Carta de Human Rights Watch al presidente López Obrador y a la secretaria Bárcena

Washington, DC, 18 de enero de 2024

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente
Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México—MÉXICO

Mtra. Alicia Bárcena Ibarra
Secretaria
Secretaría de Relaciones Exteriores
Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México—MÉXICO

De mi mayor consideración:

Me dirijo a V.E., en representación de Human Rights Watch, para expresar nuestra profunda preocupación sobre las propuestas en materia de política migratoria que se están discutiendo en el Congreso estadounidense. Quisiera instar al gobierno de México a hacer una declaración pública y clara señalando que no aceptará ningún nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, ya sea formal o informal, que aumente el número de expulsiones de solicitantes de asilo y migrantes no mexicanos a México, cierre las vías legales existentes para la migración, limite el acceso a la protección internacional o establezca de facto un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos.

Como parte de las negociaciones sobre el presupuesto federal de Estados Unidos para 2024, el presidente Joseph R. Biden y congresistas estadounidenses están considerando cambios a la política migratoria de Estados Unidos que podrían acabar en la práctica con el derecho a solicitar asilo en territorio estadounidense, exponer a miles de solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, a abusos y violar estándares internacionales de derechos humanos.[1] Algunos legisladores han exigido estas nuevas y duras restricciones a cambio de su apoyo para autorizar más de US$100 mil millones en fondos para Ucrania e Israel.[2]

Muchas de las medidas propuestas requerirían la participación activa de México o afectarían acuerdos vigentes entre Estados Unidos y México, lo que significa que necesitan el beneplácito del gobierno mexicano para ser implementadas.

Según reportan los medios, el gobierno del presidente Biden ya acordó apoyar la creación de una nueva norma que permitiría al gobierno estadounidense cerrar temporalmente la frontera entre Estados Unidos y México y expulsar a cualquier solicitante de asilo sin permitirle exponer su caso, una política similar al Título 42 que permitió la expulsión de cientos de miles de personas a México.[3] Una nueva política de expulsión de migrantes y solicitantes de asilo a México sólo podría implementarse si el gobierno mexicano acepta recibir a las personas expulsadas.

Congresistas estadounidenses también han propuesto cambios que en la práctica pondrían fin al programa de permisos humanitarios (humanitarian parole) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que fue creado después de negociaciones entre Estados Unidos y México, en respuesta a “las solicitudes de México de expandir los mecanismos de movilidad laboral y humanitaria en la región”.[4] Cuando los dos gobiernos anunciaron la creación de este programa, México acordó recibir por mes hasta 30 mil migrantes y solicitantes de asilo de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela expulsados desde Estados Unidos, mientras el gobierno del presidente Biden aceptó permitir que la misma cantidad de personas de esos países solicitara permiso para viajar a los Estados Unidos en el marco del programa. Poner fin al programa de permisos humanitarios implicaría una renegociación de dicho acuerdo entre México y Estados Unidos.[5]

Finalmente, los congresistas han propuesto hacer permanente el requerimiento de que todo solicitante de asilo en Estados Unidos debe comprobar que solicitó asilo y fue rechazado anteriormente en México u otro país de tránsito.[6] Este requerimiento, conocido como “regla de prohibición de tránsito por un tercer país”, en combinación con la política de expulsión antes mencionada, constituiría un acuerdo de facto de “tercer país seguro” entre México y Estados Unidos, una política que V.E. y otros miembros de su gobierno han insistido en repetidas ocasiones que México nunca aceptaría.[7]

Las propuestas que se están considerando en Estados Unidos podrían tener consecuencias devastadoras para los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, socavarían el derecho a solicitar asilo y expondrían a miles de personas a graves peligros. A menudo, quienes son expulsados de Estados Unidos hacia México sufren secuestros, extorsiones, agresiones y otros graves abusos a manos de grupos criminales y funcionarios corruptos. Como el presidente López Obrador ha reconocido, los migrantes están expuestos a mayores peligros cuando se ven obligados a esperar en la zona de la frontera norte.[8] Del mismo modo, el gobierno de México señaló en una declaración en mayo de 2023 que la política de expulsión fronteriza del Título 42 “imposibilitó la búsqueda de la figura de asilo y expuso a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo”.[9]

Dado que muchas de las propuestas que actualmente están bajo consideración requerirían el beneplácito del gobierno mexicano para ser implementadas, el gobierno mexicano tiene la oportunidad de ayudar a proteger los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, que se verían perjudicados si esas propuestas avanzan en el Congreso estadounidense y son implementadas.

Por ello, respetuosamente, insto a V.E. a realizar una declaración pública y clara señalando que México no participará en ningún nuevo acuerdo migratorio que conduzca a un aumento de las expulsiones de migrantes y solicitantes de asilo a México.

Quedo a disposición de V.E. para discutir este asunto o compartir información adicional sobre la situación en la frontera entre EE. UU. y México. Aprovecho la ocasión para expresar a V.E. los sentimientos de mi más alta consideración y estima.

Juanita Goebertus Estrada
Directora
División de las Américas
Human Rights Watch