Incluso en una región donde los ciudadanos son proclives a llevar sus quejas a la calle, las movilizaciones de Bolivia llaman la atención por su intensidad y duración. Los bloqueos que paralizaron gran parte del país durante siete semanas parecen haber llegado a su fin. Sin embargo, las condiciones que los desencadenaron siguen intactas. El gobierno boliviano debería aprovechar este margen de maniobra para fortalecer las instituciones del país y abrir canales efectivos de participación y diálogo con distintos sectores de la sociedad que ayuden a prevenir una nueva crisis.
Una grave crisis económica y la actuación de algunos actores políticos que persiguen sus propios intereses alimentaron las protestas que sacudieron al país. Sin embargo, las recurrentes olas de manifestaciones masivas en Bolivia reflejan una crisis más profunda del sistema de gobierno.
Las instituciones democráticas, incluido el sistema de justicia, no han logrado ofrecer mecanismos para la resolución pacífica de los conflictos. No sorprende que, tras años de deterioro, el apoyo a esas instituciones se encuentre en mínimos históricos. Las encuestas indican que solo alrededor del 12 por ciento confían en la justicia.
Una visita reciente que hicimos al sótano del Tribunal Constitucional nos dio evidencia tangible de por qué. Allí vimos pilas de expedientes pendientes de resolución: unos 22.000 en total. Muchos de ellos corresponden a solicitudes de revisión de la privación de la libertad de personas encarceladas. Según nos informaron, hay personas que esperan al menos tres años para obtener una decisión sobre la legalidad de su detención.
Mientras se desarrollaban las protestas, nos reunimos con las más altas autoridades del sistema judicial—en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado—, así como con miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y organizaciones de la sociedad civil. Escuchamos una y otra vez que, para los bolivianos, los tribunales no son un lugar donde puedan obtener justicia de manera justa ni en un plazo razonable.
La disfunción del sistema judicial contribuye a reducir los mecanismos para la resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional actualmente no puede pronunciarse sobre si una ley vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución, porque no tiene quórum. En esas circunstancias, la forma de oponerse a esa ley pasa a ser la movilización en las calles.
El sistema de justicia ha estado plagado de injerencias políticas e ineficiencia durante años, tal como lo han documentado Human Rights Watch y otras organizaciones.
En diciembre de 2023, cinco miembros del Tribunal Constitucional pospusieron el fin de sus mandatos indefinidamente, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Cuando finalmente fueron destituidos en noviembre de 2025, los otros magistrados del Tribunal encontraron más de 2.000 expedientes guardados en los cajones de sus oficinas, según nos dijo la actual presidenta del Tribunal, Paola Prudencio. Algunos de los expedientes llevaban allí hasta seis años.
Prudencio afirmó que los magistrados “autoprorrogados”, como se les conoce en Bolivia, elegían los casos sobre los que querían pronunciarse y emitían resoluciones inconsistentes y, a menudo, contradictorias. Era “jurisprudencia a la carta”, nos dijeron jueces y abogados. Para reemplazar a los “autoprorrogados” se requiere una elección nacional, ya que los magistrados de los tribunales superiores de Bolivia son elegidos por voto popular. Muchos expertos han argumentado que este sistema no ha logrado seleccionar jueces calificados para ocupar las altas cortes.
El nivel de corrupción judicial generalizado en Bolivia es sorprendente incluso en el contexto de una región donde este ya es un problema grave.
Un abogado de Santa Cruz de la Sierra nos dijo que “en el sistema judicial hay ‘tarifas’ para todo”. Por “tarifas” se refería a sobornos, ya que se supone que los servicios de justicia son gratuitos. Nos contó que la gente tiene que pagar habitualmente para que sus casos avancen, incluso para recibir notificaciones dentro de los procesos judiciales. Quienes pueden pagar más, tal vez puedan influir en cómo se desarrolla el proceso de notificación, incluso si se notifica a la otra parte tarde o no se le notifica en absoluto.
Los bajos salarios, los nombramientos temporales, la precariedad de la carrera judicial y la presión política hacen que los jueces y fiscales sean vulnerables a la corrupción y a las influencias externas, según nos dijeron abogados y jueces. También señalaron que las instituciones que se supone deben investigar y enjuiciar la corrupción con frecuencia no actúan, o lo hacen de manera selectiva, según sus intereses particulares.
Los jueces se quejan de la falta de recursos, y tienen razones para hacerlo. En 2024, el sistema de justicia recibió apenas el 0,46% del presupuesto del gobierno. Esto se traduce en una infraestructura muy deteriorada, escasez de personal capacitado y servicios deficientes o directamente inexistentes en muchas zonas del país. El 29 de junio, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otras autoridades judiciales amenazaron con iniciar una huelga a partir del 6 de julio si el gobierno no destina el 5% de su presupuesto al sistema de justicia. Sin duda, es necesario dar un debate serio sobre el aumento del financiamiento para la justicia. Pero inyectar más recursos en un sistema disfuncional sin acompañarlos de reformas estructurales difícilmente resuelva el problema de fondo, e incluso corre el riesgo de convertirse en dinero mal invertido.
Las fallas del sistema de justicia tienen un claro impacto en los derechos humanos. En un ejemplo claro, la evidente injerencia política durante años en la investigación de al menos 37 personas asesinadas durante las protestas de 2019 ha llevado a la impunidad, a pesar de que varios informes internacionales, incluido uno de Human Rights Watch, señalaron evidencia de que hubo ejecuciones extrajudiciales. La indignación por esas muertes sigue impulsando a los manifestantes hasta el día de hoy.
El defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya, nos contó que la Defensoría se prepara para dos épocas de gran actividad al año: una ola de protestas en abril y otra en octubre. Él las llama “jorobas de camello”. Durante esos períodos, su oficina despliega personal para monitorear las violaciones de derechos y los actos de violencia.
Este año, esas “jorobas” llegaron temprano al país. Miles de bolivianos marcharon en enero y luego a principios de mayo. Lo que comenzó como demandas salariales y oposición a las medidas económicas y legislativas adoptadas por el gobierno se convirtió en la demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el cargo apenas desde noviembre.
Los manifestantes bloquearon decenas de carreteras durante semanas desde principios del mes de mayo, lo que provocó una grave escasez de medicamentos y alimentos, especialmente en los alrededores de La Paz, ya que los suministros no podían llegar a su destino. Se han producido enfrentamientos entre los manifestantes y la policía durante los intentos del gobierno por reabrir las carreteras y crear “corredores humanitarios”.
Al menos una persona murió en circunstancias que siguen sin aclararse. A principios de junio, la Defensoría del Pueblo documentó que siete personas que necesitaban atención médica murieron porque no pudieron ser trasladadas a hospitales a tiempo debido a los bloqueos de carreteras.
A finales de junio, el presidente Paz llegó a un acuerdo con algunas organizaciones que impulsaban las protestas y desplegó a las fuerzas de seguridad para levantar los bloqueos restantes. Para evitar otra crisis, el presidente Paz debería abordar no solo los factores desencadenantes inmediatos, sino también las debilidades estructurales que conducen a ciclos de inestabilidad social.
Muchos bolivianos creen que el poder y el dinero importan más que la ley. Cuando los tribunales y otras instituciones democráticas no pueden ofrecer una vía creíble para resolver disputas, la gente tiende a buscar otras formas, como las movilizaciones callejeras y los bloqueos de carreteras, para hacer oír su voz.
Existe un amplio consenso en el país de que el sistema judicial es profundamente disfuncional y necesita una reforma integral. Los gobiernos anteriores, tanto de izquierda como de derecha, no tuvieron la voluntad política para hacerlo porque para quienes están en el poder resulta conveniente contar con jueces sumisos. El presidente Paz incluyó la reforma del sistema judicial entre sus prioridades legislativas. Debería cumplir con su promesa.
Puede que las rutas estén despejadas por ahora, pero eso no es garantía de que el país no vuelva a transitar otra joroba de camello dentro de unos meses. Bolivia necesita reparar urgentemente su sistema de gobierno. Este es el momento de hacerlo. Eso requiere un esfuerzo concertado por parte del gobierno y el Congreso, con amplia participación y aportes de la sociedad civil, a fin de emprender una reforma judicial seria, que se trate como política de Estado y no de gobierno, y sea capaz de abordar las fallas que alejan a las personas de los tribunales y las acercan a las calles.
