(Nueva York) – Las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de San Vicente y las Granadinas enfrentan violencia y discriminación motivadas por prejuicios en su vida diaria, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las autoridades deberían derogar las leyes de la época colonial que existen en el país y que penalizan las conductas consensuadas entre personas del mismo sexo y adoptar leyes de responsabilidad civil que prohíban la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
El informe de 58 páginas, “‘Las leyes permiten que nos acosen’: Violencia y discriminación contra personas LGBT en San Vicente y las Granadinas”, expone los ataques físicos y verbales, la violencia familiar, la situación de calle, el hostigamiento en el lugar de trabajo, el acoso escolar y la violencia sexual que enfrentan las minorías sexuales bajo la sombra de leyes discriminatorias. Entre los responsables de este maltrato se incluyen personas conocidas (familiares, vecinos, colegas de estudios o trabajo y docentes), así como personas desconocidas y agentes de Estado, como la policía.
“La criminalización del sexo gay otorga una aprobación estatal tácita a la discriminación y la violencia que las personas LGBT experimentan en su vida cotidiana y obliga a muchas de ellas a pensar en emigrar para vivir libremente y cumplir sus sueños”, explicó Cristian González Cabrera, investigador de derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch. “La ausencia de políticas públicas en San Vicente y las Granadinas que reconozcan las necesidades y capacidades de las personas LGBT ha profundizado su marginación social y económica, y les impide contribuir plenamente a la sociedad”.
San Vicente y las Granadinas es uno de los seis países del hemisferio occidental donde todavía se criminaliza el sexo gay. Se castiga la “sodomía”, o el sexo anal, con hasta 10 años de prisión y la “indecencia grave con otra persona del mismo sexo” con hasta 5 años. Estas leyes destacan al sexo gay consensuado en la sección sobre “delitos sexuales” del código penal que, por lo demás, está reservada a delitos como violación, incesto y agresión sexual. Si bien recientemente no se reportaron condenas sobre la base de estas disposiciones penales para relaciones con consentimiento entre personas del mismo sexo, las leyes estigmatizan a las personas LGBT y crean un obstáculo para la igualdad plena.
Los otros países de la región que todavía tipifican el sexo gay como delito son Dominica, Granada, Guyana, Jamaica y Santa Lucía.
Human Rights Watch realizó la mayoría de las 30 entrevistas que se llevaron a cabo para este informe durante un viaje de investigación a San Vicente en octubre de 2022. Human Rights Watch realizó otras entrevistas en forma remota, analizó pruebas documentales y una variedad de fuentes secundarias, y llevó a cabo análisis jurídicos a principios de 2023.
Aunque no se suelen aplicar, las leyes arcaicas que prohíben las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo contribuyen a un clima en el que la discriminación y la violencia permanecen en la impunidad. Un hombre gay de 25 años de San Vicente dijo a Human Rights Watch: “La gente siente que puede acosarnos debido a que existen estas leyes. Si las personas están discutiendo, esa es [su] justificación para la homofobia. Dicen que así lo establecen las leyes, que es ilegal”.
Casi todas las personas LGBT entrevistadas informaron haber vivido al menos un incidente reciente de abuso físico o verbal, amenazas, violencia sexual o acoso. Algunas habían solicitado asistencia policial, pero la mayoría de las veces, las autoridades no brindaron apoyo; y en algunos casos, se comportaron de manera abiertamente discriminatoria, según dijeron las personas entrevistadas.
La mayoría de las personas LGBT entrevistadas manifestaron que sus familiares habían abusado física y verbalmente de ellas. A muchas de esas personas, la violencia familiar las privó de una red de apoyo, lo que a veces tiene como resultado una vida precarizada, incluyendo algunas instancias de situación de calle. Algunas personas dijeron que el rechazo familiar a menudo se expresaba en términos moralistas que replican la retórica homofóbica predicada por algunas iglesias, que son una piedra angular de la vida social y moldean las actitudes sociales en San Vicente y las Granadinas.
Para las personas LGBT que buscan empleo, la discriminación en el trabajo es un fenómeno común. Aunque el nivel de desempleo en el país es alto, las personas LGBT enfrentan obstáculos adicionales. Muchas personas entrevistadas dijeron que no fueron contratadas o que habían sido despedidas explícitamente por su orientación sexual. Algunas mujeres lesbianas y bisexuales entrevistadas señalaron que enfrentaron acoso sexual en el lugar de trabajo debido a su orientación sexual, su género o ambos.
En la escuela, la mayoría de las personas entrevistadas habían sufrido estigmatización y discriminación por parte de docentes y estudiantes. La mayoría también sufrió instancias de acoso físico y verbal, y esto hizo que algunas abandonaran la escuela en forma prematura, colocándoles en una posición más vulnerable a la marginación económica y social. En algunos casos, el acoso escolar a menudo estuvo acompañado de violencia y acoso sexual.
Todas las personas LGBT entrevistadas indicaron que deseaban irse del país e imaginaban su futuro en el extranjero debido, en parte, a la violencia y discriminación homofóbica o transfóbica.
San Vicente y las Granadinas ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos que obligan al gobierno a proteger los derechos de todas las personas —incluidas las personas LGBT— a la vida y la seguridad, a no sufrir malos tratos, a no ser discriminadas, a la vivienda, al trabajo y a la educación. Las relaciones sexuales consensuadas están protegidas por múltiples derechos, incluido el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección conforme a la ley frente la injerencia arbitraria e ilegal o los ataques a la vida privada y familiar y la honra.
San Vicente y las Granadinas debe derogar las disposiciones sobre sodomía e indecencia grave que contiene el código penal y aprobar leyes civiles de responsabilidad civil contra la discriminación que incluyan protecciones basadas en la orientación sexual y la identidad de género. El Servicio Nacional de Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Nacional deberían formular políticas para asegurar investigaciones oportunas, exhaustivas e independientes sobre delitos e instancias de discriminación contra las personas LGBT y cerciorarse de que los responsables rindan cuentas por sus actos, incluidos los funcionarios de seguridad pública. Los ministerios responsables de trabajo y educación deben iniciar campañas públicas destinadas a educar a los empleadores, docentes y al público en general sobre los derechos humanos de las personas LGBT.
“San Vicente y las Granadinas debe avanzar más hacia la igualdad mediante el reconocimiento y la protección de la diversidad sexual y de género, y fortalecer así el Estado de derecho para todas las personas”, afirmó González. “También debería desprenderse de los resabios de su historia colonial y contribuir a que en el hemisferio occidental no haya leyes que castiguen a las personas en función de a quiénes eligen amar”.
