Reportes

El informe de 65 páginas, “‘Like Patchwork’: Ecuador’s Slow Progress Tackling and Preventing School-Related Sexual Violence” (“‘Como poniendo parches’: Ecuador progresa lentamente al combatir y prevenir la violencia sexual en las instituciones educativas”), revela importantes deficiencias en la respuesta del Estado para prevenir y combatir los abusos en el sistema educativo ecuatoriano. Muchas instituciones educativas aún no denuncian los abusos ni implementan completamente los protocolos establecidos. Las instituciones judiciales no investigan ni procesan adecuadamente los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, lo que dificulta que las y los sobrevivientes obtengan justicia.

El informe de 39 páginas, “In Harm’s Way: How Michigan’s Forced Parental Consent for Abortion Law Hurts Young People” (“En peligro: Cómo perjudica a las personas jóvenes la ley de Michigan que obliga a los padres a dar su consentimiento para el aborto”), examina el impacto de una ley de Michigan que exige que las personas de menos de 18 años que pretenden someterse a un aborto tengan el consentimiento escrito de alguno de sus padres o su tutor legal u obtengan la aprobación de un juez a través de un proceso conocido como “excepción judicial (judicial bypass)”.

El informe de 111 páginas, “‘Como si me estuviera ahogando’: el programa estadounidense ‘Permanecer en México’ perjudica a niños, niñas y familias”, es una investigación conjunta de Human Rights Watch, el Programa de Derechos Humanos y Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa Familiar e Infantil de la Universidad de Willamette. Los niños y adultos entrevistados describieron haber sido agredidos sexualmente, secuestrados a cambio de un rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes de Estados Unidos (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como el programa “Permanecer en México”. En muchos casos, dijeron que estos ataques ocurrieron inmediatamente después de que las autoridades estadounidenses los enviaran a México para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración estadounidenses sobre sus solicitudes de asilo, o cuando regresaban de las audiencias. Testigos aseguraron que agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron algunos de estos delitos.

El informe de 83 páginas, “‘Es una lucha constante’: violencia sexual en instituciones educativas y la lucha por justicia para jóvenes sobrevivientes en Ecuador”, documenta la violencia sexual que sufren niñas, niños y adolescentes desde la educación preescolar hasta la educación secundaria superior (bachillerato, en Ecuador), y los serios obstáculos con los que se han encontrado las víctimas y sus familias en su búsqueda de justicia. Human Rights Watch concluyó que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades, en escuelas públicas y privadas (fiscales y particulares, respectivamente, por su denominación en Ecuador). Existen casos actuales que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los y las estudiantes continúa.

El informe se basa en entrevistas a 110 mujeres y niños. Human Rights Watch descubrió que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) separan rutinariamente a hombres adultos y adolescentes de otros miembros de la familia. La práctica es contraria a la política de la agencia de que las familias deben mantenerse unidas, siempre que sea posible, mientras se encuentren en celdas de detención. Después del período inicial de detención, que puede ser de varios días, en estas celdas heladas, los hombres generalmente continúan separados del resto de sus familias cuando son trasladados a centros de detención de más largo plazo.

El informe, “‘Like Walking Through a Hailstorm’: Discrimination against LGBT Youth in US Schools” [Adversidad constante: discriminación de jóvenes LGBT en escuelas de Estados Unidos], documenta una variedad de problemas a los cuales están expuestos los alumnos LGBT. Esto incluye acoso escolar y hostigamiento, la exclusión en los programas de estudio de temas relacionados a la comunidad LGBT o la carencia de recursos escolares, las restricciones a la posibilidad de formar grupos de estudiantes LGBT, así como la discriminación e intolerancia por parte de compañeros de clase y personal escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género.

El informe, “Quedar afuera: Restricciones al acceso de jóvenes transgénero a baños y vestidores en escuelas de EE. UU.”, analiza el modo en que los jóvenes transgénero se ven perjudicados por normas que les prohíben usar baños y vestidores que coincidan con su identidad de género. Los estudiantes transgénero describieron cómo estas normas han facilitado el hostigamiento verbal y físico, y han afectado negativamente su salud física y psíquica, su desempeño académico y su participación en la escuela.

El informe, “Human Rights in Supply Chains: A Call for a Binding Global Standard on Due Diligence” [Los derechos humanos en las cadenas de suministro: un llamado a favor de una norma global vinculante sobre la debida diligencia], se elaboró a partir de dos décadas de investigaciones de Human Rights Watch sobre trabajo infantil y otros abusos de derechos laborales, daño ambiental y violaciones de los derechos a la salud, la tierra, los alimentos y el agua, en el contexto de las cadenas de suministro globales.

El informe “Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.