Los derechos humanos en las cadenas de suministro

Un llamado a favor de una norma internacional vinculante sobre la debida diligencia

Introducción

En nuestra economía globalizada, empresas de todos los sectores se abastecen cada vez más de bienes y servicios que operan bajo complejas cadenas de proveedores que a menudo abarcan múltiples países con prácticas legales y normativas de derechos humanos radicalmente diferentes. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 450 millones de personas trabajan en empleos relacionados con las cadenas de suministro. A pesar de que las cadenas globales de suministro pueden brindar oportunidades importantes para el desarrollo social y económico, a menudo presentan graves riesgos para los derechos humanos que las empresas no han logrado mitigar y a los que no han respondido de manera efectiva.

Las cadenas mundiales que suministran a las empresas individuales implican a menudo un gran número de proveedores o subcontratistas, incluyendo algunos que forman parte del sector informal. Las personas más afectadas por las violaciones de derechos humanos en la cadena de suministro de una empresa suelen pertenecer a grupos que carecen de oportunidades realistas para denunciar por sí mismos este tipo de problemas o buscar un remedio, como las mujeres, los trabajadores migrantes, los niños trabajadores y los residentes de zonas rurales o zonas urbanas pobres.

Elena G., una joven de 16 años, con la ropa y los guantes de trabajo en una tabacalera del Condado de Lenoir, en Carolina del Norte. Elena vive con su familia en una vivienda móvil. Desde que cumplió 12 años ha pasado sus vacaciones de verano trabajando como jornalera en las plantaciones de tabaco de varios condados cercanos. “Cuando estoy en las plantaciones no siento que nada sea diferente de cuando tenía 12 años”, dijo. “[Todavía] tengo dolores de cabeza (…) y sufro del estómago. También siento náuseas… Siento como si el estómago me diera vueltas. Como si estuviera a punto de vomitar”. Estos síntomas son consistentes con los de intoxicación aguda por nicotina, una enfermedad laboral específica del cultivo de tabaco, que ocurre cuando los trabajadores absorben la nicotina a través de la piel mientras están en contacto con las plantas de tabaco.

Las normas internacionales, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, reconocen que las empresas deben tomar medidas de “debida diligencia de derechos humanos” para garantizar que sus operaciones respeten los derechos humanos y no contribuyan a transgredir estos derechos. La debida diligencia de derechos humanos incluye medidas para evaluar riesgos reales y potenciales para los derechos humanos, mitigar esos riesgos y poner fin a los abusos, así como para garantizar un remedio en los casos en que se produzcan violaciones pese a esos esfuerzos. Las empresas también deben ser totalmente transparentes sobre estas iniciativas.

Sin embargo, los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y otras normas internacionales para compañías no son jurídicamente vinculantes. Las empresas pueden ignorarlas (de hecho, muchas lo hacen) o limitarse a aplicarlas de manera laxa y poco efectiva. Muchas empresas ni siquiera han implementado medidas de debida diligencia de derechos humanos o las que tienen son inadecuadas, y sus acciones causan o contribuyen a abusos de derechos humanos. Durante más de dos décadas, en todas las regiones del mundo, Human Rights Watch ha documentado abusos de derechos humanos en el contexto de las cadenas globales de suministro en la agricultura, la industria textil y del calzado, la minería, la construcción y otros sectores.

La Conferencia Internacional del Trabajo de 2016, una cumbre global que reúne a delegados de gobiernos, empresas y sindicatos en torno a temas laborales, presenta una oportunidad única para lograr un cambio fundamental. Por primera vez, la Conferencia Internacional del Trabajo se centrará en el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. Los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, incluidos los de las personas empleadas en las cadenas globales de abastecimiento, pero a menudo no han supervisado ni regulado las prácticas de derechos humanos de compañías domiciliadas en su territorio. Cuando no existen normas jurídicamente vinculantes, asegurarse de que todas las compañías se toman en serio sus responsabilidades de debida diligencia se vuelve una meta muy difícil de alcanzar. Las normas voluntarias, si bien valiosas, no son suficiente.

Human Rights Watch insta a los gobiernos, empleadores y sindicatos que participan en la Conferencia Internacional del Trabajo a que aprovechen esta oportunidad para poner en marcha el proceso para adoptar una nueva norma internacional jurídicamente vinculante que obligue a los gobiernos a exigir a las empresas la adopción de medidas para cumplir con la debida diligencia de derechos humanos en las cadenas globales de suministro.

Recomendaciones

A los gobiernos, empleadores y trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo

  • En la Conferencia Internacional del Trabajo de 2016, decidir iniciar el proceso para desarrollar una nueva norma internacional, legalmente vinculante, que obligue a los gobiernos a exigir a las empresas cumplir la debida diligencia de derechos humanos en la totalidad de sus cadenas mundiales de suministro. Esta debida diligencia debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:
    • La adopción e implementación de un claro compromiso político de respetar los derechos humanos, integrados en todas las funciones de negocio relevantes;
    • La identificación y evaluación de los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos;
    • La prevención y mitigación de los impactos adversos sobre los derechos humanos;
    • La verificación de si estos impactos adversos sobre los derechos humanos son abordados;
    • Comunicación externa sobre cómo estos impactos adversos sobre los derechos humanos son abordados, y
    • Procesos eficaces diseñados para garantizar que las personas perjudicadas puedan asegurar un remedio ante cualquier impacto negativo sobre los derechos humanos que una empresa haya causado o contribuido a causar.

Violaciones de los derechos humanos en el contexto de las cadenas mundiales de suministro

Durante más de dos décadas Human Rights Watch ha documentado violaciones de los derechos humanos en el contexto de las cadenas globales de suministro. Hemos entrevistado a miles de trabajadores, empleadores, funcionarios gubernamentales y otras personas involucradas en una variedad de sectores en todas las regiones del mundo. A continuación presentamos algunos ejemplos para ilustrar los problemas de derechos humanos más extendidos que hemos detectado en las cadenas de suministro de numerosas empresas de diversos sectores, en países de todo el mundo.

Violaciones de los derechos laborales

A nivel global, millones de personas trabajan en las cadenas globales de suministro como, por ejemplo, en fábricas de producción de ropa y calzado de marca para consumidores de todo el mundo, en plantaciones tabacaleras compradas por fabricantes de cigarrillos o en minas a pequeña escala, excavando el oro destinado al mercado mundial. Muchos de estos trabajadores sufren abusos tales como malas condiciones laborales, incluyendo violaciones del salario mínimo; horas extraordinarias obligatorias; trabajo infantil; acoso sexual; exposición a sustancias tóxicas y otros riesgos laborales extremos; así como represalias contra los trabajadores que intentan organizarse en sindicatos. Los trabajadores que se enfrentan a estos abusos a menudo carecen de acceso a mecanismos de denuncia, a la protección como denunciantes o a recursos legales.

Un ejemplo de una cadena de suministro para el oro de una mina artesanal o de pequeña escala en Ghana puede seguir este modelo. Un pequeño número de refinerías compran el oro, por lo que tienen una responsabilidad enorme para asegurar el respeto por los derechos humanos en la cadena de suministro.

En virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos laborales, incluidos los derechos a manifestarse y formar sindicatos, pero muchos no lo hacen. En todo el mundo, casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso.[1]

La tragedia que se produjo en abril de 2013 tras el hundimiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh centró la atención internacional en las terribles condiciones laborales y los abusos a los derechos humanos que se cometían en las fábricas que producen ropa y calzado para marcas mundiales. El edificio de ocho plantas, ubicado a las afueras de Dhaka, la capital de Bangladesh, albergaba fábricas textiles que empleaban a más de 5.000 trabajadores. El catastrófico derrumbe del complejo acabó con la vida de más de 1.100 trabajadores e hirió a más de 2.000. Tras el desastre, las principales marcas de ropa pusieron en marcha nuevas iniciativas para proteger la seguridad de los trabajadores en sus cadenas de suministro. Tres años después, Bangladesh ha visto mejoras concretas en materia de seguridad de los edificios y en contra de los incendios, pero las cadenas de abastecimiento de la industria textil y del calzado siguen estando plagadas de graves problemas de derechos humanos. Por ejemplo, Human Rights Watch documentó el número de trabajadores en la industria textil de Bangladesh y Camboya que se ven forzados a trabajar horas extraordinarias, son víctimas de discriminación por embarazo o se les ha negado el permiso de maternidad pagado. Los abusos contra los sindicatos son comunes. Los trabajadores que han tratado de organizarse en ambos países han sufrido amenazas y acoso, y muchos han sido despedidos como represalia.[2]

Las violaciones de los derechos laborales también son moneda corriente en Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo, donde los trabajadores de la construcción han sufrido graves abusos en el contexto de las cadenas de suministro en proyectos de construcción y de ingeniería a gran escala. Estos trabajadores migrantes poco remunerados enfrentan condiciones peligrosas de trabajo, a veces incluso mortales, y a menudo quedan atrapados bajo el control de empleadores abusivos a través del sistema de kafala (patrocinio). La confiscación del pasaporte es sistemática y muchos trabajadores llegan con importantes deudas en concepto de exorbitantes tasas de contratación, que pueden demorarse varios años en poder pagar. Los trabajadores migrantes no pueden formar ni afiliarse a sindicatos y, en general, carecen prácticamente de cualquier tipo de reparación judicial por abuso. Esta combinación de mecanismos de control puede desembocar con demasiada facilidad en trata de personas y trabajo forzoso.[3]

Trabajo infantil

El trabajo infantil sigue siendo un problema grave en la economía global. Más de 168 millones de niños están involucrados en el trabajo infantil en todo el mundo, y 85 millones de ellos desempeñan trabajos peligrosos que suponen un riesgo para su seguridad y salud.[4] Muchos niños trabajadores sufren abusos físicos y psicológicos, son explotados y son víctimas de trata de personas. Además, muchos no tienen acceso a oportunidades educativas, por lo que es más probable que acaben atrapados en la pobreza.[5] Las empresas pueden contribuir al trabajo infantil y aprovecharse de él en sus cadenas de suministro, por ejemplo, en los casos de niños que trabajan en la recogida de cosechas agrícolas para exportar, excavando minerales preciosos en las minas, procesando pieles y cosiendo artículos textiles. Según el derecho internacional, las peores formas de trabajo infantil están prohibidas, pero muchos gobiernos no han tomado medidas efectivas para erradicarlas.

Muchos niños sufren dolor, enfermedades y lesiones y, en algunos casos, incluso mueren por culpa del trabajo peligroso que desempeñan. En todo el mundo, la mayoría de los trabajadores infantiles se dedican a la agricultura para los mercados locales y globales. El trabajo infantil en el sector agrícola es considerado peligroso cuando los niños deben manejar pesticidas tóxicos o sustancias nocivas, trabajar con herramientas cortantes y maquinaria pesada, o estar expuestos a temperaturas extremadamente altas. Por ejemplo, Human Rights Watch descubrió que niños palestinos siembran y cosechan cultivos en asentamientos agrícolas israelíes en Cisjordania en condiciones peligrosas debido al uso de pesticidas, herramientas peligrosas y un calor extremo. Una parte sustancial de esta producción es exportada al extranjero, incluyendo a Europa y Estados Unidos.[6]

Ghana es uno de los 10 principales productores de oro del mundo. Aproximadamente un tercio del oro de Ghana es extraído de minas artesanales a pequeña escala, que suelen operar de manera ilegal y utilizan el trabajo infantil. Dos niños, de 9 y 12 años, muestran su trabajo diario de lavar y escurrir el mineral de oro en Homase, en el distrito de Amansie Central, en la región de Ashanti. 

Un cultivo agrícola particularmente perjudicial para los niños es el tabaco. Los niños que entran en contacto con las plantaciones tabacaleras corren el riesgo de sufrir intoxicación aguda por nicotina. Human Rights Watch ha documentado situaciones de trabajo infantil peligroso en el cultivo de tabaco en Estados Unidos e Indonesia. Para estas investigaciones entrevistó a numerosos niños que reportaron síntomas compatibles con la intoxicación aguda por nicotina, como náuseas, vómitos, dolores de cabeza y mareos. Este tabaco entra en las cadenas de suministro de los principales fabricantes de cigarrillos.[7]

Otra forma de trabajo infantil muy peligroso es la minería. Se estima que un millón de niños en todo el mundo trabajan en minas artesanales de pequeña escala que, por lo general, operan con una maquinaria simple pero dependen de mucha mano de obra. Aproximadamente el 15 por ciento de todo el oro del mundo proviene de estas minas artesanales. Muchos niños procesan el oro con mercurio, una sustancia altamente tóxica que provoca daños cerebrales y otras enfermedades crónicas. Los niños que trabajan en las minas también ponen en riesgo sus vidas en fosas inestables que se hunden con frecuencia. Human Rights Watch ha documentado situaciones de trabajo infantil peligroso, incluyendo las muertes de niños que trabajaban en minas artesanales subterráneas de oro en Ghana, Malí, Tanzania y Filipinas. Gran parte del oro producido en estos contextos encuentran la manera de entrar en el mercado internacional.[8]

Daños medioambientales y violaciones del derecho a la salud

A través de sus cadenas mundiales de suministro, muchas empresas se arriesgan a contribuir a los más de 12 millones de muertes atribuibles cada año a un medio ambiente insalubre.[9]

Las normas internacionales y muchos marcos jurídicos nacionales establecen obligaciones gubernamentales de proteger el derecho a la salud medioambiental, pero a menudo son ignoradas o aplicadas incorrectamente.

Por ejemplo, en el barrio Hazaribagh de Dhaka, la capital de Bangladesh, aproximadamente 150 curtidurías —muchas de las cuales producen cuero como materia prima para productos de grandes marcas— exponen a sus trabajadores y a los residentes locales a aguas residuales no tratadas que contienen cromo, azufre, amoniaco y otros químicos que pueden causar serios problemas.[10] Funcionarios del gobierno, representantes de la asociación de curtidores, sindicalistas y empleados de organizaciones no gubernamentales contaron a Human Rights Watch que ninguna curtiduría de Hazaribagh cuenta con una planta de tratamiento de vertidos para tratar sus residuos. Los trabajadores de las curtidurías describieron y mostraron una amplia gama de problemas de salud, como los dermatológicos (envejecimiento prematuro, decoloración, comezón, descamación y sarpullidos en la piel, así como quemaduras de ácido); dedos corroídos hasta quedar en meros muñones; dolores, mareos y náuseas, además de extremidades desfiguradas o amputadas. La producción de las curtidurías de Hazaribagh representa casi el 90 por ciento de la producción total de cuero de Bangladesh, la mayoría de la cual se destina a la exportación.[11]

Durante el auge en la inversión extranjera en Mozambique, el gobierno y varias empresas multinacionales desplazaron a las comunidades locales de sus tierras fértiles para abrir paso a la minería de carbón. El paquete de indemnización incluía una vivienda, pero la tierra no tenía buen acceso al agua y no era compatible con el cultivo de sus alimentos básicos. “La tierra agrícola que recibimos es roja, no negra como la que teníamos antes. Intenté sembrar maíz pero murió. El sorgo también fracasó (…) No estoy tan satisfecha. Lo que puedo decir es, ¿de qué sirve una casa si no hay comida? No me puedo comer la casa”, dijo María C.

Muchas operaciones mineras también han causado daños a la salud y el medio ambiente. Por ejemplo, en 2011 Human Rights Watch examinó cómo la mina Porgera (de la minera global canadiense Barric Gold) en Papúa Nueva Guinea estaba vertiendo a diario 14.000 toneladas de residuos líquidos en un río cercano, posiblemente provocando daños medioambientales y de salud para las comunidades que viven en sus inmediaciones.[12] De manera similar, Human Rights Watch descubrió que minas de hierro de pequeña y mediana escala en India habían destruido o contaminado fuentes de agua de la que dependían los residentes de dos estados del país para obtener agua potable para el consumo y el riego. Los marcos jurídicos y regulatorios establecidos en India para prevenir este tipo de daños se vieron obstaculizados por una débil capacidad institucional y una ausencia básica de voluntad política para implementar las regulaciones. Una gran proporción del mineral de hierro extraído en India es destinado al mercado internacional.[13] En muchos países, los mineros artesanales de oro a pequeña escala utilizan mercurio para procesar el oro, emitiendo cada año más de 700 toneladas de este metal tóxico, y causando envenenamiento por mercurio a muchos pequeños mineros.[14]

Violaciones de los derechos relacionados con la tierra, el alimento y el agua

Las comunidades sufren abusos de derechos humanos cuando las empresas adquieren tierras para proyectos de minería o agronegocios a gran escala, u otras iniciativas comerciales ligadas a las cadenas mundiales de suministro. Los derechos de comunidades enteras pueden estar en riesgo en el marco de los acuerdos de compra de tierras a gran escala. En este tipo de acuerdos las mujeres a menudo afrontan peligros específicos y adicionales.

Según el derecho internacional, los derechos al agua, la comida y la vivienda están protegidos. Los gobiernos están obligados a tomar medidas para hacer realidad de manera progresiva el pleno acceso a estos derechos. Sin embargo, en las ocasiones en las que comunidades locales han sido desplazadas para abrir paso a empresas comerciales, su acceso al agua y su habilidad para cultivar su propia comida a veces se ha visto comprometida, lo cual ha tenido un impacto especialmente severo en las mujeres. Por ejemplo, cuando unas comunidades en Mozambique fueron reasentadas para dedicar esos terrenos a unas operaciones de extracción de carbón a gran escala, se vieron forzadas a vivir en unas condiciones inaceptables que llevaron a la violación de sus derechos al agua y al alimento.[15]

Un niño de 13 años excava en busca de oro en una mina de pequeña escala en la región de Mbeya, en Tanzania. “Estaba excavando con mi compañero”, dijo. “Entré en una pequeña fosa. Cuando empecé a cavar me dijo que saliera y cuando estaba a punto de salir, el pozo se hundió dejándome enterrado hasta el pecho (…) Empezaron a rescatarme excavando la fosa y me enviaron al hospital de Chunya”. El accidente dejó inconsciente al niño y le causó lesiones internas. Tuvo que permanecer hospitalizado una semana y todavía siente ocasionales dolores en la cintura cuando se sienta. Después del accidente, tenía miedo de volver a las fosas, pero sentía que no tenía alternativa, explicó. “Voy cuando mi tía viaja porque necesito algo para poder mantenerme”. Las compañías que comercian con oro tienen una responsabilidad de garantizar que no causan ni contribuyen al trabajo infantil.

Las comunidades indígenas se encuentran en una situación particularmente vulnerable en los casos de grandes compras de tierras porque su cultura y sus medios de subsistencia están estrechamente ligados a la tierra. Bajo el derecho internacional, los gobiernos o las empresas que quieran trabajar en terrenos donde habitan pueblos indígenas tienen a menudo la responsabilidad de solicitar su consentimiento libre, previo e informado antes de poner en marcha el proyecto. Sin embargo, este derecho se ha visto ampliado despreciado. Human Rights Watch descubrió que las empresas mineras en Uganda, por ejemplo, no garantizaron el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas antes de comenzar la exploración; de manera similar, el gobierno de Etiopía despejó tierras para dedicarlas a la agricultura comercial destinada a la exportación sin solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.[16]

Violaciones del derecho internacional humanitario

Las empresas han causado, contribuido o directamente participado en violaciones del derecho internacional humanitario (también conocido como las leyes de guerra) en situaciones de conflicto armado y ocupación militar.

Por ejemplo, durante el apogeo de la violencia en el conflicto armado en la República Democrática del Congo, AngloGold Ashanti —una de las principales empresas mineras de oro del mundo—estableció relaciones con el Frente Nacionalista e Integracionista, un grupo armado responsable de graves abusos de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A cambio de la garantía del grupo armado de seguridad para sus operaciones y personal, AngloGold Ashanti debía proporcionar apoyo logístico y financiero al grupo armado y sus líderes. De esta manera, la compañía pudo haber contribuido a graves abusos de derechos humanos cometidos por ese grupo armado.[17]

Otro ejemplo es el papel de las empresas con operaciones vinculadas a los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Estos negocios contribuyen a las violaciones de Israel del derecho internacional humanitario y los abusos de derechos humanos que desposeen y discriminan a los palestinos. En particular, facilitan la presencia y el crecimiento de asentamientos y contribuyen a la confiscación ilegal por parte de Israel de territorios palestinos y otros recursos. También se benefician de políticas gubernamentales abusivas que discriminan a los palestinos al impedir prácticamente el desarrollo económico y residencial de los palestinos en el 60 por ciento de Cisjordania.[18]

Por qué es necesaria una norma global vinculante sobre debida diligencia de derechos humanos: la falta de salvaguardias de derechos humanos adecuadas en las cadenas de suministro de las empresas

La falta de acción estatal: los gobiernos no regulan lo suficiente a las empresas

La responsabilidad principal de la defensa de los derechos humanos recae en los gobiernos. Con el fin de proteger los derechos humanos, los gobiernos tienen el deber de regular eficazmente la actividad empresarial y de implementar y hacer cumplir sólidas leyes laborales, de acuerdo con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la práctica, las investigaciones de Human Rights Watch han encontrado que las lagunas en la legislación laboral, las débiles inspecciones laborales y su deficiente aplicación a menudo socavan los derechos laborales y otros derechos humanos.

Los gobiernos también deben supervisar y regular las prácticas de derechos humanos de las empresas tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Si bien los gobiernos por lo general regulan el comportamiento empresarial en el ámbito interno, lo hacen con diferentes grados de seriedad y eficacia. Y los gobiernos han fallado de manera consistente en la supervisión o regulación de las prácticas de derechos humanos extraterritoriales de empresas domiciliadas en su territorio. En ausencia de normas jurídicamente vinculantes, garantizar que todas las empresas cumplan con su debida diligencia de derechos humanos se convierte en algo extremadamente difícil. Mientras que algunas compañías pueden tomarse en serio sus responsabilidades de derechos humanos y poner en práctica una robusta debida diligencia de derechos humanos, sus competidores pueden negarse a tomar cualquiera de estas medidas sin sufrir ninguna consecuencia adversa. Incluso las empresas que se comprometen voluntariamente a la debida diligencia de derechos humanos se pueden beneficiar de una fuerte orientación práctica en forma de una regulación gubernamental razonable.[19] Una nueva norma internacional jurídicamente vinculante sobre la debida diligencia de los derechos humanos en las cadenas globales de suministro supondría un paso importante para aumentar el número de empresas responsables en todo el mundo.

Allá donde los Estados han impuesto la debida diligencia obligatoria de derechos humanos, la transparencia de las empresas ha mejorado. Este ha sido, por ejemplo, el caso de la Ley Dodd-Frank, una ley de Estados Unidos que exige a las empresas informar públicamente sobre el grado en que han llevado a cabo la debida diligencia para asegurar que sus cadenas de suministro de minerales no alimenten el conflicto armado en la República Democrática del Congo.[20] En 2015 entró en vigor la Ley sobre la Esclavitud Moderna en el Reino Unido, obligando a las empresas a informar anualmente sobre las medidas adoptadas para asegurar que ni la esclavitud ni la trata de personas tienen lugar en ninguna de sus operaciones comerciales o cadenas de suministro.[21] A pesar de que es demasiado pronto para juzgar el impacto de la ley, ésta tiene el potencial de aumentar la transparencia acerca de los esfuerzos de las empresas para evitar la presencia de la esclavitud moderna o la trata en sus cadenas de suministro. Brasil es un ejemplo interesante de país que produce para el mercado global donde las exigencias legales impuestas a las empresas extranjeras que se abastecen de tabaco han ayudado a prevenir el trabajo infantil, junto con otras iniciativas del gobierno. (Véase el recuadro).

UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA: REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DE LAS EMPRESAS

Cómo los gobiernos pueden obligar a las empresas a cumplir la debida diligencia: las medidas de Brasil para eliminar el trabajo infantil en el cultivo de tabaco

Brasil, el segundo mayor productor de tabaco del mundo, ha tomado medidas para hacer cumplir la prohibición del trabajo infantil en el cultivo de tabaco y asegurar la rendición de cuentas tanto de los agricultores como de las empresas involucradas en la cadena de suministro. Debido a la peligrosa naturaleza del cultivo de tabaco, Brasil ha prohibido que los niños menores de 18 años trabajen en este cultivo y ha fijado sanciones lo suficientemente severas para disuadir a los agricultores de permitir que los niños trabajen en este sector. Las sanciones bajo el derecho brasileño se aplican no sólo a los agricultores, sino también a las empresas que adquieran el tabaco, creando un incentivo para que la industria del tabaco asegure que los niños no estén trabajando en las granjas de sus cadenas de suministro. La investigación de Human Rights Watch reveló que los contratos de las empresas con los agricultores generalmente incluían una prohibición explícita al trabajo infantil, así como sanciones financieras si se descubría que había niños trabajando. Las empresas también se aseguraron de enviar a “instructores” a las plantaciones para que visitasen a los agricultores varias veces durante cada cosecha del tabaco para recordarles que el trabajo infantil está prohibido.

Reconociendo que las prohibiciones no son suficiente para eliminar el trabajo infantil, Brasil también ha puesto en marcha programas sociales para las familias de menos recursos con el fin de aliviar la desesperación financiera que impulsa a los padres a enviar a sus hijos a trabajar. Aunque no es un sistema perfecto, el enfoque de Brasil presenta un ejemplo de cómo los gobiernos pueden abordar el trabajo infantil en las cadenas de suministro. El modelo de Brasil podría influir en las decisiones políticas en otros países productores de tabaco, en los que no se han tomado estas medidas.[22]

El papel de la OIT en el establecimiento de normas vinculantes en las cadenas mundiales de suministro

La OIT está bien situada para iniciar el proceso para desarrollar una nueva norma internacional jurídicamente vinculante sobre la debida diligencia de derechos humanos en las cadenas de suministro. La estructura tripartita de la OIT reúne a trabajadores, empleadores y gobiernos. Las Convenciones de la OIT han contribuido a hacer avanzar la protección de los derechos de los trabajadores a nivel mundial. En los últimos años, la OIT también ha abordado la cuestión de la debida diligencia en la cadena de suministro. Junto con la Corporación Financiera Internacional (IFC), la OIT ha puesto en marcha el Programa Mejor Trabajo, un mecanismo para supervisar las condiciones de trabajo en el sector textil.[23] El Protocolo de 2014 al Convenio sobre el trabajo forzoso —que todavía no está en vigor— también exige a las partes “apoyar la debida diligencia” para prevenir el trabajo forzoso.[24]

Empleadas de una fábrica de costura en Phnom Penh, capital de Camboya. Las mujeres constituyen aproximadamente el 90 por ciento de la fuerza laboral de la industria textil de Camboya, que produce ropa para muchas marcas internacionales. Human Rights Watch ha documentado que los trabajadores en muchas fábricas de Camboya están obligados a trabajar horas extra y son sometidos repetidamente a contratos de corta duración usados para discriminar a los organizadores sindicales y a las trabajadoras visiblemente embarazadas.

Por lo tanto, la OIT debería tomar la iniciativa en lograr una norma internacional vinculante para los derechos humanos en las cadenas globales de suministro.

Una norma voluntaria sobre la debida diligencia de derechos humanos: los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos

Las responsabilidades de derechos humanos de las empresas aparecen detalladas en una serie de normas internacionales no vinculantes, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y varios documentos orientativos de la OCDE específicos por sector.[25] Una nueva norma internacional jurídicamente vinculante sobre la debida diligencia de derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro debería partir de estas normas ampliamente aceptadas, basándose en el concepto de debida diligencia de derechos humanos propuesto en los Principios Rectores de la ONU (así como los estándares de la OCDE).

En virtud de los Principios Rectores de la ONU, las empresas deben garantizar que respetan los derechos humanos en sus propias actividades, así como a través de sus relaciones comerciales en las cadenas de suministro.

Los Principios Rectores de la ONU definen salvaguardias —incluyendo las llamadas medidas de debida diligencia de derechos humanos— con las que las empresas deben contar para identificar, mitigar y responder a los riesgos para los derechos humanos en todas sus cadenas de suministro.

Específicamente, los Principios Rectores de la ONU urgen a las empresas a:

  • Implementar una claro compromiso político para respetar los derechos humanos, integrado en todas las funciones relevantes de la empresa.
  • Desarrollar un proceso de debida diligencia de derechos humanos que debería:
    • Identificar y evaluar los impactos adversos actuales y potenciales en los derechos humanos;
    • Prevenir y mitigar los impactos adversos en los derechos humanos;
    • Comprobar si los impactos adversos de derechos humanos son abordados;
    • Comunicar externamente cómo los impactos adversos de derechos humanos están siendo abordados.
  • Asegurar que las personas perjudicadas puedan acceder a un mecanismo de remedio por cualquier impacto adverso de derechos humanos que una empresa haya causado o al que haya contribuido.[26]

Mientras que algunas empresas han hecho progresos a la hora de poner en práctica los Principios Rectores de la ONU, la naturaleza voluntaria de la norma hace que las empresas sean libres de eludir sus responsabilidades sin consecuencias. Incluso compañías que han hecho esfuerzos de buena fe para cumplir con sus responsabilidades de derechos humanos a menudo no lo han logrado, en parte porque carecen de la orientación sólida que necesitan en forma de una fuerte regulación gubernamental. Aún queda mucho por hacer. A continuación presentamos algunos ejemplos de la mala aplicación de los Principios Rectores de la ONU, en particular débiles compromisos políticos de la empresa, debida diligencia de derechos humanos y esfuerzos de reparación.

La falta de salvaguardias de derechos humanos adecuadas en las cadenas de suministro de las empresas

Compromisos políticos y acciones de derechos humanos débiles

En virtud de los Principios Rectores de la ONU, las empresas deben contar con una política clara de derechos humanos que detalle cómo la empresa tratará de garantizar su respeto por ellos. Sin embargo, muchas políticas empresariales o bien no cuentan con una o bien no la aplican adecuadamente.

Por ejemplo, muchas de las empresas de la construcción, ingeniería y gestión de proyectos de todo el mundo tienen operaciones en el lucrativo sector de la construcción de los estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. A pesar de los riesgos generalizados de violaciones graves de derechos humanos en estas actividades, incluyendo el uso de trabajo forzado, pocas empresas de construcción han adoptado políticas específicas para abordar estos riesgos y garantizar los derechos básicos de todos los trabajadores en su cadena de suministro.[27]

Atraídos por la promesa de trabajo, miles de hombres de India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal trabajan en la Isla Saadiyat en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), un proyecto de desarrollo donde se abrirán sucursales de los museos del Louvre y el Guggenheim, y un campus de la Universidad de Nueva York (NYU). El proyecto se ha convertido en un blanco de escrutinio público por el trato que EAU está dando a los trabajadores migrantes. La primera vez que Human Rights Watch reveló graves abusos de derechos humanos en Saadiyat fue en un informe de 2009. Una actualización del informe en 2015 destacó que sigue habiendo problemas significativos, a pesar de la institución de códigos de conducta para los contratistas. Entre ellos se destacan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en la isla, como el trabajo forzoso. Hoy en día la situación sigue suscitando mucha preocupación.

Human Rights Watch también encontró que a veces las empresas carecen de políticas específicas de trabajo infantil, a pesar de que es un problema que se produce en los países proveedores. Por ejemplo, en el momento de la investigación de Human Rights Watch sobre el trabajo infantil en el cultivo de tabaco en Estados Unidos en 2013, algunas compañías de tabaco no contaban con ninguna política de trabajo infantil, por lo que se remitían por defecto a las débiles protecciones en la legislación laboral de Estados Unidos.[28]

Insuficiente evaluación y seguimiento de los riesgos de violaciones de los derechos humanos

Las empresas deben tomar medidas para asegurarse de que conocen cuáles son los riesgos de violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro y deben vigilar y abordar estos riesgos de manera continua. Con el fin de evaluar correctamente los riesgos en su cadena de suministro, las empresas tienen que estar familiarizadas con todos los eslabones de su cadena de suministro.

En la práctica, las empresas a menudo no logran obtener una idea clara de los riesgos para los derechos humanos existentes en su cadena de suministro. Algunas ni siquiera identifican a todos los actores involucrados en su cadena de suministro.

Por ejemplo, Metalor, una de las principales refinerías de oro a nivel internacional con sede en Suiza, hizo compras a una empresa de exportación de oro de Ghana que no había rastreado el origen del oro que vendía. La empresa suiza reconoció que “no tenemos forma de saber (...) si el oro proviene del trabajo infantil”.[29] Metalor y otras refinerías de oro se han abastecido de oro de una cadena de suministro con un alto riesgo de trabajo infantil, sin tomar las medidas adecuadas para mitigar ese riesgo.[30]

Víctimas de la caída del edifico Rana Plaza en 2013 y sus familias se manifiestan en el lugar donde tuvo lugar el desastre, para reclamar una plena indemnización. El catastrófico derrumbe del edificio acabó con la vida de más de 1.100 trabajadores e hirió a más de 2.000.

No evaluar adecuadamente los riesgos de derechos humanos también pueden contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario, o las leyes de la guerra. Por ejemplo, una cadena minorista estadounidense adquirió ropa de cama de un fabricante ubicado en una zona industrial de un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada, antes de trasladarse a Israel en octubre de 2015. Hasta entonces, la cadena minorista importaba los productos producidos en el asentamiento, con lo que contribuía y se beneficiaba de la actividad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, lo que supone una violación del derecho internacional humanitario. La compañía también contribuyó y se benefició de los abusos de derechos humanos asociados con la ocupación. El fabricante se promocionaba en su sitio web como un exportador con “sede en Israel” y etiquetaba sus productos como hechos en Israel, pero el minorista —que parece haber estado al tanto del verdadero origen de las mercancías— incumplió su deber de realizar la debida diligencia para determinar el verdadero origen de los productos y asegurarse de que no contribuía a violaciones de las leyes humanitarias internacionales aplicables a la ocupación y los abusos de derechos humanos.[31]

Uno de los métodos para evaluar y monitorear los riesgos es llevar a cabo inspecciones en los lugares de producción. Sin embargo, las empresas no siempre llevan a cabo tales visitas. Las compañías que visitan los sitios de producción también pueden llevar a cabo inspecciones muy superficiales y avisar al empleador local con antelación. Como resultado, es posible que los abusos no sean detectados o puedan ser ocultados.[32]

Deficiencias en la prevención y mitigación de los abusos de derechos humanos

Una vez que las empresas han identificado los riesgos para los derechos humanos, deben tomar medidas para prevenir o mitigarlos. Dependiendo del contexto, éstas pueden incluir la puesta en marcha de inspecciones sorpresa periódicas, las obligaciones contractuales para los proveedores y la protección de los informantes, así como otras iniciativas.

Un niño utiliza tenazas para sumergir pieles en un pozo de químicos disueltos en una curtiduría de cuero de Hazaribagh. A pesar de que el derecho internacional vinculante en Bangladesh y las propias leyes laborales del país que prohíben emplear a niños menores de 18 años para desempeñar trabajos peligrosos, muchos niños trabajan en las curtidurías de cuero de Hazaribagh.

Muchas empresas no incluyen requisitos específicos de derechos humanos en los contratos con sus proveedores. Por ejemplo, bajo el derecho interno, la mayoría de los trabajadores del sector de la construcción en los Estados del Golfo no están cubiertos por protecciones laborales significativas, y la mayoría de las empresas de construcción no abordan esta brecha al insistir en que sus contratistas proporcionan una protección adecuada de los derechos. En algunos proyectos de alto perfil en los Estados del Golfo —tales como los proyectos asociados con la Copa del Mundo de 2022 en Qatar o en la Isla Saadiyat de Abu Dhabi—los códigos contractuales de protección de los trabajadores están en vigor para regular la conducta de los contratistas y subcontratistas, pero son más bien excepciones en lugar de la norma.[33]

Insuficiente auditoría externa sobre cuestiones de derechos humanos

Empresas de numerosos sectores contratan a auditores externos para verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas voluntarias, incluso todo lo relacionado con el abastecimiento responsable y el respeto de los derechos humanos. A veces también subcontratan a terceros la evaluación de los riesgos de derechos humanos.

Sin embargo, Human Rights Watch descubrió que, con frecuencia, estas auditorías no se centran lo suficiente en los derechos humanos, no son llevadas a cabo por expertos en derechos humanos o son demasiado limitadas en su alcance.

Por ejemplo, en la industria de los minerales preciosos, las normas voluntarias para el abastecimiento responsable tratan de asegurar el respeto por los derechos humanos además de otras metas, pero la verificación por terceros del cumplimiento por parte de la compañía de estas normas en ocasiones ha descuidado las cuestiones de derechos humanos. En un caso, Human Rights Watch halló que el resumen de una auditoría contra el estándar de abastecimiento responsable de Dubai para una refinería de oro en Emiratos Árabes Unidos no hacía mención alguna a los derechos humanos, y no incluyó ninguna visita a las minas de oro de las que la refinería se abastecía.[34]

En el sector del tabaco, Human Rights Watch encontró que en algunos casos auditores inspeccionaron plantaciones de tabaco en EE.UU., pero que estas inspecciones eran profundamente defectuosas. A veces los auditores no hablaban el idioma de los trabajadores, no entrevistaban a los trabajadores durante las visitas, llevaban a cabo sus visitas durante momentos del día o del año en los que era improbable que hubiera niños trabajando o anunciaban sus visitas con antelación.[35]

En Bangladesh, la debilidad de las auditorías sociales externas fue identificada como uno de los factores que contribuyeron al hundimiento del Rana Plaza. Según los sindicatos, estas auditorías a menudo abordaban las cuestiones de derechos de los trabajadores sólo de manera superficial o no lo hacían en absoluto.[36] Desde el desastre del Rana Plaza, la inspección de la seguridad contra incendios y de los edificios ha mejorado en los sectores de la confección y el calzado, sobre todo en Bangladesh.

Una gran empresa de auditoría, Ernst and Young, ha criticado el enfoque de “lista de control” en las auditorías que está “sesgado para la detección de errores administrativos y cuestiones de salud y seguridad con respuestas de sí o no” en las auditorías actuales de cumplimiento social en una amplia variedad de sectores y países.[37]

La falta de comunicación externa e información pública adecuadas

Con demasiada frecuencia, las empresas mantienen en secreto los resultados de sus inspecciones internas o externas, o publican sólo resúmenes de los informes de las auditorías. Mientras que cierta información podría legítimamente mantenerse confidencial, las empresas deberían informar públicamente sobre las medidas que hayan adoptado para llevar a cabo la debida diligencia de derechos humanos. La falta de información pública adecuada plantea un serio problema de rendición de cuentas. Si las empresas no dan a conocer las medidas que han adoptado para identificar, prevenir, mitigar o remediar los riesgos para los derechos humanos en sus cadenas de suministro, los abusos pueden ser ocultados, las empresas pueden eludir el escrutinio público y es mucho más difícil remediar los problemas.

Un ejemplo de débil comunicación pública externa es la mala calidad de los informes sobre las auditorías llevadas a cabo en las refinerías de oro acerca de las cadenas de suministro responsables de minerales. Las refinerías de oro han publicado síntesis de sus informes de cumplimiento y resúmenes de auditorías contra varias normas de abastecimiento responsable,[38] pero no los resultados completos. Una refinería ni siquiera ha publicado el resumen de su auditoría siguiendo la “Guía del Oro Responsable” de la Asociación del Mercado del Lingote de Londres (London Bullion Market Association).[39]

Sin embargo, algunas marcas revelan públicamente información sobre las fábricas que producen para ellas, lo que permite una mejor evaluación de riesgos. (Véase el recuadro).

UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA: LA DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LOS PROVEEDORES PERMITE UNA MEJOR EVALUACIÓN DE RIESGOS

La divulgación pública de proveedores en el sector textil y de calzado

Algunas marcas líderes como Adidas, Disney, H&M, Levis, New Balance, Nike, Patagonia y Puma publican regularmente listas de las fábricas que producen su ropa y calzado en sus páginas web.

Con la publicación de los nombres y las ubicaciones de las fábricas que producen para las empresas, éstas refuerzan su capacidad de prevenir y tomar las medidas oportunas para mitigar y remediar las violaciones de derechos labores en sus cadenas de suministro.

La divulgación de información por parte de algunas marcas en el sector textil y del calzado es un poderoso primer paso hacia una mayor transparencia.

Insuficiente reparación

Cuando las empresas han causado, contribuido o han sido directamente vinculadas a violaciones de derechos, deberían proporcionar reparación o cooperar en el remedio de estos abusos. Pero en la práctica, Human Rights Watch encontró una serie de casos en los que las empresas no tomaron ningún tipo de medida efectiva para garantizar el remedio de los derecho humanos que ocurrieron en sus cadenas de suministro.[40]

Un ejemplo positivo de remedio, a pesar de su limitado alcance, es el Acuerdo de Bangladesh legalmente vinculante sobre la Seguridad contra Incendios y la Seguridad de los Edificios. (Véase el recuadro).

UN PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA: PREVENIR, MITIGAR Y REMEDIAR

El Acuerdo de Bangladesh legalmente vinculante sobre la Seguridad contra Incendios y la Seguridad de los Edificios

En mayo de 2013, en el período inmediatamente posterior al hundimiento del Rana Plaza, más de 200 empresas de confección y calzado firmaron un acuerdo legalmente vinculante, por cinco años, con los sindicatos para mejorar la seguridad en la construcción de fábricas y la seguridad contra incendios en la industria textil de Bangladesh. Este acuerdo se centró en las serias deficiencias en las inspecciones de trabajo de Bangladesh sobre seguridad de los edificios, creó un sistema de inspección independiente y divulgó públicamente todas las fábricas cubiertas por el acuerdo, los informes de inspección y los planes de acción correctiva. El Acuerdo, a pesar de limitarse a incendios y cuestiones de seguridad de los edificios, supone un prometedor esfuerzo de colaboración para mejorar la debida diligencia.

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