Cuando por fin se acuerda una legislación largamente debatida, optimistas y pesimistas suelen discutir sobre si el resultado de las negociaciones políticas es un teórico vaso medio lleno o medio vacío. Éste tiende hacia lo primero.
La noticia de ayer de que la UE aprobó la prohibición de importar mano de obra forzada es ciertamente alentadora. A la larga contribuirá a impedir que entren en la UE productos vinculados al trabajo forzoso y aumentará la presión sobre gobiernos y empresas para que pongan fin a las prácticas de trabajo forzoso.
En última instancia, debería repercutir positivamente en los 3,9 millones de personas que se calcula que están atrapadas en programas de trabajo forzoso impuestos por el Estado en todo el mundo, por no hablar de los fabricantes europeos que se enfrentan a una competencia desleal.
Los lectores habituales recordarán nuestro reciente análisis del aluminio procedente de Xinjiang (China) utilizado por los fabricantes de automóviles de todo el mundo, en el que preguntábamos: ¿Su coche fomenta la represión? La conclusión fue que, aunque la concienciación individual de los consumidores es importante, la magnitud del problema del trabajo forzoso en la fabricación a gran escala requiere el enfoque normativo más amplio que sólo los gobiernos pueden proporcionar.
Lo ocurrido ayer en la UE fue un paso en la dirección correcta. Tras el acuerdo entre los embajadores de los Estados miembros de la UE y los miembros del Parlamento Europeo que negociaron el acuerdo, éste pasa ahora al Consejo y al Parlamento de la UE para su aprobación formal.
Los expertos que llevan años trabajando para que esto ocurra se alegraron y con razón.
Chloe Cranston, de la organización Anti-Slavery International, lo calificó de "enorme logro... A pesar de sus puntos débiles, es un gran paso para acabar con el trabajo forzoso en todo el mundo".
Steve Trent, de la Environmental Justice Foundation, dijo que enviaba "un poderoso mensaje de que la UE defiende los valores fundamentales de dignidad y respeto para todas las personas".
Mi colega de Human Rights Watch, Jim Wormington, dijo que era "una gran noticia", y añadió: "Cuando entre en vigor, la ley significará que las empresas que se benefician del trabajo forzoso, en Xinjiang y en otros lugares, no podrán vender a los mercados de la UE".
Pero todos los implicados reconocen también que la nueva ley de la UE sobre trabajo forzoso no es todo lo que podría ser.
Como señala mi colega Jim en relación con Xinjiang, es más débil que la ley estadounidense denominada Uyghur Forced Labor Prevention Act. Esa ley estadounidense, que entró en vigor en 2022, establece acertadamente la presunción de que cualquier producto fabricado total o parcialmente en Xinjiang, China, está hecho con trabajo forzoso y no puede importarse.
Aun así, la ley de la UE incluye medidas para ayudar a los investigadores a identificar y detener la entrada en la UE de productos vinculados al trabajo forzoso impuesto por el Estado.
En general, las noticias son buenas. Hay avances. Los optimistas pueden decir que el vaso teórico está medio lleno.
Pero la lucha continúa para asegurarse de que su vaso real no ha sido fabricado con trabajo forzado.
