Leer la versión en inglés del Daily Brief de Andrew Stroehlein.
Grupos armados y bandas criminales están aterrorizando a los refugiados Rohingya en Bangladesh, y las autoridades de Bangladesh están haciendo poco para detenerlo.
Un nuevo informe documenta asesinatos, secuestros, tortura, agresiones sexuales, violaciones y matrimonios forzados. Muchas de las personas asesinadas fueron líderes de la comunidad Rohingya o miembros de sus familias. Numerosos refugiados han sido secuestrados para pedir rescate y amenazados o torturados.
Alrededor de un millón de personas refugiadas de etnia rohingya viven en Bangladesh, en los campamentos superpoblados de Cox's Bazar o en una isla de cieno aislada llamada Bhasan Char.
La mayoría huyeron de Myanmar en 2017, cuando los militares iniciaron una oleada de atrocidades contra los Rohingya, que incluyó deportaciones forzosas, persecuciones, asesinatos y violaciones, con el resultado de innumerables muertes y desplazamientos masivos.
En resumen, huyeron para salvar sus vidas a Bangladesh. Pero allí no están a salvo.
Ahora, la pregunta obvia es: ¿Dónde están las autoridades de Bangladesh en todo esto?
La respuesta breve: básicamente en ningún lado.
No hay ningún sistema de justicia penal a disposición de estas personas refugiadas. Incluso las personas que son víctimas de abusos no pueden ir a la policía a presentar una denuncia sin la aprobación del encargado del campamento, un funcionario de Bangladesh. Los refugiados que superan ese obstáculo y consiguen presentar una denuncia a la policía no ven seguimiento después, a menudo porque no pueden permitirse los sobornos y los honorarios legales exigidos.
Las personas también se enfrentan a barreras burocráticas similares para acceder a la asistencia jurídica y médica.
Así pues, las autoridades no proporcionan protección y no llevan a juicio a los delincuentes. Es una situación que casi garantiza el aumento de la delincuencia y la inseguridad.
Tampoco ayuda que las autoridades de Bangladesh hayan impuesto cada vez más restricciones a la educación y a las posibilidades de ganarse la vida en los campos. Si los niños no pueden aprender y los jóvenes no pueden trabajar, la actividad delictiva empieza a parecer una opción profesional racional.
Cada vez es más evidente que el gobierno de Bangladesh pretende repatriar a estos refugiados Rohingya de vuelta a Myanmar - donde, como hemos señalado antes en este boletín, sigue sin ser seguro para ellos.
Pero como dice mi colega y subdirectora para Asia de HRW, Meenakshi Ganguly, esa pretensión para el mañana "no exime al gobierno de su responsabilidad de garantizar su protección" hoy.
