Carta a la Alta Representante de la UE sobre la situación en Guatemala

Kaja Kallas
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
1049 Bruselas, Bélgica

De mi mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en representación de Human Rights Watch, para expresarle nuestra profunda preocupación por la situación en Guatemala.

Acogemos con satisfacción los esfuerzos realizados por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para ayudar a proteger la democracia en Guatemala.[1] Ante el agravamiento de la persecución política encabezada por la fiscal general Consuelo Porras, instamos a la Unión Europea a ampliar sus sanciones y a adoptar otras acciones para proteger la democracia y el Estado de derecho.

Agradecemos la declaración pública de la Unión Europea en respuesta a la detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán ocurrida el 23 de abril en Ciudad de Guatemala. El Ministerio Público los acusó de “terrorismo” y otros delitos debido a su participación en protestas pacíficas durante las elecciones generales de Guatemala de 2023.[2] Pacheco y Chaclán, que entonces ejercían de presidente y tesorero de una organización de comunidades indígenas, conocida como los 48 Cantones de Totonicapán, participaron en protestas en respuesta a los intentos de la fiscal general Porras y de otras personas para revertir ilegalmente el resultado de las elecciones. Pacheco ocupa actualmente el cargo de viceministro de Desarrollo Sostenible.

Durante una conferencia de prensa el 23 de abril, fiscales de la Fiscalía contra el Crimen Organizado afirmaron que los cargos contra Pacheco y Chaclán surgen de denuncias penales no especificadas relacionadas con bloqueos de calles durante las protestas de 2023.[3] También señalaron que Pacheco y Chaclán cometieron los delitos de asociación ilícita, sedición y terrorismo, entre otros. Los fiscales afirmaron, aunque no presentaron pruebas al respecto, que los manifestantes pretendían tomar la sede del Ministerio Público. También emitieron órdenes de detención contra otros seis miembros de los 48 Cantones.

Aunque los actos que los fiscales atribuyen a Pacheco y Chaclán no constituyen terrorismo bajo ninguna definición razonable de este delito, el 25 de abril la juez Carol Patricia Flores ordenó que ambos permanecieran en prisión preventiva.[4]

Como usted sabe, los cargos contra Pacheco y Chaclán son parte de un esfuerzo más amplio liderado por la fiscal general Porras por impulsar procesos penales abusivos contra miembros de la administración del presidente Bernardo Arévalo y contra aquellas personas que apoyaron la transición de poder tras las elecciones de 2023.[5]

El Ministerio Público ha iniciado al menos 17 investigaciones contra altos funcionarios del gobierno, y ha solicitado a la Corte Suprema al menos 11 veces que retire la inmunidad del presidente Bernardo Arévalo, para que pueda ser investigado penalmente. Seguimos con gran preocupación los reportes acerca de las iniciativas en la Corte Suprema y el Congreso para despojar al presidente Arévalo de su inmunidad e investigarlo sobre la base de estos casos que, según nuestras investigaciones, responden a motivaciones políticas y se sustentan en evidencias dudosas.[6]

También nos preocupa que el Ministerio Público continúe promoviendo investigaciones penales espurias contra periodistas, fiscales y jueces independientes. Entre ellos se encuentran José Rubén Zamora, fundador y director del medio de comunicación elPeriódico, y Stuardo Campo, fiscal anticorrupción, ambos actualmente detenidos.[7]

Instamos a la UE y a sus Estados miembros a que amplíen las medidas restrictivas, incluidas la congelación de activos y la prohibición de viajes, en el marco de su apoyo a la democracia y su régimen de medidas restrictivas. En particular, instamos a que se consideren sanciones adicionales contra los siguientes funcionarios responsables de debilitar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala:

• Felipe Alejos Lorenzana, miembro del Congreso, lidera un esfuerzo para reemplazar las autoridades del Congreso con el fin de facilitar investigaciones legislativas contra el presidente Arévalo basadas en casos espurios presentados por el Ministerio Público.[8] Fiscales han investigado a Alejos por presuntamente facilitar sobornos y otros pagos a miembros del Congreso a cambio de su apoyo para nombrar jueces que garantizaran impunidad en investigaciones por corrupción.[9] Estados Unidos y el Reino Unido han sancionado a Alejos por estos presuntos actos de corrupción que socavan la independencia judicial.[10]
• Alvaro Arzú Escobar, miembro del Congreso, ha respaldado procesos penales espurios destinados a revertir los resultados electorales de 2023. En diciembre de 2023, Arzú votó a favor de levantar la inmunidad de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que pudieran ser investigados penalmente en procesos políticamente motivados diseñados para socavar la credibilidad de las elecciones de 2023.[11] Estados Unidos lo sancionó, junto con varios otros miembros del Congreso, por socavar la democracia y el Estado de derecho.[12] En 2025, el gobierno de Estados Unidos le dio un visado nuevamente. Arzú lidera un esfuerzo para reemplazar a las autoridades del Congreso a fin de facilitar acciones contra el presidente Arévalo basadas en casos espurios presentados por el Ministerio Público.[13]
• Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal regional, desempeña un papel clave en el Ministerio Público bajo el mandato de Porras. En enero de 2025, la fiscal general Porras lo designó como su sucesor en caso de ausencia temporal.[14] Jiménez y Jiménez ha respaldado públicamente procesos penales espurios, incluido un caso de noviembre de 2023 contra el entonces presidente electo Arévalo y la entonces vicepresidenta electa Karin Herrera por su apoyo a protestas pacíficas en la Universidad de San Carlos.[15]
• Luis Mauricio Corado Campos, magistrado de la Corte Suprema, ha sido investigado y señalado por su presunto rol en un esquema de tráfico de influencias relacionado con nombramientos en la Corte Suprema y cortes de apelación en 2019.[16] Corado Campos también habría liderado los esfuerzos para reemplazar al juez Erick García, quien ordenó la liberación del periodista José Rubén Zamora.[17]
• Carol Patricia Flores Polanco, jueza, ha autorizado varios procesos penales abusivos. Flores Polanco dictó prisión preventiva contra Pacheco y Chaclán.[18] Anteriormente, ordenó la detención de destacados exfuncionarios de justicia, entre ellos, la exfiscal general Thelma Aldana y de funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en casos espurios.[19] En 2015, la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitaron a los tribunales que levantaran la inmunidad de Flores Polanco para investigarla por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.[20]
• Víctor Manuel Cruz Rivera, juez, ha avalado reiteradamente procesos penales espurios impulsados por el Ministerio Público. Entre otros, Cruz Rivera envió a prisión preventiva al exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.[21] También autorizó una investigación contra estudiantes por su participación en manifestaciones pacíficas en la Universidad de San Carlos.[22] En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cruz en su lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos por “obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción retrasando indebidamente los procedimientos judiciales”.[23]
• Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez, ha socavado las instituciones democráticas al iniciar procesos penales abusivos contra periodistas y exfuncionarios de la CICIG. Ordenó la detención de Claudia González, exfuncionaria de la CICIG, bajo cargos espurios de “abuso de autoridad”.[24] También presidió procesos penales contra el periodista José Rubén Zamora y otros periodistas de elPeriódico a quienes los fiscales acusaron de “obstrucción a la justicia” por escribir artículos de opinión sobre la detención de Zamora.[25] En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Bremer Ramírez en su lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos por “autorizar cargos criminales políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión”.[26]

Además de ampliar la lista de sanciones, instamos a la UE y a sus Estados miembros a:

• Dar seguimiento constante de la situación de derechos humanos en Guatemala, prestando especial atención a los procesos penales arbitrarios impulsados por el Ministerio Público y a los preparativos para los procesos clave de 2026 para nombrar a un nuevo fiscal general, a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral y al Contralor General de Cuentas;
• Examinar la posible responsabilidad de otros actores—incluidos magistrados, miembros del Congreso y miembros del sector privado—que podrían ser cómplices de violaciones de derechos humanos;
• Considerar la posibilidad de aumentar el apoyo financiero e institucional a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y las instituciones democráticas;
• Recordar a las autoridades guatemaltecas y al sector privado que “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales” constituye un “elemento esencial” del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica;
• Supervisar el proceso judicial contra Pacheco y Chaclán, así como otras investigaciones por motivos políticos contra funcionarios del presidente Arévalo y periodistas, fiscales y jueces independientes, y solicitar acceso a las audiencias;
• Trabajar conjuntamente con los gobiernos de América Latina para condenar las decisiones del Ministerio Público que violan los derechos humanos en Guatemala.

Le agradecemos su atención y quedamos a su disposición si tiene alguna pregunta.

Philippe Dam
Director, Incidencia en la UE
Human Rights Watch

Juanita Goebertus
Directora, División de las Américas
Human Rights Watch