La crisis venezolana

Venezuelas crisis

Venezuela enfrenta una crisis de derechos humanos y humanitaria. El gobierno de Maduro se ha aprovechado de la enorme concentración de poder para gradualmente erosionar garantías de derechos fundamentales y controles a su propio poder. Opositores del gobierno, incluyendo manifestantes, críticos, y políticos de oposición han sido arbitrariamente detenidos y perseguidos penalmente. Organizaciones venezolanas estiman que hay más de 600 presos políticos. Las fuerzas de seguridad han cometido gravísimos abusos, incluyendo casos de tortura. El Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia, ha apoyado abusos cometidos por el gobierno y le ha quitado sus facultades a la Asamblea Nacional. La severa escasez de medicinas y alimentos afecta gravemente la posibilidad de los venezolanos de acceder a una nutrición y servicios de salud adecuados.

Novedades sobre la crisis venezolana

Policías disparan gases lacrimógenos hacia opositores durante incidentes en el marco de manifestaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, 20 de abril de 2017.  © Reuters 2017

Por el momento no estamos actualizando la información en este blog con la misma frecuencia. Para obtener información actualizada sobre la crisis venezolana, por favor visite nuestra página sobre Venezuela, disponible aquí: https://www.hrw.org/es/americas/venezuela

Autoridades venezolanas deben ser castigadas por sus crímenes

Dado el grotesco deterioro de la situación en Venezuela, los representantes del Grupo de Lima reunidos en Santiago deberían sumarse a la imposición de sanciones de visas y congelamiento de bienes a los más altos funcionarios del régimen, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy en El Mercurio. Estas sanciones deberían aplicarse a aquellos que, en tareas civiles, militares y judiciales, son responsables por las violaciones de derechos humanos sistemáticas que se cometen en el país. Asimismo, el Grupo de Lima debería evaluar la contribución que podrían hacer las máximas instancias internacionales de derechos humanos como las descritas en este artículo, para que los responsables sean llevados ante la justicia y así intentar evitar una degradación aún mayor en Venezuela.

La inmigración venezolana a Ecuador

La crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela ha acelerado la cantidad de venezolanos que huyen del país, incluidas personas que migran hacia Ecuador. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 236.000 venezolanos ingresaron en Ecuador entre 2016 y septiembre de 2017. Aproximadamente tres cuartas partes de estas personas continuaron hacia el sur, dejando un saldo migratorio en el país de cerca de 62.000 personas. ACNUR también ha informado que Ecuador se ha convertido en un país tanto de destino como de tránsito para los ciudadanos venezolanos que se dirigen a Perú y Chile. El Ministerio del Interior de Ecuador ha informado que, en 2016, ingresaron al país 102.619 venezolanos y salieron 79.008.

Hasta septiembre de 2017, más de 1.500 ciudadanos venezolanos habían pedido asilo en Ecuador, y en agosto de 2017 se registró una cifra mensual récord de 222 solicitudes, afirmó ACNUR.

En teoría, los migrantes venezolanos que deseen vivir temporariamente en Ecuador pueden solicitar distintos permisos de residencia, como una visa especial para ciudadanos de los Estados Miembros de UNASUR prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de febrero de 2017. Existen requisitos mínimos para solicitar este tipo de visa, la cual le permite a los ciudadanos venezolanos vivir y trabajar en Ecuador. Sin embargo, la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador, una organización fundada en 2015 que ayuda a migrantes de esa nacionalidad, indicó que en la mayoría de los casos el costo de los distintos permisos (que oscila entre USD 200 y USD 500) representa un obstáculo infranqueable, debido a la precaria situación económica de la mayoría de los migrantes venezolanos.

A continuación se describen algunos testimonios recabados por Human Rights Watch de venezolanos que huyeron de la crisis y viven o pasaron recientemente por Quito:




Petra Sofía Vásquez Rodríguez, de 30 años de edad, es una comunicadora social y diseñadora gráfica que trabajaba en Caracas como gerenta de una importante empresa de cines. Se fue de Venezuela en agosto de 2017 debido a la crisis y a la escasez de medicamentos que necesita para la discapacidad visual que padece. Vásquez manifestó que tiene visión en un solo ojo y muy limitada, por lo que necesita aplicarse gotas oftalmológicas diariamente. Desde 2015, se volvió cada vez más difícil encontrar las gotas y solamente podía usarlas en forma intermitente. Contó que estuvo más de seis meses sin usar las gotas porque no podía conseguirlas en Venezuela, antes de huir del país. En Ecuador, Vásquez trabaja en forma independiente manejando las redes sociales de empresas y personas. En Ecuador, ha conseguido y podido pagar las gotas oftalmológicas que necesita y tiene intención de mudarse a la Argentina tan pronto reúna el dinero para hacerlo.

 

 

 

Carlos Miguel Machado, de 23 años de edad, llegó a Ecuador a fines de 2016. Nacido en Valencia, estado Carabobo, y especializado en marketing, trabajó varios años para el equipo de responsabilidad social de una importante empresa de telecomunicaciones.

Machado contó a Human Rights Watch que se vio obligado a irse de Venezuela porque no podía conseguir los medicamentos que su esposa necesitaba luego de una cirugía tiroidea. Machado nos dijo: “Tenía que recorrer distancias, ir de farmacia en farmacia buscando el medicamento y no lo conseguía; y en el mercado negro cuesta muchísimo”. En un primer momento, se fue a Ecuador sólo por tres meses para “conseguir la medicina y algo de dinero”, y dejó a su esposa e hijos en Venezuela. Pero a medida que la situación en Venezuela se deterioraba rápidamente, decidieron que la familia entera viajara por tierra, cruzando Colombia, y se reuniera con él en Ecuador en 2017.

Machado explicó que, para pagar el viaje a Ecuador, vendió todas sus pertenencias en Venezuela, excepto su departamento, porque desea “regresar a [su] país, no [se] quier[e] desarraigar”. En Ecuador, él y su esposa han realizado trabajos informales, como vender empanadas en la calle. Cuando le preguntamos a su esposa, quien en Venezuela trabajaba como diseñadora gráfica, si había considerado volver a su país, contestó: “Todos los días pienso en regresar a Venezuela. Tengo la esperanza. Pero cuando nos ponemos a pensar en frío, ¿qué voy a hacer allá?”.

Mercedes Arvelo López (seudónimo), una docente de 51 años de edad, llegó a Quito en octubre de 2017 con su hija Rosalba (seudónimo), de 9 años. Arvelo contó a Human Rights Watch que su esposo había “desertado del chavismo” luego de trabajar años en temas de inteligencia para el gobierno venezolano durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde entonces, recibieron amenazas anónimas, personas no identificadas siguieron y dispararon a su esposo y agentes de inteligencia se presentaron en su vivienda preguntando por él.

Cruzaron a pie la frontera con Colombia, con la intención de llegar a Perú. Pidieron asilo en Colombia, pero tras varios meses sin recibir respuesta, decidieron dirigirse a Ecuador, nuevamente a pie. En Ecuador, la familia también solicitó asilo, según documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch.

Arvelo ha recibido ayuda de Cáritas para alimentar a su hija, quien tuvo que dejar atrás su escuela, amistades y familiares. Solicitó ser reconocida como refugiada en Ecuador pero, luego de varios meses sin recibir una respuesta formal de las autoridades y temiendo ser deportada, se mudó con su hija a Perú, donde solicitaron “refugio humanitario”, dijo a Human Rights Watch. 

Detenido por proveer asistencia en Venezuela

El 27 de diciembre, el poderoso político chavista Diosdado Cabello anunció que fue detenido Jonatan Diniz, un brasileño que vive en Los Ángeles y estaba visitando Venezuela por su trabajo en una organización no gubernamental que dirige, que provee comida y asistencia a personas necesitadas. Diniz había sido detenido, según Cabello, por pertenecer a “una organización criminal con tentáculos internacionales.”

Cabello acusó a Diniz de usar la organización como una “fachada” que servía para obtener “dólares” y “financiar a terroristas”. Luego de haber pasado casi 10 días detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la cancillería brasileña logró negociar la liberación y salida del país de Diniz.

Muchos otros no han tenido tanta suerte en Venezuela, dijo Tamara Taraciuk en un op-ed publicado en Folha. Sin una fuerte presión internacional, el año 2018 puede transformarse en el año en que el gobierno venezolano afianza sus poderes represivos y la impunidad que ha gozado para cometer abusos aberrantes, dijo Taraciuk.

Adolescente embarazada asesinada esperando por comida

El 31 de diciembre, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana asesinó a Alexandra Colopoy, de 18 años, mientras esperaba en una cola para conseguir pernil, una porción de cerdo que se sirve como plato típico navideño en Venezuela, según dijo su esposo en un video publicado en Twitter. Como el gobierno no había conseguido incluir pernil en todas las cajas de comida con precios fijados por el gobierno, se organizó una rifa y Colopoy, quien estaba embarazada de cinco meses, fue una de las 15 ganadoras en su área. En un país que enfrenta una severa escasez de comida, esta era una oportunidad valiosa para tener acceso a proteínas, que son limitadas en la dieta de muchos venezolanos.

El esposo de Colopoy y otros testigos dijeron que estuvieron en una cola durante horas hasta que llegó la Guardia Nacional Bolivariana y los agentes les dijeron que se marcharan. Uno de ellos, que estaría borracho, abrió fuego sin previo aviso, según dijeron. Mató a Colopoy e hirió a su cuñado.

Ese mismo día, luego de que las noticias sobre el caso se tornaran virales, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana fue detenido por este caso y habría sido imputado con varios delitos, incluyendo homicidio, según el Ministerio Público.

En diciembre, una serie de protestas surgieron en Venezuela luego de que el gobierno no entregara perniles que había prometido incluir en las cajas con comida sujeta a precios controlados por el gobierno. El Presidente Nicolás Maduro dijo el 28 de diciembre que no había que “bajar la guardia” ante “grupos violentos y terroristas” –refiriéndose a las protestas— y que debería aplicarse “mano dura” en estos casos.

Maduro culpó a Portugal de “sabotear” la distribución de perniles. Sin embargo, Portugal respondió que no participó en esa compra y la empresa portuguesa que supuestamente tenía que entregar los perniles dijo que el gobierno venezolano aún debe pagarles por comida que enviaron a Venezuela en 2016. 

La ley contra el odio en uso

El 3 de enero a las 11 am, miembros de una policía municipal en Valencia, estado Carabobo, detuvieron a Ronald Cevilla Guedez, de 25 años, y a Erika Palacios Alfonzo, de 41 años, mientras protestaban contra el gobierno. Los detenidos eran parte de un grupo de 30 personas que estaban supuestamente trancando parcialmente una avenida y habían quemado cinco neumáticos frente a la alcaldía de Naguanagua, según la transcripción de un parte policial revisada por Human Rights Watch.  

Cevilla y Palacios fueron llevados ante un tribunal el 4 de enero. Durante la audiencia, el Ministerio Público les imputó posesión de sustancias explosivas, instigación pública, obstaculización de la vía pública, e “instigación al odio”. Este último delito está previsto en una ley adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista en noviembre de 2017. Los términos vagos de la ley prohíben a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia, o el odio” e imponen pena de prisión de hasta 20 años a quien “fomente, promueva, o incite el odio.”

Según el abogado del Foro Penal que defendió a Cevilla y Palacios en la audiencia, la supuesta “violencia” e instigación criminal del odio de las que se los acusa consistió en gritar: “Maldito Nicolás Maduro!” e insultar verbalmente a los oficiales. El parte policial sostiene que se encontraron siete bombas Molotov caseras, dos botellas con líquidos inflamables, 12 cohetones y un mortero en la zona, sin especificar que los detenidos los tenían. Ellos niegan que sean suyos.

Luego de las detenciones, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron las viviendas de los detenidos, una fuente confiable dijo a Human Rights Watch. Familiares que estaban presente durante los allanamientos dijeron a la fuente que los agentes no mostraron orden judicial y que habían robado productos personales, incluyendo pasta de dientes, durante los allanamientos.

El tribunal aceptó la imputación y ordenó la prisión preventiva de Cevilla y Palacios mientras se realiza la investigación penal. 

El New York Times: “La malnutrición que mata en Venezuela”

El 17 de diciembre, el diario The New York Times publicó un artículo sobre la severa crisis humanitaria que está azotando a Venezuela y sobre sus efectos en la niñez.  La pieza está basada en una investigación en la que realizaron seguimiento durante 5 meses a 21 hospitales públicos en Venezuela en los que “los doctores dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto”.  El trabajo incluye fotos devastadoras de Meridith Kohut que capturan el sufrimiento de aquellos afectados por la situación y argumenta que, aunque el gobierno de Venezuela está al tanto de la situación, ha “intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud. Esto genera un clima en el que los doctores a veces temen registrar casos y muertes ligados a los fracasos de la política pública”.  De hecho, hace pocos días el presidente Nicolás Maduro reiteró la negativa del gobierno a recibir ayuda humanitaria argumentando que en Venezuela “no somos un país de mendigos”.

Los altos mandos responsables de los abusos en 2017

Encarcelamiento de un profesor universitario

El 1° de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno venezolano que protegiera la vida e integridad física de Santiago Guevara, un economista y profesor universitario de 66 años que fue detenido por agentes de inteligencia en febrero.

Los agentes de inteligencia detuvieron a Guevara el 21 de febrero en su hogar en Valencia, estado Carabobo, y lo llevaron a las oficinas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, según Espacio Público, una organización de derechos humanos venezolana que monitorea la libertad de expresión en el país. El día anterior, Guevara se había reunido con el General Raúl Isaías Baduel, un conocido crítico del gobierno, en una panadería en Valencia, como parte de un proyecto de investigación para escribir un libro sobre la transición a la democracia en Venezuela, un abogado de Espacio Público le dijo a Human Rights Watch. Guevara había previamente publicado una serie de artículos en blogs venezolanos criticando las políticas económicas del gobierno.

El 9 de abril, fiscales militares imputaron a Guevara con traición a la patria e instigación a la rebelión. La imputación, que Human Rights Watch revisó, dice que Guevara había participado en “varias reuniones clandestinas con la finalidad de desestabilizar al Gobierno Nacional”. Sostiene que Guevara había estado en reuniones con estudiantes de la Universidad de Carabobo, donde enseña, y con “personal militar” para crear un “movimiento cívico-militar” y un nuevo partido político que reemplazaría a la agrupación de oposición Mesa de la Unidad Democrática y sería dirigido por Baduel.

El Ministerio Público militar argumentó que Guevara había coordinado el trabajo con varias universidades y el supuesto “plan de desestabilización” incluía la “desobediencia civil” y “la movilización masiva de diversos sectores orientando los mayores esfuerzos en el sector estudiantil, movimiento que efectuaría protestas y movilizaciones de calle prolongadas bajo la teoría y modalidad autodenominada ‘de la lucha activa en la calle, no violenta, pero contundente’”.

Guevara fue llevado ante un tribunal militar para su audiencia de presentación en mayo, pero la audiencia preliminar, en la cual el juez debería confirmar o rechazar los cargos para decidir si avanza el juicio, fue pospuesta en reiteradas oportunidades. Los abogados de Guevara han intentado trasladar el caso a la justicia civil, sin éxito.

Guevara se encuentra actualmente detenido en las instalaciones de la DGCIM en Caracas. Sufre varios problemas médicos, incluyendo hipertensión, según un informe médico de marzo de 2017 revisado por Human Rights Watch. Su condición de salud se ha deteriorado debido a la falta de nutrición y atención médica adecuadas durante su detención, según el abogado de Espacio Público.

El declive de Venezuela hacia una dictadura

El gobierno venezolano está intensificando el férreo control que ejerce sobre las instituciones fundamentales de la democracia en el país, a un ritmo aterrador. Sin medidas más enérgicas por parte de gobiernos influyentes, los daños sufridos por las instituciones democráticas venezolanas y las víctimas de la violencia estatal, que ya son enormes, podrían volverse irreparables. Todavía no es demasiado tarde para impedir que eso suceda, dijo hoy Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy en el World Policy Journal.

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