Uno de los pocos rayos de luz en un 2024 por lo demás sombrío fue la destitución de la Primera Ministra Sheikh Hasina en Bangladesh en agosto. El derrocamiento de su gobierno corrupto y brutal -sostenido durante tres elecciones injustas consecutivas- dio al país la oportunidad de una reforma sistemática: alejarse de la autocracia y acercarse a la democracia.
Por supuesto, esta oportunidad de cambio ha tenido un alto precio. Casi 1.000 bangladeshíes perdieron la vida luchando por la democracia, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad del país.
La mejor manera de honrar su sacrificio es arraigar firmemente las reformas democráticas, incluido el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos. También es necesario impulsar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en el pasado por las fuerzas de seguridad, como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, vigilancia y tortura.
El gobierno provisional, encabezado por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, ha mostrado un importante compromiso con la aplicación de reformas y la celebración de elecciones libres y justas. Han retirado muchos casos por motivos políticos archivados por la administración anterior. Han cesado las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. La gente dice que puede hablar libremente.
En febrero, una comisión dirigida por Yunus va a empezar a aplicar reformas en el sistema electoral, la justicia, la administración pública, la policía, la oficina anticorrupción y la Constitución.
En resumen, parece que las cosas avanzan con rapidez y determinación en Bangladesh.
Sin embargo, no todo va en la buena dirección. Human Rights Watch ha constatado que, desde la destitución de Hasina, siguen repitiéndose los mismos patrones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Sólo que hoy los objetivos son antiguos partidarios de la Liga Awami de Hasina, incluidos periodistas. La policía vuelve a detener arbitrariamente a personas y a presentar denuncias penales masivas contra personas anónimas, lo que le permite intimidar y amenazar prácticamente a cualquiera con la detención.
En los dos primeros meses desde la toma de posesión del gobierno interino, se presentaron más de 1.000 casos policiales contra decenas de miles de personas, principalmente miembros de la Liga Awami, acusándolas de asesinato, corrupción u otros delitos.
Por supuesto, tiene que haber justicia para los crímenes del pasado. Los responsables de los abusos cometidos durante el gobierno anterior deben rendir cuentas.
Pero las denuncias masivas sin pruebas adecuadas no hacen sino socavar la justicia y abrir el camino de vuelta al pasado de abusos.
Hay mucha gente fuera de Bangladesh que desea que esta transición democrática funcione y puede aportar su experiencia. El gobierno debe solicitar asistencia técnica, supervisión e informes a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y a otros expertos en derechos de la ONU.
Los actuales dirigentes están intentando deshacer 15 años de autocracia cada vez más arraigada. Es una tarea monumental. Recurrir a los expertos en derechos de la ONU mejorará sus posibilidades de éxito.
