realiza sin el consentimiento de Venezuela, el gobierno se retiraría de la OEA. Debe notarse, sin embargo, que, según el artículo 143 de la Carta de la OEA, tal decisión solo entraría en efecto dos años más tarde.

La canciller venezolana también sostuvo que el gobierno de Venezuela estaba organizando otra reunión extraordinaria de ministros de relaciones exteriores para denunciar “la violencia opositora”. Solamente aliados del gobierno venezolano que son miembros de otra organización regional llamada CELAC fueron invitados a esta cita. La reunión está convocada para el 2 de mayo.

El “Defensor del Pueblo” sobre aislamiento de Leopoldo López

Con frecuencia, las autoridades venezolanas han prohibido visitas a Leopoldo López—el líder opositor que fue arbitrariamente detenido y condenado a casi 14 años de prisión—por su familia o abogados. La sanción más reciente, según su esposa, lleva un mes de vigencia. En vez de cuestionar la sanción, el Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, dijo que había realizado una “mediación” ante las autoridades y que la familia podría verlo luego de cumplir con la “sanción.” Esto se suma a la lista de abusos sobre los cuales Saab no se ha pronunciado, y ha llevado a que más de 100 organizaciones no gubernamentales venezolanas le pidieran que renuncie.

La emigración venezolana en números

El 21 de abril, el periódico español El País publicó que 3.960 venezolanos habían solicitado asilo en 2016—un número siete veces mayor que el de 2015, cuando 585 venezolanos lo solicitaron. Más venezolanos solicitaron asilo en España que personas de cualquier otra nacionalidad. Según información oficial revisada por Human Rights Watch, 124 venezolanos solicitaron asilo en 2014, mientras que solo 35 lo hicieron en 2013 y 28 en 2012.

Aunque España es un destino habitual para venezolanos que huyen de la crisis política, económica y humanitaria en su país, una revisión de fuentes oficiales en otros lugares muestra un aumento similar de la inmigración venezolana:

  • En Argentina, las radicaciones temporarias a venezolanos aumentaron de 1.777 en 2014 a 4.707 en 2015, y hubo 3.768 solo en el primer cuatrimestre de 2016.
  • En Brasil, desde el 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016, 4.670 venezolanos habían solicitado asilo. La cantidad de venezolanos que solicitaron asilo en Brasil aumentó de 54 en 2013, a 208 en 2014, 825 en 2015 y 2.595 entre enero y el 1 de diciembre de 2016. Hay más de 4.000 venezolanos en lista de espera para solicitar asilo en Brasil.
  • En Chile, las visas otorgadas a nivel nacional (de estudiante, sujetas a contrato y temporarias) para venezolanos aumentaron de 1.463 en 2013, a 2.874 en 2014 y a 8.381 en 2015.
  • En México, en 2014, 56 venezolanos solicitaron refugio, y 9 fueron reconocidos; en 2015, 57 solicitaron refugio y 26 fueron reconocidos, y en 2016, 361 solicitaron refugio y 296 fueron reconocidos.
  • En Perú, la cantidad de extranjeros inscriptos para obtener carnet de extranjería aumentó de 180 en 2013, a 550 en 2014, 1.445 en 2015 y 1.543 en 2016.
  • En Estados Unidos, en 2014, Venezuela pasó a ser parte de la lista de las “Principales Nacionalidades que Solicitaron Asilo ante USCIS.” En diciembre de 2014, se recibieron 395 aplicaciones, en diciembre de 2015 se recibieron 958, y en diciembre de 2016 se recibieron 2.334. En 2016, Venezuela pasó a ser el primer país en la lista.

 

Las manifestaciones continúan

Hoy, la oposición venezolana organizó el “Gran Plantón Nacional,” una manifestación que consiste en cerrar las calles principales en distintas ciudades. Para información actualizada sobre lo que está ocurriendo en diferentes lugares del país, visiten la página web de NTN24.

Qué debe hacer la comunidad internacional sobre Venezuela

Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad venezolanas durante la llamada "Madre de todas las marchas" contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 19 de abril de 2017.

© 2017 Reuters

Decenas de miles de venezolanos que han llegado a un punto de inflexión ante la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, salieron masivamente a las calles en todo el país el miércoles pasado. Pedían que el gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela para asistir a la enorme cantidad de personas que intentan desesperadamente conseguir alimentos y medicamentos. Y exigían que el gobierno celebre elecciones, libere a los presos políticos y restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional.

La dura reacción del gobierno venezolano fue una réplica absolutamente irresponsable de su respuesta a protestas anteriores. La respuesta del gobierno a estas protestas es otra prueba más de la necesidad de que exista una firme presión internacional, especialmente de la región, que conduzca al restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela—y es, además, una demostración del costo potencial de no hacerlo, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado por CNN

 

Saqueos y muerte en una urbanización popular en Caracas

En la noche del 20 de abril, ocurrieron incidentes de saqueos en El Valle, una urbanización popular en Caracas, según el Caracas Chronicles. Miembros de las fuerzas de seguridad fueron enviadas para enfrentar a los responsables de los saqueos, junto con civiles armados con vínculos al gobierno, según reportes. En las redes sociales se reprodujeron videos y audios con sonidos de disparos, así como información que indica que el Hospital Materno Infantil debió ser evacuado luego de que entrara gas lacrimógeno al edificio. Residentes locales montaron una serie de pequeñas barricadas para intentar impedir que pasaran las fuerzas de seguridad y los grupos armados, reportó el Caracas Chronicles.

El 21 de abril, el Ministerio público informó que estaba investigando la muerte de 11 personas, incluyendo un joven de 17 años, y heridas a otras seis personas en El Valle durante el 20 y 21 de abril. Algunas víctimas habían sido electrocutadas y otras por heridas causadas por armas de fuego. El Ministerio Público también estaba investigando la muerte de otra persona que murió en un “hecho similar” en Petare, otra urbanización humilde en Caracas. 

Mellizos torturados hasta confesar

El 18 de abril, un juzgado penal de Caracas dispuso la prisión preventiva de los hermanos mellizos (o “morochos”, en Venezuela) de 22 años Francisco José Sánchez Ramírez y Francisco Alejandro Sánchez Ramírez. Ambos son estudiantes universitarios y activistas opositores, y habían sido detenidos cinco días antes y acusados de participar en un atentado contra un edificio de la magistratura, ocurrido el 8 de abril durante una protesta contra el gobierno.

El día de la detención, el Ministro de Interior y Justicia tuiteó que las fuerzas de seguridad habían dado un “duro golpe al terrorismo de la derecha venezolana” y que los mellizos “organizaban actos terroristas y atentados contra la paz del país”. El ministro manifestó que habían “confesado” su participación en actos de “violencia” y que el gobierno había “recabado valiosos elementos de prueba que comprometen a dirigentes de la derecha con los actos terroristas”.

El 16 de abril, el Presidente Nicolás Maduro difundió un video que supuestamente mostraba a uno de los mellizos, con el rostro difuminado —y en el que se habían modificado las voces de quienes lo interrogaban—, mientras confesaba que un político opositor le había pagado para reclutar a personas y participar en actos violentos.

Pero José Sánchez, abogado y padre de los mellizos, afirmó que estos, en la audiencia, le dijeron al juez que, tras ser detenidos cuando salían de la vivienda de la novia de uno de ellos, fueron conducidos hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde sufrieron abusos físicos y fueron amenazados de muerte para que se prestaran a filmar el video. Cuando el padre visitó la sede del SEBIN ese día, le dijeron que sus hijos no estaban allí. Recién pudo verlos 72 horas después, según contó.

El padre afirmó que, durante la audiencia, un fiscal sostuvo que el video no podía usarse como prueba contra los hermanos, y que se investigarían los señalamientos de tortura.

En una aparición pública ante la Asamblea Nacional el 18 de abril, el padre lloró cuando repitió lo que le habían dicho los mellizos: “Nos doblaron, pero no nos quebraron. Papá, dígale a todos nuestros amigos, que las lágrimas de hoy serán la sonrisa del mañana”.

 

Miles protestan por crisis de derechos humanos en Venezuela

La oposición venezolana convocó hoy a lo que han denominado la “madre de todas las marchas”, que movilizó a miles de personas a las calles en reclamo de elecciones, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y de que se permita que llegue ayuda humanitaria suficiente al país. 

Demonstrators clash with riot police during the so-called "mother of all marches" against Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela April 19, 2017. 

© 2017 Reuters

La participación fue masiva. Sin embargo, nunca nos enteraríamos si fuera por la información difundida por fuentes oficiales venezolanas, incluidos el vicepresidente, Telesur y VTV, que informan únicamente sobre mítines a favor del gobierno en los cuales participaron bastantes personas y se ven a algunos que cantan y bailan “en defensa de la paz”.

Sin embargo, hoy no hay en Venezuela demasiados motivos para cantar y bailar. Dejemos de lado, por un instante, la crisis política, económica, de derechos humanos y humanitaria que llevó a miles de personas a las calles en señal de protesta. Hoy las fuerzas de seguridad usaron la fuerza y gases lacrimógenos contra manifestantes, y decenas de personas fueron detenidas.  Periodistas que daban cobertura a las protestas fueron hostigados, tanto por miembros de las fuerzas de seguridad como por partidarios del gobierno, y un canal de televisión por cable que cubrió las protestas fue sacado del aire. Al menos una persona perdió la vida: un joven de 17 años que no estaba participando en las manifestaciones murió luego de recibir un disparo en la cabeza.

Lo que sucedió era totalmente previsible. Las protestas de hoy se dieron en el marco de tensiones explosivas, y en un país en el cual las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente manifestaciones de opositores, a veces en colaboración con grupos armados partidarios del gobierno. Antes de la manifestación de hoy, el Presidente Nicolás Maduro —invocando su slogan de “defender la paz”— acusó a la oposición de ir por “el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo [y] del intervencionismo”. También anunció que multiplicaría la cantidad de milicias afines al gobierno y les proporcionaría fusiles, y organizó manifestaciones paralelas en apoyo al gobierno para contrarrestar la protesta de la oposición.

Anticipándose a las manifestaciones de hoy, la mirada de la región ya estaba puesta en Venezuela. Lo que está sucediendo hoy debería ser otra prueba más de lo importante que es que haya una firme presión internacional para que se reestablezcan los derechos humanos y la democracia en Venezuela, y de que el costo y el riesgo de no ejercer tal presión son cada vez más altos.

Imágenes en vivo de las protestas del 19 de abril

Acá pueden ver imágenes en vivo de las protestas contra el gobierno venezolano:

Maduro se prepara para la marcha del 19 de abril

Reprimiendo el disenso

El Foro Penal Venezolano, una organización venezolana que brinda asistencia legal a detenidos, publicó hoy un informe según el cual entre el 4 y el 14 de abril se detuvieron 470 personas en el marco de manifestaciones contra el gobierno, incluidas 165 que fueron liberadas antes de ser llevadas ante un juez. Las fuerzas de seguridad emplearon un uso excesivo de la fuerza y dispararon gases lacrimógenos indiscriminadamente para dispersar las manifestaciones, provocando graves heridos, según el informe. Al menos cinco personas fallecieron por disparos de arma de fuego. Abogados que colaboran con la organización sostuvieron que algunos detenidos fueron golpeados e incluso torturados, mientras que otros fueron sujetos a procesos penales sin sustento probatorio que los vinculase a la comisión de un delito, a veces ante tribunales militares.

Informe: La crisis humanitaria en Venezuela se extiende a Brasil

La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos deben ejercer una firme presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas que solucionen la grave escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, que está provocando que muchos venezolanos huyan del país.

La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país.

 

 

Latinoamérica está pendiente

El 17 de abril, ante las protestas de oposición al gobierno programadas para el 19 de abril en Venezuela, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay hicieron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para asegurar que los venezolanos puedan participar en manifestaciones pacíficas. El comunicado exhorta al gobierno a que defina fechas para un cronograma electoral “que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región.”

 

Se desmorona la fachada democrática venezolana

El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional, la única instancia gubernamental clave que seguía siendo independiente del poder ejecutivo. Lo hizo mediante el absurdo anuncio de que el propio Tribunal asumiría todas las facultades legislativas o designaría a otra institución a la cual delegárselas. Este pronunciamiento marca el fin de la fachada democrática del gobierno de Maduro, José Miguel Vivanco señala en Univisión.

Hace 1000 días Leopoldo López es rehén de Maduro

Venezuela: El gobierno arremete contra críticos mientras la crisis se profundiza

El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Los gobiernos regionales deberían ejercer presión sobre el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para que adopte medidas inmediatas que aborden adecuadamente la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, incluyendo la búsqueda de alternativas para obtener mayor asistencia internacional.

El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país.

 

Venezuela: Disidentes denuncian torturas y confesiones forzadas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) debería presionar al gobierno de Maduro en Venezuela para que las autoridades dispongan la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos y procesados arbitrariamente y desistan de los cargos penales en su contra, señaló hoy Human Rights Watch. Además, la OEA debe exigirle a Venezuela que investigue las denuncias de que varios detenidos han sufrido golpizas y torturas mientras estuvieron bajo arresto, y dar a conocer al público los resultados de la investigación.

Venezuela: Redadas policiales afectan a sectores populares

Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela han derivado en denuncias generalizadas de abusos, señalaron el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y Human Rights Watch en un informe conjunto difundido hoy. Los señalamientos incluyeron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzosos, la destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos.

Venezuela: Golpean y disparan contra manifestantes que no estaban armados

Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza en respuesta a manifestaciones contra el gobierno, y han golpeado brutalmente y disparado a quemarropa a manifestantes que no estaban armados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Numerosos detenidos también fueron sometidos a graves abusos físicos y psicológicos por integrantes de fuerzas de seguridad, incluidas en algunos casos torturas, y funcionarios judiciales no velaron porque se garantizaran los derechos al debido proceso de los detenidos.

.