En las primeras horas de la mañana del 25 de octubre de 2004, más de 1.000 hombres, mujeres y niños musulmanes de etnia malaya se reunieron frente a la comisaría de policía del distrito de Tak Bai, en el sur de Tailandia.
Algunos estaban allí para protestar por lo que consideraban la injusta detención de seis voluntarios de la defensa del pueblo, detenidos por proporcionar supuestamente armas del gobierno a insurgentes separatistas.
Otros dijeron que fueron a Tak Bai para ir al mercado y se quedaron atrapados entre la multitud. Algunos dijeron que eran transeúntes que solo estaban observando lo que ocurría.
La situación se caldeó, y lo que siguió sólo puede describirse como una masacre.
Siete manifestantes murieron por disparos. El ejército hacinó a unas 1.300 personas en 26 camiones militares y las trasladó a un centro de detención militar situado a más de 150 kilómetros, donde 78 murieron aplastadas. El ejército retuvo a los demás durante varios días sin atención médica adecuada, lo que provocó amputaciones y otras lesiones graves.
Hoy, 20 años después, los gobiernos tailandeses sucesivos no han conseguido llevar ante la justicia a los ex funcionarios acusados de asesinato y otros delitos relacionados con la masacre, a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra.
Las víctimas de esta violenta represión y sus familias nunca han desistido en su búsqueda de justicia.
A principios de este año, las víctimas de Tak Bai y sus familias presentaron una demanda y el fiscal general de Tailandia presentó otro caso en septiembre. En total, se ha acusado a 14 funcionarios; todos han huido y ahora se enfrentan a órdenes de detención.
Esto podría parecer un avance, de no ser porque el artículo 95 del Código Penal tailandés establece un plazo de prescripción de 20 años, lo que significa que no se pueden emprender nuevas acciones legales.
A la vista de la injusticia que durante décadas han sufrido las víctimas de Tak Bai, con mayor razón el gobierno tailandés debería modificar este artículo.
