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Alto a la tortura en Ruanda

Boletín informativo, 15 de octubre de 2024

Una ilustración del «Yordani», un lugar de tortura dentro de las prisiones de Nyarugenge y Rubavu, en Ruanda, donde se obligaba a los detenidos a introducirse en un tanque lleno de agua sucia, para sumergirlos y a continuación golpearlos.  © 2024 John Holmes for Human Rights Watch

¿Cómo puede empezar a cambiar un país en el que la tortura es habitual?

Las autoridades de Ruanda someten a menudo a tortura a las personas detenidas. Lo han hecho en prisiones y cárceles oficiales, así como en instalaciones no oficiales. Mediante palizas, la inmersión en agua, simulacros de ejecución, descargas eléctricas y otras brutalidades, los funcionarios ruandeses llevan décadas torturando a la gente.

También llevan décadas saliéndose con la suya, y estos dos hechos están claramente relacionados. Cuando quienes cometen torturas saben que no se enfrentarán a ninguna pena por ello, siguen haciéndolo sin preocupaciones. Aunque, por supuesto, la tortura es ilegal, las autoridades hacen caso omiso de las denuncias, por lo que la tortura sigue siendo una práctica habitual.

Un caso reciente, sin embargo, rompió con esta práctica tan arraigada. Se celebró un juicio histórico sobre tortura, agresión y asesinato en la prisión de Rubavu, al oeste de Ruanda. El hecho de que se celebrara el juicio fue algo muy inusual, y el Tribunal Superior de Rubavu también dictó condenas.

El director de la prisión, Innocent Kayumba, fue declarado culpable de la agresión y asesinato de un detenido en 2019. El Tribunal lo condenó a 15 años de prisión y a una cuantiosa multa. Otros dos funcionarios de prisiones y siete presos, acusados de actuar bajo instrucción, fueron declarados culpables de golpear y matar a presos.

El juicio supuso un cambio positivo, si bien fue sólo justicia parcial. Hubo varios problemas.

Los funcionarios fueron condenados por agresión y asesinato, pero no específicamente por tortura, que conlleva una pena mayor. Varios altos funcionarios de prisiones escaparon a la condena a pesar de las pruebas aparentemente irrefutables contra ellos. Los presos a los que se ordenó golpear a otros detenidos fueron condenados a penas más largas que los que les dieron las órdenes: hasta 25 años.

Aun así, el juicio y las condenas dan cierta esperanza, porque demuestran que otro camino es posible. Ruanda es un país donde las autoridades niegan que se practique la tortura, por lo que se trata de un avance significativo.

Sin embargo, que marque realmente un punto de inflexión en la forma en que el país aborda la tortura depende de lo que ocurra después. El gobierno debe llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la tortura en las prisiones. Deben cooperar con los expertos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de las Naciones Unidas y pedirles ayuda.

Pero si las autoridades ruandesas no hacen nada, si el histórico juicio es sólo un acontecimiento aislado y si los funcionarios de prisiones siguen cometiendo crímenes brutales contra los detenidos, es probable que la tortura en Ruanda siga siendo una práctica habitual.

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