El foco puesto por la administración Trump en deportar a inmigrantes ha implicado que muchas personas que fueron adoptadas en forma internacional se encuentren en una situación cada vez más vulnerable. Estas personas fueron traídas a Estados Unidos por madres y padres adoptivos que, por diversas razones, no lograron conseguirles estatus legal o ciudadanía por naturalización, y ahora enfrentan la amenaza de que se las deporte del único hogar que conocen.
Durante décadas, las adopciones internacionales aprobadas por tribunales y organismos gubernamentales no garantizaron en forma automática la ciudadanía estadounidense. Recién la Ley de Ciudadanía de Niños y Niñas (Child Citizenship Act) de 2000 concedió ciudadanía automática a las personas adoptadas internacionalmente; sin embargo, cuando entró en vigor en 2021, solo se aplicó a quienes tuvieran menos de 18 años y a futuras adopciones. Excluyó a quienes llegaron antes del 27 de febrero de 1983, así como a quienes fueron traídos a Estados Unidos con visas de turismo o por motivos de salud, una vía que posiblemente haya parecido rápida y sencilla para algunas madres y padres adoptivos, pero que implicó que sus hijas e hijos adoptados no tuvieran estatus legal una vez vencidas esas visas.
En la comunidad de personas adoptadas sin ciudadanía, muchos temen el impacto que podría tener el discurso del presidente Donald Trump sobre deportaciones masivas y políticas de inmigración más rigurosas, como la orden ejecutiva orientada a “expulsar rápidamente a todas las personas extranjeras que ingresen o permanezcan en violación de la legislación federal”. Algunas de estas personas adoptadas tienen un estatus legal incierto debido a que excedieron el período contemplado en sus visas. Otras de estas personas, si bien están legalmente en EE. UU., permanecen sujetas a la posibilidad de deportación si tienen antecedentes penales, incluso por infracciones relacionadas con drogas, como la posesión de marihuana.
Algunas personas adoptadas internacionalmente no advirtieron que no tenían estatus legal como inmigrantes o ciudadanos estadounidenses hasta que intentaron gestionar pasaportes o ayuda económica. Es posible que muchas todavía no lo sepan. Las estimaciones acerca de cuántas personas adoptadas no tienen ciudadanía oscilan entre 18.000 y 75.000, y se cree que alrededor de 18.000 serían personas adoptadas de nacionalidad coreana.
Incluso antes del segundo mandato de Trump, las deportaciones no eran nada nuevo para la comunidad de personas adoptadas. Según algunas fuentes, en los últimos años se ha deportado a 35 personas adoptadas desde Estados Unidos a sus países de origen. Un adoptado de nacionalidad coreana se quitó la vida tras tener dificultades en su nuevo hogar; y otro inició acciones legales contra un sistema que sentía que le había fallado. Otras personas adoptadas todavía tienen la esperanza de volver a EE. UU.
A lo largo de los años, se han presentado proyectos legislativos para salvar los vacíos legales que permiten que haya personas adoptadas sin estatus de inmigración legal o ciudadanía, pero ninguno ha prosperado. El Congreso tiene ante sí la oportunidad de acometer este problema ahora mismo: la Ley de Ciudadanía de Personas Adoptadas (Adoptee Citizenship Act) de 2024 posibilitaría que todas las personas que fueron objeto de adopción internacional obtengan la ciudadanía y que las personas adoptadas que fueron deportadas puedan regresar y conseguir la reunificación familiar.
