Es posible que haya leído mucho en las noticias recientemente sobre aranceles, especialmente desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el 2 de abril aranceles a la importación de bienes de prácticamente todos los países.
Muchos superaban el 40 por ciento, aunque una semana después "pausó" estos aranceles por encima del 10 por ciento de referencia, excepto para China.
Los aranceles se aplican a los bienes comprados a otros países. Suelen ser un porcentaje del valor de un producto. Pueden ser una herramienta importante para proteger o desarrollar las industrias nacionales, pero también pueden elevar los precios.
Los aranceles están recibiendo mucha atención por trastornar la economía mundial, pero forman parte de una historia económica y -también- de derechos humanos más amplia.
La promesa de reconfigurar la economía, clave en la campaña de reelección de Trump, aprovechó la sensación generalizada entre muchos votantes estadounidenses de que estaban siendo estafados financieramente porque los salarios no estaban a la altura del aumento de los precios.
Los nuevos aranceles ilustran el peligro de emprender reformas económicas sin tener en cuenta los derechos humanos de las personas.
Las economías deben transformarse para garantizar que todos puedan disfrutar de sus derechos a la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria, la educación, la seguridad social y otros derechos económicos, sociales y culturales. Pero el planteamiento de Trump no da ninguna consideración evidente a estos derechos ni ningún otro.
Los aranceles son tan amplios que muchos economistas esperan que sean inflacionistas, perjudicando a los que más luchan.
No solo no hay un plan para ayudar con el impacto negativo inmediato en las personas (los bienes cuestan más), sino que los aranceles también se combinan con políticas que ya están haciendo las cosas más difíciles para muchos.
La administración Trump ha recortado miles de millones en gastos y despedido a miles de empleados públicos, muchos de ellos negros, diezmado programas vitales para la sanidad, la educación y otros derechos.
Al mismo tiempo, se han debilitado las normas anticorrupción y se están impulsando recortes fiscales para los más ricos.
Estas medidas son lo contrario de una economía alineada con los derechos humanos -o también llamada economía de los derechos humanos, que basa las decisiones económicas en su impacto sobre el bienestar de las personas y el planeta.
Esto se puede aplicar a los aranceles. He aquí cómo: Sopesando cuidadosamente el riesgo de aumentar los precios de productos de primera necesidad como los alimentos y la vivienda frente a los beneficios potenciales.
Las políticas arancelarias deben formar parte de un conjunto más amplio de reformas que promuevan los derechos. Por ejemplo, utilizando los nuevos ingresos para reforzar los servicios públicos y la seguridad social.
Y esto es exactamente lo que debería hacer Estados Unidos. Porque el problema no es que el país esté siendo estafado por países extranjeros e inmigrantes, como alega Trump. Todo el mundo en Estados Unidos tiene derecho a un salario digno, acceso a la sanidad y una vivienda adecuada.
Esto se puede solucionar sin hacer la vida más difícil a la gente; se puede solucionar con una economía de derechos humanos.
