Todos aquellos en Estados Unidos a quienes les guste pensar que viven en un país libre deberían estar indignados por el caso de Rumeysa Ozturk.
El video de la estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts detenida en la acera cerca de su casa en un suburbio de Boston es escalofriante. Muestra a media docena de individuos con el rostro cubierto que rodean a Ozturk, la agarran y se la llevan.
El único "delito" de Ozturk -la razón aparente por la que los agentes federales enmascarados la sacaron de la calle- fue que había escrito algo que al gobierno no le gustaba. Concretamente, algo que no gustaba a la administración Trump.
Ozturk era coautora de un artículo de opinión en un periódico estudiantil. En él destacaba acusaciones creíbles de atrocidades cometidas por el gobierno de Israel en Gaza, y vinculaba a su vez informes de la ONU y de Amnistía Internacional. El artículo también pedía a la Universidad de Tufts que "reconociera el genocidio palestino" y retirara las inversiones relacionadas con Israel.
¿Era controvertido el artículo? Tal vez, dependiendo de tu opinión sobre las creíbles acusaciones de atrocidades cometidas por el gobierno israelí en Gaza. ¿Fue el artículo criminal? Obviamente no.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dice que Ozturk "participó en actividades de apoyo a Hamás". La palabra "Hamás" ni siquiera aparece en el artículo de comentario escrito conjuntamente. De nuevo, se trata de políticas universitarias a la luz de acusaciones creíbles de que el gobierno israelí está cometiendo atrocidades.
El caso de Ozturk no es un caso aislado. Es un incidente más en el esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense por detener y deportar arbitrariamente a estudiantes y académicos internacionales en represalia por sus puntos de vista políticos y su activismo en relación con Palestina.
Ozturk es de Turquía. Está en Estados Unidos con un visado de estudiante.
Por cierto, esto no significa que de alguna manera pierda su derecho a la libertad de expresión. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Estados Unidos ratificó en 1992, los no ciudadanos tienen derecho a tener opiniones y a expresarlas.
Castigar a las personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión es una violación de la legislación internacional sobre derechos humanos.
A pesar de ello, la administración Trump está llevando a cabo una amplia campaña de represión contra estudiantes y académicos no ciudadanos que sostienen opiniones que no son del agrado del gobierno. Los casos de Mahmoud Khalil y Yunseo Chung también han merecido la atención de los medios, como el de Ozturk, pero lo que está ocurriendo va mucho más allá de unos pocos individuos.
La administración afirma que ya ha revocado cientos de visados de estudiante.
Lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos es ya bastante indignante. Pero también, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué opiniones políticas serán el próximo blanco del gobierno? ¿Quién será el próximo secuestrado en la calle por un grupo de enmascarados por el mero hecho de expresar una opinión que no le gusta al gobierno?
Como dice John Raphling, de HRW: "Las acciones de la administración Trump son un ataque a la libertad de expresión y amenazan los fundamentos mismos de una sociedad libre".
