(Austin, 19 de marzo, 2024) – El pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de EE. UU. el 19 de marzo de 2024, que habilita a policías estatales de Texas a arrestar y deportar personas que los agentes sostengan que entraron ilegalmente a EE. UU. mientras la justicia federal estudia la constitucionalidad de estos poderes, pone en peligro inmediato a personas que temen sufrir persecución, indicó hoy Human Rights Watch.
También otorga facultades de control migratorio desproporcionadas y excesivamente amplias a agentes de la fuerza pública estatal y local. El pronunciamiento permite que la ley entre en vigor mientras la impugnación judicial tramita en los tribunales federales.
La Ley SB 4 de Texas, que será analizada por la Corte Suprema, permitirá que policías estatales y locales arresten a migrantes que ingresen en Texas por lugares ubicados entre los cruces fronterizos oficiales y acusen a esas personas del delito de ingreso indebido, acto que se castiga con una pena de hasta un año de prisión, o de reingreso indebido, que acarrea una pena de 2 a 20 años. La ley permite al estado ordenar la expulsión de migrantes en vez de imponer una sanción penal, incluso cuando esas personas podrían solicitar asilo debido al temor de persecución u otro daño grave en caso de ser deportadas.
El retorno de solicitantes de asilo a un lugar donde temen ser objeto de persecución u otro daño grave resulta violatorio del derecho federal estadounidense, así como de las obligaciones de EE. UU. conforme al derecho internacional de los derechos humanos y los refugiados, expresó Human Rights Watch.
La nueva ley tendría vigencia en todo Texas y es probable que potencie la práctica de perfilamiento racial, desborde a los tribunales estatales y colme las cárceles. También es probable que distraiga a la policía de otras tareas relacionadas con la seguridad pública al exigirle que, en cambio, se centre en arrestar y procesar penalmente a personas que intentan reunirse con sus familias, encontrar protección o tener una vida mejor. Diversas organizaciones de derechos civiles y el gobierno federal de EE. UU. han impugnado la medida por motivos constitucionales.
Otra nueva ley estatal de Texas que entró en vigor en febrero establece una pena obligatoria mínima de 10 años de cárcel para quienes se determine que son culpables de contrabando o de administrar un “vivienda escondite”. Human Rights Watch concluyó que la gran mayoría de las miles de personas a quienes la policía procesó por contrabando invocando la legislación vigente en Texas eran jóvenes texanos, que a menudo lo único que habían hecho era conducir a personas desde comunidades en la frontera hacia otras partes de Texas. Casi el 80% de las personas fichadas por la policía por contrabando eran ciudadanos estadounidenses, con una edad promedio de 26 años. Casi el 13% tenía 18 o 19 años de edad.
Además, otra ley aprobada en 2023 incrementa en más del doble los fondos destinados a continuar la construcción de un muro en la frontera, y agrega USD 1.540 millones a un presupuesto que ya era de casi USD 1.500 millones para construir 40 millas de barreras a lo largo de las 1.200 millas de extensión de la frontera entre Texas y México.
Las leyes refuerzan el traslado de migrantes dispuesto por el gobernador Greg Abbott hacia ciudades con autoridades demócratas (una maniobra que se publicitó ampliamente), así como a su Operación Lone Star. Esta operación discriminatoria y abusiva está dirigida a aquellos a quienes se percibe como migrantes y a otras personas con el objeto de arrestarlos, procesarlos penalmente y encarcelarlos en función de infracciones o delitos graves estatales, además de construir muros e instalar “barreras de boyas” y alambre de púas a lo largo de la frontera.
“La Operación Lone Star se ha expandido hasta convertirse en un programa del gobierno estatal que tiene múltiples niveles y un costo de casi USD 12.000 millones, conformado por leyes innecesariamente severas, que ha provocado numerosos casos de muertes y cientos de heridos entre migrantes y ciudadanos estadounidenses”, expresó Libal. “Que no quepan dudas: la Operación Lone Star pone vidas en riesgo y despilfarra de manera imprudente recursos públicos”.
Si bien no existen evidencias de que la Operación Lone Star haya frenado la migración, el programa ha dado lugar a lesiones y muertes, violó de manera sistemática derechos de migrantes y ciudadanos estadounidenses e incluyó ataques a las libertades de asociación y expresión de grupos que brindan ayuda básica en Texas, dijo Human Rights Watch.
Las persecuciones peligrosas de vehículos en los cuales se cree que hay migrantes, y que se realizan en el marco de la Operación Lone Star, han provocado colisiones en las que murieron al menos 74 personas y como mínimo, otras 189 resultaron heridas en un período de 29 meses, según un informe de Human Rights Watch publicado en noviembre. Entre los muertos y heridos había migrantes y ciudadanos estadounidenses, incluidos numerosos transeúntes.
Es muy probable que la Operación Lone Star haya fortalecido a actores ilegales que lucran con el mayor temor de los migrantes y que haya obstaculizado o impedido la posibilidad de que las personas pidan asilo en Estados Unidos, un derecho que les corresponde conforme a la legislación estadounidense. Las ganancias que obtienen los cárteles delictivos aumentan cuando los migrantes intentan entrar a EE. UU. viajando por territorios remotos y letales.
“La norma SB 4 de Texas y todos los componentes de la Operación Lone Star están ayudando a los cárteles delictivos a incrementar su lucro y su poder coercitivo sobre los migrantes y las comunidades fronterizas”, apuntó Libal. “El gobierno federal debe cesar de inmediato todo tipo de financiamiento y colaboración con la Operación Lone Star mientras Texas continúe por este camino peligroso y letal”.
