Como bien saben los lectores de este boletín, la situación de los derechos humanos en Afganistán es espantosa, y el país se enfrenta a una catástrofe humanitaria.
Las autoridades paquistaníes son sin duda muy conscientes de ello. Y, sin embargo, obligan a los refugiados afganos a regresar a Afganistán.
En enero, el Ministerio del Interior de Pakistán anunció que los afganos sin documentos oficiales de residencia debían abandonar las ciudades de Islamabad y Rawalpindi o serían deportados. Incluso los afganos que posean documentos apropiados que se supone que permiten a los refugiados permanecer en Pakistán, como la tarjeta de prueba de registro, deben marcharse antes del 30 de junio.
Ésta es sólo la última de una serie de políticas y medidas de las autoridades paquistaníes contra los refugiados afganos.
Una oleada anterior de deportaciones y expulsiones, desde septiembre de 2023 hasta enero de 2024, expulsó a más de 800.000 afganos a Afganistán. Muchos de ellos habían nacido en Pakistán o llevaban décadas viviendo allí.
La policía paquistaní ha asaltado casas, golpeado y detenido arbitrariamente a personas y confiscado documentos de los refugiados, incluidos sus permisos de residencia. Han exigido sobornos para permitir a los afganos permanecer en Pakistán.
Estos abusos parecen casi calculados para coaccionar a los refugiados afganos a marcharse. La mayoría de los afganos que han regresado a Afganistán han mencionado que el motivo por el que se marcharon fue el temor a ser detenidos por las autoridades paquistaníes.
Cuando llegan a Afganistán, se encuentran con la desastrosa situación de los talibanes.
Las perspectivas para las mujeres y las niñas son más que sombrías. Los talibanes han prohibido que las niñas y las mujeres cursen estudios superiores al sexto grado, les impiden acceder a muchas formas de empleo y restringen sus movimientos en público. Una mujer ni siquiera puede salir de casa sin la compañía de un hombre de la familia.
Pero no sólo las mujeres y las niñas se enfrentan a dificultades. La economía está en ruinas, el desempleo es generalizado y el sistema sanitario se ha colapsado. Más de 22 millones de afganos, casi la mitad de la población, necesitan ayuda alimentaria de emergencia y otros tipos de asistencia. Unos 3,5 millones de niños y niñas sufren desnutrición aguda.
Mientras tanto, los niveles de ayuda exterior están en claro declive.
Los afganos que trabajaron anteriormente en el gobierno o en otros puestos destacados corren un riesgo especial si se les envía de vuelta. Se enfrentan a una amenaza real de persecución, tortura o muerte. Es probable que su devolución incumpla las obligaciones de Pakistán en virtud del derecho internacional.
Las autoridades paquistaníes seguramente saben todo esto y, sin embargo, no hacen más que aumentar la presión sobre los refugiados afganos para que regresen.
Pakistán no es el único que ignora la realidad de Afganistán, por supuesto. Alemania y otros países también han puesto a veces en peligro a los afganos deportándolos a Afganistán. Es indignante e inconcebible.
Pero las cifras que estamos viendo ahora con Pakistán son enormes. Unos 800.000 refugiados afganos se vieron obligados a regresar a Afganistán en la última campaña de Pakistán.
No se sabe cuántos cientos de miles más se verán atrapados en esta nueva ofensiva si los dirigentes pakistaníes no cambian de rumbo.
