Venezuela’s Crisis

Venezuelas crisis

Venezuela is facing a human rights and humanitarian crisis. The Maduro administration enjoys tremendous concentration of power, which it has used to gradually erode human rights guarantees and checks on its own power. Opponents including anti-government demonstrators, critics, and opposition politicians have been arbitrarily arrested and prosecuted.  Venezuelan groups identify over 600 detainees as political prisoners. Security forces have committed egregious abuses, including torture. The Supreme Court routinely fails to demonstrate any independence, endorsing government abuses and stripping the National Assembly of its powers. Severe shortages of medicine and food seriously undermine Venezuelans’ ability to secure adequate nutrition or access to healthcare.

Novedades sobre la crisis venezolana

Policías disparan gases lacrimógenos hacia opositores durante incidentes en el marco de manifestaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, 20 de abril de 2017.  © Reuters 2017

Por el momento no estamos actualizando la información en este blog con la misma frecuencia. Para obtener información actualizada sobre la crisis venezolana, por favor visite nuestra página sobre Venezuela, disponible aquí: https://www.hrw.org/es/americas/venezuela

Latest Updates of Venezuela’s Crisis

Police fire tear gas toward opposition supporters during clashes while rallying against Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, April 20, 2017. © Reuters 2017

We will no longer be updating this blog as frequently. For recent developments on Venezuela’s crisis, please visit our Venezuela webpage at: https://www.hrw.org/americas/venezuela 

Autoridades venezolanas deben ser castigadas por sus crímenes

Dado el grotesco deterioro de la situación en Venezuela, los representantes del Grupo de Lima reunidos en Santiago deberían sumarse a la imposición de sanciones de visas y congelamiento de bienes a los más altos funcionarios del régimen, dijeron José Miguel Vivanco y Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy en El Mercurio. Estas sanciones deberían aplicarse a aquellos que, en tareas civiles, militares y judiciales, son responsables por las violaciones de derechos humanos sistemáticas que se cometen en el país. Asimismo, el Grupo de Lima debería evaluar la contribución que podrían hacer las máximas instancias internacionales de derechos humanos como las descritas en este artículo, para que los responsables sean llevados ante la justicia y así intentar evitar una degradación aún mayor en Venezuela.

Venezuelan Authorities Should Pay for their Crimes

Given the grotesque deterioration of the situation in Venezuela, the Lima Group members meeting in Santiago should consider imposing sanctions, including cancelling visas and asset freezes, to high-level Venezuelan officials, José Miguel Vivanco and Tamara Taraciuk Broner said in an op-ed published today. These sanctions should be applied to those who, exercising their role in civilian, military, and judicial positions, are responsible for systematic human rights violations carried out in the country. Moreover, the Lima Group members should evaluate the contribution that international human rights bodies, including those described here, can make to bring those responsible to justice, to contribute to stopping further deterioration in Venezuela. 

La inmigración venezolana a Ecuador

La crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela ha acelerado la cantidad de venezolanos que huyen del país, incluidas personas que migran hacia Ecuador. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 236.000 venezolanos ingresaron en Ecuador entre 2016 y septiembre de 2017. Aproximadamente tres cuartas partes de estas personas continuaron hacia el sur, dejando un saldo migratorio en el país de cerca de 62.000 personas. ACNUR también ha informado que Ecuador se ha convertido en un país tanto de destino como de tránsito para los ciudadanos venezolanos que se dirigen a Perú y Chile. El Ministerio del Interior de Ecuador ha informado que, en 2016, ingresaron al país 102.619 venezolanos y salieron 79.008.

Hasta septiembre de 2017, más de 1.500 ciudadanos venezolanos habían pedido asilo en Ecuador, y en agosto de 2017 se registró una cifra mensual récord de 222 solicitudes, afirmó ACNUR.

En teoría, los migrantes venezolanos que deseen vivir temporariamente en Ecuador pueden solicitar distintos permisos de residencia, como una visa especial para ciudadanos de los Estados Miembros de UNASUR prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, de febrero de 2017. Existen requisitos mínimos para solicitar este tipo de visa, la cual le permite a los ciudadanos venezolanos vivir y trabajar en Ecuador. Sin embargo, la Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador, una organización fundada en 2015 que ayuda a migrantes de esa nacionalidad, indicó que en la mayoría de los casos el costo de los distintos permisos (que oscila entre USD 200 y USD 500) representa un obstáculo infranqueable, debido a la precaria situación económica de la mayoría de los migrantes venezolanos.

A continuación se describen algunos testimonios recabados por Human Rights Watch de venezolanos que huyeron de la crisis y viven o pasaron recientemente por Quito:




Petra Sofía Vásquez Rodríguez, de 30 años de edad, es una comunicadora social y diseñadora gráfica que trabajaba en Caracas como gerenta de una importante empresa de cines. Se fue de Venezuela en agosto de 2017 debido a la crisis y a la escasez de medicamentos que necesita para la discapacidad visual que padece. Vásquez manifestó que tiene visión en un solo ojo y muy limitada, por lo que necesita aplicarse gotas oftalmológicas diariamente. Desde 2015, se volvió cada vez más difícil encontrar las gotas y solamente podía usarlas en forma intermitente. Contó que estuvo más de seis meses sin usar las gotas porque no podía conseguirlas en Venezuela, antes de huir del país. En Ecuador, Vásquez trabaja en forma independiente manejando las redes sociales de empresas y personas. En Ecuador, ha conseguido y podido pagar las gotas oftalmológicas que necesita y tiene intención de mudarse a la Argentina tan pronto reúna el dinero para hacerlo.

 

 

 

Carlos Miguel Machado, de 23 años de edad, llegó a Ecuador a fines de 2016. Nacido en Valencia, estado Carabobo, y especializado en marketing, trabajó varios años para el equipo de responsabilidad social de una importante empresa de telecomunicaciones.

Machado contó a Human Rights Watch que se vio obligado a irse de Venezuela porque no podía conseguir los medicamentos que su esposa necesitaba luego de una cirugía tiroidea. Machado nos dijo: “Tenía que recorrer distancias, ir de farmacia en farmacia buscando el medicamento y no lo conseguía; y en el mercado negro cuesta muchísimo”. En un primer momento, se fue a Ecuador sólo por tres meses para “conseguir la medicina y algo de dinero”, y dejó a su esposa e hijos en Venezuela. Pero a medida que la situación en Venezuela se deterioraba rápidamente, decidieron que la familia entera viajara por tierra, cruzando Colombia, y se reuniera con él en Ecuador en 2017.

Machado explicó que, para pagar el viaje a Ecuador, vendió todas sus pertenencias en Venezuela, excepto su departamento, porque desea “regresar a [su] país, no [se] quier[e] desarraigar”. En Ecuador, él y su esposa han realizado trabajos informales, como vender empanadas en la calle. Cuando le preguntamos a su esposa, quien en Venezuela trabajaba como diseñadora gráfica, si había considerado volver a su país, contestó: “Todos los días pienso en regresar a Venezuela. Tengo la esperanza. Pero cuando nos ponemos a pensar en frío, ¿qué voy a hacer allá?”.

Mercedes Arvelo López (seudónimo), una docente de 51 años de edad, llegó a Quito en octubre de 2017 con su hija Rosalba (seudónimo), de 9 años. Arvelo contó a Human Rights Watch que su esposo había “desertado del chavismo” luego de trabajar años en temas de inteligencia para el gobierno venezolano durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Desde entonces, recibieron amenazas anónimas, personas no identificadas siguieron y dispararon a su esposo y agentes de inteligencia se presentaron en su vivienda preguntando por él.

Cruzaron a pie la frontera con Colombia, con la intención de llegar a Perú. Pidieron asilo en Colombia, pero tras varios meses sin recibir respuesta, decidieron dirigirse a Ecuador, nuevamente a pie. En Ecuador, la familia también solicitó asilo, según documentos oficiales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch.

Arvelo ha recibido ayuda de Cáritas para alimentar a su hija, quien tuvo que dejar atrás su escuela, amistades y familiares. Solicitó ser reconocida como refugiada en Ecuador pero, luego de varios meses sin recibir una respuesta formal de las autoridades y temiendo ser deportada, se mudó con su hija a Perú, donde solicitaron “refugio humanitario”, dijo a Human Rights Watch. 

Venezuelan Immigration to Ecuador

The political and humanitarian crisis hitting Venezuela has accelerated the number of Venezuelans fleeing the country, including those migrating to Ecuador. According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), between 2016 and September 2017, approximately 236,000 Venezuelans entered Ecuador. About three-quarters continued their journey south, leaving a net migration of some 62,000 people into the country. The UNHCR has also reported that Ecuador has become both a destination and transit country for Venezuelans on their way to Peru and Chile. Ecuador’s Ministry of Interior reports that in 2016, 102,619 Venezuelan nationals entered the country and 79,008 left.

As of September 2017, over 1,500 Venezuelans had applied for asylum in Ecuador, with monthly claims peaking at 222 in August 2017, the UNHCR said.

In theory, Venezuelan migrants wishing to reside temporarily in Ecuador can apply for several different visas, including a special visa for citizens of UNASUR member states provided for in the February 2017 Human Mobility Law (Ley Orgánica de Movilidad Humana) that allows Venezuelans to live and work in Ecuador with minimal requirements. However, according to the Venezuelans in Ecuador Civil Association (Asociación Civil Venezolanos en el Ecuador), an organization founded in 2015 to provide support to Venezuelan migrants, the cost of a visa (ranging from about US$200 to about US$500 depending on the type) is an insurmountable impediment for most Venezuelan migrants given their precarious financial situation.

Below are accounts relayed to Human Rights Watch by Venezuelans who fled the crisis and are now living in or were recently passing through Quito:




Petra Sofía Vásquez Rodríguez, 30, is a social communicator and graphic designer who worked in Caracas as a manager for a large movie theater company. She left Venezuela in August 2017 due to the economic crisis and lack of access to medicine for her visual disability. Vásquez said she is able to see with only one eye, has had very limited vision in that eye since birth, and requires daily eyedrops for her condition. Starting in 2015, she said, it became much harder to find the drops in Venezuela, and she would use them on and off. In the six months before she fled Venezuela, she didn’t use them at all because she could no longer find them. In Ecuador, Vásquez does freelance work, managing social media accounts of companies and individuals. In Ecuador, she has been able to find and afford the eyedrops she needs, and is planning to move to Argentina as soon as she has the money to do so.

 

 

 

Carlos Miguel Machado, 23, arrived in Ecuador toward the end of 2016. Born in Valencia, Carabobo state, he specialized in marketing and worked for years for a large telecommunications company as part of its social responsibility team.

Machado told Human Rights Watch that he was forced to leave Venezuela because he could not find medicine that his wife needed after undergoing thyroid surgery. He said: “I had to travel far, go from pharmacy to pharmacy looking for the medicine, and I would not find it; and it is very expensive in the black market.” He originally left for Ecuador for just three months “to find the medicine and some money,” leaving his wife and children behind. But as the situation in Venezuela rapidly deteriorated, they decided that, instead, the entire family would travel by land through Colombia and join him in Ecuador in 2017.

Machado explained that, to fund the cost of the trip to Ecuador, he sold all of his belongings in Venezuela, except for his apartment because he wants “to go back to [his] country, [and does not] want to become estranged.” In Ecuador, he and his wife have engaged in informal work, including selling empanadas on the streets. When we asked his wife, who had worked as a graphic designer in Venezuela, if she had considered going back to her country, she replied: “Every day I think about returning to Venezuela. I keep the hope. But when we think about it further, what am I going to do there?”

Mercedes Arvelo López (pseudonym), a 51-year-old teacher, arrived in Quito in October 2017 with her nine-year-old daughter Rosalba (pseudonym). Arvelo told Human Rights Watch that her husband had “defected from chavismo” after having worked for the Venezuelan government under Hugo Chávez and Nicolás Maduro on intelligence matters for years. Since then, she said, they had received anonymous threats, unknown individuals had followed and shot at her husband, and intelligence agents had visited their home asking about her husband’s whereabouts.

They crossed the border into Colombia on foot, with the aim of reaching Peru. They applied for asylum in Colombia, but after several months without obtaining a response, they decided to go to Ecuador, also on foot. In Ecuador, the family also sought refugee status, according to official documentation reviewed by Human Rights Watch.

Arvelo has received aid from CARITAS to feed her daughter, who had to leave her school, friends, and family behind. She applied for refugee status in Ecuador but after months without receiving a formal response from authorities and fearing deportation, she and her daughter moved to Peru, where they requested “humanitarian refugee status,” she told Human Rights Watch. 

Detenido por proveer asistencia en Venezuela

El 27 de diciembre, el poderoso político chavista Diosdado Cabello anunció que fue detenido Jonatan Diniz, un brasileño que vive en Los Ángeles y estaba visitando Venezuela por su trabajo en una organización no gubernamental que dirige, que provee comida y asistencia a personas necesitadas. Diniz había sido detenido, según Cabello, por pertenecer a “una organización criminal con tentáculos internacionales.”

Cabello acusó a Diniz de usar la organización como una “fachada” que servía para obtener “dólares” y “financiar a terroristas”. Luego de haber pasado casi 10 días detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la cancillería brasileña logró negociar la liberación y salida del país de Diniz.

Muchos otros no han tenido tanta suerte en Venezuela, dijo Tamara Taraciuk en un op-ed publicado en Folha. Sin una fuerte presión internacional, el año 2018 puede transformarse en el año en que el gobierno venezolano afianza sus poderes represivos y la impunidad que ha gozado para cometer abusos aberrantes, dijo Taraciuk.

Detained for Providing Aid in Venezuela

On December 27, the powerful Chavista politician Diosdado Cabello announced the detention of Jonatan Diniz, a Brazilian living in Los Angeles who was visiting Venezuela for a nongovernmental group that he directs, which provides food and aid to people in need. Diniz had been detained, Cabello said, for “belonging to a criminal organization with international reach.”

Cabello accused Diniz of using the organization as a “façade” to receive “dollars” and to “finance terrorists.” After Diniz spent nearly 10 days incarcerated at intelligence headquarters in Caracas, the Brazilian Foreign Affairs Ministry was able to negotiate his release and departure from Venezuela.

Many others haven’t been so lucky in Venezuela, Tamara Taraciuk Broner said in an op-ed published in Folha. Without strong international pressure, 2018 may well be the year in which Venezuela’s government entrenches its repressive powers and the impunity it has enjoyed for terrible abuses, Taraciuk said. 

Adolescente embarazada asesinada esperando por comida

El 31 de diciembre, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana asesinó a Alexandra Colopoy, de 18 años, mientras esperaba en una cola para conseguir pernil, una porción de cerdo que se sirve como plato típico navideño en Venezuela, según dijo su esposo en un video publicado en Twitter. Como el gobierno no había conseguido incluir pernil en todas las cajas de comida con precios fijados por el gobierno, se organizó una rifa y Colopoy, quien estaba embarazada de cinco meses, fue una de las 15 ganadoras en su área. En un país que enfrenta una severa escasez de comida, esta era una oportunidad valiosa para tener acceso a proteínas, que son limitadas en la dieta de muchos venezolanos.

El esposo de Colopoy y otros testigos dijeron que estuvieron en una cola durante horas hasta que llegó la Guardia Nacional Bolivariana y los agentes les dijeron que se marcharan. Uno de ellos, que estaría borracho, abrió fuego sin previo aviso, según dijeron. Mató a Colopoy e hirió a su cuñado.

Ese mismo día, luego de que las noticias sobre el caso se tornaran virales, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana fue detenido por este caso y habría sido imputado con varios delitos, incluyendo homicidio, según el Ministerio Público.

En diciembre, una serie de protestas surgieron en Venezuela luego de que el gobierno no entregara perniles que había prometido incluir en las cajas con comida sujeta a precios controlados por el gobierno. El Presidente Nicolás Maduro dijo el 28 de diciembre que no había que “bajar la guardia” ante “grupos violentos y terroristas” –refiriéndose a las protestas— y que debería aplicarse “mano dura” en estos casos.

Maduro culpó a Portugal de “sabotear” la distribución de perniles. Sin embargo, Portugal respondió que no participó en esa compra y la empresa portuguesa que supuestamente tenía que entregar los perniles dijo que el gobierno venezolano aún debe pagarles por comida que enviaron a Venezuela en 2016. 

Pregnant Teenager Killed Awaiting Food

On December 31, a member of the Bolivarian National Guard killed Alexandra Colopoy, 18, as she was standing in line to receive a pernil (a leg of pork traditionally served at Christmas in Venezuela), her husband said in a video posted on Twitter. The government had not provided pernil for everyone who received boxes with food items subject to government-controlled prices, and those distributing the food had organized a lottery to allocate available pork legs. Colopoy, who was five-months pregnant, was one of 15 lottery winners in her area. In a country facing severe shortages of food, this was a valuable opportunity to have access to protein, which is limited in many Venezuelans’ diet.

Colopoy’s husband and other witnesses said they had stood in line for hours when the Bolivarian National Guard arrived and told them to leave. One of the guardsmen, who was allegedly drunk, opened fire without warning, they said, killing Colopoy and wounding her brother-in-law.

That day, after news of the killing went viral, a Bolivarian National Guard sergeant was detained in relation to this case and was going to be charged with several crimes, including homicide, according to the Attorney General’s Office.

Earlier in December, several protests broke out in Venezuela after the government failed to deliver pernil that it had promised to include in boxes with food subject to government-set prices. On December 28, President Nicolás Maduro said authorities should not “lower their guard” in the face of “violent and terrorist acts”—referring to the protests—and would apply “a firm hand” in these cases.

Maduro blamed Portugal for “sabotaging” the distribution of pernil. Portugal responded it had no participation in the deal, and the Portuguese company that was supposed to deliver the pork legs said that the Venezuelan government has yet to pay for food it shipped to the country in 2016.

La ley contra el odio en uso

El 3 de enero a las 11 am, miembros de una policía municipal en Valencia, estado Carabobo, detuvieron a Ronald Cevilla Guedez, de 25 años, y a Erika Palacios Alfonzo, de 41 años, mientras protestaban contra el gobierno. Los detenidos eran parte de un grupo de 30 personas que estaban supuestamente trancando parcialmente una avenida y habían quemado cinco neumáticos frente a la alcaldía de Naguanagua, según la transcripción de un parte policial revisada por Human Rights Watch.  

Cevilla y Palacios fueron llevados ante un tribunal el 4 de enero. Durante la audiencia, el Ministerio Público les imputó posesión de sustancias explosivas, instigación pública, obstaculización de la vía pública, e “instigación al odio”. Este último delito está previsto en una ley adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista en noviembre de 2017. Los términos vagos de la ley prohíben a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia, o el odio” e imponen pena de prisión de hasta 20 años a quien “fomente, promueva, o incite el odio.”

Según el abogado del Foro Penal que defendió a Cevilla y Palacios en la audiencia, la supuesta “violencia” e instigación criminal del odio de las que se los acusa consistió en gritar: “Maldito Nicolás Maduro!” e insultar verbalmente a los oficiales. El parte policial sostiene que se encontraron siete bombas Molotov caseras, dos botellas con líquidos inflamables, 12 cohetones y un mortero en la zona, sin especificar que los detenidos los tenían. Ellos niegan que sean suyos.

Luego de las detenciones, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional allanaron las viviendas de los detenidos, una fuente confiable dijo a Human Rights Watch. Familiares que estaban presente durante los allanamientos dijeron a la fuente que los agentes no mostraron orden judicial y que habían robado productos personales, incluyendo pasta de dientes, durante los allanamientos.

El tribunal aceptó la imputación y ordenó la prisión preventiva de Cevilla y Palacios mientras se realiza la investigación penal. 

The ‘Instigating Hatred’ Law in Use

At 11 a.m. on January 3, members of a municipal police force in Valencia, Carabobo state, detained Ronald Cevilla Guedez, 25, and Erika Palacios Alfonzo, 41, while they were protesting against the government. The detainees were part of a group of 30 people who had allegedly partially closed a road and burned five tires in front of the Naguanagua mayor’s office, according to a transcript of a police report reviewed by Human Rights Watch.

Cevilla and Palacios were taken before a judge on January 4. During the hearing, a prosecutor charged them with possessing explosive substances, public incitement to commit crimes, obstructing public roads, and “instigating hatred”—a crime provided for in a law adopted in November 2017 by the pro-government Constituent Assembly. The vague and overbroad language of the law prohibits political parties that “promote fascism, hatred, and intolerance,” and imposes prison sentences of up to 20 years on those who “encourage, promote, or incite hatred.”

According to the Penal Forum lawyer who defended Cevilla and Palacios, their alleged “violence” and criminal instigation of hatred consisted of shouting “Damn Nicolás Maduro!” and verbally insulting the officers. The police report states the officers found seven home-made Molotov cocktails, two bottles with flammable substances, 12 fireworks, and a mortar shell in the area without specifying that they were in the detainees’ possession. Cevilla and Palacios deny that the explosives were theirs.

After the arrests, agents of the Bolivarian National Intelligence Services searched the detainees’ homes, a credible source told Human Rights Watch. Family members present during the searches told the source that the agents did not show a judicial warrant and stole personal belongings, including toothpaste, while conducting them.

The court accepted the charges and ordered the pre-trial detention of Cevilla and Palacios while the criminal investigation takes place.

El New York Times: “La malnutrición que mata en Venezuela”

El 17 de diciembre, el diario The New York Times publicó un artículo sobre la severa crisis humanitaria que está azotando a Venezuela y sobre sus efectos en la niñez.  La pieza está basada en una investigación en la que realizaron seguimiento durante 5 meses a 21 hospitales públicos en Venezuela en los que “los doctores dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto”.  El trabajo incluye fotos devastadoras de Meridith Kohut que capturan el sufrimiento de aquellos afectados por la situación y argumenta que, aunque el gobierno de Venezuela está al tanto de la situación, ha “intentado encubrir la gravedad de la crisis y ya prácticamente no emite estadísticas de salud. Esto genera un clima en el que los doctores a veces temen registrar casos y muertes ligados a los fracasos de la política pública”.  De hecho, hace pocos días el presidente Nicolás Maduro reiteró la negativa del gobierno a recibir ayuda humanitaria argumentando que en Venezuela “no somos un país de mendigos”.

The New York Times: “As Venezuela Collapses Children Are Dying of Hunger”

On December 17, The New York Times published an article on the severe humanitarian crisis ravaging Venezuela and its effect on children.  The piece is based on 5 months of research tracking 21 public hospitals in Venezuela where “doctors are seeing record numbers of children with severe malnutrition” and “hundreds have died”.  It includes harrowing photographs by Meridith Kohut capturing the suffering of those affected and argues that though the Venezuelan government is aware of the situation, it has “tried to cover up the extent of the crisis by enforcing a near-total blackout of health statistics, and by creating a culture in which doctors are often afraid to register cases and deaths that may be associated with the government’s failures”.  Indeed, a few days ago President Nicolas Maduro had reiterated the government’s decision to decline any offer of humanitarian aid stating that Venezuela ‘is not a country of beggars’.

Los altos mandos responsables de los abusos en 2017

High-level officials responsible for the 2017 crackdown

Encarcelamiento de un profesor universitario

El 1° de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno venezolano que protegiera la vida e integridad física de Santiago Guevara, un economista y profesor universitario de 66 años que fue detenido por agentes de inteligencia en febrero.

Los agentes de inteligencia detuvieron a Guevara el 21 de febrero en su hogar en Valencia, estado Carabobo, y lo llevaron a las oficinas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, según Espacio Público, una organización de derechos humanos venezolana que monitorea la libertad de expresión en el país. El día anterior, Guevara se había reunido con el General Raúl Isaías Baduel, un conocido crítico del gobierno, en una panadería en Valencia, como parte de un proyecto de investigación para escribir un libro sobre la transición a la democracia en Venezuela, un abogado de Espacio Público le dijo a Human Rights Watch. Guevara había previamente publicado una serie de artículos en blogs venezolanos criticando las políticas económicas del gobierno.

El 9 de abril, fiscales militares imputaron a Guevara con traición a la patria e instigación a la rebelión. La imputación, que Human Rights Watch revisó, dice que Guevara había participado en “varias reuniones clandestinas con la finalidad de desestabilizar al Gobierno Nacional”. Sostiene que Guevara había estado en reuniones con estudiantes de la Universidad de Carabobo, donde enseña, y con “personal militar” para crear un “movimiento cívico-militar” y un nuevo partido político que reemplazaría a la agrupación de oposición Mesa de la Unidad Democrática y sería dirigido por Baduel.

El Ministerio Público militar argumentó que Guevara había coordinado el trabajo con varias universidades y el supuesto “plan de desestabilización” incluía la “desobediencia civil” y “la movilización masiva de diversos sectores orientando los mayores esfuerzos en el sector estudiantil, movimiento que efectuaría protestas y movilizaciones de calle prolongadas bajo la teoría y modalidad autodenominada ‘de la lucha activa en la calle, no violenta, pero contundente’”.

Guevara fue llevado ante un tribunal militar para su audiencia de presentación en mayo, pero la audiencia preliminar, en la cual el juez debería confirmar o rechazar los cargos para decidir si avanza el juicio, fue pospuesta en reiteradas oportunidades. Los abogados de Guevara han intentado trasladar el caso a la justicia civil, sin éxito.

Guevara se encuentra actualmente detenido en las instalaciones de la DGCIM en Caracas. Sufre varios problemas médicos, incluyendo hipertensión, según un informe médico de marzo de 2017 revisado por Human Rights Watch. Su condición de salud se ha deteriorado debido a la falta de nutrición y atención médica adecuadas durante su detención, según el abogado de Espacio Público.

Jailing a University Professor

On December 1, the Inter-American Commission on Human Rights ordered the Venezuelan government to protect the life and physical integrity of Santiago Guevara, a 66-year-old economist and university professor who was detained by intelligence agents in February.

Intelligence agents detained Guevara on February 21 in his home in Valencia, Carabobo state, and took him to the General Directorate of Military Intelligence (DGCIM) headquarters in Caracas, according to Espacio Público, a Venezuelan rights group that monitors free speech. The day before, Guevara had met with General Raúl Isaías Baduel, a prominent government critic, in a bakery in Valencia, as part of a research project to draft a book on Venezuela’s transition to democracy, a lawyer with Espacio Público told Human Rights Watch. Guevara had previously published a series of articles in Venezuelan blogs criticizing the government’s economic policies.

On April 9, military prosecutors charged Guevara with treason and instigating rebellion. The document outlining the charges, which Human Rights Watch reviewed, said Guevara had participated in “several clandestine meetings with the purpose of destabilizing the national government.” It claimed Guevara had been in meetings with students from the University of Carabobo, where he taught, and “military personnel” to create a “civic-military movement” and a new political party that would replace the opposition umbrella group, Roundtable of Democratic Unity (MUD), and would be headed by Baduel.

Military prosecutors argued Guevara had coordinated the work with several universities and the alleged “destabilization plan” included calling for “civil disobedience” and “massive mobilization of different sectors, with special emphasis in students, a movement that would carry out prolonged protests and street demonstrations” in what they called “an active fight in the streets, non-violent, but overwhelming.”

Guevara was taken before a military court for his initial hearing in May, but the preliminary hearing, in which the judge should confirm or reject the charges to determine if the trial moves forward, has been repeatedly postponed. Guevara’s lawyers have unsuccessfully tried to move the case to civilian courts.

Guevara is currently being held at DGCIM headquarters in Caracas. He suffers several medical problems, including hypertension, according to a March 2017 medical report reviewed by Human Rights Watch. His health condition has deteriorated given his limited access to adequate nutrition and medical care while in detention, according to the lawyer with Espacio Público.

El declive de Venezuela hacia una dictadura

El gobierno venezolano está intensificando el férreo control que ejerce sobre las instituciones fundamentales de la democracia en el país, a un ritmo aterrador. Sin medidas más enérgicas por parte de gobiernos influyentes, los daños sufridos por las instituciones democráticas venezolanas y las víctimas de la violencia estatal, que ya son enormes, podrían volverse irreparables. Todavía no es demasiado tarde para impedir que eso suceda, dijo hoy Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy en el World Policy Journal.

Venezuela’s Slide into Dictatorship

The Venezuelan government is tightening its stranglehold on the country’s basic institutions of democracy at a terrifying speed. Without stronger measures by influential governments, the already grievous damage suffered by Venezuelan democratic institutions and victims of state violence may become irreparable. It is not too late to stop that from happening, Tamara Taraciuk Broner said in an op-ed published today by the World Policy Journal.

El “Caso Polichacao”: 14 detenidos retenidos por los servicios de inteligencia venezolanos

El 27 de noviembre, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente luego de que esta destituyera a Luisa Ortega Díaz, manifestó que “quien tenga una boleta de excarcelación firmada, debidamente sellada por un tribunal de la causa... tiene que ser liberad[o]”.  

Saab estaba respondiendo a una pregunta sobre la situación de 14 policías, 12 hombres y 2 mujeres, que pertenecen a la Policía Municipal de Chacao, un municipio de Caracas. Los policías, que habían sido acusados por el entonces ministro de Interior Gustavo González López de estar implicados en el homicidio del periodista Ricardo Durán el 19 de enero de 2016, fueron detenidos el 20 de junio de ese año. González López es actualmente jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

En ese momento, Durán era uno de los periodistas oficialistas más prominentes. Se había desempeñado como jefe de comunicaciones en la Asamblea Nacional (que entonces estaba controlada por el oficialismo) y había sido presentador del canal oficial Venezolana de Televisión. En el momento de su muerte, era jefe de comunicaciones del gobierno de Caracas durante la gestión de Jorge Rodríguez, un partidario del régimen de Maduro.

Los fiscales asignados al caso no identificaron pruebas para incriminar a los 14 policías y, a principios de agosto, pidieron a un tribunal que ordenara su liberación. Aunque un juez firmó la boleta de excarcelación el 8 de agosto de 2016, han pasado 16 meses y los 14 policías siguen arbitrariamente detenidos en la sede del SEBIN en Caracas, conocida como “El Helicoide”.

El más joven del grupo es Ángel Alfonso Sánchez, de 26 años, quien habría sido golpeado brutalmente dentro de El Helicoide por agentes del SEBIN con una tabla, frente al resto del grupo. La hermana de Ángel, Marilyn Sánchez, contó a Human Rights Watch que durante la golpiza Ángel creyó que moriría, y que tras la agresión no pudo ponerse de pie por varias semanas.  

En una carta que pudo consultar Human Rights Watch, los detenidos sostienen que varios de ellos han sido sometidos a distintas técnicas de tortura en las sedes del SEBIN mientras los interrogaban para obligarlos a a incriminarse en la muerte de Durán. Las torturas han incluido asfixia con bolsas plásticas que olían como si tuvieran dentro insecticida, ser colgados y recibir descargas eléctricas. Los familiares que los vieron afirman que todos presentan secuelas físicas y psicológicas severas como consecuencia de los abusos sufridos, según su abogado. Los familiares están muy preocupados por el estado de salud de los detenidos, el cual, según afirman, sigue deteriorándose rápidamente debido a las nefastas condiciones de detención.

El 24 de junio, varios de los detenidos empezaron una huelga de hambre. Los policías denunciaron que en represalia, los agentes del SEBIN ubicaron a presos comunes en la misma área donde estaban los huelguistas,  una práctica particularmente peligrosa debido a que quienes realizaban la huelga de hambre son policías. Los agentes del SEBIN también colocaron recipientes con excrementos y orina en el lugar y negaron a los detenidos el acceso a baños, según se indica en la cuenta oficial de Twitter que mantienen los familiares y abogados de los policías detenidos. La huelga de hambre ya concluyó.

Una abogada que representa a los 14 detenidos dijo a Human Rights Watch que los tribunales habían rechazado todos los recursos judiciales introducidos en favor de ellos. La abogada añadió “al final el asunto se limita a lo siguiente: cada vez que el alguacil va al SEBIN para entregar la boleta [de agosto de 2016], le dicen que el director no los ha autorizado para recibirla”.

Human Rights Watch ha denunciado que decenas de otros presos en Venezuela siguen detenidos arbitrariamente, pese a que la justicia emitió una orden de excarcelación a favor suyo, lo cual constituye una clara violación del derecho venezolano y el derecho internacional.

The “Polichacao Case”: 14 Detainees Held by Venezuela’s Intelligence Services

On November 27, Tarek William Saab, the attorney general appointed by Maduro’s Constituent Assembly after it fired Luisa Ortega Díaz, stated that “anyone who has a release order signed and dully sealed by the court has to be freed.”  

Saab was responding to a question about the case of 14 police officers, 12 men and 2 women, who belong to the municipal police force of Chacao, a municipality in Caracas. The officers, who had been accused by then interior minister Gustavo González López of being involved in the murder of journalist Ricardo Duran on January 19, 2016, were detained on June 20 that year. González López is currently the head of the Bolivarian Service of National Intelligence (SEBIN).

Duran was one of the most high-profile pro-government journalists at the time. He had served as chief of communications of the National Assembly (then controlled by the government official party) and had been an anchor of the official television station, Venezolana de Television.  At the time of his death he was head of communications of the Caracas government under Jorge Rodríguez, a Maduro regime supporter. 

Prosecutors assigned to the case found no evidence to incriminate the 14 police officers and in early August requested a court to order their release. A judge signed the release order on August 8, 2016, but, 16 months later, the 14 officers remain arbitrarily imprisoned at SEBIN headquarters in Caracas called “El Helicoide.”

The youngest of the group is 26-year-old Angel Alfonso Sánchez, who inside El Helicoide was reportedly severely beaten with a board by SEBIN agents in front of the rest of the group.  Angel’s sister, Marilyn Sánchez, told Human Rights Watch that Angel thought he would die while he was being beaten and that he was unable to stand up for weeks after the beating.  

In a letter reviewed by Human Rights Watch, the detainees claim that several of them have been subjected to different torture techniques in SEBIN headquarters while being interrogated to force them to incriminate themselves in Duran’s killing. The torture has included asphyxiation with plastic bags that smelled as if they had insecticide in them, being hanged, and being subjected to electric shocks. Family members who saw them claim they all have severe physical and psychological scars from the abuses, according to their lawyer. Family members are extremely concerned about their health, which they claim continues to deteriorate rapidly due to the appalling detention conditions.

On June 24, several of the detainees began a hunger strike. The officers said that in retaliation, SEBIN authorities placed other prisoners with them in the room where the strike was taking place, which is particularly dangerous considering that the hunger strikers are police officers. SEBIN agents also placed containers with excrement and urine in the room and denied the detainees access to the bathroom, according to the official twitter account kept by the detained police officers’ family members and lawyers. The officers have ended the hunger strike.

One of the lawyers who represents the 14 detainees told Human Rights Watch that the courts have rejected every motion filed in their favor.  The lawyer added “it all boils down to this: every time the clerk goes to SEBIN to deliver the [August 2016] release order, he is informed that the Director of SEBIN has not authorized that the order be received.”

Human Rights Watch has denounced the fact that dozens of other prisoners in Venezuela have remained arbitrarily detained, despite having a release order issued by a court, in clear violation of Venezuelan and international law.

 

Alcalde opositor Daniel Ceballos, en aislamiento

Opposition Mayor Daniel Ceballos, Isolated

UK Political Leaders Still Defending the Indefensible in Venezuela

Both Theresa May and Jeremy Corbyn Have Questions to Answer

By David Mepham

Events in Latin America rarely generate much political attention or debate in Britain. But new evidence of deepening repression in Venezuela should force Theresa May, the Conservative Prime Minister, and the leader of the opposition Labour Party, Jeremy Corbyn, to examine their different, but misguided policies towards Venezuela.

New research this week by Human Rights Watch and a Venezuelan group, Penal Forum, lifts the lid on the crackdown perpetrated by the Maduro government against opponents.

Venezuelan security forces use a water cannon to disperse an anti-government demonstration on the Francisco Fajardo Highway, Caracas, May 18, 2017. © 2017 Giovanna Mascetti

The report contains detailed testimony of how Venezuelan security forces brutally beat detainees and tortured them with electric shocks, asphyxiation, and sexual assault. In some cases, security forces detonated teargas canisters in small cells where detainees were being held, and denied them food or water. Sometimes they were forced to eat food that was deliberately tainted with excrement, cigarette ash or insects.

Security forces and armed pro-government groups, called “colectivos” in Venezuela, have caused dozens of deaths and hundreds of injuries. In many cases, they have shot water cannons, teargas, and pellets at close range, in ways apparently intended to inflict painful injuries.

Against this backdrop, it is hard to understand why the May government is providing £160,000 to train some of the country’s police and security services. When this story first broke in August, the UK Foreign Office said the policy was, “kept under review.” But in a context of rapidly worsening repression in Venezuela, it is surely untenable for the British government to provide this kind of support while at the same time failing to speak out forcefully against rights violations and torture. The UK should be stepping up pressure on Maduro’s government, including through targeted sanctions.

Jeremy Corbyn’s recent positions on Venezuela have also been pusillanimous and wrong. In a September 30 media interview, Corbyn repeatedly refused to condemn the repressive policies of Maduro. This suggests his longstanding support for an avowedly anti-capitalist government in Caracas is blinding him to the reality of stepped-up and systematic repression there.

While this is not the first crackdown on dissent under Maduro, the scope and severity of this repression has reached levels unseen in Venezuela in recent memory. May’s weakness and complacency and Corbyn’s faux solidarity are equally misplaced and should both be jettisoned.

 

Líderes políticos del Reino Unido defienden lo indefendible en Venezuela

Tanto Theresa May como Jeremy Corbyn deben explicar su posición

por David Mepham

Por lo general, los acontecimientos en América Latina no generan gran interés político ni controversia en Gran Bretaña. Sin embargo, nuevas evidencias sobre el agravamiento de la represión en Venezuela deberían obligar a la primera ministra conservadora Theresa May y al líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn a reconsiderar sus distintas posiciones —ambas equivocadas— sobre Venezuela.

Una nueva investigación difundida esta semana por Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal revela la magnitud de la represión de opositores llevada a cabo por el gobierno de Maduro.

El informe presenta testimonios detallados de cómo miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas propinaron violentas golpizas a personas detenidas y las torturaron con descargas eléctricas, asfixia y agresiones sexuales. En algunos casos, los agentes de las fuerzas de seguridad detonaron cartuchos de gas lacrimógeno en celdas minúsculas donde había personas detenidas, y les negaron alimentos o agua. En ocasiones, fueron obligadas a ingerir alimentos que habían sido deliberadamente contaminados con excrementos, cenizas de cigarrillos o insectos.

Integrantes de las fuerzas de seguridad y de grupos armados partidarios del gobierno, que en Venezuela se llaman “colectivos”, han provocado decenas de muertes y cientos de heridos. En muchos casos, han disparado cañones de agua, gases lacrimógenos y perdigones desde corta distancia, en formas que parecen haber tenido como fin causar lesiones dolorosas.

Con este trasfondo, cuesta entender por qué el gobierno de May está aportando GBP 160.000 para capacitar a miembros de algunas de las fuerzas de policía y seguridad del país.  En agosto, cuando este dato trascendió por primera vez, el Servicio Exterior del Reino Unido manifestó que la política “estaba siendo revisada”. Sin embargo, en un contexto de rápido empeoramiento de la represión en Venezuela, es insostenible que el Gobierno del Reino Unido brinde este tipo de asistencia sin pronunciarse enérgicamente repudiando la represión y casos de tortura. El Reino Unido debería intensificar la presión sobre el gobierno de Maduro aplicando sanciones específicas, entre otras medidas.

También las opiniones expresadas recientemente por Jeremy Corbyn sobre Venezuela han sido vergonzosas y erradas. En una entrevista ofrecida a los medios el 30 de septiembre, Corbyn se negó en varias oportunidades a condenar las políticas represivas de Maduro. Esto sugiere que su tradicional apoyo al gobierno abiertamente anticapitalista en Caracas no le permite ver la realidad de la agudización de la represión sistemática en Venezuela.

Aunque esta no es la primera arremetida contra críticos durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la severidad de esta ola represiva han alcanzado niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela. La indolencia y la pasividad de May, y la fingida solidaridad de Corbyn, son dos posiciones igualmente desacertadas que deberían ser abandonadas.

Cómo se investiga la tortura en Venezuela

Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos. El gobierno de Maduro ha concentrado su poder y erosionado el respeto de los derechos humanos. Críticos y figuras de la oposición han sido detenidos arbitrariamente, juzgados y, en algunos casos, sometidos a abusos, incluidas torturas. Decenas de miles de personas han huido a países cercanos para escapar de la persecución política y la escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos. Desde que en 2008 se detuvo y expulsó de Venezuela a representantes de Human Rigths Watch, la organización no ha podido trabajar abiertamente en el país, pero sí ha continuado documentando los abusos que se cometen allí. Claudia Núñez habló con la investigadora sénior Tamara Taraciuk Broner sobre su reciente investigación sobre la detención y el abuso que sufrieron cientos de venezolanos durante la arremetida contra opositores este año. 

What's it like to investigate torture in Venezuela

Venezuela is facing an acute human rights and humanitarian crisis. The Maduro administration has concentrated its power and eroded respect for human rights.  Critics and opposition figures have been arbitrarily arrested, prosecuted, and in some cases subjected to abuses – including torture. Tens of thousands have fled to neighboring countries, escaping political persecution and shortages of food, medicine and other medical supplies. Human Rights Watch researchers have not been able to operate openly in Venezuela since representatives were arrested and expelled from the country in 2008, but have continued to document the wide-ranging abuses there. Claudia Núñez interviewed senior researcher Tamara Taraciuk Broner about her recent investigation into the detention and abuse of hundreds of Venezuelans during this year’s crackdown on dissent.

Nuevo informe de HRW/Foro Penal sobre la arremetida contra opositores en 2017

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos, señalaron en un informe difundido esta semana por Human Rights Watch y la organización venezolana Foro Penal.

 

New HRW/Foro Penal report on 2017 crackdown on dissent

The Venezuelan government has systematically used brutal treatment, including torture, against anti-government protesters and political opponents, Human Rights Watch and the Penal Forum, a Venezuelan rights group, said in a report released this week.

Orden de liberación para colombianos detenidos en Venezuela

El 21 de noviembre, una jueza en Caracas ordenó a la Policía Nacional Bolivariana que liberara (con libertad plena) a 61 ciudadanos colombianos detenidos en agosto de 2016, argumentando que “no fueron aprehendidos de manera flagrante” y “no pesa orden de aprehensión alguna” en contra ellos en el expediente judicial.

El 1 de septiembre de 2016, el Presidente Nicolás Maduro anunció que 92 personas habían sido detenidas en un “campamento paramilitar colombiano” cerca del palacio presidencial en Caracas, como parte de la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP)—una serie de redadas policiales y militares realizadas desde 2015 con el supuesto propósito de combatir la inseguridad. Algunos fueron detenidos mientras caminaban por la calle, les dijeron que serían deportados, y luego fueron detenidos, según informes de prensa colombianos. Las autoridades colombianas habrían enviado más de 20 notas diplomáticas al gobierno venezolano sobre este caso.

Human Rights Watch y la organización de derechos humanos venezolana Provea han documentado denuncias generalizadas de abusos durante los operativos de la OLP, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, destrucción de viviendas y la deportación arbitraria de ciudadanos colombianos, que eran comúnmente acusados, sin evidencia, de tener vínculos con “paramilitares”.

Al 25 de noviembre, los 61 ciudadanos colombianos permanecían detenidos, su abogado le dijo a Human Rights Watch.

Release Order for Colombians Detained in Venezuela

On November 21, a Venezuelan judge ordered the Bolivarian National Police to unconditionally release 61 Colombian citizens who were detained in August 2016 in Caracas, arguing that “they were not caught while committing a crime” and there was “no arrest warrant” in their criminal file.

On September 1, 2016, President Nicolás Maduro had announced that 92 people had been detained in a “Colombian paramilitary camp” close to the presidential palace in Caracas, as part of the “Operation to Liberate the People” (OLP)—a series of police and military raids launched in 2015 with the alleged purpose of combatting insecurity. Some detainees were picked up while they were walking down the street, told they would be deported, and then jailed, according to Colombian press reports. Colombian authorities have reportedly sent more than twenty diplomatic notes to the Venezuelan government about this case.

Human Rights Watch and the Venezuelan human rights group Provea have documented widespread allegations of abuse during these OLP operations, including extrajudicial killings, arbitrary detentions, forced evictions, the destruction of homes and the arbitrary deportation of Colombian nationals often accused without evidence of having links to “paramilitaries.”

As of November 25, the 61 Colombian citizens remained behind bars, their lawyer told Human Rights Watch.

Informe ICG: Hambre por Default

El 23 de noviembre, el International Crisis Group (ICG) publicó un informe titulado “Venezuela: Hambre por Default” que sostiene que “la inadecuada administración económica, la corrupción y la baja en las reservas ha forzado a Venezuela a sufrir penurias y ahora a no cumplir con sus obligaciones de pagos, llevando a un default parcial de sus deudas”. El informe argumenta que un default total podría aumentar una ya creciente emergencia humanitaria a la crisis económica y política en el país. Muchos venezolanos enfrentan actualmente una escasez severa de medicamentos, insumos médicos y comida que impide que puedan asegurarles a sus familias acceso a una nutrición adecuada y a atención médica básicos. El informe recomienda al gobierno venezolano que reestablezca los poderes de la Asamblea Nacional para que pueda aprobar la reestructuración de la deuda. 

ICG report: Hunger by Default

On November 23, the International Crisis Group published a briefing paper titled “Venezuela: Hunger by Default” that argues that “economic mismanagement, corruption, and dwindling reserves have forced Venezuela into penury and now into missed payments and partial default on its debts.” The paper argues that a full-blown default could add an escalating humanitarian emergency to the country’s economic and political crisis. Many Venezuelans are currently facing severe shortages of medicine, medical supplies, and food that severely undermine their ability to provide their families with access to an adequate nutrition and basic medical care. The briefing paper recommends that the Venezuelan government restore powers to the opposition-led National Assembly so it can approve a debt-restructuring package.

Sesión de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la crisis venezolana

La sesión de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU del día de hoy sobre la crisis en Venezuela es una oportunidad única para poner el foco en los abusos generalizados que está cometiendo el gobierno de Nicolás Maduro. Sin una presión multilateral firme, la crisis humanitaria y de derechos humanos no hará más que acentuarse, dijo José Miguel Vivanco en un artículo publicado hoy.

La sesión está disponible aquí.

UN Security Council Members meet to address Venezuela’s Crisis

Today’s meeting of UN Security Council members on the Venezuela crisis provides a unique opportunity to focus attention on the widespread abuses the government of President Nicolás Maduro is committing. Without strong, multilateral pressure, the human rights and humanitarian crisis will only get worse, José Miguel Vivanco said in a dispatch published today.

 The session is available live here.

Sanciones contra Venezuela

El 13 de noviembre, la Unión Europea adoptó sanciones contra Venezuela: impuso un embargo de armas sobre material que podría utilizarse para la represión interna, y una normativa que permite bloquear la entrada a los países y el congelamiento de bienes de venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y “aquellos implicados en la falta de respeto de principios democráticos o el estado de derecho” en el país.

La Unión Europea “llama al gobierno [de Venezuela] a reestablecer urgentemente su legitimidad democrática, incluyendo a través de elecciones libres y justas, y a la oposición a continuar trabajando, de manera unificada, para lograr una solución negociada a la crisis actual”.

Las sanciones de la Unión Europea se dan luego de que, a comienzos de noviembre, Canadá impusiera nuevas sanciones a venezolanos implicados en abusos y corrupción y Estados Unidos expandiera la lista de venezolanos sancionados por el gobierno.  

 

Sanctions on Venezuela

On November 13, the European Union adopted sanctions against Venezuela: it imposed an arms embargo on material that might be used for internal repression, and a legal framework for a travel ban and assets freeze of Venezuelans implicated in human rights violations and “those involved in the non-respect of democratic principles or the rule of law” in the country.

The European Union “calls upon the government [of Venezuela] to urgently restore democratic legitimacy, including through free and fair elections, and on the opposition to continue engaging in a united manner towards a negotiated solution to the current crisis.”

The European Union decision follow new sanctions imposed in early November by Canada on Venezuelans implicated in abuses and corruption, and the expansion of the list of Venezuelans sanctioned by the United States government. 

 

La “Ley contra el Odio”

El 8 de noviembre, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La ley prohíbe que funcionen partidos políticos que “promuevan el fascismo, el odio y la intolerancia” así como los “mensajes de intolerancia y odio” publicados en medios de comunicación y redes sociales, según fuentes oficiales.

The “Hate Law”

On November 8, the Constituent Assembly adopted a Law Against Hatred and in favor of Peaceful Living and Tolerance. The law forbids political parties that “promote fascism, hatred, and intolerance,” as well as “messages of intolerance and hatred” published through media outlets or social media, according to official sources.

 

Se niega la libertad por razones humanitarias a un joven estudiante detenido

El 12 de junio de 2017, los miembros del Comando 435 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en Caracas a Carlos Julio Velasco Marín, un estudiante de la escuela secundaria y voluntario de primeros auxilios de 18 años de edad. Según lo señalaron sus padres a Human Rights Watch, al momento de su detención Velasco estaba caminando por las inmediaciones del Centro Comercial San Ignacio en Chacao. El centro comercial se encuentra a buena distancia de un edificio que pertenece al Poder Judicial, donde personas no identificadas acababan de iniciar un incendio. Según los padres, Velasco les dijo que, durante su detención, agentes de la GNB lo habían golpeado dos veces con una barra metálica en la columna vertebral, lo cual le había causado un intenso dolor.

El 16 de junio, Velasco fue presentado ante un tribunal especial para casos de terrorismo junto a otras 17 personas que no se conocían entre sí. Todos habían sido detenidos en diferentes circunstancias ese mismo día, según lo señaló un abogado que estuvo presente en la audiencia. Algunas de estas personas, entre las cuales se encontraba Velasco, fueron imputadas de varios delitos, incluidos los delitos de instigación pública a delinquir, detentación de sustancias explosivas y agavillamiento. El juez desestimó estos delitos y los acusó de terrorismo y homicidio intencional calificado en grado de frustración, pese a que, según lo informó el abogado, el fiscal no había presentado esos últimos cargos. 

En una audiencia posterior que tuvo lugar el 8 de septiembre, en la cual se suponía que la fiscalía acusaría formalmente a los detenidos y ordenaría que el caso pase a juicio, el mismo juez sobreseyó los cargos existentes y ordenó al fiscal que volviera a presentar nuevos cargos dentro de los siguientes 30 días. Al momento de redacción de este documento eso no había ocurrido, pero Velasco continúa tras las rejas, según su abogado.

Velasco debe someterse a una cirugía testicular con urgencia y, estando detenido, no se le han podido realizar los exámenes pre-operatorios requeridos, ni tiene acceso al tratamiento adecuado para otras afecciones médicas que padece, incluida hipertensión arterial, según señaló su madre a Human Rights Watch a fines de octubre. Velasco también tiene problemas renales debido a las malas condiciones del agua en el centro de reclusión, habiendo incluso sufrido de cólicos nefríticos, manifestó su abogado. Human Rights Watch tuvo acceso a informe médico en el que se deja constancia de diversas afecciones médicas que padece Velasco y se solicita tratamiento de urgencia.

La defensa ha solicitado al juez que autorice su libertad condicional para que pueda recibir un tratamiento adecuado en atención de delicado estado de salud. No obstante, a la fecha de publicación de este documento, el juez no ha tomado decisión alguna al respecto.

Refusing the Humanitarian Release of a Detained Student

On June 12, members of the Command 435 of Bolivarian National Guard detained Carlos Julio Velasco Marín, an 18-year-old high school student and first aid volunteer, in Caracas. At the time of his detention, he was walking not far from the San Ignacio mall in Chacao, which is located at some distance of a building that belongs to the judiciary that had just been set on fire by unknown individuals, his parents told Human Rights Watch. According to the parents, Velasco told them that while in detention, GNB agents hit him twice with a metal rod on his spine, which he said caused excruciating pain.

On June 16, Velasco was brought before a special terrorism tribunal with 17 others who did not know each other. All had been detained in different circumstances that same day, according to a lawyer who was present at the hearing. Some of them, including Velasco, were charged with several crimes, including public instigation to commit crimes, holding explosives, and association to commit crimes. The judge rejected those charges, and charged them with terrorism and attempted intentional homicide, despite the fact that the prosecutor had not requested such charges, the lawyer said. 

In a subsequent hearing on September 8, in which the prosecutor was supposed to formally accuse detainees, the same judge decided to drop those charges and ordered the prosecutor to re-file new ones within 30 days. At time of writing, that has not happened, but Velasco remains behind bars, the lawyer said.

Velasco needs urgent testicular surgery and in detention he does not have access to pre-surgery tests nor adequate treatment for other medical conditions, including hypertension, his mother told Human Rights Watch in late October. Velasco also has problems with his kidneys, due to poor water conditions in detention, his lawyer said. Human Rights Watch had access to medical reports that describe his medical condition and requests urgent treatment.

The defense team has asked the judge to authorize his conditional release so he may obtain adequate medical treatment, but at time of writing, the judge has not taken a decision on the matter.

El premio Sakharov de la Unión Europea

El 26 de octubre, el Parlamento Europeo otorgó el Premio Sakharov 2017 a la Libertad de Pensamiento a la Asamblea Nacional venezolana y a “todos los presos políticos incluidos en la lista del Foro Penal Venezolano, representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González.” 

The European Union Sakharov Prize

On October 26, the European Parliament awarded the 2017 Sakharov Prize for Freedom of Thought to Venezuela’s National Assembly and “all political prisoners including in the Venezuelan Penal Forum list, represented by Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos, and Andrea González.” 

Cuestionables elecciones en Venezuela

El 15 de octubre, los venezolanos acudieron a las urnas para elegir gobernadores en los 23 estados del país.

Al igual que en elecciones pasadas, las condiciones antes de los comicios distaron mucho de haber sido equitativas y transparentes. La dictadura inhabilitó arbitrariamente a muchos miembros de la oposición. Hubo presión descarada a empleados públicos y el día de la votación graves irregularidades. Por la falta de independencia judicial, no habrá posibilidad de investigar estos hechos. La combinación de estos factores produjo una elección que no fue ni libre ni justa.

Maduro, además, advirtió que los que votaran legitimarían su Asamblea Constituyente, órgano antidemocrático con superpoderes y apéndice del ejecutivo. Esta semana, también amenazó que los gobernadores electos que no juraran “subordinación” a la Asamblea Constituyente, no podrían asumir sus cargos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral -de cuyos cinco miembros cuatro son partidarios del gobierno-anunció los resultados de la elección, dándole al gobierno una gigantesca victoria: el partido gobernante ganó 18 de los 23 cargos disputados, y la oposición 5. La oposición impugnó los resultados y calificó la elección de fraudulenta.

Actores internacionales claves, incluido el secretario general de la OEA, un grupo de 12 países conocido como el “Grupo de Lima”-que incluye a Chile, otros 10 latinoamericanos y Canadá-, los Estados Unidos, y países europeos como Francia y España, manifestaron objeciones al proceso y resultado electoral.

La presión internacional para que se restablezca la democracia en Venezuela debe continuar. Esto evidentemente incluye elecciones libres y justas, con fuerte observación internacional, y con un órgano judicial independiente capaz de prevenir y sancionar abusos.

Questionable Elections in Venezuela

On October 15, Venezuelans went to the polls to elect governors in all 23 states of the country.

As with previous elections, the playing field leading up to the elections was far from even. Members of the opposition have been arbitrarily disqualified from running for office, including several of its leaders. There are also credible allegations of political discrimination in government jobs, which undermine the ability of many Venezuelans to express their political views freely. Due to the lack of judicial independence in Venezuela, any irregularity in the electoral process seems destined to remain unchecked. The combination of all of these elements paints a picture of an election which is far from being free and fair.

This time, President Nicolás Maduro said that every person who voted would be legitimizing his Constituent Assembly, a body with super powers that has already demonstrated uncontested loyalty to the president. After the elections, Maduro said that any governor who did not take an oath before the Constituent Assembly and “subordinate” him or herself to it, would not be able to take office.

The president of the National Electoral Council, which is composed of four out of five government supporters, announced the results of the election, giving the government a massive electoral win: the government party won 18 of the 23 positions being voted on, with the opposition only winning 5. The opposition challenged the results and claimed the election was fraudulent

Key international actors, including OAS Secretary General Luis Almagro, a group of 11 Latin American governments and Canada known as the Lima 12, the United States, and European countries including France and Spain, have expressed concerns about the polls.

The international pressure to restore democracy in Venezuela—including through free and fair elections with adequate independent oversight, but also with an independent judiciary, separation of powers, and accountability for abuses committed by security forces—must continue.

 

Nuevo informe sobre SIDA, TB y malaria

El 11 de octubre, la organización no gubernamental canadiense Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el SIDA (International Council of AIDS Service Organizations, ICASO) y la organización venezolana Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI) publicaron este informe con datos actualizados y recomendaciones sobre políticas para abordar la crisis de salud venezolana.

Los datos oficiales expuestos en el informe —extraídos de boletines epidemiológicos publicados por una exministra de salud que posteriormente fue destituida— indican que en diciembre de 2016 hubo un aumento del 76 % en los casos de malaria en Venezuela, en comparación con la misma semana un año antes. Un boletín de salud de julio de 2017 que llegó extraoficialmente a manos de ICASO indicaba que la cantidad de casos de malaria durante 2017 y hasta esa fecha era de 184.225, un 63 % más alta que el mismo período en 2016.

Una carta pública difundida por líderes indígenas de 25 aldeas joti indica que, tan solo en 2016, hubo casi 4.000 episodios de malaria en una aldea de 900 pobladores. La carta señala que la población dividió los escasos medicamentos con los que contaba para distribuirlos entre los pacientes. El aumento en los casos de malaria también pareciera estar teniendo impacto en países limítrofes, como Brasil y Colombia, que están sufriendo más casos de malaria importados de Venezuela, indica el informe.

El informe describe la falta de terapia antirretroviral (TAR) en Venezuela y sugiere que podría haber un nexo entre este desabastecimiento y las estadísticas de ONUSIDA que muestran un aumento en las muertes relacionadas con el SIDA (de 1.900 en 2011 a 3.300 en 2015), así como con la reducción en la cantidad de muertes que se han prevenido con TAR (de 3.500 en 2011 a 2.700 en 2015). Según el informe, la prevalencia del VIH es particularmente elevada entre la población indígena warao.

Asimismo, el informe indica que existe una “ausencia casi absoluta de pruebas diagnósticas para tuberculosis” para las poblaciones vulnerables, incluidos presos y comunidades indígenas, y cita información inédita divulgada por expertos que sugiere un rápido aumento en la cantidad de nuevos casos.

Todo esto ocurre en un contexto de grave escasez de medicamentos e insumos médicos, lo cual también ha sido documentado por Human Rights Watch. El informe incluye una imagen de un memorando que se distribuyó en un hospital público, en el cual se daba instrucciones al personal de reutilizar “agujas raquídeas, agujas peridurales, cánulas de mayo y tubos endotraqueales”, una práctica que puede causar serios riesgos de salud para los pacientes.

En mayo de 2017, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, un órgano de la ONU que brinda asistencia a países necesitados, manifestó consternación por la “reaparición de la malaria, la escasez de productos indispensables para el VIH y la TB, y la crisis más general de salud en Venezuela y el impacto que esta tiene en la región”, pero destacó que Venezuela no reunía las condiciones para recibir financiamiento del Fondo Mundial e instó a brindar una respuesta regional coordinada. Indicó que “de ser posible”, daría “apoyo a una respuesta regional” a la crisis de salud venezolana.

El informe de ICASO-ACCSI insta a formular e implementar con urgencia una respuesta regional integral, y a que el Fondo Mundial adopte un liderazgo más firme y efectivo en esta cuestión.

Para obtener información sobre el trabajo de ICASO relacionado con la crisis venezolana y conocer las formas en que usted podría ayudar, haga clic aquí.

New Report on AIDS, TB, and Malaria

On October 11, the Canadian nongovernmental organization International Council of AIDS Service Organizations (ICASO) and the Venezuelan group Citizen Action Against AIDS (Acción Ciudadana contra el SIDA, ACCSI) published this report with updated data and policy recommendations to address Venezuela’s health crisis.

Official data cited in the report—based on epidemiological bulletins published by a former minister of health who was subsequently fired—indicate an increase of 76 percent in malaria cases reported in Venezuela during one first week of December 2016 compared to the same week a year earlier. A July 2017 health bulletin leaked to ICASO indicated that the number of malaria cases for 2017 until then was 184,225, which is 63 percent higher than the same period in 2016.

A public letter published by indigenous leaders from 25 Joti villages states that in 2016 alone there were nearly 4,000 malaria episodes in one village of 900 inhabitants. The letter states that people split limited medications to distribute them among patients. The increase of malaria cases also appears to be having an impact on neighboring countries, such as Brazil and Colombia, which are seeing more imported malaria cases from Venezuela, the report says.

The report describes stock-outs of antiretroviral therapy (ARTs) in Venezuela and suggests there may be a link between such stock-outs and UNAIDS statistics that show an increase in AIDS-related deaths (from 1900 in 2011 to 3300 in 2015), as well as with a decrease in the number of deaths prevented by ARTs (from 3500 in 2011 to 2700 in 2015). According to the report, HIV prevalence is particularly high among the Warao indigenous group.

In addition, the report says that there’s an “almost complete lack of access to tuberculosis screening” for vulnerable populations, including prisoners and indigenous communities, and cites experts who shared unpublished information that suggests a rapid increase in the number of new cases.

All of this is happening in a context of severe shortages of medicines and medical supplies, which have also been documented by Human Rights Watch. The report includes an image of a memo circulated in a government-run hospital instructing staff to reuse “spinal needles, epidural needles, intubation tubes, and endotracheal tubes”—a practice that can pose significant health risks to patients.

In May 2017, The Global Fund to Fight AIDS, TB, and Malaria—a UN body that provides aid to countries in need—expressed concern about the “resurgence of malaria, shortages of critical commodities for HIV and TB, and broader health crisis in Venezuela and its impact on the region” but noted Venezuela was not eligible for Global Fund financing and called for a coordinated regional response. It held that “if possible” it would “support a regional response” to Venezuela’s health crisis.

The ICASO-ACCSI report calls for a regional comprehensive response to be urgently developed and implemented, and calls on The Global Fund to adopt stronger and more effective leadership on this matter.

For information on ICASO's work on the Venezuelan crisis, and ways you can help, click here.  

Estadísticas de FAO y OPS sobre aumento del hambre en Venezuela

Un informe publicado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvo que en seis países en las Américas aumentaron las estadísticas sobre subalimentación en el período de 2014-2016, con relación al período anterior, de 2013-2015. Venezuela fue, según el informe, el caso “más significativo”: la subalimentación creció en un 3.9 por ciento. En los otros cinco países—Argentina, Ecuador, El Salvador, Granada y Perú—el aumento fue de un máximo de 0.3 por ciento.

Esto significa que, según FAO y OPS, la cantidad de personas subalimentadas en Venezuela en 2014-2016 fue de 4.1 millones—esto es, 1.3 millones más que en 2013-2015, y más del 10 por ciento de la población, que se estima es alrededor de 31 millones de habitantes.

FAO, PAHO Statistics on Increasing Hunger in Venezuela

A recently released report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Pan-American Health Organization (PAHO) stated that six countries in the Americas showed an increase in 2014-2016 in the number of undernourished people compared to 2013-2015. Venezuela was, according to the report, the “most significant” case: the percentage of people undernourished increased by 3.9 percent. The other five countries—Argentina, Ecuador, El Salvador, Granada, and Peru—saw increases of up to 0.3 percent.

This means that, according to FAO and PAHO, the total number of undernourished people in Venezuela in 2014-2016 was 4.1 million—that is, 1.3 million more than in 2013-2105, and more than 10 percent of the population, which is estimated to be 31 million.

Encarcelada por fotografiar la crisis de salud

El 2 de octubre, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a Lenny Josefina Martínez González, de 53 años, según la organización local de derechos humanos Funpaz. Martínez, quien realiza tareas administrativas en el hospital Pastor Oropeza en Barquisimeto, estado Lara, es supuestamente responsable de haber sacado unas fotografías de mujeres parturientas en el hospital.

Las fotografías, que se tornaron virales en las redes sociales, muestran a mujeres dando a luz en sillas metálicas en la sala de espera del hospital, acompañadas de personal médico. En una de las fotos, se ve a una mujer abrazando a su bebé recién nacido, todavía en las sillas, mientras que otra se encuentra acostada en unas sillas a su lado. En otra fotografía se ven a dos mujeres embarazadas desnudas, también acostadas en las sillas.

Varios empleados del hospital, incluyendo dos estudiantes de medicina, fueron detenidos e interrogados por agentes del SEBIN y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas días antes para determinar quién había sacado las fotografías, según reportes de prensa.

Un legislador de Lara tuiteó el 4 de octubre que Martínez estaba detenida en la sede del SEBIN en Barquisimeto. No existe información pública disponible sobre los crímenes que le estarían imputando a Martínez.

Aunque el gobierno nacional confirmó la veracidad de las fotografías, la vice-ministra de salud, Linda Amaro, responsabilizó al gobernador de oposición de Lara, Henry Falcón, quien a su vez criticó al gobierno de Maduro.

Las gráficas imágenes recogen la severidad de la crisis de salud en el país. 

Jailed for Photographing the Health Crisis

On October 2, members of the Bolivarian National Intelligence Services (SEBIN) arrested 53-year-old Lenny Josefina Martínez González, according to the local human rights group Funpaz.  Martínez, who works as an administrative assistant at the Pastor Oropeza hospital in the city of Barquisimeto, Lara State, is allegedly responsible for having taken pictures of several women in labor at the hospital.

The pictures, which went viral on social media, show women giving birth while laying down on a row of metal chairs of the hospital’s waiting room, accompanied by medical personnel. In one of the photos, a woman is seen cradling her newborn while still laying on a row of chairs, while another woman lies on the set of chairs next to her. In another photograph, two pregnant, naked women are also seen laying on the chairs.   

Several hospital employees, including two medical students, were detained and interrogated by SEBIN agents and investigative police officers days before to establish who had taken the pictures, according to local press reports.

A Lara legislator tweeted on October 4 that Martínez was detained at the SEBIN headquarters in Barquisimeto. There is no publicly available information on the specific crimes Martínez is being charged with.

Though the national government confirmed the veracity of the pictures, the Vice-Minister of Health, Linda Amaro, blamed the opposition governor of the State of Lara, Henry Falcon, who in turn criticized the Maduro administration.

The graphic pictures capture the severity of the health crisis in the country.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU confronta a Venezuela

El cartel de Venezuela, fotografiado en el escritorio del país durante las sesiones 36° del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, el 11 de septiembre de 2017.  © 2017 Reuters

En el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que acaba de concluir, numerosos Estados Miembros, incluidos países latinoamericanos, se pronunciaron de manera inequívoca y enérgica sobre la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, y posicionaron así el tema en la agenda del Consejo con una contundencia sin precedentes. Sin embargo, la principal tarea todavía está por delante y el desafío ahora es mantener la presión multilateral sobre el gobierno venezolano, dijo Tamara Taraciuk Broner en un artículo publicado hoy.

 

UN Human Rights Council Confronts Venezuela

The name place sign of Venezuela is pictured on the country's desk at the 36th Session of the Human Rights Council at the United Nations in Geneva, Switzerland September 11, 2017. © 2017 Reuters

At the UN Human Rights Council session that ended last week, member states, including from Latin America, spoke up clearly and forcefully about the profound human rights and humanitarian crisis in Venezuela, placing the issue on the council’s agenda in unprecedented ways. But the real work still lies ahead—the challenge now is to keep up the multilateral pressure on the Venezuelan government, said Tamara Taraciuk Broner in a dispatch published today.

 

Encarcelamiento del hermano de un legislador

Alrededor de la 1 p.m. del 25 de septiembre, un grupo de al menos 12 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), armados y encapuchados, intentaron ingresar a la inauguración de un comedor infantil en el estado de Vargas, donde estaba participando el legislador de oposición José Manuel Olivares, según relató Olivares a Human Rights Watch. Olivares dijo que estaba allí con parte de su equipo, su esposa y su hermano, y que la comunidad frenó a los agentes antes de que ingresaran al comedor.

Olivares se fue junto con su esposa en el carro de ella, mientras que su hermano, Juan Carlos Marquina, de 42 de años, se fue manejando el auto de Olivares, el cual su madre le había comprado en 2012, contó a Human Rights Watch. Cuando se iban, los agentes del SEBIN pararon los vehículos, los obligaron a salir, y revisaron los carros. Olivares dijo que un agente esposó a Marquina, a quien reconocieron como el hermano de Olivares, y lo detuvieron.

Ese día, el poderoso político chavista Diosdado Cabello dijo que las fuerzas de seguridad habían parado una caravana de carros que “por casualidad” había pasado por una alcabala y que Marquina había sido detenido porque estaba manejando un auto robado, según informes de prensa.

Durante más de dos días, la madre de Olivares visitó las dos sedes del SEBIN en Caracas en reiteradas oportunidades y le dijeron que Marquina no se encontraba allí. Olivares y su familia no supieron nada sobre el paradero de Marquina hasta la noche del 27 de septiembre, cuando fue presentado ante un juez. Su abogado pudo verlo minutos antes de la audiencia, en la cual fue acusado de tener documentos forjados—sostuvieron que los papeles del carro de Olivares habían sido alterados antes de la compra realizada por la madre de Olivares, según dijo.

Marquina se encuentra actualmente recluido en la sede del SEBIN Helicoide y su familia aún no ha podido verlo, según Olivares.

 

Jailing a Legislator’s Brother

Around 1 p.m. on September 25, a group of at least 12 armed agents from the Bolivarian National Intelligence Services (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN), wearing ski masks, tried to burst into the inauguration of a children’s soup kitchen in Vargas State, in which opposition legislator José Manuel Olivares was participating, Olivares told Human Rights Watch. Olivares said that was there with part of his team, his wife, and his brother, and that members of the community stopped the agents from entering the soup kitchen.

Olivares left with his wife in her car, and his brother, Juan Carlos Marquina, 42, was driving Olivares’ car, which their mother had bought for him in 2012, he said. As they were leaving, the SEBIN agents stopped the vehicles, forced everyone out, and searched the cars. Olivares said an agent handcuffed Marquina, whom they recognized as Olivares’ brother, and detained him.

That day, the powerful Chavista politician Diosdado Cabello said that security forces had stopped a caravan of cars in Vargas State that had passed through a check point “by chance,” and that Marquina had been detained because he was driving a stolen car, according to news reports.

Repeatedly over the course of more than two days, Olivares’ mother visited both SEBIN headquarters in Caracas and was told that Marquina was not being held there. Olivares and his family did not know about Marquina’s whereabouts until the evening of September 27, when he was brought before a judge. His lawyer was able to see him minutes before the hearing, in which he was charged with having forged documents—they claimed Olivares’ car’s paperwork had been altered prior to its purchase by Olivares’ mother, Olivares said.

Marquina is currently being held at the SEBIN headquarters called Helicoide and his family has not been able to see him, according to Olivares.

 

Alcalde opositor encarcelado

El 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a Alfredo Ramos, alcalde del municipio de Irribarren en el estado de Lara, a 15 meses de prisión e inhabilitación política para postularse a cargos públicos. El tribunal sostuvo que Ramos había incumplido un mandamiento de amparo cautelar que había dictado anteriormente y que ordenaba al alcalde tomar medidas para asegurar que no hubiera trancas de calles en su municipio, y que despejara cualquier tipo de obstáculos que impidieran la libre circulación de los ciudadanos. La decisión se dictó luego de una audiencia que duró 10 horas, en la cual el tribunal fue responsable tanto de la “acusación” como de la “condena”. La sentencia del tribunal es inapelable. El Tribunal Supremo dictó una orden judicial de detención contra Ramos e indicó que sería recluido en una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.

Ramos, a quien se le había notificado que la audiencia se celebraría ese día, decidió no presentarse por no reconocer la competencia del Tribunal Supremo para adoptar esa decisión, según lo manifestó su esposa Carmen Jiménez de Ramos a Human Rights Watch. Asistió en su lugar el consultor jurídico del ejecutivo municipal, y Ramos tomó conocimiento de la sentencia a través de la cuenta oficial de Twitter del tribunal, dijo la esposa.

Cinco minutos después de que el Tribunal Supremo difundió por un tweet que había condenado a Ramos, varios vehículos oficiales del SEBIN se detuvieron en la entrada de la alcaldía, según lo indicaron la esposa y la hija de Ramos y otros dos testigos a Human Rights Watch. Al menos 20 hombres uniformados y armados, en su mayoría con el rostro tapado, irrumpieron en la oficina de Ramos. Uno de ellos se paró sobre un escritorio con una bomba de gas lacrimógeno en la mano y advirtió a una de las hijas de Ramos, que estaba allí con su niño de un año, que se retirara, según lo señalado por los cuatro testigos.

Ramos se negó a acompañarlos hasta que le mostraran una orden judicial de detención, que los agentes no tenían, conforme lo relataron los testigos. Los agentes finalmente obligaron a Ramos a subir a un vehículo oficial y lo condujeron hasta la sede del SEBIN en Barquisimeto, la capital del estado. Su esposa dijo a Human Rights Watch que se le permitió permanecer con él varias horas, hasta que los agentes le indicaron que podía ir a su casa a recoger medicamentos y ropa para Ramos. Dijo que, al regresar, ya no pudo verlo.

El 29 de julio a las 7 a.m., se le informó a Jiménez que Ramos había sido trasladado al aeropuerto, pero recién supo que había llegado a Caracas cuando recibió una fotografía de su esposo allí, que le envió una fuente anónima, afirmó.

Ramos no pudo ver a su familia por 26 días, ni a sus abogados por 32. Cada vez que intentaron visitarlo, se les informaba que el director “no había autorizado la visita”, dijeron su hija y su esposa.

Cuando la familia de Ramos finalmente pudo verlo, les dijo que había pasado dos semanas en una oficina sin ventanas, sentado todo el día en una silla. Solamente se le permitió a Ramos recostarse durante la noche, sobre una colchoneta en el suelo. Actualmente se encuentra en una celda con otras seis personas, sin baño, agua corriente ni ventanas.

La familia de Ramos ha podido visitarlo cuatro veces, siempre en una habitación donde estaba presente un guardia y, según afirman, sus conversaciones fueron grabadas. Los abogados lo vieron en dos oportunidades: una vez en una sala con otros internos y abogados, y la otra frente a un guardia.

Durante los primeros días de la detención, la familia se enteró, a través de una nota escrita entregada a los familiares de otro interno detenido con él, de que Ramos, que sufre hipertensión severa (un dato confirmado por informes médicos que consultó Human Rights Watch), estaba teniendo complicaciones de salud. Un cardiólogo que visitó a Ramos el 31 de agosto tras un episodio agudo de hipertensión dijo a la familia que Ramos se encontraba en estado de salud delicado y necesitaba exámenes especiales, pero la familia nunca pudo consultar su informe médico. Ramos no ha tenido acceso a estos exámenes, indicó Jiménez.

Opposition Mayor Behind Bars

On July 28, the Supreme Court sentenced Alfredo Ramos, mayor of Irribarren municipality in Lara State, to 15 months in prison and disqualified him from running for elected office. The court argued that Ramos had failed to comply with an earlier injunction it had issued ordering the mayor to ensure people did not block roads in his municipality, and to remove any obstacles that prevented citizens from moving around freely. The decision was adopted after a 10-hour long hearing in which the court was responsible for both the “accusation” and “sentencing.” The court’s ruling cannot be appealed. The Supreme Court issued a judicial order to detain Ramos and stated he should be held at intelligence headquarters in Caracas.

Ramos, who had been notified that the hearing would take place that day, decided not to attend because he did not recognize the Supreme Court’s jurisdiction to adopt such a decision, his wife, Carmen Jiménez de Ramos, told Human Rights Watch. The municipality’s legal counsel attended on his behalf, and Ramos found out about the court’s ruling via the court’s official Twitter account, she said.

Five minutes after the Supreme Court tweeted that it had sentenced Ramos, several official vehicles from the Bolivarian Services of National Intelligence (SEBIN) parked at the entrance of the municipality, Ramos’ wife and daughter, as well as two other witnesses, told Human Rights Watch. At least 20 uniformed and armed men, most of whom had their faces covered, burst into Ramos’ office. One of them stood on top of a desk holding a teargas canister, and told one of Ramos’ daughters, who was there with her one-year-old son, to leave, the four witnesses said.

Ramos refused to go with them until they showed a judicial order for his arrest, which the officers did not have, the four witnesses said. The agents eventually forced Ramos into an official vehicle and drove him to SEBIN headquarters in Barquisimeto, the state capital. His wife told Human Rights Watch that she was allowed to stay with him for several hours, until officers told her she could go home to pick up medicines and clothes for Ramos. When she returned, she was no longer able to see him, she said.

At 7 am on July 29, Jiménez was told that Ramos had been transferred to the airport, but only learned that he had arrived in Caracas when she received a picture of him there from an anonymous source, she said.

Ramos was unable to see his family for 26 days, nor his lawyers for 32 days. Every time they tried to visit, they were told that the director “had not authorized the visit,” his wife and daughter said.

When Ramos’ family finally saw him, he told them that he had spent two weeks in an office without any windows, sitting in a chair all day. Ramos was only allowed to lie down at night, on a matt on the floor. He is now being held in another cell with six people, and no bathroom, running water, or windows.

Ramos’ family has been able to see him four times—each time in a room with a guard present and they claim their conversations were being taped. The lawyers saw him twice—once in a room with other inmates and lawyers, and the other in front of a guard.

During the initial days of his detention, the family learned that Ramos, who has hypertension according to medical reports reviewed by Human Rights Watch, was having health complications through a handwritten note that he gave the family of another inmate detained with him. A cardiologist who visited Ramos on August 31, after an acute episode of hypertension, told the family that Ramos was in a delicate condition that required special testing, but the family was never given access to his medical report. Ramos has not had access to such tests, Jiménez said.

Informe actualizado de Cáritas sobre desnutrición infantil

Cáritas Venezuela divulgó recientemente un informe, que actualiza la información presentada en un estudio anterior, en el cual documenta un aumento en los niveles de desnutrición infantil en el país. El nuevo informe se elaboró a partir de la evaluación de niños menores de 5 años en Caracas y en los estados de Miranda, Vargas y Zulia entre abril y agosto de 2017.

Las estadísticas más recientes indican que el 68 por ciento de las personas relevadas tenía o se encontraba en riesgo de tener algún grado de déficit nutricional y el 14,5 por ciento sufría desnutrición moderada a severa (desnutrición aguda global), comparado con el 10,2 por ciento en febrero. Asimismo, el informe concluyó que el 21 por ciento presentaba desnutrición leve —en comparación con el 12 por ciento en febrero— y el 32,5 por ciento estaba en riesgo de desnutrición y ya manifestaba síntomas, mientras que en febrero esta proporción había sido del 26 por ciento.

Asimismo, en el 71 por ciento de los hogares encuestados, los residentes informaron haber tenido que deteriorar su dieta alimentaria, y el 41 por ciento de los hogares afirmó haber tenido que pedir o “mendigar” comida, o buscarla en lugares donde se descartan alimentos.

El gobierno venezolano ha seguido negando la existencia de una crisis humanitaria en el país. Recientemente, la ex canciller Delcy Rodríguez, que actualmente preside la Asamblea Nacional Constituyente, manifestó que: “En Venezuela no hay hambre… Aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor”.

Updated report on Children’s Malnutrition by Cáritas

Cáritas Venezuela recently released a report, updating an earlier study, that documents increasing levels of child malnutrition in the country since February 2017. The new report is based on the evaluation of children under 5 years of age in Caracas and the states of Miranda, Vargas, and Zulia between April and August 2017.

The most recent statistics indicate that 68 percent of those surveyed had some degree of nutritional deficit or were at risk of a deficit, with 14.5 percent suffering from moderate and severe malnutrition (acute global malnutrition)—up from 10.2 percent in February. Similarly, the report found that 21 percent had mild malnutrition—up from 12 percent in February—and 32.5 percent were at risk of malnutrition and were already showing symptoms—up from 26 percent in February.

Additionally, in 71 percent of surveyed homes, residents reported needing to eat worse or less, and 41 percent of families said they had to resort to asking or “begging” for food or having to find it in places where food is discarded.

The Venezuelan government has continued to deny the existence of a humanitarian crisis in the country. Most recently, former foreign minister Delcy Rodriguez, who currently presides over the National Constituent Assembly, stated: “In Venezuela there is no hunger … Here, we don’t have a humanitarian crisis, what we have is love.”

La Comisión de la “Verdad”

A mediados de agosto, la Asamblea Constituyente creó una Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para “contribuir en la construcción de un sistema de justicia basado en la paz”. El propósito de la comisión es “investigar los casos de violencia política ocurridos en el país” y es presidida por la ex canciller, Delcy Rodríguez. 

Las actuaciones de la comisión, sin embargo, parecen estar muy lejos de buscar la “paz” o establecer la “verdad” de lo que está ocurriendo en Venezuela. Un miembro de la Asamblea Constituyente dijo que atenderían “con celeridad todas aquellas denuncias sobre traición a la patria” e impondrían “sanciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir”.

Mientras tanto, a pesar de la contundente evidencia —incluyendo un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Human Rights Watch— que indica que las fuerzas de seguridad han empleado fuerza excesiva para dispersar manifestaciones y eran responsables, junto con grupos armados partidarios del gobierno, de asesinatos, Rodríguez dijo en televisión el 18 de septiembre que las fuerzas de seguridad venezolanas habían actuado “en estricto apego” a las leyes durante las protestas. Sostuvo que cualquier “actuación aislada e individual” de un funcionario que hubiera cometido un “exceso” comprometería su responsabilidad pero que “estaba totalmente descartada la posibilidad de que se hubieran emitido órdenes superiores a oficiales para cometer abusos durante la contención de las manifestaciones”.

“Así que queda por completo blindada la actuación de los organismos de seguridad”, concluyó Rodríguez.

The “Truth” Commision

In mid-August, Venezuela’s Constituent Assembly created a Truth, Justice and Peace Commission to “contribute to the construction of a justice system based on peace.” The commission’s purpose is to “investigate political violence that occurred in the country” and it’s headed by former foreign minister Delcy Rodríguez.

The commission’s actions, however, appear to be very far from seeking “peace” or establishing the “truth” of what is happening in Venezuela. One of the Constituent Assembly’s members said that they would evaluate “quickly all the claims about treason” and impose “the necessary sanctions so it does not happen again.”

Meanwhile, despite overwhelming evidence—including a report by the UN High Commissioner for Human Rights—that security forces have used force excessively to disperse anti-government demonstrations and are responsible, together with armed pro-government gangs, for unlawful killings, Rodríguez said on television on September 18 that Venezuelan security forces had acted “in strict compliance” with the law during the protests. She stated that any rogue agents that carried out “isolated and individual acts” that may be “excesses” could be held responsible, but “the possibility that there may have been superior orders to commit abuses during the demonstrations was completely discarded.”

“Therefore, the actions of security forces are beyond reproach,” Rodríguez concluded.

 

Muerte de un opositor bajo custodia

El 17 de septiembre, Carlos Andrés García, exlegislador por el partido opositor Primero Justicia en el estado de Apure, murió mientras se encontraba detenido, según lo informó el partido. Las fuerzas de seguridad detuvieron a García cuando agentes de inteligencia allanaron su vivienda el 16 de diciembre de 2016, durante manifestaciones contra el gobierno por la decisión oficial de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares, según informes de prensa. García fue luego acusado de tener ilegalmente en su poder dinero en efectivo, que el partido afirma que le fueron colocadas para incriminarlo. Desde su detención, se encontraba retenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la ciudad de Guasdualito, estado de Apure.

Según Primero Justicia, García había sufrido un accidente cerebrovascular en su celda y se le negó atención médica. Fue trasladado a un hospital recién cuando ya “no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud”, indicó el partido a través de Twitter. Un juez le concedió el arresto domiciliario dos días antes de su muerte, pero el SEBIN nunca ejecutó la orden.

De acuerdo con lo señalado por la prensa local y por el presidente de una asociación de concejales, García tenía problemas de salud desde hacía un mes.

Death of an Opponent Under Custody

On September 17, Carlos Andrés García, a former legislator of the Justice First (Primero Justicia) opposition party in the State of Apure, died while in detention, the party reported.  Security forces arrested García when intelligence agents searched his home on December 16, 2016, during anti-government demonstrations linked to the official decision to take 100-bolivares bills out of circulation, according to press reports. García was later accused of illegally having large sums of cash, which the party says were planted. After his arrest, he was held at the National Bolivarian Intelligence Services (SEBIN) headquarters in the city of Guasdualito, State of Apure.

According to Primero Justicia, García suffered a cerebrovascular attack in his cell and was denied medical treatment. He was transferred to a hospital only when there was “no possibility to do anything to improve his health,” the party reported on Twitter.  A judge allowed García to be transferred to house arrest two days prior to his death, but SEBIN never executed the order.

According to local press reports and the president of an association of local legislators, García had been facing medical problems for a month.

El Plan Conejo

El 13 de septiembre, durante una reunión de gabinete televisada, el Presidente Nicolás Maduro y Freddy Bernal, el ministro de agricultura, conversaron sobre el plan del gobierno de instar a los venezolanos a criar conejos como una fuente de proteínas, en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Trump y la “guerra económica” llevada adelante por extranjeros. Bernal dijo que para ganar la “guerra económica” era necesario llevar adelante una campaña de “radio, prensa, televisión, caricaturas” para explicarle a los venezolanos que los conejos no son mascotas. En respuesta a la pregunta de Maduro sobre qué pasó cuando comenzaron a aplicar el “Plan Conejo”—durante el cual distribuyeron conejos a comunidades—, Bernal respondió que muchos venezolanos les habían puesto nombres o moños a los conejos y los habían llevado con ellos a la cama.

Mientras Maduro, Bernal, y los demás del gabinete se ríen en televisión, muchísimos venezolanos enfrentan a diario una severa escasez de comida que les hace extremadamente difícil alimentar adecuadamente a sus familias.

Aquí puede verse la reunión de gabinete:

The Rabbit Plan

On September 13, during a televised cabinet meeting, President Nicolás Maduro and Freddy Bernal, the minister of agriculture, discussed the government’s plan to call on Venezuelans to breed rabbits as a source of protein, in response to sanctions by the Trump administration and the “economic war” waged by foreigners. Bernal said that to win the “economic war” it was necessary to carry out a “radio, press, TV, cartoon” campaign to explain Venezuelans that rabbits were not pets. In response to Maduro’s question about what had happened in the initial stages of the “Rabbit Plan” during which they distributed rabbits to local communities, Bernal responded that many Venezuelans had named the rabbits, put little bows on them, and took them to bed with them.

While Maduro, Bernal, and the rest of the cabinet laugh on television, many Venezuelans face severe shortages of food every day that are making it extremely difficult for them to adequately feed their families.

An article in English on the incident is available here, and you can watch the taped meeting here:

Miles de venezolanos huyen a Brasil

El deterioro de la situación humanitaria en Venezuela y el vuelco progresivamente autoritario de su gobierno están obligando a cada vez más venezolanos a huir a Brasil. Entre enero y junio, 7.600 venezolanos pidieron asilo en Brasil, mientras que durante todo el 2010 hubo cuatro solicitudes, según datos proporcionados a Human Rights Watch por el Ministerio de Justicia. CONARE, el organismo federal brasileño para los refugiados, no ha podido hacer frente a este aumento y más del 98% de las solicitudes presentadas desde 2010 todavía están en trámite.

Para mejorar la respuesta ante la llegada de venezolanos, en marzo las autoridades brasileñas aprobaron una resolución que les permite a los ciudadanos venezolanos solicitar un permiso de residencia por dos años. En agosto, un juez federal eximió aquellos venezolanos de bajos recursos de la obligación de pagar un arancel de USD 100 para pedir estos permisos, que había anteriormente disuadido a muchas personas de hacerlo. La Policía Federal en Roraima —el estado brasileño que comparte frontera con Venezuela— indicó a Human Rights Watch que en agosto recibieron 413 solicitudes de permisos temporarios de venezolanos.  

Thousands of Venezuelans Flee to Brazil

The deterioration of the humanitarian situation in Venezuela and the increasingly authoritarian turn of its government are forcing more and more Venezuelans to flee into neighboring Brazil. From January to June, 7,600 Venezuelans requested asylum in Brazil, compared with 4 in all of 2010, according to data provided to Human Rights Watch by the Ministry of Justice. CONARE, Brazil’s federal refugee agency, has been unable to cope with such an avalanche: more than 98 percent of requests since 2010 are still pending.

As a better means to respond to the inflow from Venezuela, in March Brazilian authorities approved a resolution allowing Venezuelans to apply for a two-year residency permit. In August, a federal judge exempted poor Venezuelans from paying the US$100 application fee, which had prevented many from requesting a permit. Federal Police in Roraima—the Brazilian state that borders Venezuela—told Human Rights Watch that they received requests for the temporary permit from 413 Venezuelans in August. 

Encarcelamiento de otro activista

El 6 de julio, miembros de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Carlos Julio Rojas, un periodista y activista social que colabora con dos organizaciones no gubernamentales de ciudadanos de ciertas zonas de Caracas, mientras caminaba por las calles de Caracas. Rojas le dijo a Human Rights Watch que los policías lo pararon y, después de que él les diera su identificación y sus credenciales de periodista, le dijeron que tenían una orden de aprehensión y lo subieron bruscamente al carro de policía.

Una vez en el vehículo, Rojas escuchó una voz en altavoz, que él reconoció como perteneciente al ministro del interior y justicia, Néstor Reverol, diciendo: “Quiero el celular de Carlos Julio”. Los oficiales le quitaron el teléfono y nunca más lo recuperó, dijo Rojas.

Rojas fue llevado de un lugar a otro por horas—una práctica que en Venezuela se le denomina “ruletear”—hasta que lo trasladaron a una estación de policía donde lo colocaron en una celda de 2x2 metros sin baño ni luz natural, a la cual se le denomina informalmente “tigrito”. Luego, los oficiales lo obligaron a Rojas a dirigirse a una oficina donde realizaron lo que parecía un montaje para incriminarlo: había varios cartuchos de gases lacrimógenas en una mesa y lo golpearon hasta que consiguieron sacarle una foto al lado de los cartuchos, según Rojas. La fotografía que le sacaron finalmente muestra a Rojas de espaldas, y no su rostro, que tenía evidencias de los golpes, dijo Rojas.

Rojas permaneció tres días en una prisión común hasta que fue llevado ante un tribunal militar el 10 de julio. Solo entonces pudo ver a su familia y abogado, con quien solo pudo hablar por cinco minutos antes de la audiencia, dijo Rojas. Se le acusó a Rojas de haber arrojado cartuchos de gases lacrimógenos hacia la Cruz Roja, y de cometer los delitos de rebelión militar, traición a la patria y sustracción de objetos militares, según contó. Rojas dijo a Human Rights Watch que la fiscalía dijo que el incidente en la Cruz Roja había ocurrido en un horario en el cuál él ya se encontraba detenido. De todas formas, un juez militar ordenó su detención, esta vez en la prisión militar de Ramo Verde.

En respuesta a varios intentos de Rojas de hacer pública información sobre las condiciones de detención en Ramo Verde contándo sobre las condiciones a quienes lo visitaban a él y otros en la prisión, el director de la prisión lo castigó en repetidas oportunidades y lo envió a una celda de aislamiento de 2x2 metros sin luz natural, donde pasó un total de 21 días. Rojas dijo que el director de la prisión una vez lo sancionó por negarse a firmar un documento donde se le pedía que admitiera haber fomentado un motín en Ramo Verde. Cuando no estaba en la celda de aislamiento, dormía en un espacio compartido con otros 115 presos, quienes contaban con un colchón cada tres presos, y con dos inodoros y una ducha para todos. Rojas dijo que recibían poca comida y de mala calidad; estimaba que les daban unos 60 gramos por comida.

Cuando su madre y novia lograban visitarlo, las obligaban a desvestirse y los guardias les realizaban una revisión corporal exhaustiva antes de permitirles el ingreso.

El 24 de agosto, Rojas fue llevado ante un juez para la audiencia preliminar en la cual se supone que la fiscalía debe acusar a los detenidos de cometer delitos. A pesar de que el fiscal militar no lo acusó de nada, el juez militar de todas formas le impuso medidas cautelares—las cuales son típicamente adoptadas, según el derecho venezolano, para asegurar que la persona acusada de cometer un delito se presente ante un tribunal. Rojas dijo que ahora debe presentarse ante el tribunal militar cada 30 días, no puede hablar con los medios sobre el caso, y no puede asistir a reuniones “político-conspirativas”.

“Ejercer periodismo y hacer lucha social te convierte en un criminal”, Rojas le dijo a Human Rights Watch. 

 

Jailing an(other) Activist

On July 6, members of the Bolivarian National Police detained Carlos Julio Rojas, a journalist and activist who collaborates with two nongovernmental organizations that organize residents of certain Caracas neighborhoods, as he was walking down the street in Caracas. Rojas told Human Rights Watch that the agents stopped him and, after he gave them his ID and press credentials, said they had an arrest warrant for him and forced him into a police car.

Once inside the car, Rojas heard a voice on speaker phone, which he recognized as that of Interior and Justice Minister Néstor Reverol, saying: “I want Carlos Julio’s cellphone.” The officers took the phone, and he never saw it again, Rojas said.

Rojas was taken from one place to another for hours—a practice called “spinning around” or “ruletear” in Venezuela—until he was taken to a police station where he was placed in a 2x2 cell with no bathroom or natural light, commonly known as the “little tiger” (tigrito). Officers later forced Rojas out and into an office in what appears to have been an attempt to frame him: there were several teargas canisters on a table in the office and officers beat him until they managed to take a picture of him beside the canisters, Rojas said. The picture that was finally taken shows Rojas’ back, and not his face, which had bruises, according to Rojas.

Rojas says he spent three days in prison, until he was taken before a military court on July 10. Only then was he able to see his family and lawyer, with whom he could only speak for five minutes before the hearing. Rojas was accused of throwing teargas canisters at a Red Cross installation, and charged with rebellion, treason, and stealing military objects, he said. Rojas told Human Rights Watch that the time prosecutors gave for the incident at the Red Cross installation waswas after he had already been detained. A military judge nonetheless ordered his continued detention, this time at the Ramo Verde military prison.

While being held, Rojas repeatedly tried to draw attention to poor detention conditions in Ramo Verde through comments he or other inmates made to visitors to the prison. In response, the prison director sanctioned him various times and sent him to a 2m x 2m  isolation cell with no natural light, where he spent a total of 21 days. Rojas claims the prison director once sanctioned him for refusing to sign a document falsely incriminating him in instigating a prison riot in Ramo Verde. When he was not in the isolation cell, he slept in a room with another 115 prisoners, with only about 40 mattresses shared between them and only two toilets and a single shower. Rojas said they received limited and bad quality food; he estimates that they got 60 grams of food per meal.

When his mother and girlfriend managed to visit, they were stripped naked and prison guards searched their bodies before allowing them to enter.

On August 24, Rojas was taken before a judge for the preliminary hearing in which prosecutors are supposed to charge detainees with crimes. Even though the military prosecutor did not charge him with any crimes, the military judge nonetheless ruled that Rojas would be subject to precautionary measures—which are typically adopted, under Venezuelan law, to ensure that a person accused of committing a crime appears before a court. Rojas said he must now present himself before the military court every 30 days, cannot talk to the media about his case, and cannot participate in “political meetings for the purpose of engaging in conspiracy.”

“Being a journalist and a social activist makes you a criminal,” Rojas told Human Rights Watch.

 

 

Pronunciamiento de Human Rights Watch en el Consejo de Derechos Humanos

En una presentación realizada el 12 de septiembre en Ginebra, Human Rights Watch sostuvo que es necesario que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ejerza liderazgo sobre la situación en Yemen, Venezuela, China, Myanmar y Filipinas. Específicamente sobre Venezuela, el pronunciamiento dice:

"Valoramos el reciente informe del Alto Comisionado sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. En vez de abordar la situación de derechos humanos basándose en datos de la realidad, el canciller de Venezuela descalificó ayer todas sus conclusiones como “mentiras”. Un país que no puede admitir que tiene problemas de derechos humanos definitivamente los tiene. Más de 115 ONG, incluidas 81 de Venezuela, pidieron ayer al Consejo que aborde la situación de derechos humanos en el país como un asunto prioritario. Instamos al Alto Comisionado a que informe periódicamente al Consejo sobre la situación en el país, incluso mediante una presentación de información actualizada entre sesiones antes del período de sesiones de marzo."

HRW statement at the Human Rights Council

In a statement delivered on September 12 in Geneva, Human Rights Watch said that UN Human Rights Council leadership is needed in Yemen, Venezuela, China, Myanmar, and Philippines. Specifically on Venezuela, the statement says:

"We welcome the High Commissioner’s recent report on the human rights and humanitarian crisis in Venezuela. Instead of addressing the human rights situation on its merits, the Foreign Minister of Venezuela yesterday dismissed all such reports as “lies.” A country that can’t admit it has human rights problems definitely has human rights problems. More than 115 NGOs, including 81 from Venezuela, yesterday called on the Council to address the human rights situation in the country as a matter of priority. We urge the High Commissioner to keep the Council regularly informed, including through an intersessional briefing prior to the March session."

Encarcelamiento del hijo de un alcalde opositor

El 30 de julio, decenas de agentes de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y miembros de grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos” irrumpieron en la vivienda de Omar Lares, alcalde del municipio de Campo Elías en el estado de Mérida, según contaron a Human Rights Watch Lares y su esposa Ramona Rangel Colmenares. Rangel Colmenares señaló que, un día antes, mientras se encontraba en la casa de la madre de Lares, frente a su propia vivienda, vio que pasaban varias tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana y escuchó que por altavoz decían “Alcalde, ¡acá estamos!”

El 16 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictado una medida cautelar ordenando a Lares tomar medidas para evitar que las calles de su municipio fueran cortadas y eliminar cualquier tipo de obstáculos que impidieran el libre tránsito de los ciudadanos. Otros alcaldes que habían sido destinatarios de medidas cautelares similares fueron luego objeto de procedimientos sumarios ante el Tribunal Supremo, al término de los cuales el TSJ —responsable tanto de la “acusación” como de la “imposición de la pena”— los condenó a 15 meses de prisión e inhabilitación para postularse a cargos públicos.

Cuando los agentes se presentaron el 30 de julio, golpearon bruscamente a su puerta, afirmó Rangel Colmenares. Le dijo a uno de sus hijos que trabara la entrada, pero inmediatamente escuchó disparos. Lares, Rangel Colmenares y sus dos hijos menores salieron corriendo por la puerta trasera. Los padres dijeron que lograron escapar con su hijo de 13 años, pero que los agentes detuvieron a su hijo Juan Pedro Lares Rangel, de 23 años, que tiene doble nacionalidad venezolano-colombiana. Su hija mayor, de 26, no estaba en la casa cuando llegaron los agentes.

Obligaron a Juan Pedro a arrodillarse en el piso junto con un empleado de la familia Lares, según lo afirmó este último más tarde en una grabación de audio que Rangel Colmenares compartió con Human Rights Watch. Dijo que fueron esposados y les advirtieron que podían dispararles en cualquier momento porque “nadie nos estaba viendo”. Contó que además amenazaron con rociarlos a ambos con gasolina y prenderles fuego “si no decíamos donde estaban las armas”. También le apuntaron a Juan Pedro con un arma en la cabeza, amenazaron con matarlo “si no decía la verdad” y luego le asestaron un golpe con el arma en la nuca.

Dejaron ir al empleado y se llevaron a Juan Pedro en un vehículo oficial perteneciente al SEBIN, contó Rangel Colmenares a Human Rights Watch. Juan Pedro primero estuvo detenido en el SEBIN en Mérida, y luego fue trasladado a la sede del SEBIN en Caracas, conocida como el “Helicoide”.

Antes de irse, los agentes robaron dinero, un televisor, un teléfono celular, una motocicleta y comida, según lo manifestaron Lares y el empleado.

Rangel Colmenares acudió varias veces al Helicoide, pero allí no le proporcionaron ninguna explicación oficial de por qué estaba siendo retenido su hijo. La única información que recibió fue de un agente que no se identificó, y que le dijo que Juan Pedro era un “testigo”, sin especificar de qué. La única vez que Rangel Colmenares vio a su hijo —el 15 de agosto durante 15 minutos— Juan Pedro le dijo que le habían tomado una fotografía junto a cinco morteros, un lanza morteros y un escudo. Los abogados de Juan Pedro lo vieron en dos oportunidades —el 15 y el 22 de agosto—, en parte gracias a la colaboración del Consulado colombiano y la organización venezolana de derechos humanos Provea, dijo Rangel Colmenares.

Juan Pedro se encuentra actualmente detenido en el Helicoide, y no ha sido acusado de ningún delito ni llevado ante un juez, indicó Rangel Colmenares a Human Rights Watch.

Una entrevista en vídeo a Ramona Rangel Colmenares, grabada por Retratos Urgentes, una iniciativa que documenta historias individuales de la crisis de Venezuela, se encuentra disponible aquí:

 

Jailing an Opposition Mayor’s Son

On July 30, dozens of security agents from the Bolivarian National Guard, the Bolivarian National Police, the Bolivarian National Intelligence Services, and members of armed pro-government groups called “colectivos” burst into the home of Omar Lares, the mayor of the Campo Elías municipality in Mérida state, Lares and Ramona Rangel Colmenares, his wife, told Human Rights Watch. Rangel Colmenares said that a day earlier, when she was in Lares’ mother’s home across the street from their house, she saw a series of Bolivarian National Guard armored vehicles drive by, and heard a voice through a loudspeaker say, “Mayor, here we are!”

On May 16, the Supreme Court had issued an injunction ordering Lares to ensure people did not block roads in his municipality, and to remove any obstacles that prevented citizens from moving around freely. Several other mayors who had been issued similar injunctions were later subject to summary proceedings before the Supreme Court, after which the court—which was responsible for both the “accusation” and “sentencing”—sanctioned them to 15 months in prison and politically disqualifying them from running for office.

When the officers arrived on July 30, they banged loudly on the door, Rangel Colmenares said. She told one of her sons to lock it, but immediately heard shots. Lares, Rangel Colmenares, and their two youngest children ran out through the back door. The parents said they were able to escape with their 13-year-old son, but that officers detained their 23-year-old son, Juan Pedro Lares Rangel, who has dual Venezuelan-Colombian nationality. Their eldest daughter, who is 26, was not at home when the officers arrived.

The officers forced Juan Pedro to kneel on the ground together with an employee of the Lares family, the employee later said in an audio recording that Rangel Colmenares shared with Human Rights Watch. He said that the officers handcuffed them, and told them they could shoot them anytime “because no one was watching.” He said that they also threatened to spray both of them with gasoline and set them on fire “if they did not tell them where the firearms where.” They also placed a firearm against Juan Pedro’s head, threatened to kill him “if he didn’t tell the truth,” and then hit him on his neck with it.

They let the employee go, and drove Juan Pedro away in an official vehicle belonging to the intelligence services, Rangel Colmenares told Human Rights Watch. Juan Pedro was first held at the intelligence headquarters in Mérida, before being transferred to their offices in Caracas, called “Helicoide.”

Before leaving, the officers stole money, a television set, a cellphone, a motorcycle, and food, according to Lares and the employee.

Rangel Colmenares went several times to the Helicoide, but did not receive any official word on why he was being held. The only information she received was from an officer who did not identify himself, who told her Juan Pedro was a “witness” without specifying what he was a witness to. The only time Colmenares saw her son—on August 15, for 15 minutes—he said officers took a picture of him standing beside five mortar rounds, a mortar, and a riot shield. Juan Pedro’s lawyers saw him twice—on August 15 and 22—partly thanks to the support of the Colombian Consulate and the Venezuelan human rights organization Provea, Rangel Colmenares said.

Juan Pedro is currently being held at the Helicoide, and has not been charged with any crime nor taken before a judge, Rangel Colmenares told Human Rights Watch.

A video interview with Ramona Rangel Colmenares filmed by Urgent Portraits (Retratos Urgentes), an initiative that registers individual stories of Venezuela’s crisis, is available here:

 

ACNUDH sobre posibles crímenes contra la humanidad

El 11 de septiembre, durante su presentación al comienzo del 36° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió las conclusiones de un informe que su oficina publicó en agosto, resaltando el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad y otros abusos cometidos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Sostuvo que la investigación “sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad” que “solo pueden ser confirmados tras una investigación penal posterior” e instó al Consejo de Derechos Humanos a “establecer una investigación internacional sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

El 8 de septiembre, 115 organizaciones no gubernamentales, incluyendo más de 80 de Venezuela, emitieron un pronunciamiento conjunto solicitándole a los miembros del Consejo de Derechos Humanos que consideren la crisis venezolana como una prioridad y hagan las recomendaciones del ACNUDH suyas. Específicamente, instaron a los miembros que le pidieran al Alto Comisionado que continúe realizando un seguimiento atento de la situación de derechos humanos en el país e informe sobre ello periódicamente al Consejo.

UNHCHR on possible crimes against humanity

On September 11, during his opening statement at the 36th session of the Human Rights Council, the UN High Commissioner for Human Rights described the findings of a report his office released in August, highlighting excessive use of force by security agents and other abuses committed in the context of anti-government protests in Venezuela. He said their investigation “suggests the possibility that crimes against humanity may have been committed, which can only be confirmed by a subsequent criminal investigation” and urged the Human Rights Council to “establish an international investigation into the human rights violations in Venezuela.”

On September 8, 115 non-governmental organizations, including more than 80 from Venezuela, issued a joint statement asking Human Rights Council members to consider Venezuela’s crisis a priority and take the recommendations of the high commissioner’s office into account. They specifically called on members to ask the UNHCHR to continue to monitor the human rights situation in the country closely and report back regularly to the Council. 

Carta de HRW a la Unión Europea sobre abusos en Venezuela

El 11 de septiembre, Human Rights Watch envió una carta a Federica Mogherini, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, con el propósito de instarla respetuosamente a liderar una iniciativa de la Unión Europea que ejerza presión sustancial sobre el gobierno venezolano para que aborde la profunda crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela. La carta considera positivas las declaraciones recientes de la Unión Europea, en las cuales manifiesta preocupación por los abusos que se cometen en Venezuela y los intentos del gobierno de Maduro de usurpar los poderes de la legislatura y debilitar el estado de derecho. A medida que se profundiza la crisis, instamos a la Unión Europea y a sus estados miembros a acordar un plan estratégico de incentivos positivos y medidas punitivas dirigidas a personas específicas para acrecentar la presión colectiva de la UE sobre el gobierno venezolano.

HRW letter on EU action on Venezuela abuses

On September 11, Human Rights Watch sent a letter to Federica Mogherini, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, to urge her to lead an European effort to significantly advance pressure on the Venezuelan government to address the profound human rights and humanitarian crisis in that country. The letter welcomed recent statements by the European Union expressing concern about the abuses being committed in Venezuela and the Maduro government’s attempts to usurp powers of the legislature and undermine the rule of law. As the crisis worsens, we urge the European Union and its member states to agree on a strategic roadmap of positive incentives and targeted punitive measures to advance collective EU pressure on the Venezuelan government.

Joint statement: Venezuela’s Crisis Should be a Human Rights Council Priority

UN member states should address Venezuela’s deepening human rights and humanitarian crisis during the 36th Session of the UN Human Rights Council in September 2017, 116 Venezuelan, Latin American, and international organizations said.

Declaración conjunta: La crisis en Venezuela debería ser una prioridad para el Consejo de Derechos Humanos

Los estados miembros de la ONU deberían abordar la profundización de la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela durante la Sesión 36 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2017, señalaron 116 organizaciones venezolanas, latinoamericanas e internacionales.

Encarcelamiento de “Mamá Lis”

El 11 de mayo, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a Lisbeth Añez, una ciudadana venezolana de 51 años que trabaja como gerente de un negocio y que, durante más de tres años, había realizado visitas periódicas a personas detenidas en Caracas. Añez estaba por tomar un vuelo en el aeropuerto de Caracas, según lo indicó Luis González Añez, su hijo. Añez, a quien los presos que visitaba apodaron “Mamá Lis”, se dirigía a Miami para recibir tratamiento médico por hepatitis C.

El hijo de Añez visitó dos centros de detención antes de enterarse, esa tarde, de que su madre estaba siendo retenida en la sede de la DGCIM en Caracas. Contó que un funcionario de ese organismo le indicó que sería llevada a un tribunal militar dentro del establecimiento castrense de Fuerte Tiuna.

El 12 de mayo, mientras Luis analizaba el caso con abogados del Foro Penal Venezolano, supo que Añez estaba siendo trasladada a Fuerte Tiuna. Solamente se permitió a los abogados estar presentes en la audiencia, en la cual fue acusada de rebelión y traición a la patria sobre la base de pruebas que incluían mensajes de WhatsApp intercambiados entre Añez y un joven que había sido detenido algunos días antes, afirmó su hijo. Los abogados dijeron que el contenido de los mensajes no se describía en los documentos judiciales, y que otras pruebas contra ella incluían libros, cartas y reconocimientos públicos que recibió por su trabajo social. La justicia militar dispuso su detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

A su hijo no se le permitió estar presente en la audiencia y recién pudo ver por primera vez a Añez el 4 de junio. Los abogados no pudieron verla nuevamente hasta el 12 de junio, dijo el hijo.

El hijo de Añez afirmó que su madre pasó más de un mes y medio en una celda sin ventanas, sin ver el sol. Contó que Añez no recibió atención médica durante su detención, a pesar de que sufre hipertensión, hepatitis C y tiene una prótesis cervical.

Mamá Lis estuvo casi cuatro meses detenida en la sede de los servicios de inteligencia que solía visitar todas las semanas para llevar comida y medicamentos a personas detenidas por motivos políticos, dijo su hijo a Human Rights Watch.

La audiencia preliminar en la cual se suponía que sería acusada formalmente por algún delito fue suspendida cuatro veces. El 6 de septiembre, Añez fue finalmente llevada ante un tribunal militar, que confirmó cargos de instigación pública y agavillamiento y le otorgó libertad con medidas cautelares, dijeron sus abogados. Las condiciones para su liberación incluyen no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, uno de los abogados le dijo a Human Rights Watch.  

Se puede consultar una entrevista en video a Luis González Añez filmada por Retratos Urgentes, una iniciativa que registra historias individuales de la crisis venezolana, en el siguiente enlace: 

Jailing “Mamá Lis”

On May 11, agents of the General Direction of Military Counterintelligence (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM) arrested Lisbeth Añez, a 51-year-old Venezuelan store manager who for more than three years had been making regular visits to detainees in Caracas, when she was about to board a flight at the Caracas airport, according to her son, Luis González Añez. Añez, whom the prisoners she visited called “Mamá Lis,” was heading to Miami to get medical treatment for Hepatitis C.

Añez’s son visited two detention centers before finding out later that afternoon that his mother was being held at the DGCIM offices in Caracas. He said that an officer there told him she would be taken to a military court inside the military installation of Fuerte Tiuna. 

On May 12, as Luis was discussing her case with lawyers from the Venezuelan Penal Forum, they learned Añez was being transferred to Fuerte Tiuna. Only the lawyers were allowed into the hearing, in which she was charged with rebellion and treason based on evidence that included alleged WhatsApp messages between Añez and a young man who had been detained days earlier, her son said. Lawyers said the messages were not described in judicial documents, and other evidence against her included books, letters, and public recognitions of her social work. The military court ordered her detention at National Bolivarian Intelligence Services headquarters in Caracas. 

Her son was not allowed into the hearing and was able to see Añez for the first time on June 4. The lawyers were unable to see her again until June 12, the son said.

Añez spent over a month and a half inside her windowless cell, without seeing the sun, according to her son. During her time in prison, he said, she has received no medical attention, even though she suffers from hypertension, Hepatitis C, and has a cervical prosthesis.

Mamá Lis spent nearly four months at the intelligence headquarters she used to visit every week to bring food and medicine to detainees prosecuted for political reasons, the son told Human Rights Watch.

The hearing (audiencia preliminar) in which she was supposed to be formally accused of committing crimes was suspended four times. On the evening of September 6, she was finally brought to a military court, which confirmed charges of “public incitement” to commit crimes and association to commit crimes, and released her on conditional liberty, her lawyers said. The conditions for her release include not speaking to the media, one of the lawyers told Human Rights Watch.

A video interview with Luis González Añez filmed by Urgent Portraits (Retratos Urgentes), an initiative that registers individual stories of Venezuela’s crisis, is available here:

Declaración de Human Rights Watch sobre el informe del ACNUDH sobre Venezuela

El 30 de agosto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe sobre Venezuela donde describe situaciones particularmente alarmantes, incluida la represión brutal de manifestaciones masivas contra el gobierno, la muerte de opositores a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno, y los abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas. Los estados miembros de la ONU deberían seguir el ejemplo de gobiernos clave de América Latina que han condenado los abusos ocurridos en Venezuela y usar este informe para ejercer una fuerte presión sobre el régimen de Maduro, entre otras medidas, reconociendo a la crisis de Venezuela como una de las máximas prioridades durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y adoptando sanciones específicas dirigidas contra ciertas autoridades venezolanas implicadas en abusos aberrantes. 

Human Rights Watch statement on UNHCHR report on Venezuela

On August 30, the United Nations High Commissioner for Human Rights released a report on Venezuela that outlines key issues of concern, including the brutal crackdown on massive anti-government protests, killings of opponents by security forces and armed pro-government groups, and abuses of detainees that in some cases amount to torture. UN member states should follow the lead of key Latin American governments who have condemned abuses in Venezuela and use this report as a basis for exercising strong pressure on the Maduro regime, including by putting Venezuela's crisis as a top priority during the upcoming session of the UN Human Rights Council and adopting targeted sanctions against specific Venezuelan authorities implicated in egregious abuses.