La Suprema Corte de Justicia de México dictaminó esta semana que el Congreso debe eliminar el aborto del código penal federal, lo que significa que todas las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo México - una gran victoria para los derechos humanos.
Este fallo, que se produce después de que GIRE - Grupo de Información en Reproducción Elegida, una de las principales organizaciones de justicia reproductiva, presentara un amparo, obliga al Congreso a eliminar el aborto del código penal federal antes de finalizar el 2023.
La sentencia también confirma lo que ya sabemos: La criminalización del aborto va en contra de los derechos humanos.
En los últimos años, México ha avanzado significativamente hacia la despenalización del aborto, con 12 de los 32 estados tomando esta medida. En la mayoría de estos estados, el Congreso local votó a favor de despenalizar el aborto modificando la legislación local. En dos estados, el cambio se produjo a través de sentencias de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, el aborto seguía siendo un delito federal, excepto en los casos de violación y de peligro para la vida de la mujer o persona embarazada. Esto significaba que, incluso en los 12 estados que despenalizaron el aborto, los proveedores de salud federales no prestaban servicios de aborto ya que operaban de acuerdo con el código penal federal.
Esta contradicción legal entre códigos penales ha limitado el acceso a los servicios de aborto. Los sistemas federales de salud de México (IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE e ISSFAM, y PEMEX) atienden a dos tercios de la población, incluyendo las personas que cuentan con seguridad social a través de sus empleadores, las personas funcionarias públicas y los miembros del ejército.
Esta sentencia sin precedentes supone un enorme avance hacia la garantía de los derechos humanos en México. Significa que los servicios de aborto deben estar disponibles en todos los centros de salud federales y que ninguna mujer, persona con capacidad gestacional, proveedor o cualquiera que ayude a alguien a abortar puede ser criminalizado en México.
Sin embargo, aún existen barreras para acceder al aborto en la práctica, incluso en lugares donde el aborto ha sido despenalizado y donde las instituciones sanitarias están obligadas a prestar servicios de aborto. Estas barreras incluyen la escasa disponibilidad de servicios de aborto fuera de las grandes ciudades, estereotipos y prejuicios en la atención médica, y la falta de aplicación de la legislación y directrices existentes.
Esta sentencia también indica que es posible avanzar en materia de derechos humanos, y nos recuerda la importancia de una sociedad civil fuerte y un poder judicial independiente. El Congreso debe actualizar el código penal federal para cumplir la sentencia, y el gobierno federal debe tomar medidas para reforzar los servicios de salud a fin de garantizar el acceso al aborto para todas las personas.
