[{"command":"settings","settings":{"pluralDelimiter":"\u0003","suppressDeprecationErrors":true,"ajaxPageState":{"libraries":"eJwry0wtL9YvA5F6iVmJFTplSAK5-SmlOakA-D8NyQ","theme":"hrw_design","theme_token":null},"ajaxTrustedUrl":[],"views":{"ajax_path":"\/es\/views\/ajax","ajaxViews":{"views_dom_id:blog_live_feed__blog_body_block__303718__es":{"view_name":"blog_live_feed","view_display_id":"blog_body_block","view_args":"303718","view_path":"\/blog\/content\/303718","view_base_path":null,"view_dom_id":"blog_live_feed__blog_body_block__303718__es","pager_element":0}}},"csp":{"nonce":"ZdzHrW3T1PeDY8Ma4ZDGpg"},"user":{"uid":0,"permissionsHash":"bc8921424f39d39c64af84232b603fadae46f840a8176c1b2436a5ee00791ac5"}},"merge":true},{"command":"add_css","data":[{"rel":"stylesheet","media":"all","href":"\/sites\/default\/files\/css\/css_JnKSkf6P_kqxUhmjWmJ55y-LzGfMl7RTWc1_6A97YoU.css?delta=0\u0026language=es\u0026theme=hrw_design\u0026include=eJxLzi9K1U8pKi1IzNFLzEqs0CnLTC0v1geTern5KaU5qQDy8w2e"}]},{"command":"add_js","selector":"body","data":[{"src":"\/sites\/default\/files\/js\/js_2RNFzveYm-ZZx-tBpFW70hTyb_9tiktCrY0fBNVKsHg.js?scope=footer\u0026delta=0\u0026language=es\u0026theme=hrw_design\u0026include=eJwry0wtL9YvA5F6iVmJFQA22wZe"}]},{"command":"insert","method":"replaceWith","selector":".js-view-dom-id-blog_live_feed__blog_body_block__303718__es","data":"\u003Cdiv class=\u0022js-view-dom-id-blog_live_feed__blog_body_block__303718__es\u0022\u003E\n \n \n \n\n \n \n \n\n \u003Cdiv\u003E\n\u003Cdiv\u003E\n \u003Cdiv class=\u0022blog-block__content__description rich-text pt-6 mb:pt-10 mx-auto\u0022\u003E\n \u003Ch2\u003EPronunciamiento conjunto del Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch\u0026nbsp;\u003C\/h2\u003E\n\n\u003Cp\u003EAl 15 de mayo, el Foro Penal Venezolano ha recibido informaci\u00f3n sobre el procesamiento de al menos 275 civiles por tribunales militares en Venezuela. En todos los casos, el Foro Penal Venezolano ha brindado asistencia legal a los detenidos o verificado informaci\u00f3n sobre los casos con familiares. Human Rights Watch ha entrevistado a varios abogados que representaron a detenidos. Los casos incluyen el procesamiento de 192 civiles en el estado de Carabobo, 19 en el estado de Falc\u00f3n, 20 en el estado de Zulia, 18 en Caracas, 13 en el estado de Lara, 10 en el estado de Sucre, 2 en el estado de Barinas y 1 en el estado de T\u00e1chira. 159 de ellos permanec\u00edan privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, c\u00e1rceles de m\u00e1xima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EA pesar de que no existe ning\u00fan r\u00e9cord p\u00fablico sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en s\u00ed mismo, la informaci\u00f3n provista por abogados y familiares incluyen denuncias muy preocupantes de abusos f\u00edsicos y violaciones procesales en la realizaci\u00f3n de estos procesamientos, incluyendo las siguientes:\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cul\u003E\u003Cli\u003EQue los detenidos son v\u00edctimas de abusos que en algunos casos podr\u00edan constituir tortura, tanto durante la aprehensi\u00f3n como mientras estuvieron privados de libertad.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EQue las audiencias se est\u00e1n realizando en tribunales u otras instalaciones militares, son presididas por jueces que dependen del Ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EQue los jueces aceptan la imputaci\u00f3n hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualizaci\u00f3n de las conductas ni consideraci\u00f3n de la evidencia contra cada uno.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EQue no se fija una hora para las audiencias con antelaci\u00f3n, y esto obliga a abogados independientes y familiares a esperar durante horas en la entrada de los establecimientos o tribunales militares. Los abogados sostienen que cuando finalmente se celebran las audiencias, a veces no se les permite ingresar a la sala. Dijeron tambi\u00e9n que en los casos en que s\u00ed ingresan, generalmente s\u00f3lo se les permite hablar con los detenidos unos pocos minutos antes de las audiencias, tienen acceso al expediente penal reci\u00e9n cuando est\u00e1n en la audiencia y no pueden tomar fotograf\u00edas ni hacer copias de los expedientes.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EQue existen casos de manifestantes que fueron imputados con graves delitos previstos en el C\u00f3digo Militar, como los de \u201crebeli\u00f3n\u201d y \u201ctraici\u00f3n\u201d por supuestos actos de violencia durante protestas.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003EInformaci\u00f3n sobre casos aportada por abogados que estuvieron presentes en las audiencias\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EEl 5 de mayo, 40 personas detenidas por separado cerca de una empresa alimentaria en Valencia, en el estado de Carabobo, que hab\u00eda sido saqueada el d\u00eda anterior, fueron presentadas ante un juez militar en una sala que se improvis\u00f3 en un cuartel militar. La audiencia empez\u00f3 a las 7 p.m. y se extendi\u00f3 por 12 horas. Durante la audiencia, la mayor\u00eda de los detenidos mostraron contusiones en distintas partes del cuerpo que, seg\u00fan dijeron, hab\u00edan sido provocadas por miembros de la Guardia Nacional que les propinaron golpes una barra de aluminio o un bate de b\u00e9isbol. Algunos afirmaron que los agentes les cortaron el cabello durante la detenci\u00f3n. Al menos 15 se\u00f1alaron haber sido obligados a comer pasta cruda con excremento humano (los agentes les habr\u00edan aplicado en la nariz part\u00edculas del polvo que se usa para generar gas lacrim\u00f3geno, y obligarlos as\u00ed a abrir la boca para ingerir). Sin haber individualizado la responsabilidad penal de cada uno, los 40 fueron imputados de rebeli\u00f3n. El juez militar confirm\u00f3 los cargos contra todos, pero envi\u00f3 a 19 de los detenidos al penal de m\u00e1xima seguridad \u201c26 de Julio\u201d, en el estado de Gu\u00e1rico, sin explicar el motivo de la distinci\u00f3n, seg\u00fan el abogado. Los otros fueron liberados condicionalmente bajo r\u00e9gimen de presentaci\u00f3n.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EEl 6 de mayo, Carlos Sardi, quien colabora con organizaciones locales que trabajan con pacientes con c\u00e1ncer y en la defensa de derechos LGBT, fue detenido mientras se manifestaba junto con su esposa en Valencia, estado de Carabobo. Sardi dijo que fue golpeado brutalmente y obligado a colocarse una capucha negra, mientras autoridades a quienes no pod\u00eda ver le preguntaban por personas que supuestamente hab\u00edan participado en las protestas. La fiscal\u00eda sostuvo que hab\u00eda mantenido contacto telef\u00f3nico con otros manifestantes, y que llevaba c\u00f3cteles Molotov, clavos y gasolina, aunque \u00e9l afirma que estos elementos fueron colocados para incriminarlo. Sardi fue llevado ante un tribunal militar e imputado de rebeli\u00f3n, traici\u00f3n a la patria y vilipendio. Un juez militar dispuso que quedara en prisi\u00f3n preventiva en el penal \u201c26 de Julio\u201d, en el estado de Gu\u00e1rico.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EEl 9 de mayo, 16 personas que hab\u00edan sido detenidas en distintas circunstancias en Villa de Rosario fueron llevadas juntas ante un tribunal militar en Maracaibo, estado de Zulia. Entre los detenidos hab\u00eda un hombre que dijo que estaba regresando a pie a su casa desde el trabajo y fue detenido por la Guardia Nacional, y dos hermanos que dijeron que estaban trabajando en el techo de su casa y fueron detenidos sin una orden judicial. Otros dos fueron supuestamente llevados desde el hospital \u2014uno de ellos dijo que hab\u00eda sufrido un accidente dom\u00e9stico y el otro dijo que era un simpatizante del gobierno que recibi\u00f3 un golpe al ser alcanzado por una botella durante una protesta\u2014 hasta una dependencia del Cuerpo de Investigaciones Cient\u00edficas, Penales y Criminal\u00edsticas (CICPC) para que declararan qui\u00e9nes los hab\u00edan herido, y luego quedaron detenidos. Ocho de los 16 detenidos afirmaron haber sido golpeados por miembros de la Guardia Nacional al momento de la aprehensi\u00f3n, y que los agentes les arrojaron un polvo blanco en el rostro que les provoc\u00f3 fuerte ardor y los hizo llorar, un efecto que dijeron era similar al provocado por los gases lacrim\u00f3genos. Los abogados que pudieron entrar a la audiencia \u2014que tuvo lugar dentro de un establecimiento militar\u2014 fueron revisados por oficiales, y no se les permiti\u00f3 llevar dentro de la sala sus tel\u00e9fonos celulares ni otros art\u00edculos personales. No hab\u00eda oficiales femeninas para requisar a las abogadas mujeres. El 11 de mayo, el fiscal imput\u00f3 a los 16 detenidos por rebeli\u00f3n y ultraje al centinela, sin especificar qu\u00e9 hab\u00eda hecho cada uno de ellos. El juez confirm\u00f3 los cargos contra todos los detenidos, pero dispuso que siete de ellos permanecieran en prisi\u00f3n preventiva en la c\u00e1rcel de Santa Ana, un establecimiento para personas procesadas en la justicia militar, sin explicar la distinci\u00f3n, seg\u00fan la abogada. El resto fue liberado condicionalmente bajo r\u00e9gimen de presentaci\u00f3n.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003ESergio Contreras, un activista del partido opositor \u003Cem\u003EVoluntad Popular\u003C\/em\u003E que es abogado y ense\u00f1aba en la Universidad Cat\u00f3lica Andr\u00e9s Bello, dijo que el 10 de mayo fue golpeado y detenido por miembros de la Polic\u00eda Nacional Bolivariana mientras se manifestaba en Caracas. Contreras dijo que estaba hablando con un meg\u00e1fono a un grupo de estudiantes. Fue presentado ante un tribunal militar el 12 de mayo e imputado de rebeli\u00f3n, traici\u00f3n a la patria y sustracci\u00f3n de efectos militares (sobre la base de un arma de fuego que se le habr\u00eda colocado para incriminarlo). El juez dispuso que quedara en prisi\u00f3n preventiva y lo envi\u00f3 a la prisi\u00f3n militar de Ramo Verde.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EEl 11 de mayo, Lisbeth A\u00f1ez, una activista que visitaba a presos pol\u00edticos mientras estaban detenidos, fue arrestada en el aeropuerto de Caracas cuando estaba por embarcar en un vuelo a Miami. Fue llevada a una prisi\u00f3n militar en Caracas el 12 de mayo, e imputada de rebeli\u00f3n y traici\u00f3n a la patria sobre la base de pruebas que inclu\u00edan supuestos mensajes de WhatsApp que los abogados dijeron que no estaban descriptos en los documentos judiciales, libros, cartas y reconocimientos a su trabajo social. Estas pruebas, seg\u00fan sostuvo el tribunal, demostraban que estaba promoviendo actos violentos, a la luz de la \u201cnotoriedad\u201d del car\u00e1cter violento de las protestas en Venezuela, seg\u00fan informaron los abogados. Se orden\u00f3 su detenci\u00f3n en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u003Cu\u003EEst\u00e1ndares internacionales de derechos humanos\u003C\/u\u003E\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003ETanto el derecho venezolano como el derecho internacional establecen que los civiles no deben ser procesados en tribunales militares. La Constituci\u00f3n venezolana, en su \u003Ca href=\u0022http:\/\/www.psuv.org.ve\/constitucion\/titulo5-capitulo3\/\u0022\u003Eart\u00edculo 261\u003C\/a\u003E, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser o\u00edda en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos, el \u00f3rgano especializado que interpreta el PIDCP, \u003Ca href=\u0022http:\/\/tbinternet.ohchr.org\/_layouts\/TreatyBodyExternal\/Countries.aspx?CountryCode=VEN\u0026amp;Lang=EN\u0022\u003Emanifest\u00f3\u003C\/a\u003E su preocupaci\u00f3n de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e inst\u00f3 al gobierno venezolano a \u201cadoptar las medidas legislativas o de otra \u00edndole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicci\u00f3n penal militar\u201d. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha \u003Ca href=\u0022http:\/\/www.corteidh.or.cr\/docs\/casos\/articulos\/Seriec_69_esp.pdf\u0022\u003Edispuesto\u003C\/a\u003E que los tribunales militares no deber\u00edan juzgar a civiles.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cblockquote class=\u0022twitter-tweet\u0022 data-lang=\u0022en\u0022\u003E\n\t\u003Cp dir=\u0022ltr\u0022 lang=\u0022es\u0022 xml:lang=\u0022es\u0022\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/twitter.com\/hashtag\/15Mayo?src=hash\u0022\u003E#15Mayo\u003C\/a\u003E 11:45am Desde Abril2017 275 civiles han sido sometidos a la justicia militar. 159 han quedado presos \u003Ca href=\u0022https:\/\/twitter.com\/hashtag\/Venezuela?src=hash\u0022\u003E#Venezuela\u003C\/a\u003E \u003Ca href=\u0022https:\/\/t.co\/dPrS3yNXDc\u0022\u003Epic.twitter.com\/dPrS3yNXDc\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\t\u2014 Alfredo Romero (@alfredoromero) \u003Ca href=\u0022https:\/\/twitter.com\/alfredoromero\/status\/864145870819872768\u0022\u003EMay 15, 2017\u003C\/a\u003E\u003C\/blockquote\u003E\n\u003Cscript async src=\u0022\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\u0022 charset=\u0022utf-8\u0022\u003E\u003C\/script\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\u003C\/div\u003E\n\n \n\n \n \n\n \n \n\u003C\/div\u003E\n","settings":null},{"command":"insert","method":"prepend","selector":".js-view-dom-id-blog_live_feed__blog_body_block__303718__es","data":"","settings":null}]