(Bangkok) – Durante 2023, el gobierno indio menoscabó sus aspiraciones de desempeñar un liderazgo mundial como democracia que respeta los derechos de las personas, al adoptar políticas y prácticas persistente que discriminan y estigmatizan a minorías religiosas y de otro tipo, señaló hoy Human Rights Watch su Informe Mundial de 2024. El gobierno liderado por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP) también arrestó a activistas, periodistas, políticos opositores y otros críticos del gobierno por cargos penales que responden a motivaciones políticas, incluidas acusaciones de terrorismo.
“Las políticas discriminatorias y divisivas del gobierno del BJP han agudizado la violencia contra minorías, y esto creó un ambiente generalizado de temor y tuvo un efecto amedrentador en críticos del gobierno”, expresó Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. “En vez de asegurar que rindan cuentas los responsables de abusos, las autoridades optaron por castigar a las víctimas y procesaron penalmente a quienes cuestionaron estas acciones”.
La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Las autoridades indias hostigaron a periodistas, activistas y críticos mediante redadas, señalamientos de irregularidades financieras y el uso de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, que regula el financiamiento extranjero destinado a organizaciones no gubernamentales. En febrero, funcionarios impositivos indios allanaron las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Bombay, presuntamente en represalia porque este medio difundió un documental de dos partes en el cual se puso de manifiesto que el primer ministro Narendra Modi no brinda seguridad a las personas musulmanas. En enero, el gobierno bloqueó la difusión del documental de la BBC en la India utilizando las facultades de emergencia conforme a las Normas sobre Tecnología de la Información que adoptó el país.
El 31 de julio, se produjo un brote de violencia comunitaria en el distrito de Nuh del estado de Haryana durante una procesión hinduista, que se extendió rápidamente a varios distritos adyacentes. Tras los hechos de violencia, y como parte de un patrón creciente, las autoridades tomaron represalias contra residentes musulmanes y demolieron cientos de propiedades y detuvieron a numerosos niños y hombres de la comunidad musulmana. Ante las demoliciones, la Corte Suprema de Punjab y Haryana interpeló al gobierno del estado, liderado por el BJP, acerca de si estaba llevando a cabo una “limpieza étnica”.
Más de 200 personas fueron asesinadas, decenas de miles desplazadas, cientos de hogares e iglesias fueron destruidos y se interrumpió internet durante meses, después de que, en el mes de mayo, se desatara la violencia en el estado de Manipur, en el noreste de la India, entre la comunidad mayoritaria meitei y la comunidad minoritaria kuki zo. El ministro jefe de estado perteneciente al BJP, N. Biren Singh, profundizó la división al estigmatizar a la comunidad kuki, alegando que estaban implicados en tráfico de drogas, y al acoger a personas refugiadas procedentes de Myanmar.
En agosto, la Corte Suprema manifestó que la policía estatal había “perdido el control de la situación” y ordenó a equipos especiales que investigaran los hechos de violencia, incluida la violencia sexual. En septiembre, más de una decena de expertos de las Naciones Unidas expresaron consternación por la continuidad de la violencia y los abusos en Manipur, y alegaron que la respuesta del gobierno había sido lenta e inadecuada.
Las autoridades indias siguieron limitando la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y otros derechos en Jammu y Cachemira. A lo largo del año siguió habiendo señalamientos de ejecuciones extrajudiciales por integrantes de las fuerzas de seguridad.
El gobierno intentó proteger a un miembro del parlamento del BJP, Brij Bhushan Singh, después de que varias atletas femeninas presentaron denuncias de abusos sexuales perpetrados a lo largo de una década, durante su función como presidente de la Federación de Lucha de la India. Las fuerzas de seguridad tumbaron y se llevaron por la fuerza a luchadoras, incluidas medallistas olímpicas, que reclamaban justicia y seguridad para las atletas femeninas.
En septiembre, la India, que ocupaba la presidencia rotativa, fue sede de la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), que congrega a las mayores economías del mundo, y presionó para que se incluyera a la Unión Africana como miembro permanente y para que el grupo fuera más representativo e inclusivo.
La India promovió activamente la utilización de una infraestructura pública digital para ampliar la prestación de servicios sociales y económicos. Sin embargo, las interrupciones generalizadas de internet, la falta de privacidad y protección de datos, y el acceso desigual en las comunidades rurales operaron en detrimento de esos esfuerzos.
